Los gobiernos que debatan un documento sucesor del Protocolo de Kyoto en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que tendrá lugar en Copenhague en el curso de este año, deberían adoptar fuertes incentivos para reducir las emisiones de gases de invernadero. Esto podría activar las inversiones privadas y contribuir a alimentar la recuperación.
Hace años que se ven claramente los amplios lineamientos de la respuesta necesaria de la sociedad al calentamiento global. Un sistema que imponga un límite máximo a las emisiones de CO2 y a los niveles permitidos de comercio de derechos de emisión, encauzaría recursos hacia las medidas de reducción más rentables. Por otra parte, la amplia adopción de estándares de eficiencia para artefactos electrodomésticos, vehículos y edificios ayudaría a las empresas y a los individuos a utilizar menos energía.
Además, varias iniciativas específicas de política podrían ayudar a los gobiernos y a la sociedad a aprovechar más la agilidad y el poder de innovación de las compañías en busca del control de las emisiones de gases de invernadero:
- Apoyar los acuerdos entre grupos de países clave para reducir las emisiones en los principales sectores industriales.
- Proporcionar incentivos a las compañías para capturar el CO2 y almacenarlo en condiciones de seguridad bajo tierra, acelerando el despliegue de esta tecnología prometedora.
- Recurrir a fondos de tecnología para apoyar el desarrollo y la demostración comercial de nuevas tecnologías con gran potencial en cuanto a reducir las emisiones de CO2, como los biocombustibles avanzados.
Hasta ahora, la meta de los negociadores era lograr un acuerdo aceptable tanto para los países desarrollados como para los países en desarrollo. Si bien esta meta no ha variado, ha sido hasta ahora increíblemente compleja y difícil de lograr.
Un posible paso sería acuerdos entre grupos más pequeños de países clave para imponer un límite máximo a sectores individuales de sus economías que emiten grandes volúmenes. Esos acuerdos podrían ser elementos importantes para el logro de un acuerdo más amplio. Los sectores a destacar serían la generación de electricidad, que representa alrededor del 35% de las emisiones globales de CO2, la fabricación de cemento y sustancias químicas, y la producción de acero.
La participación de un número limitado de los países más importantes facilitaría un compromiso. Tales acuerdos mitigarían las inquietudes de industrias globales sumamente competitivas en el sentido de que las normas estrictas sobre emisiones en una región podrían representar una desventaja para sus compañías en comparación con rivales de otros países con políticas menos estrictas.
Como ejemplo hipotético, un acuerdo sobre emisiones de centrales eléctricas alimentadas a carbón podría incluir a usuarios grandes como China, la Unión Europea, India, Japón y Estados Unidos, que juntos representan aproximadamente el 80% de la capacidad electrógena alimentada a carbón a nivel mundial. Un acuerdo semejante podría incluir mecanismos de transferencia de tecnología limpia del carbón, de países desarrollados a países en desarrollo. Los sistemas de límites máximos y de comercio de emisiones podrían proporcionar una posible fuente de fondos a través de subastas de derechos de emisión.
La necesidad es urgente. Tan sólo Asia construirá alrededor de 800 gigavatios de nueva capacidad electrógena alimentada a carbón en los próximos 10 años, cifra equivalente a la capacidad electrógena total de la Unión Europea en la actualidad. Una vez construidas, las plantas emitirán más de 4.000 millones de toneladas anuales de CO2 – aproximadamente lo mismo que las emisiones totales relacionadas con la energía en la UE – y funcionará durante 30 años o más.
Los encargados de las negociaciones deberían hacer que la captura y el almacenamiento de CO2 (CAC) cobren carácter de prioridad. Si bien el mayor uso de energía renovable y de energía nuclear contribuiría a reducir las emisiones, no bastará por sí solo para estar a la altura de la demanda energética, de rápido crecimiento. Es innegable que los combustibles fósiles continuarán siendo la principal fuente mundial de energía durante décadas.
