LONDRES – A fines de abril, en un discurso en la Sorbona, el Presidente francés Emmanuel Macron sugirió que los líderes europeos deberían ampliar el mandato del Banco Central Europeo para incluir objetivos de descarbonización. No se ha puesto mucha atención a su propuesta; tal vez muchos piensen que es demasiado radical como para dedicar tiempo a debatirla. Pero en realidad no tiene nada de radical y pasarla por alto equivaldría a perderse una importante oportunidad.
El mandato de estabilidad de los precios del BCE, al igual que su independencia, siempre se ha considerado “intocable”. Pero la búsqueda de estabilidad de los precios no ocurre en el vacío. Así lo reconoce el Tratado de Maastricht, que estableció el marco legal de la unión monetaria europea. Mientras el tratado plantea que el objetivo principal del BCE debe ser mantener la estabilidad de los precios, también señala que “sin perjuicio” a ese objetivo, el BCE debe apoyar las políticas económicas más amplias de la Unión Europea con “con el fin de contribuir a la realización” de los objetivos del bloque.
Esto siempre se ha interpretado como un mandato jerárquico: primero viene la estabilidad de los precios, pero también se han impulsar otros, como el empleo y la estabilidad financiera. Así que, cuando el BCE sugirió en su revisión de la estrategia de 2021 que incorporaría “consideraciones sobre el cambio climático” a su marco de políticas, lo hacía en el supuesto de que el clima sería secundario a la estabilidad de los precios.
Pero ¿qué ocurre cuando los objetivos del BCE entran en conflicto? Después de todo, la búsqueda de la estabilidad de los precios puede implicar compensaciones y contrapartidas. Y, sin embargo, en la actualidad no existe un procedimiento del BCE para establecer políticas monetarias cuando la búsqueda de la estabilidad de los precios colisiona con otras prioridades de la UE. La provocativa propuesta de Macron obligaría a que los líderes europeos cuenten con esta brecha, comenzando por la siguiente revisión de la estrategia del BCE, agendada para el año próximo.
El BCE no está solo. Los bancos centrales cuyo único cometido es controlar la inflación (como el Banco de Inglaterra o los bancos centrales nórdicos) y la Reserva Federal estadounidense (que tiene un doble mandato) enfrentan los mismos tipos de desafío. Estos bancos centrales buscan alcanzar sus objetivos inflacionarios en el mediano plazo, pero permitiendo un nivel de divergencia en el corto plazo, precisamente para evitar o reducir los costes transicionales como la pérdida de empleos o producción. Como dijera una vez el ex Gobernador del BoE Mervyn King “quien determina los objetivos de la inflación no es ningún chiflado al respecto”.
Pero, tal como el BCE, estos bancos centrales podrían precisar de un enfoque más flexible y con más matices. Específicamente, si es probable que hacer que la inflación vuelva al objetivo fijado tenga altos costes -en términos de empleo, estabilidad financiera e iniciativas para combatir el cambio climático- podría ser sensato prolongar el horizonte de tiempo del banco central. Para ello, habría que formular criterios formales para vincular costes a horizontes de tiempo.
No será fácil integrar la transición climática. Piénsese en el impacto de las limitaciones normativas sobre el uso de tecnología diseñada para combustibles fósiles, componente clave de las estrategias que buscan un valor cero neto de emisiones. Funcionan igual que las limitaciones a los suministros debidas a interrupciones a la cadena de insumos o a cambios geopolíticos extremos, cambiando la curva de suministro hacia la izquierda y acentuándola.
En estas circunstancias, los cambios en la demanda podrían llevar a volatilidad en los precios, y las medidas monetarias que apunten al objetivo inflacionario podrían afectar negativamente al empleo. En cualquier caso, cuando la inflación tiene como causas factores del lado de la oferta, el impacto de las medidas monetarias es limitado, por lo que se deben usar otros instrumentos para reducir el problema.
