RÍO DE JANEIRO – Desde que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, asumió el cargo en 2019, el destino del Amazonas y sus poblaciones indígenas ha pendido de un hijo. Ahora que las ramas ejecutiva, legislativa y judicial han diezmado la agenda ambiental, el camino de Brasil hacia un futuro más ecológico parece sombrío.
En 2021, la deforestación en el Amazonas brasileño alcanzó su nivel más alto desde 2006, mientras que la minería ilegal en las tierras indígenas Yanomami, que cuentan con protección legal, aumentó el 46%. Esa extracción de oro condujo no sólo a casos de malaria y exposición al mercurio, sino también a una violencia sin precedentes contra las poblaciones indígenas. En 2019, hubo 277 casos registrados de este tipo de violencia, que incluyeron 113 asesinatos, 33 amenazas de muerte, 16 casos de discriminación racista y étnico-cultural y diez instancias de violencia sexual.
La explotación y destrucción de la selva tropical más grande del mundo se basa en métodos bien conocidos. Por empezar, el gobierno de Bolsonaro ha neutralizado a las agencias creadas para proteger el medio ambiente y las poblaciones indígenas. Estas incluyen el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad y la Fundación Nacional del Indio.
La administración actual ha debilitado a estas agencias en parte al no aplicar multas ambientales: desde 2019, el 98% de los procesamientos administrativos vinculados a delitos ambientales han estado paralizados. Los fondos para impedir y controlar los incendios forestales han sido recortados en un 38% comparado con 2018. El gobierno también ha intimidado y desafectado a funcionarios públicos por ser proactivos en el cumplimiento de las leyes ambientales, y ha legalizado las acciones de ocupantes ilegales y de apropiadores de tierras en suelo indígena.
Bolsonaro implementa una estrategia “sin contemplaciones” para revertir derechos ganados con esfuerzo. Desmantelar la autoridad de las agencias de supervisión y protección, crear reglas para impedir los procesamientos de sanciones ambientales y capturar instituciones lleva tiempo y exige un entorno institucional permisivo.
Bolsonaro no es reservado al respecto. Públicamente incita a invasiones de tierras indígenas, con el argumento de que deberían ser ocupadas para minería, agricultura y cría de ganado. No es casual que las invasiones, la minería ilegal y la deforestación de tierras indígenas hayan aumentado marcadamente –sin ser castigadas- desde 2019.
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Los aliados del presidente ocupan posiciones clave en el Congreso brasileño, donde están representados fuertemente los terratenientes y la agroindustria (el “núcleo rural” actualmente controla 245 de las 513 bancas de la cámara). El Congreso está trabajando en un conjunto de proyectos de ley controversiales que muy probablemente destruyan los recursos naturales y erosionen las salvaguardas institucionales, con consecuencias nefastas para el medio ambiente y los derechos de las poblaciones indígenas.
Por ejemplo, el proyecto de ley 2159/21 abolirá las licencias ambientales. Los proyectos de ley 2633/20 y 510/21 alientan la ocupación ilegal de tierras públicas, el proyecto de ley 6299/02 facilita las aprobaciones de pesticidas y el proyecto de ley 490/07 adopta un marco temporal -5 de octubre de 1988, fecha en que se promulgó la Constitución Federal de Brasil- como condición para demarcar el territorio indígena. Finalmente, el proyecto de ley 191/20 permite la minería y las represas hidroeléctricas en tierras indígenas y recientemente ha pasado aceleradamente por el Congreso con poco debate o transparencia.
Para quienes intentan preservar los valiosos recursos naturales de Brasil y proteger a sus poblaciones indígenas, el poder judicial debería ser el foro natural de último recurso. El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) actualmente debe expedirse sobre siete demandas legales, conocidas como el “expediente verde”, que desafían los antecedentes ambientales del gobierno. Pero si bien las decisiones finales están pendientes, los votos iniciales contrastantes de dos jueces ponen de manifiesto los obstáculos que enfrenta el expediente verde.
Por un lado, la jueza Cármen Lúcia comparó los ataques del gobierno a la agenda verde con una “colonia de termitas”, destacando la efectividad del ataque a la hora de destruir los mecanismos protectores y, en definitiva, la propia democracia. Pero Lúcia fue más allá y declaró que el hecho de que el gobierno no protegiera el medio ambiente había creado una “situación inconstitucional”.
