BOGOTÁ – Impulsada por la transición a la energía limpia y el encarecimiento del oro, la demanda de minerales y metales críticos aumenta a un ritmo inédito. Esta tendencia ha potenciado la actividad minera, lo que supone una grave amenaza para la biodiversidad y para las poblaciones vulnerables, sobre todo las comunidades indígenas. Para mitigar el impacto y evitar lo peor, es más urgente que nunca una acción mundial coordinada.
La extracción de minerales y metales es, sin duda, esencial para la transición energética y el crecimiento económico en todo el mundo. Pero también pone en peligro los ecosistemas de los que depende la vida, ya que provoca destrucción y fragmentación de hábitats, deforestación, contaminación del agua y del suelo, envenenamiento de la vida silvestre, inseguridad alimentaria y deterioro de las cuencas hidrográficas. Y la peor parte de esta crisis suelen llevársela las comunidades indígenas y locales, porque pone en riesgo sus medios de vida y su derecho a un ambiente limpio y saludable.
Al mismo tiempo, estudios recientes proyectan que la demanda de minerales críticos, impulsada en gran medida por el ritmo acelerado de la transición verde, se duplicará en 2030 y se cuadruplicará en 2040. En tanto, se prevé que la caída de los tipos de interés, la incertidumbre geopolítica, la diversificación de carteras y las inversiones especulativas provoquen un mayor encarecimiento del oro.
En este contexto, Colombia ha pedido hace poco un acuerdo internacional vinculante para la trazabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas en toda la cadena de valor de los minerales (desde la extracción hasta el reciclado), para antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) que se celebrará el año entrante en Brasil.
Esta propuesta, que se presentó durante la 16.ª Conferencia de las Partes (COP16) del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica en Colombia, sigue las recomendaciones del Panel sobre Minerales Críticos para la Transición Energética, dependiente del secretario general de las Naciones Unidas. Su objetivo es reforzar la aplicación de la «debida diligencia», promover la rendición de cuentas empresarial y crear un mercado mundial de insumos esenciales para las energías limpias, y se basa en un compromiso de promover la extracción responsable de minerales y metales, sin abandonar los objetivos ambientales y de biodiversidad. A tal fin, la propuesta de Colombia fue acompañada por una declaración voluntaria conjunta sobre prácticas mineras responsables donde se bosquejan varias medidas concretas, incluida la formación de un grupo de trabajo intergubernamental y multisectorial ad hoc.
No debería sorprender que Colombia, uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, encabece los esfuerzos de promoción de prácticas mineras responsables. La extracción ilegal de oro y minerales en la Amazonia colombiana y a lo largo de la costa del Pacífico (a menudo controlada por bandas delictivas armadas) ha contaminado las fuentes de agua con mercurio y puesto en peligro a las comunidades locales e indígenas. La exploración en busca de tierras raras en la región del Amazonas/Orinoco agrava todavía más estos problemas ambientales y sociales, mientras los trabajadores más vulnerables de la industria se ven obligados a soportar condiciones precarias lindantes con la esclavitud.
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La historia de conflicto armado y desplazamientos internos de Colombia, junto con la amenaza que plantean las bandas delictivas que atacan a comunidades locales, indígenas y de afrodescendientes, subraya la necesidad de tener en cuenta los derechos humanos en lo referido a la extracción de minerales. Por eso la declaración conjunta propugna una transición verde justa que garantice medios de vida dignos para todas las personas.
Respecto de cómo lograr una extracción responsable de los recursos, pueden hallarse pistas valiosas en la experiencia africana. En la última década, varios países africanos han adoptado normas sobre debida diligencia y trazabilidad para el tantalio, el estaño, el tungsteno y el oro, tomando como ejemplo marcos como la Declaración de Lusaka (2010). Este acuerdo histórico, aprobado por los estados miembros de la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos, introdujo varios mecanismos de rendición de cuentas, incluido un sistema de certificación regional cuyo objetivo es aumentar la transparencia y reducir la minería ilegal.
Lamentablemente, estas normas todavía no tienen plena aplicación y fiscalización fuera de determinadas regiones. Facilitando el intercambio transfronterizo de conocimientos y experiencia, los gobiernos de todo el mundo pueden desarrollar mecanismos de rendición de cuentas sólidos, que abarquen todo el ciclo de vida de los metales y minerales, desde la extracción y el comercio hasta el reciclado y la eliminación.
Esta transformación demandará necesariamente cooperación multilateral. Ojalá la propuesta de Colombia lleve al surgimiento de un nuevo paradigma que aliente la acción climática mundial y allane el camino hacia un desarrollo sostenible.
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Governing Syria has never been a simple affair, given the country’s complex cultural, ethnic, and religious composition. The best chance the country has following the ouster of Bashar al-Assad is to follow the roadmap that the United Nations adopted in 2015.
urges all parties involved to support the political roadmap that the United Nations adopted in 2015.
Dominant intellectual frameworks persist until their limitations in describing reality become undeniable, paving the way for a new paradigm. The idea that the world can and will replace fossil fuels with renewables has reached that point.
argue that replacing fossil fuels with renewables is an idea that has exhausted its utility.