En efecto, la "limpieza" de combustibles fósiles es un puente necesario y esencial para un futuro bajo en carbono. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, de las Naciones Unidas, manifiesta que la CAC podría contribuir hasta el 55% de las reducciones de emisiones que los científicos consideran necesarias este siglo para hacer frente al calentamiento global. Sin embargo, las compañías se muestran poco dispuestas a invertir en la captura y el almacenamiento porque añaden grandes costos, sin generar ingresos ni renta. Para que la CAC concrete su potencial, las compañías necesitan incentivos para invertir y una manera de ganar dinero.
Los encargados de adoptar políticas deben promover la captura y el almacenamiento de carbono de varias formas. Primero, deben asignar un precio a las emisiones de CO2. Podrían hacerlo imponiendo un límite máximo a las emisiones y creando un mercado en el que las compañías pudieran comprar y vender derechos de emisión, como en el Programa Europeo de Comercio de Emisiones. En segundo lugar, la CAC tiene que estar reconocida dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto, a través del cual los países desarrollados pueden invertir en proyectos de reducción de emisiones en países en desarrollo.
Por último, los gobiernos deben fomentar el desarrollo y la demostración comercial de tecnologías prometedoras para un futuro energético bajo en carbono. La gran baja de los precios de la energía en los últimos meses hace que sea menos probable que los inversores privados decidan arriesgarse con tecnologías no comprobadas.
Es evidente que los erarios faltos de fondos tendrán dificultades en proporcionar dinero, pero los programas de comercio de emisiones pueden proporcionar una fuente alternativa. Por ejemplo, la Unión Europea reservó recientemente 300 millones de derechos de emisiones comerciables, a asignar a proyectos innovadores de energía renovable o a proyectos de almacenamiento de CO2. Según el precio de mercado de una tonelada de CO2, podría representar una asistencia de aproximadamente 6.000-9.000 millones de euros para crear tecnologías a escala.
Nadie sabe si la crisis económica durará meses o años. Sin embargo, un buen resultado de la reunión de Copenhague será de utilidad para la sociedad durante décadas al generar crecimiento y adoptar medidas para controlar las emisiones de gases de invernadero.
Los gobiernos que debatan un documento sucesor del Protocolo de Kyoto en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que tendrá lugar en Copenhague en el curso de este año, deberían adoptar fuertes incentivos para reducir las emisiones de gases de invernadero. Esto podría activar las inversiones privadas y contribuir a alimentar la recuperación.
Hace años que se ven claramente los amplios lineamientos de la respuesta necesaria de la sociedad al calentamiento global. Un sistema que imponga un límite máximo a las emisiones de CO2 y a los niveles permitidos de comercio de derechos de emisión, encauzaría recursos hacia las medidas de reducción más rentables. Por otra parte, la amplia adopción de estándares de eficiencia para artefactos electrodomésticos, vehículos y edificios ayudaría a las empresas y a los individuos a utilizar menos energía.
Además, varias iniciativas específicas de política podrían ayudar a los gobiernos y a la sociedad a aprovechar más la agilidad y el poder de innovación de las compañías en busca del control de las emisiones de gases de invernadero:
Hasta ahora, la meta de los negociadores era lograr un acuerdo aceptable tanto para los países desarrollados como para los países en desarrollo. Si bien esta meta no ha variado, ha sido hasta ahora increíblemente compleja y difícil de lograr.
Un posible paso sería acuerdos entre grupos más pequeños de países clave para imponer un límite máximo a sectores individuales de sus economías que emiten grandes volúmenes. Esos acuerdos podrían ser elementos importantes para el logro de un acuerdo más amplio. Los sectores a destacar serían la generación de electricidad, que representa alrededor del 35% de las emisiones globales de CO2, la fabricación de cemento y sustancias químicas, y la producción de acero.
