NUEVA DELHI – La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29) del año pasado en Bakú finalizó con un acuerdo de los países desarrollados para movilizar 300 000 millones de dólares al año para la financiación climática en los países en desarrollo. Pero aunque esta cifra triplica el objetivo anterior de 100 000 millones de dólares, todavía está muy lejos de lo que se necesita para cubrir la financiación que falta.
Hoy nos encontramos ante un reto más complejo que cuando en 2015 se firmó el Acuerdo de París. La cifra de 100 000 millones de dólares acordada en aquel momento fue en gran medida arbitraria, y no se basaba en un análisis exhaustivo de las necesidades reales de inversión. En cambio, en la COP29 hubo que estimar los costos reales y determinar la cantidad de financiación externa necesaria.
Según un informe del Grupo Independiente de Expertos de Alto Nivel sobre Financiación Climática (IHLEG), del que soy miembro, en 2035 los países en desarrollo (excluida China) necesitarán entre 2,4 y 3,3 billones de dólares de inversión climática. Más o menos el 60% de esta cifra podrían financiarla esos mismos países aumentando el ahorro y reduciendo el déficit público. Aun así, después de reasignar inversiones actuales a la transición verde, queda un déficit de un billón de dólares en 2030, que aumentará a 1,3 billones en 2035. Para cubrir el faltante se necesitará financiación externa.
Aunque en la COP29 se reconoció la magnitud de este déficit, no se llegó a un acuerdo sobre cómo subsanarlo. Los países en desarrollo presionaron para que las economías más ricas aporten el faltante con fondos públicos, pero los países desarrollados sólo ofrecieron 300 000 millones de dólares al año, e incluso eso con la advertencia de que sólo «tomarán la delantera» en la movilización de fondos, sin garantizar su provisión directa.
El informe del IHLEG señala que 650 000 millones de dólares de lo que faltará en 2035 se pueden cubrir con inversión privada (en forma de capital y deuda). Pero esto expuso una profunda división. Los países desarrollados prefieren apelar al capital privado, para aliviar las presiones sobre el erario, mientras que los países en desarrollo, conscientes de su volatilidad, insisten en que se usen fondos públicos, para aumentar la rendición de cuentas y la previsibilidad.
La falta de fe en la financiación privada se justifica. Muchos países en desarrollo tienen dificultades para atraer la inversión privada, y dependen de donaciones y préstamos concesionales a largo plazo. El traslado de estos limitados recursos públicos a las economías de bajos ingresos implica que los países de ingresos medios tendrán que depender más del capital privado, a pesar de la incertidumbre de los inversores.
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Según el IHLEG, la financiación climática privada pasará de 40 000 millones de dólares en 2022 a unos 650 000 millones en 2035. Pero la mayor parte de la inversión sigue concentrada en unos pocos mercados, de modo que el acceso a fondos es desigual e incierto. El abaratamiento de las energías renovables puede dar ventaja a los proyectos verdes frente a los combustibles fósiles, pero el ritmo de la transición todavía no está claro.
Incluso cuando hay capital privado disponible, es común que las políticas internas de los países desalienten la inversión. Muchos gobiernos abaratan artificialmente la energía por razones políticas, y al hacerlo condenan a los productores de electricidad a la inviabilidad financiera. Como es natural, los inversores extranjeros lo ven como un riesgo fundamental y dudan de invertir. Para que la financiación privada tenga un papel más importante, los gobiernos deben reformar los sistemas de fijación de precios de la energía, reforzar las regulaciones y reducir la burocracia, de modo tal de atraer inversiones.
El apoyo del sector público no deja de ser crucial. Los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) y las instituciones bilaterales pueden reducir los riesgos a los que se enfrentan los inversores privados, mediante mecanismos que permitan compartirlos, y al mismo tiempo ayudar a los gobiernos a crear entornos estables y favorables a la inversión.
Que en la COP29 no se haya conseguido un acuerdo de financiación más sustancial vuelve improbable una renegociación antes del próximo «balance mundial» de 2028. Pero todavía es posible salvar algunas distancias. Una ampliación de los préstamos de los BMD (que están rezagados respecto de las necesidades climáticas) puede proveer el capital que necesitan los países con urgencia mientras trabajan en formular políticas que ofrezcan soluciones a largo plazo.
En la declaración final de la COP29 se apuntó a una oportunidad de lograr avances reales antes de la COP30 de Belém (Brasil). Pero el éxito dependerá de un factor clave: la voluntad de los países desarrollados para comprometer más recursos financieros.
Voluntad que se ha vuelto más incierta con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Es probable que la hostilidad de su gobierno a los esfuerzos mundiales de lucha contra el cambio climático y su agenda de expansión de los combustibles fósiles debiliten la provisión de financiación climática internacional. Estados Unidos ya ha comenzado a reducir los compromisos asumidos, y eso retrasará todavía más las negociaciones sobre el clima.
