WASHINGTON, DC – Alrededor del 40% de la población mundial habita en áreas costeras; además de albergar doce de las quince ciudades más grandes del mundo, estas regiones son esenciales para la supervivencia de incontables pueblos y aldeas. Y puesto que cerca del 80% del comercio internacional pasa por puertos de mar, las áreas costeras también tienen un importante papel económico, con un valor que oscila entre el 60 y el 70% del PIB mundial.
El ritmo alarmante con que están aumentando las temperaturas globales sitúa a las comunidades costeras en la primera línea de la crisis climática y de biodiversidad. Sólo en el año que pasó, los huracanes Beryl, Helene y Milton azotaron el Caribe y la costa del Golfo de Estados Unidos y la tormenta Daniel se cobró miles de vidas en Libia. Esto subraya la vulnerabilidad creciente de quienes viven junto a las costas del mundo.
Conforme se intensifica la crisis climática, lo mismo sucede con las amenazas planteadas por la subida del nivel de los mares y por la acidificación y el aumento de temperatura de los océanos. Peligros que se ven agravados por la destrucción de hábitats, la sobrepesca y la contaminación, que debilitan la salud y la biodiversidad de los ecosistemas marinos. La consiguiente pérdida de manglares y arrecifes de coral puede causar enormes perjuicios económicos y provocar el desplazamiento de numerosas comunidades costeras, en particular en los pequeños estados insulares en desarrollo, donde todos los aspectos de la vida están vinculados con el mar.
Visto lo que está en juego, fortalecer la resiliencia de las comunidades costeras y proteger las vidas, los medios de subsistencia y las economías de sus habitantes no es sólo una prioridad regional o nacional, sino un imperativo global. Para hacerle frente se necesitará un esfuerzo coordinado de los sectores público y privado, y sobre todo de las instituciones financieras con capacidad para generar las inversiones necesarias para apoyar soluciones sostenibles a largo plazo.
A tal fin, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad analiza modos de promover el Marco Mundial de Biodiversidad (2022), cuyo objetivo es llegar a 2030 con el 30% de todas las áreas terrestres y oceánicas protegido. La próxima Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP29) en Azerbaiyán estará centrada en la financiación. Y la Conferencia de la ONU sobre el Océano que tendrá lugar el año entrante (junto con el primer Foro sobre Economía Azul y Finanzas) puede ayudar a movilizar las acciones coordinadas y urgentes que se necesitan para salvaguardar los ecosistemas más vulnerables del planeta.
Un hecho alentador es que las instituciones financieras privadas también comienzan a reconocer la necesidad de reforzar la resiliencia climática. En 2023 se emitió nada menos que un billón de dólares en bonos verdes, sociales y vinculados a la sostenibilidad; esto refleja el interés creciente de los inversores en proyectos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Pero lo que se invierte en la regeneración de los océanos y en la resiliencia costera sigue muy por debajo de los cientos de miles de millones de dólares al año que se necesitan para proteger a las comunidades y ciudades vulnerables.
Cubrir este faltante de fondos es crucial, pero igual de importante es que las comunidades locales estén involucradas. Tener en cuenta la visión de los pueblos indígenas permitirá a las autoridades elaborar medidas que protejan la naturaleza, promuevan el desarrollo sostenible y aseguren la equidad y la eficacia de las inversiones en infraestructura y resiliencia de las comunidades.
Para la creación de una cartera de proyectos aptos para inversión se necesitarán acuerdos de colaboración intersectoriales. La Alianza de Acción para la Resiliencia contra los Riesgos Oceánicos (ORRAA por la sigla en inglés), de la que soy directora ejecutiva, busca movilizar fondos para la mejora de la resiliencia oceánica. Colaborando con socios comprometidos, buscamos dar a bancos y aseguradoras herramientas con las que puedan incluir el valor de los activos naturales en sus balances, aprovechando al mismo tiempo la creatividad y el espíritu emprendedor de los líderes locales (que en muchos casos son mujeres).