Si bien los modelos macroeconómicos suponen que la política monetaria no afecta al producto potencial, existe evidencia empírica que sugiere que un aumento radical de los tipos de interés podría reducir la inversión en sectores percibidos como más riesgosos, incluso si en el largo plazo son más productivos. Quizás lo más importante de nuestro ejemplo sea el que la inversión y desarrollo en tecnologías verdes requiere una masiva inversión de entrada. En consecuencia, las autoridades monetarias deben asegurarse de que sus esfuerzos por lograr el objetivo de inflación no impidan ese tipo de inversión.
Si bien se puede estimular la inversión en tecnologías verdes mediante instrumentos financieros y fiscales, ésta es muy sensible a las condiciones financieras. Por ello, si los bancos centrales restringen esas condiciones para controlar la inflación en el corto plazo, se arriesgan a socavar la producción y la sostenibilidad, e incluso a avivar la inflación, en un plazo más largo. Después de todo, si una economía es menos productiva y está más expuesta a las limitaciones de la oferta y a los riesgos climáticos, será más vulnerable a la inflación. Por supuesto, también demorar las intervenciones antiinflacionarias tiene costes. Es necesario dar con el equilibrio correcto.
Lejos de ser un tema esotérico para que los economistas lo debatan entre sí, este es un serio desafío práctico que los bancos centrales tarde o temprano tendrán que enfrentar en las décadas venideras. Puesto que la transición verde implica el reequilibrio de la producción para apartarla de los procesos “sucios”, es probable que se caracterice por presiones inflacionarias temporales. Los bancos centrales deben asegurarse de que sus respuestas no amplifiquen la disrupción ni aumenten los costes de producción.
En reconocimiento de esta problemática, algunos bancos centrales han incorporado un grado de flexibilidad a la forma en que intentar hacer realidad sus mandatos. Pero ¿cómo pueden operacionalizar esa flexibilidad mediante un marco transparente y cimentado en la investigación para manejar los costes y beneficios de la inflación y otros objetivos? La sugerencia de Macron bien podría ser el punto de partida de este proceso.
Traducido del inglés por David Meléndez Tormen
LONDRES – A fines de abril, en un discurso en la Sorbona, el Presidente francés Emmanuel Macron sugirió que los líderes europeos deberían ampliar el mandato del Banco Central Europeo para incluir objetivos de descarbonización. No se ha puesto mucha atención a su propuesta; tal vez muchos piensen que es demasiado radical como para dedicar tiempo a debatirla. Pero en realidad no tiene nada de radical y pasarla por alto equivaldría a perderse una importante oportunidad.
El mandato de estabilidad de los precios del BCE, al igual que su independencia, siempre se ha considerado “intocable”. Pero la búsqueda de estabilidad de los precios no ocurre en el vacío. Así lo reconoce el Tratado de Maastricht, que estableció el marco legal de la unión monetaria europea. Mientras el tratado plantea que el objetivo principal del BCE debe ser mantener la estabilidad de los precios, también señala que “sin perjuicio” a ese objetivo, el BCE debe apoyar las políticas económicas más amplias de la Unión Europea con “con el fin de contribuir a la realización” de los objetivos del bloque.
Esto siempre se ha interpretado como un mandato jerárquico: primero viene la estabilidad de los precios, pero también se han impulsar otros, como el empleo y la estabilidad financiera. Así que, cuando el BCE sugirió en su revisión de la estrategia de 2021 que incorporaría “consideraciones sobre el cambio climático” a su marco de políticas, lo hacía en el supuesto de que el clima sería secundario a la estabilidad de los precios.
Pero ¿qué ocurre cuando los objetivos del BCE entran en conflicto? Después de todo, la búsqueda de la estabilidad de los precios puede implicar compensaciones y contrapartidas. Y, sin embargo, en la actualidad no existe un procedimiento del BCE para establecer políticas monetarias cuando la búsqueda de la estabilidad de los precios colisiona con otras prioridades de la UE. La provocativa propuesta de Macron obligaría a que los líderes europeos cuenten con esta brecha, comenzando por la siguiente revisión de la estrategia del BCE, agendada para el año próximo.
