BRUSELAS/BUDAPEST – La campaña por un segundo mandato de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, incluyó la promesa de nombrar un nuevo comisionado “cuyas responsabilidades incluirán garantizar la justicia intergeneracional”. Su anuncio refleja una conciencia cada vez mayor de la necesidad de considerar los efectos de largo plazo de las políticas de la UE, especialmente luego de un ciclo político en gran medida centrado en las crisis de corto plazo. Quizá contradictoriamente, la adopción de una estrategia con visión de futuro también podría ayudar a los responsables de las políticas a abordar los desafíos actuales de manera más efectiva.
Pero si bien la decisión histórica de Von der Leyen -producto de una presión persistente de parte de numerosas ONG, entre ellas Future Generations Initiative- representa una evolución significativa en la gobernanza europea, todavía hay más trabajo por hacer.
Por sobre todas las cosas, el nuevo comisionado para la Justicia Intergeneracional debe poder contar con las herramientas correctas y un mandato claro. Al colaborar estrechamente con otros comisionados, el comisionado para la Justicia Intergeneracional podría tener una influencia considerable en toda la legislación de la UE. Pero alcanzar un cambio transformador también exige un cambio profundo de mentalidad. Para fomentar un abordaje integral en cuanto a la toma de decisiones, se deben incorporar consideraciones de largo plazo en las discusiones de todos los días. Generar confianza entre los ciudadanos es crítico para el éxito de este esfuerzo.
Varios principios fundamentales podrían ayudar a darle forma al rol del nuevo comisionado y alentar políticas innovadoras. Para empezar, los derechos de las generaciones futuras deben definirse legalmente y ser ejecutables. En particular, los conceptos de “solidaridad entre generaciones” y “desarrollo sustentable” ya están consagrados en el Artículo 3 del Tratado de la Unión Europea y están reflejados en el principio precautorio que forma la base de la legislación de la UE.
Sin embargo, para garantizar una implementación efectiva, los responsables de las políticas deben definir claramente los derechos que requieren protección. Esto implica, explícitamente, declarar que la carga de mitigar las amenazas importantes como el cambio climático, o de adaptarse a ellas, no se les debe endilgar a las generaciones futuras. Como enfatizó la Corte Europea de Derechos Humanos en un dictamen histórico reciente, las políticas de los estados miembro deberían guiarse por la “importancia de compartir la carga intergeneracional” y proteger “a los miembros de la sociedad que se verán más afectados” por estos desafíos, inclusive si están “en una clara desventaja representativa”.
Esto es especialmente válido en áreas como la política climática, la conservación de la naturaleza, las tecnologías emergentes y la preparación pandémica, donde las decisiones desacertadas y cortoplacistas pueden producir un perjuicio duradero y potencialmente irreversible. Para evitar estas situaciones, es necesario fijar prioridades claras de largo plazo y garantizar que la representación de los intereses de las generaciones futuras contrarreste la toma de decisiones de corto plazo.
Project Syndicate is returning to Climate Week NYC with an even more expansive program. Join us live on September 22 as we welcome speakers from around the world at our studio in Manhattan to address critical dimensions of the climate debate.
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Asimismo, es crucial distinguir entre “generaciones futuras” y los niños y jóvenes de hoy. Si bien sus intereses se superponen, estos grupos son marcadamente diferentes y no debería mezclárselos. Las políticas destinadas a las generaciones futuras no se ocupan necesariamente de cuestiones como la educación o el mercado laboral; por el contrario, apuntan a introducir una perspectiva de largo plazo en el proceso legislativo.
La previsión debe convertirse en un componente esencial de la legislación de la UE. Cualquier propuesta nueva debería ser sometida a una evaluación de impacto rigurosa para garantizar que esté alineada con las prioridades de largo plazo, que pueda alcanzar sus objetivos manifiestos y que aborde las cuestiones que intenta resolver de manera efectiva, en base al conocimiento científico y a la evidencia más recientes. Este proceso también podría ayudar a someter a las nuevas iniciativas a pruebas de estrés, a fin de garantizar que pueden soportar shocks y desafíos imprevistos.