Estas discusiones se han vuelto tan lentas y burocráticas que debemos preguntarnos si tiene sentido continuar con las multitudinarias reuniones anuales de las COP. En ellas se congregan cada año decenas de miles de funcionarios, líderes empresariales y ONG, mientras que la urgencia de la crisis climática exige una toma de decisiones más focalizada y orientada a resultados.
Una alternativa es delegar las negociaciones sobre financiación más importantes a grupos más pequeños y especializados. Por ejemplo, aunque el G20 no tiene representatividad universal, incluye a las economías más grandes (desarrolladas y en desarrollo), que equivalen al 80% del PIB y de las emisiones mundiales y a dos tercios de la población mundial. Y sobre todo, sus miembros controlan los mayores bancos multilaterales de desarrollo del mundo, lo que convierte al G20 en una plataforma natural para impulsar la financiación climática.
Otra opción es el grupo BRICS, que se ha posicionado como contrapeso a las instituciones financieras lideradas por Occidente. Con China, la India, Brasil y otros países en desarrollo importantes a la cabeza, el BRICS podría movilizar fuentes de financiación verde alternativas, reducir la dependencia de la financiación occidental y presionar por un acceso más justo a los mercados de carbono.
Si el G20 o los BRICS tomaran la delantera en la financiación climática, el énfasis debería estar puesto en ampliar la capacidad de préstamo de los BMD, apalancar el capital privado e incentivar inversiones a gran escala en medidas de adaptación y mitigación.
La imposibilidad de garantizar un marco de financiación adecuado en la COP29 dejó a los países en desarrollo con más preguntas que respuestas. Conforme se ensancha el faltante de financiación, las promesas incrementales ya no son suficientes. La verdadera pregunta ahora es si las COP siguen siendo el mejor ámbito para estas negociaciones.
Si las principales economías siguen postergando compromisos reales, es posible que la India, Brasil y Sudáfrica no tengan otra alternativa que presionar para que las conversaciones sobre financiación climática se trasladen a plataformas como el G20 o los BRICS.
Para que la COP30 tenga éxito donde la COP29 fracasó, debe trascender las promesas vagas y garantizar compromisos financieros claros y verificables. De lo contrario, una vez más el mundo se reunirá para negociar y se irá con escasos avances, mientras la crisis climática sigue agravándose.
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Donald Trump has left no doubt that he wants to build an authoritarian, illiberal world order based on traditional spheres of influence and agreements with other illiberal leaders. The only role that the European Union plays in his script is an obstacle that must be pushed aside.
warns that the European Union has no place in Donald Trump’s illiberal worldview.
With the United States under President Donald Trump pressing for peace, matters could come to a head by this summer, when the pipeline of congressionally-approved arms for Ukraine runs out. Far from bringing peace, however, a US military cutoff of Ukraine could actually bring about an escalation in the fighting.
explains why an enforceable ceasefire must precede, perhaps by many years, final-status negotiations.
NUEVA DELHI – La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29) del año pasado en Bakú finalizó con un acuerdo de los países desarrollados para movilizar 300 000 millones de dólares al año para la financiación climática en los países en desarrollo. Pero aunque esta cifra triplica el objetivo anterior de 100 000 millones de dólares, todavía está muy lejos de lo que se necesita para cubrir la financiación que falta.
Hoy nos encontramos ante un reto más complejo que cuando en 2015 se firmó el Acuerdo de París. La cifra de 100 000 millones de dólares acordada en aquel momento fue en gran medida arbitraria, y no se basaba en un análisis exhaustivo de las necesidades reales de inversión. En cambio, en la COP29 hubo que estimar los costos reales y determinar la cantidad de financiación externa necesaria.
Según un informe del Grupo Independiente de Expertos de Alto Nivel sobre Financiación Climática (IHLEG), del que soy miembro, en 2035 los países en desarrollo (excluida China) necesitarán entre 2,4 y 3,3 billones de dólares de inversión climática. Más o menos el 60% de esta cifra podrían financiarla esos mismos países aumentando el ahorro y reduciendo el déficit público. Aun así, después de reasignar inversiones actuales a la transición verde, queda un déficit de un billón de dólares en 2030, que aumentará a 1,3 billones en 2035. Para cubrir el faltante se necesitará financiación externa.
Aunque en la COP29 se reconoció la magnitud de este déficit, no se llegó a un acuerdo sobre cómo subsanarlo. Los países en desarrollo presionaron para que las economías más ricas aporten el faltante con fondos públicos, pero los países desarrollados sólo ofrecieron 300 000 millones de dólares al año, e incluso eso con la advertencia de que sólo «tomarán la delantera» en la movilización de fondos, sin garantizar su provisión directa.
El informe del IHLEG señala que 650 000 millones de dólares de lo que faltará en 2035 se pueden cubrir con inversión privada (en forma de capital y deuda). Pero esto expuso una profunda división. Los países desarrollados prefieren apelar al capital privado, para aliviar las presiones sobre el erario, mientras que los países en desarrollo, conscientes de su volatilidad, insisten en que se usen fondos públicos, para aumentar la rendición de cuentas y la previsibilidad.