Por supuesto, hay mucho más por hacer. Para crear comunidades costeras realmente resilientes, hay que tener en cuenta los riesgos climáticos en cada proyecto de infraestructura, en cada propuesta de política y en cada decisión de inversión con incidencia sobre regiones vulnerables al clima. Además, mediante la promoción de soluciones basadas en la naturaleza (por ejemplo la restauración de manglares y arrecifes de coral), las autoridades pueden reforzar las defensas naturales contra las tormentas y la erosión y sostener la biodiversidad y las economías locales. En este esfuerzo serán vitales iniciativas como el Índice de Riesgo Costero (una plataforma interactiva que ofrece a inversores, aseguradoras y funcionarios datos que los ayuden a evaluar los riesgos costeros).
Puesto que la financiación pública por sí sola no puede generar el capital necesario para proteger a las comunidades costeras, es imprescindible aumentar la cooperación público‑privada para cubrir el faltante de fondos actual. Esto demanda desarrollar instrumentos financieros innovadores que reduzcan el riesgo e incentiven la participación del sector privado. Con este objetivo, la ORRAA se ha asociado con el Development Guarantee Group (una entidad que provee garantías a proyectos de adaptación y mitigación frente al cambio climático) para crear un mecanismo de reducción de riesgos para inversiones sostenibles en sectores de la «economía azul».
La próxima Conferencia de la ONU sobre el Océano en Francia y el Foro sobre Economía Azul y Finanzas en Mónaco son una oportunidad única para coordinar todos estos esfuerzos. Ofreciendo un espacio de interacción a dirigentes empresariales y funcionarios, estas reuniones pueden liberar inversiones a gran escala en la conservación y la resiliencia de los océanos, de modo tal que las comunidades costeras puedan beneficiarse con una estrategia sostenible e integral frente a los complejos desafíos de la crisis climática.
Pero para aprovechar esta oportunidad, los inversores, las autoridades y los líderes locales deben alinear sus esfuerzos. Con acciones climáticas decididas y coordinadas, podemos generar inversiones focalizadas en la resiliencia oceánica y asegurar un futuro sostenible para las comunidades costeras y para la economía global que depende de ellas.
Traducción: Esteban Flamini
WASHINGTON, DC – Alrededor del 40% de la población mundial habita en áreas costeras; además de albergar doce de las quince ciudades más grandes del mundo, estas regiones son esenciales para la supervivencia de incontables pueblos y aldeas. Y puesto que cerca del 80% del comercio internacional pasa por puertos de mar, las áreas costeras también tienen un importante papel económico, con un valor que oscila entre el 60 y el 70% del PIB mundial.
El ritmo alarmante con que están aumentando las temperaturas globales sitúa a las comunidades costeras en la primera línea de la crisis climática y de biodiversidad. Sólo en el año que pasó, los huracanes Beryl, Helene y Milton azotaron el Caribe y la costa del Golfo de Estados Unidos y la tormenta Daniel se cobró miles de vidas en Libia. Esto subraya la vulnerabilidad creciente de quienes viven junto a las costas del mundo.
Conforme se intensifica la crisis climática, lo mismo sucede con las amenazas planteadas por la subida del nivel de los mares y por la acidificación y el aumento de temperatura de los océanos. Peligros que se ven agravados por la destrucción de hábitats, la sobrepesca y la contaminación, que debilitan la salud y la biodiversidad de los ecosistemas marinos. La consiguiente pérdida de manglares y arrecifes de coral puede causar enormes perjuicios económicos y provocar el desplazamiento de numerosas comunidades costeras, en particular en los pequeños estados insulares en desarrollo, donde todos los aspectos de la vida están vinculados con el mar.
Visto lo que está en juego, fortalecer la resiliencia de las comunidades costeras y proteger las vidas, los medios de subsistencia y las economías de sus habitantes no es sólo una prioridad regional o nacional, sino un imperativo global. Para hacerle frente se necesitará un esfuerzo coordinado de los sectores público y privado, y sobre todo de las instituciones financieras con capacidad para generar las inversiones necesarias para apoyar soluciones sostenibles a largo plazo.