Por último, deberían incorporarse las perspectivas de los ciudadanos comunes en las discusiones estratégicas. Al crear foros públicos que se basen en iniciativas como la Conferencia sobre el Futuro de Europa y Paneles Europeos de Ciudadanos de la Comisión Europea, los responsables de las políticas podrían mantener la viabilidad de los compromisos de largo plazo y garantizar que los intereses de las generaciones futuras jueguen un papel central en cómo Europa aborda los principales problemas sociales.
Las autoridades electas muchas veces priorizan los beneficios de corto plazo para sus electores por sobre la planificación de largo plazo, lo que crea profundas tensiones intergeneracionales que plantean riesgos sistémicos. Frente a esta realidad, la designación de un comisionado para la justicia intergeneracional tiene el potencial de transformar el diseño de políticas europeo.
Nuestras propuestas pueden ayudar a garantizar que las decisiones de hoy no comprometan el bienestar de quienes todavía no han nacido. Pero para que esta nueva autoridad cumpla su mandato, es necesario que convoque a organizaciones de la sociedad civil, académicos y ciudadanos, que hagan aportes y exijan una rendición de cuentas de sus autoridades. Solo a través de una participación activa y de un escrutinio público este esfuerzo pionero puede concretar todo su potencial.
Con un respaldo y recursos adecuados, el comisionado para la justicia intergeneracional de la UE podría sentar un precedente respecto de cómo las instituciones democráticas pueden representar mejor los intereses de largo plazo de la sociedad. En medio de desafíos globales sin precedentes, desde el cambio climático hasta la alteración tecnológica, este tipo de gobernanza innovadora no solo es deseable; resulta esencial.
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The International Monetary Fund’s surcharge policy has led to an unseemly state of affairs: countries in financial distress have become the largest source of net revenue to the Fund in recent years. These surcharges must be eliminated or, at the very least, adjusted to reduce the excessive burden on highly indebted countries.
decry the counterproductive practice of imposing additional fees on countries in debt distress.
When it comes to alleviating the severe demographic crisis that China faces, prohibiting international adoptions of Chinese children amounts to a mere drop in the bucket. Still, the government's decision to do so is significant, as it reflects a long-overdue recognition that people should not be viewed as a burden.
welcomes the government's apparent recognition that a severe demographic crisis looms.
With less than two months to go until the US presidential election, the candidates’ opposing worldviews, objectives, and priorities – and their implications for international relations, the economy, and democracy – have come into sharper focus. While it is impossible to know exactly what a leader will do once in office, the contours of both a Donald Trump and a Kamala Harris presidency are remarkably well defined.
BRUSELAS/BUDAPEST – La campaña por un segundo mandato de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, incluyó la promesa de nombrar un nuevo comisionado “cuyas responsabilidades incluirán garantizar la justicia intergeneracional”. Su anuncio refleja una conciencia cada vez mayor de la necesidad de considerar los efectos de largo plazo de las políticas de la UE, especialmente luego de un ciclo político en gran medida centrado en las crisis de corto plazo. Quizá contradictoriamente, la adopción de una estrategia con visión de futuro también podría ayudar a los responsables de las políticas a abordar los desafíos actuales de manera más efectiva.
Pero si bien la decisión histórica de Von der Leyen -producto de una presión persistente de parte de numerosas ONG, entre ellas Future Generations Initiative- representa una evolución significativa en la gobernanza europea, todavía hay más trabajo por hacer.
Por sobre todas las cosas, el nuevo comisionado para la Justicia Intergeneracional debe poder contar con las herramientas correctas y un mandato claro. Al colaborar estrechamente con otros comisionados, el comisionado para la Justicia Intergeneracional podría tener una influencia considerable en toda la legislación de la UE. Pero alcanzar un cambio transformador también exige un cambio profundo de mentalidad. Para fomentar un abordaje integral en cuanto a la toma de decisiones, se deben incorporar consideraciones de largo plazo en las discusiones de todos los días. Generar confianza entre los ciudadanos es crítico para el éxito de este esfuerzo.