La falta de fe en la financiación privada se justifica. Muchos países en desarrollo tienen dificultades para atraer la inversión privada, y dependen de donaciones y préstamos concesionales a largo plazo. El traslado de estos limitados recursos públicos a las economías de bajos ingresos implica que los países de ingresos medios tendrán que depender más del capital privado, a pesar de la incertidumbre de los inversores.
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Según el IHLEG, la financiación climática privada pasará de 40 000 millones de dólares en 2022 a unos 650 000 millones en 2035. Pero la mayor parte de la inversión sigue concentrada en unos pocos mercados, de modo que el acceso a fondos es desigual e incierto. El abaratamiento de las energías renovables puede dar ventaja a los proyectos verdes frente a los combustibles fósiles, pero el ritmo de la transición todavía no está claro.
Incluso cuando hay capital privado disponible, es común que las políticas internas de los países desalienten la inversión. Muchos gobiernos abaratan artificialmente la energía por razones políticas, y al hacerlo condenan a los productores de electricidad a la inviabilidad financiera. Como es natural, los inversores extranjeros lo ven como un riesgo fundamental y dudan de invertir. Para que la financiación privada tenga un papel más importante, los gobiernos deben reformar los sistemas de fijación de precios de la energía, reforzar las regulaciones y reducir la burocracia, de modo tal de atraer inversiones.
El apoyo del sector público no deja de ser crucial. Los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) y las instituciones bilaterales pueden reducir los riesgos a los que se enfrentan los inversores privados, mediante mecanismos que permitan compartirlos, y al mismo tiempo ayudar a los gobiernos a crear entornos estables y favorables a la inversión.
Que en la COP29 no se haya conseguido un acuerdo de financiación más sustancial vuelve improbable una renegociación antes del próximo «balance mundial» de 2028. Pero todavía es posible salvar algunas distancias. Una ampliación de los préstamos de los BMD (que están rezagados respecto de las necesidades climáticas) puede proveer el capital que necesitan los países con urgencia mientras trabajan en formular políticas que ofrezcan soluciones a largo plazo.
En la declaración final de la COP29 se apuntó a una oportunidad de lograr avances reales antes de la COP30 de Belém (Brasil). Pero el éxito dependerá de un factor clave: la voluntad de los países desarrollados para comprometer más recursos financieros.
Voluntad que se ha vuelto más incierta con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Es probable que la hostilidad de su gobierno a los esfuerzos mundiales de lucha contra el cambio climático y su agenda de expansión de los combustibles fósiles debiliten la provisión de financiación climática internacional. Estados Unidos ya ha comenzado a reducir los compromisos asumidos, y eso retrasará todavía más las negociaciones sobre el clima.
Estas discusiones se han vuelto tan lentas y burocráticas que debemos preguntarnos si tiene sentido continuar con las multitudinarias reuniones anuales de las COP. En ellas se congregan cada año decenas de miles de funcionarios, líderes empresariales y ONG, mientras que la urgencia de la crisis climática exige una toma de decisiones más focalizada y orientada a resultados.
Una alternativa es delegar las negociaciones sobre financiación más importantes a grupos más pequeños y especializados. Por ejemplo, aunque el G20 no tiene representatividad universal, incluye a las economías más grandes (desarrolladas y en desarrollo), que equivalen al 80% del PIB y de las emisiones mundiales y a dos tercios de la población mundial. Y sobre todo, sus miembros controlan los mayores bancos multilaterales de desarrollo del mundo, lo que convierte al G20 en una plataforma natural para impulsar la financiación climática.
Otra opción es el grupo BRICS, que se ha posicionado como contrapeso a las instituciones financieras lideradas por Occidente. Con China, la India, Brasil y otros países en desarrollo importantes a la cabeza, el BRICS podría movilizar fuentes de financiación verde alternativas, reducir la dependencia de la financiación occidental y presionar por un acceso más justo a los mercados de carbono.
Si el G20 o los BRICS tomaran la delantera en la financiación climática, el énfasis debería estar puesto en ampliar la capacidad de préstamo de los BMD, apalancar el capital privado e incentivar inversiones a gran escala en medidas de adaptación y mitigación.
La imposibilidad de garantizar un marco de financiación adecuado en la COP29 dejó a los países en desarrollo con más preguntas que respuestas. Conforme se ensancha el faltante de financiación, las promesas incrementales ya no son suficientes. La verdadera pregunta ahora es si las COP siguen siendo el mejor ámbito para estas negociaciones.
Si las principales economías siguen postergando compromisos reales, es posible que la India, Brasil y Sudáfrica no tengan otra alternativa que presionar para que las conversaciones sobre financiación climática se trasladen a plataformas como el G20 o los BRICS.
Para que la COP30 tenga éxito donde la COP29 fracasó, debe trascender las promesas vagas y garantizar compromisos financieros claros y verificables. De lo contrario, una vez más el mundo se reunirá para negociar y se irá con escasos avances, mientras la crisis climática sigue agravándose.
Traducción: Esteban Flamini