Como explica César Rodríguez-Garavito de la Universidad de Nueva York, esta declaración puede llevar al tribunal a instruir a “varias agencias de gobierno a tomar acciones coordinadas para proteger a toda la población afectada y no sólo a los querellantes específicos en la causa”. Una decisión de esta naturaleza suscita varias impugnaciones, inclusive de críticos del activismo judicial. Pero frente a una falla sistémica provocada deliberadamente por instituciones electas, y una emergencia ambiental que afecta directamente la supervivencia de los grupos indígenas brasileños, el STF debería asumir su rol constitucional.
Desafortunadamente, la decisión prometedora de Lúcia fue suspendida por un solo juez, André Mendonça, nombrado recientemente por Bolsonaro y que anteriormente se desempeñó como su ministro de Justicia. Según la práctica del STF, no hay ningún plazo para reconsiderar una demanda legal suspendida. Sólo Mendonça puede decidir si el STF examinará la cuestión y cuándo –un mecanismo que es ampliamente considerado como una forma de veto que perjudica la legitimidad del tribunal.
La esperanza que nos queda es movilizar a la sociedad civil brasileña de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias en octubre. Durante el decimoctavo Acampamento Terra Livre reciente, un acontecimiento histórico para la resistencia indígena y la lucha por los derechos, alrededor de 8.000 personas indígenas de todo el país ocuparon la sede central del gobierno federal en Brasilia. Por primera vez, la movilización indígena puso la política institucional al frente, pre-lanzando a candidatos parlamentarios con el esloganRetomando o Brasil: demarcar territórios e aldear a política (Recuperando a Brasil: demarcar territorios y reformular la política con las aldeas”).
El 12 de abril, el ex presidente y candidato actual Luiz Inácio Lula da Silva visitó el campo y prometió demarcar los territorios indígenas y respetar la Convención 169 de la Organización Mundial del Trabajo si resulta electo. Esa promesa tal vez no sea suficiente, dada la crisis ambiental urgente, pero una presión de abajo hacia arriba hoy es todo lo que tenemos.
El autoritarismo de Bolsonaro resultará en una elección sumamente politizada. Todo el tiempo cuestiona la legitimidad de las boletas electrónicas de Brasil e imita las amenazas del ex presidente norteamericano Donald Trump de no aceptar el resultado en caso de perder. Frente al aumento de la deforestación en el Amazonas, la esperanza del mundo de que haya justicia climática está tan en peligro como la democracia de Brasil.
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The economy played a critical role in the 2024 presidential race, creating the conditions not only for Donald Trump to trounce Kamala Harris, but also for a counter-elite to usher in a new power structure. Will the Democrats and “establishment” experts get the message?
explains how and why Democrats failed to connect with US voters’ pocketbook realities.
Kamala Harris lost to Donald Trump because she received around ten million fewer votes than Joe Biden did in 2020. The Democratic Party leadership was, at best, indifferent to the erosion of voting access, negligent in retaining newer voters, and proactive in marginalizing what remained of its left wing.
thinks the party has only itself to blame for losing the 2024 election on low voter turnout.
RÍO DE JANEIRO – Desde que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, asumió el cargo en 2019, el destino del Amazonas y sus poblaciones indígenas ha pendido de un hijo. Ahora que las ramas ejecutiva, legislativa y judicial han diezmado la agenda ambiental, el camino de Brasil hacia un futuro más ecológico parece sombrío.
En 2021, la deforestación en el Amazonas brasileño alcanzó su nivel más alto desde 2006, mientras que la minería ilegal en las tierras indígenas Yanomami, que cuentan con protección legal, aumentó el 46%. Esa extracción de oro condujo no sólo a casos de malaria y exposición al mercurio, sino también a una violencia sin precedentes contra las poblaciones indígenas. En 2019, hubo 277 casos registrados de este tipo de violencia, que incluyeron 113 asesinatos, 33 amenazas de muerte, 16 casos de discriminación racista y étnico-cultural y diez instancias de violencia sexual.
La explotación y destrucción de la selva tropical más grande del mundo se basa en métodos bien conocidos. Por empezar, el gobierno de Bolsonaro ha neutralizado a las agencias creadas para proteger el medio ambiente y las poblaciones indígenas. Estas incluyen el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad y la Fundación Nacional del Indio.
La administración actual ha debilitado a estas agencias en parte al no aplicar multas ambientales: desde 2019, el 98% de los procesamientos administrativos vinculados a delitos ambientales han estado paralizados. Los fondos para impedir y controlar los incendios forestales han sido recortados en un 38% comparado con 2018. El gobierno también ha intimidado y desafectado a funcionarios públicos por ser proactivos en el cumplimiento de las leyes ambientales, y ha legalizado las acciones de ocupantes ilegales y de apropiadores de tierras en suelo indígena.