Varios principios fundamentales podrían ayudar a darle forma al rol del nuevo comisionado y alentar políticas innovadoras. Para empezar, los derechos de las generaciones futuras deben definirse legalmente y ser ejecutables. En particular, los conceptos de “solidaridad entre generaciones” y “desarrollo sustentable” ya están consagrados en el Artículo 3 del Tratado de la Unión Europea y están reflejados en el principio precautorio que forma la base de la legislación de la UE.
Sin embargo, para garantizar una implementación efectiva, los responsables de las políticas deben definir claramente los derechos que requieren protección. Esto implica, explícitamente, declarar que la carga de mitigar las amenazas importantes como el cambio climático, o de adaptarse a ellas, no se les debe endilgar a las generaciones futuras. Como enfatizó la Corte Europea de Derechos Humanos en un dictamen histórico reciente, las políticas de los estados miembro deberían guiarse por la “importancia de compartir la carga intergeneracional” y proteger “a los miembros de la sociedad que se verán más afectados” por estos desafíos, inclusive si están “en una clara desventaja representativa”.
Esto es especialmente válido en áreas como la política climática, la conservación de la naturaleza, las tecnologías emergentes y la preparación pandémica, donde las decisiones desacertadas y cortoplacistas pueden producir un perjuicio duradero y potencialmente irreversible. Para evitar estas situaciones, es necesario fijar prioridades claras de largo plazo y garantizar que la representación de los intereses de las generaciones futuras contrarreste la toma de decisiones de corto plazo.
PS Events: Climate Week NYC 2024
Project Syndicate is returning to Climate Week NYC with an even more expansive program. Join us live on September 22 as we welcome speakers from around the world at our studio in Manhattan to address critical dimensions of the climate debate.
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Asimismo, es crucial distinguir entre “generaciones futuras” y los niños y jóvenes de hoy. Si bien sus intereses se superponen, estos grupos son marcadamente diferentes y no debería mezclárselos. Las políticas destinadas a las generaciones futuras no se ocupan necesariamente de cuestiones como la educación o el mercado laboral; por el contrario, apuntan a introducir una perspectiva de largo plazo en el proceso legislativo.
La previsión debe convertirse en un componente esencial de la legislación de la UE. Cualquier propuesta nueva debería ser sometida a una evaluación de impacto rigurosa para garantizar que esté alineada con las prioridades de largo plazo, que pueda alcanzar sus objetivos manifiestos y que aborde las cuestiones que intenta resolver de manera efectiva, en base al conocimiento científico y a la evidencia más recientes. Este proceso también podría ayudar a someter a las nuevas iniciativas a pruebas de estrés, a fin de garantizar que pueden soportar shocks y desafíos imprevistos.
Por último, deberían incorporarse las perspectivas de los ciudadanos comunes en las discusiones estratégicas. Al crear foros públicos que se basen en iniciativas como la Conferencia sobre el Futuro de Europa y Paneles Europeos de Ciudadanos de la Comisión Europea, los responsables de las políticas podrían mantener la viabilidad de los compromisos de largo plazo y garantizar que los intereses de las generaciones futuras jueguen un papel central en cómo Europa aborda los principales problemas sociales.
Las autoridades electas muchas veces priorizan los beneficios de corto plazo para sus electores por sobre la planificación de largo plazo, lo que crea profundas tensiones intergeneracionales que plantean riesgos sistémicos. Frente a esta realidad, la designación de un comisionado para la justicia intergeneracional tiene el potencial de transformar el diseño de políticas europeo.
Nuestras propuestas pueden ayudar a garantizar que las decisiones de hoy no comprometan el bienestar de quienes todavía no han nacido. Pero para que esta nueva autoridad cumpla su mandato, es necesario que convoque a organizaciones de la sociedad civil, académicos y ciudadanos, que hagan aportes y exijan una rendición de cuentas de sus autoridades. Solo a través de una participación activa y de un escrutinio público este esfuerzo pionero puede concretar todo su potencial.
Con un respaldo y recursos adecuados, el comisionado para la justicia intergeneracional de la UE podría sentar un precedente respecto de cómo las instituciones democráticas pueden representar mejor los intereses de largo plazo de la sociedad. En medio de desafíos globales sin precedentes, desde el cambio climático hasta la alteración tecnológica, este tipo de gobernanza innovadora no solo es deseable; resulta esencial.