BOGOTÁ – Impulsada por la transición a la energía limpia y el encarecimiento del oro, la demanda de minerales y metales críticos aumenta a un ritmo inédito. Esta tendencia ha potenciado la actividad minera, lo que supone una grave amenaza para la biodiversidad y para las poblaciones vulnerables, sobre todo las comunidades indígenas. Para mitigar el impacto y evitar lo peor, es más urgente que nunca una acción mundial coordinada.
La extracción de minerales y metales es, sin duda, esencial para la transición energética y el crecimiento económico en todo el mundo. Pero también pone en peligro los ecosistemas de los que depende la vida, ya que provoca destrucción y fragmentación de hábitats, deforestación, contaminación del agua y del suelo, envenenamiento de la vida silvestre, inseguridad alimentaria y deterioro de las cuencas hidrográficas. Y la peor parte de esta crisis suelen llevársela las comunidades indígenas y locales, porque pone en riesgo sus medios de vida y su derecho a un ambiente limpio y saludable.
Al mismo tiempo, estudios recientes proyectan que la demanda de minerales críticos, impulsada en gran medida por el ritmo acelerado de la transición verde, se duplicará en 2030 y se cuadruplicará en 2040. En tanto, se prevé que la caída de los tipos de interés, la incertidumbre geopolítica, la diversificación de carteras y las inversiones especulativas provoquen un mayor encarecimiento del oro.
En este contexto, Colombia ha pedido hace poco un acuerdo internacional vinculante para la trazabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas en toda la cadena de valor de los minerales (desde la extracción hasta el reciclado), para antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) que se celebrará el año entrante en Brasil.
Esta propuesta, que se presentó durante la 16.ª Conferencia de las Partes (COP16) del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica en Colombia, sigue las recomendaciones del Panel sobre Minerales Críticos para la Transición Energética, dependiente del secretario general de las Naciones Unidas. Su objetivo es reforzar la aplicación de la «debida diligencia», promover la rendición de cuentas empresarial y crear un mercado mundial de insumos esenciales para las energías limpias, y se basa en un compromiso de promover la extracción responsable de minerales y metales, sin abandonar los objetivos ambientales y de biodiversidad. A tal fin, la propuesta de Colombia fue acompañada por una declaración voluntaria conjunta sobre prácticas mineras responsables donde se bosquejan varias medidas concretas, incluida la formación de un grupo de trabajo intergubernamental y multisectorial ad hoc.
No debería sorprender que Colombia, uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, encabece los esfuerzos de promoción de prácticas mineras responsables. La extracción ilegal de oro y minerales en la Amazonia colombiana y a lo largo de la costa del Pacífico (a menudo controlada por bandas delictivas armadas) ha contaminado las fuentes de agua con mercurio y puesto en peligro a las comunidades locales e indígenas. La exploración en busca de tierras raras en la región del Amazonas/Orinoco agrava todavía más estos problemas ambientales y sociales, mientras los trabajadores más vulnerables de la industria se ven obligados a soportar condiciones precarias lindantes con la esclavitud.
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La historia de conflicto armado y desplazamientos internos de Colombia, junto con la amenaza que plantean las bandas delictivas que atacan a comunidades locales, indígenas y de afrodescendientes, subraya la necesidad de tener en cuenta los derechos humanos en lo referido a la extracción de minerales. Por eso la declaración conjunta propugna una transición verde justa que garantice medios de vida dignos para todas las personas.
Respecto de cómo lograr una extracción responsable de los recursos, pueden hallarse pistas valiosas en la experiencia africana. En la última década, varios países africanos han adoptado normas sobre debida diligencia y trazabilidad para el tantalio, el estaño, el tungsteno y el oro, tomando como ejemplo marcos como la Declaración de Lusaka (2010). Este acuerdo histórico, aprobado por los estados miembros de la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos, introdujo varios mecanismos de rendición de cuentas, incluido un sistema de certificación regional cuyo objetivo es aumentar la transparencia y reducir la minería ilegal.
Del mismo modo, la Guía de Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales en Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo (2016) ofrece a las empresas que se abastecen de materias primas en regiones inestables herramientas prácticas para identificar y denunciar violaciones de los derechos humanos y daños ambientales. Otros documentos posteriores, entre ellos la Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable (2018) y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable (2023), instan a las empresas a considerar los efectos más amplios de sus actividades, con inclusión de cuestiones como los derechos laborales, la sostenibilidad y la gobernanza ética.
Lamentablemente, estas normas todavía no tienen plena aplicación y fiscalización fuera de determinadas regiones. Facilitando el intercambio transfronterizo de conocimientos y experiencia, los gobiernos de todo el mundo pueden desarrollar mecanismos de rendición de cuentas sólidos, que abarquen todo el ciclo de vida de los metales y minerales, desde la extracción y el comercio hasta el reciclado y la eliminación.
Esta transformación demandará necesariamente cooperación multilateral. Ojalá la propuesta de Colombia lleve al surgimiento de un nuevo paradigma que aliente la acción climática mundial y allane el camino hacia un desarrollo sostenible.