Bolsonaro implementa una estrategia “sin contemplaciones” para revertir derechos ganados con esfuerzo. Desmantelar la autoridad de las agencias de supervisión y protección, crear reglas para impedir los procesamientos de sanciones ambientales y capturar instituciones lleva tiempo y exige un entorno institucional permisivo.
Bolsonaro no es reservado al respecto. Públicamente incita a invasiones de tierras indígenas, con el argumento de que deberían ser ocupadas para minería, agricultura y cría de ganado. No es casual que las invasiones, la minería ilegal y la deforestación de tierras indígenas hayan aumentado marcadamente –sin ser castigadas- desde 2019.
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Por ejemplo, el proyecto de ley 2159/21 abolirá las licencias ambientales. Los proyectos de ley 2633/20 y 510/21 alientan la ocupación ilegal de tierras públicas, el proyecto de ley 6299/02 facilita las aprobaciones de pesticidas y el proyecto de ley 490/07 adopta un marco temporal -5 de octubre de 1988, fecha en que se promulgó la Constitución Federal de Brasil- como condición para demarcar el territorio indígena. Finalmente, el proyecto de ley 191/20 permite la minería y las represas hidroeléctricas en tierras indígenas y recientemente ha pasado aceleradamente por el Congreso con poco debate o transparencia.
Para quienes intentan preservar los valiosos recursos naturales de Brasil y proteger a sus poblaciones indígenas, el poder judicial debería ser el foro natural de último recurso. El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) actualmente debe expedirse sobre siete demandas legales, conocidas como el “expediente verde”, que desafían los antecedentes ambientales del gobierno. Pero si bien las decisiones finales están pendientes, los votos iniciales contrastantes de dos jueces ponen de manifiesto los obstáculos que enfrenta el expediente verde.
Por un lado, la jueza Cármen Lúcia comparó los ataques del gobierno a la agenda verde con una “colonia de termitas”, destacando la efectividad del ataque a la hora de destruir los mecanismos protectores y, en definitiva, la propia democracia. Pero Lúcia fue más allá y declaró que el hecho de que el gobierno no protegiera el medio ambiente había creado una “situación inconstitucional”.
Como explica César Rodríguez-Garavito de la Universidad de Nueva York, esta declaración puede llevar al tribunal a instruir a “varias agencias de gobierno a tomar acciones coordinadas para proteger a toda la población afectada y no sólo a los querellantes específicos en la causa”. Una decisión de esta naturaleza suscita varias impugnaciones, inclusive de críticos del activismo judicial. Pero frente a una falla sistémica provocada deliberadamente por instituciones electas, y una emergencia ambiental que afecta directamente la supervivencia de los grupos indígenas brasileños, el STF debería asumir su rol constitucional.
Desafortunadamente, la decisión prometedora de Lúcia fue suspendida por un solo juez, André Mendonça, nombrado recientemente por Bolsonaro y que anteriormente se desempeñó como su ministro de Justicia. Según la práctica del STF, no hay ningún plazo para reconsiderar una demanda legal suspendida. Sólo Mendonça puede decidir si el STF examinará la cuestión y cuándo –un mecanismo que es ampliamente considerado como una forma de veto que perjudica la legitimidad del tribunal.
La esperanza que nos queda es movilizar a la sociedad civil brasileña de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias en octubre. Durante el decimoctavo Acampamento Terra Livre reciente, un acontecimiento histórico para la resistencia indígena y la lucha por los derechos, alrededor de 8.000 personas indígenas de todo el país ocuparon la sede central del gobierno federal en Brasilia. Por primera vez, la movilización indígena puso la política institucional al frente, pre-lanzando a candidatos parlamentarios con el esloganRetomando o Brasil: demarcar territórios e aldear a política (Recuperando a Brasil: demarcar territorios y reformular la política con las aldeas”).
El 12 de abril, el ex presidente y candidato actual Luiz Inácio Lula da Silva visitó el campo y prometió demarcar los territorios indígenas y respetar la Convención 169 de la Organización Mundial del Trabajo si resulta electo. Esa promesa tal vez no sea suficiente, dada la crisis ambiental urgente, pero una presión de abajo hacia arriba hoy es todo lo que tenemos.
El autoritarismo de Bolsonaro resultará en una elección sumamente politizada. Todo el tiempo cuestiona la legitimidad de las boletas electrónicas de Brasil e imita las amenazas del ex presidente norteamericano Donald Trump de no aceptar el resultado en caso de perder. Frente al aumento de la deforestación en el Amazonas, la esperanza del mundo de que haya justicia climática está tan en peligro como la democracia de Brasil.