A tal fin, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad analiza modos de promover el Marco Mundial de Biodiversidad (2022), cuyo objetivo es llegar a 2030 con el 30% de todas las áreas terrestres y oceánicas protegido. La próxima Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP29) en Azerbaiyán estará centrada en la financiación. Y la Conferencia de la ONU sobre el Océano que tendrá lugar el año entrante (junto con el primer Foro sobre Economía Azul y Finanzas) puede ayudar a movilizar las acciones coordinadas y urgentes que se necesitan para salvaguardar los ecosistemas más vulnerables del planeta.
Un hecho alentador es que las instituciones financieras privadas también comienzan a reconocer la necesidad de reforzar la resiliencia climática. En 2023 se emitió nada menos que un billón de dólares en bonos verdes, sociales y vinculados a la sostenibilidad; esto refleja el interés creciente de los inversores en proyectos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Pero lo que se invierte en la regeneración de los océanos y en la resiliencia costera sigue muy por debajo de los cientos de miles de millones de dólares al año que se necesitan para proteger a las comunidades y ciudades vulnerables.
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Cubrir este faltante de fondos es crucial, pero igual de importante es que las comunidades locales estén involucradas. Tener en cuenta la visión de los pueblos indígenas permitirá a las autoridades elaborar medidas que protejan la naturaleza, promuevan el desarrollo sostenible y aseguren la equidad y la eficacia de las inversiones en infraestructura y resiliencia de las comunidades.
Para la creación de una cartera de proyectos aptos para inversión se necesitarán acuerdos de colaboración intersectoriales. La Alianza de Acción para la Resiliencia contra los Riesgos Oceánicos (ORRAA por la sigla en inglés), de la que soy directora ejecutiva, busca movilizar fondos para la mejora de la resiliencia oceánica. Colaborando con socios comprometidos, buscamos dar a bancos y aseguradoras herramientas con las que puedan incluir el valor de los activos naturales en sus balances, aprovechando al mismo tiempo la creatividad y el espíritu emprendedor de los líderes locales (que en muchos casos son mujeres).
Por supuesto, hay mucho más por hacer. Para crear comunidades costeras realmente resilientes, hay que tener en cuenta los riesgos climáticos en cada proyecto de infraestructura, en cada propuesta de política y en cada decisión de inversión con incidencia sobre regiones vulnerables al clima. Además, mediante la promoción de soluciones basadas en la naturaleza (por ejemplo la restauración de manglares y arrecifes de coral), las autoridades pueden reforzar las defensas naturales contra las tormentas y la erosión y sostener la biodiversidad y las economías locales. En este esfuerzo serán vitales iniciativas como el Índice de Riesgo Costero (una plataforma interactiva que ofrece a inversores, aseguradoras y funcionarios datos que los ayuden a evaluar los riesgos costeros).
Puesto que la financiación pública por sí sola no puede generar el capital necesario para proteger a las comunidades costeras, es imprescindible aumentar la cooperación público‑privada para cubrir el faltante de fondos actual. Esto demanda desarrollar instrumentos financieros innovadores que reduzcan el riesgo e incentiven la participación del sector privado. Con este objetivo, la ORRAA se ha asociado con el Development Guarantee Group (una entidad que provee garantías a proyectos de adaptación y mitigación frente al cambio climático) para crear un mecanismo de reducción de riesgos para inversiones sostenibles en sectores de la «economía azul».
La próxima Conferencia de la ONU sobre el Océano en Francia y el Foro sobre Economía Azul y Finanzas en Mónaco son una oportunidad única para coordinar todos estos esfuerzos. Ofreciendo un espacio de interacción a dirigentes empresariales y funcionarios, estas reuniones pueden liberar inversiones a gran escala en la conservación y la resiliencia de los océanos, de modo tal que las comunidades costeras puedan beneficiarse con una estrategia sostenible e integral frente a los complejos desafíos de la crisis climática.
Pero para aprovechar esta oportunidad, los inversores, las autoridades y los líderes locales deben alinear sus esfuerzos. Con acciones climáticas decididas y coordinadas, podemos generar inversiones focalizadas en la resiliencia oceánica y asegurar un futuro sostenible para las comunidades costeras y para la economía global que depende de ellas.
Traducción: Esteban Flamini