La participación de un número limitado de los países más importantes facilitaría un compromiso. Tales acuerdos mitigarían las inquietudes de industrias globales sumamente competitivas en el sentido de que las normas estrictas sobre emisiones en una región podrían representar una desventaja para sus compañías en comparación con rivales de otros países con políticas menos estrictas.
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Como ejemplo hipotético, un acuerdo sobre emisiones de centrales eléctricas alimentadas a carbón podría incluir a usuarios grandes como China, la Unión Europea, India, Japón y Estados Unidos, que juntos representan aproximadamente el 80% de la capacidad electrógena alimentada a carbón a nivel mundial. Un acuerdo semejante podría incluir mecanismos de transferencia de tecnología limpia del carbón, de países desarrollados a países en desarrollo. Los sistemas de límites máximos y de comercio de emisiones podrían proporcionar una posible fuente de fondos a través de subastas de derechos de emisión.
La necesidad es urgente. Tan sólo Asia construirá alrededor de 800 gigavatios de nueva capacidad electrógena alimentada a carbón en los próximos 10 años, cifra equivalente a la capacidad electrógena total de la Unión Europea en la actualidad. Una vez construidas, las plantas emitirán más de 4.000 millones de toneladas anuales de CO2 – aproximadamente lo mismo que las emisiones totales relacionadas con la energía en la UE – y funcionará durante 30 años o más.
Los encargados de las negociaciones deberían hacer que la captura y el almacenamiento de CO2 (CAC) cobren carácter de prioridad. Si bien el mayor uso de energía renovable y de energía nuclear contribuiría a reducir las emisiones, no bastará por sí solo para estar a la altura de la demanda energética, de rápido crecimiento. Es innegable que los combustibles fósiles continuarán siendo la principal fuente mundial de energía durante décadas.
En efecto, la "limpieza" de combustibles fósiles es un puente necesario y esencial para un futuro bajo en carbono. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, de las Naciones Unidas, manifiesta que la CAC podría contribuir hasta el 55% de las reducciones de emisiones que los científicos consideran necesarias este siglo para hacer frente al calentamiento global. Sin embargo, las compañías se muestran poco dispuestas a invertir en la captura y el almacenamiento porque añaden grandes costos, sin generar ingresos ni renta. Para que la CAC concrete su potencial, las compañías necesitan incentivos para invertir y una manera de ganar dinero.
Los encargados de adoptar políticas deben promover la captura y el almacenamiento de carbono de varias formas. Primero, deben asignar un precio a las emisiones de CO2. Podrían hacerlo imponiendo un límite máximo a las emisiones y creando un mercado en el que las compañías pudieran comprar y vender derechos de emisión, como en el Programa Europeo de Comercio de Emisiones. En segundo lugar, la CAC tiene que estar reconocida dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto, a través del cual los países desarrollados pueden invertir en proyectos de reducción de emisiones en países en desarrollo.
Por último, los gobiernos deben fomentar el desarrollo y la demostración comercial de tecnologías prometedoras para un futuro energético bajo en carbono. La gran baja de los precios de la energía en los últimos meses hace que sea menos probable que los inversores privados decidan arriesgarse con tecnologías no comprobadas.
Es evidente que los erarios faltos de fondos tendrán dificultades en proporcionar dinero, pero los programas de comercio de emisiones pueden proporcionar una fuente alternativa. Por ejemplo, la Unión Europea reservó recientemente 300 millones de derechos de emisiones comerciables, a asignar a proyectos innovadores de energía renovable o a proyectos de almacenamiento de CO2. Según el precio de mercado de una tonelada de CO2, podría representar una asistencia de aproximadamente 6.000-9.000 millones de euros para crear tecnologías a escala.
Nadie sabe si la crisis económica durará meses o años. Sin embargo, un buen resultado de la reunión de Copenhague será de utilidad para la sociedad durante décadas al generar crecimiento y adoptar medidas para controlar las emisiones de gases de invernadero.