El BCE no está solo. Los bancos centrales cuyo único cometido es controlar la inflación (como el Banco de Inglaterra o los bancos centrales nórdicos) y la Reserva Federal estadounidense (que tiene un doble mandato) enfrentan los mismos tipos de desafío. Estos bancos centrales buscan alcanzar sus objetivos inflacionarios en el mediano plazo, pero permitiendo un nivel de divergencia en el corto plazo, precisamente para evitar o reducir los costes transicionales como la pérdida de empleos o producción. Como dijera una vez el ex Gobernador del BoE Mervyn King “quien determina los objetivos de la inflación no es ningún chiflado al respecto”.
Pero, tal como el BCE, estos bancos centrales podrían precisar de un enfoque más flexible y con más matices. Específicamente, si es probable que hacer que la inflación vuelva al objetivo fijado tenga altos costes -en términos de empleo, estabilidad financiera e iniciativas para combatir el cambio climático- podría ser sensato prolongar el horizonte de tiempo del banco central. Para ello, habría que formular criterios formales para vincular costes a horizontes de tiempo.
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No será fácil integrar la transición climática. Piénsese en el impacto de las limitaciones normativas sobre el uso de tecnología diseñada para combustibles fósiles, componente clave de las estrategias que buscan un valor cero neto de emisiones. Funcionan igual que las limitaciones a los suministros debidas a interrupciones a la cadena de insumos o a cambios geopolíticos extremos, cambiando la curva de suministro hacia la izquierda y acentuándola.
En estas circunstancias, los cambios en la demanda podrían llevar a volatilidad en los precios, y las medidas monetarias que apunten al objetivo inflacionario podrían afectar negativamente al empleo. En cualquier caso, cuando la inflación tiene como causas factores del lado de la oferta, el impacto de las medidas monetarias es limitado, por lo que se deben usar otros instrumentos para reducir el problema.
Si bien los modelos macroeconómicos suponen que la política monetaria no afecta al producto potencial, existe evidencia empírica que sugiere que un aumento radical de los tipos de interés podría reducir la inversión en sectores percibidos como más riesgosos, incluso si en el largo plazo son más productivos. Quizás lo más importante de nuestro ejemplo sea el que la inversión y desarrollo en tecnologías verdes requiere una masiva inversión de entrada. En consecuencia, las autoridades monetarias deben asegurarse de que sus esfuerzos por lograr el objetivo de inflación no impidan ese tipo de inversión.
Si bien se puede estimular la inversión en tecnologías verdes mediante instrumentos financieros y fiscales, ésta es muy sensible a las condiciones financieras. Por ello, si los bancos centrales restringen esas condiciones para controlar la inflación en el corto plazo, se arriesgan a socavar la producción y la sostenibilidad, e incluso a avivar la inflación, en un plazo más largo. Después de todo, si una economía es menos productiva y está más expuesta a las limitaciones de la oferta y a los riesgos climáticos, será más vulnerable a la inflación. Por supuesto, también demorar las intervenciones antiinflacionarias tiene costes. Es necesario dar con el equilibrio correcto.
Lejos de ser un tema esotérico para que los economistas lo debatan entre sí, este es un serio desafío práctico que los bancos centrales tarde o temprano tendrán que enfrentar en las décadas venideras. Puesto que la transición verde implica el reequilibrio de la producción para apartarla de los procesos “sucios”, es probable que se caracterice por presiones inflacionarias temporales. Los bancos centrales deben asegurarse de que sus respuestas no amplifiquen la disrupción ni aumenten los costes de producción.
En reconocimiento de esta problemática, algunos bancos centrales han incorporado un grado de flexibilidad a la forma en que intentar hacer realidad sus mandatos. Pero ¿cómo pueden operacionalizar esa flexibilidad mediante un marco transparente y cimentado en la investigación para manejar los costes y beneficios de la inflación y otros objetivos? La sugerencia de Macron bien podría ser el punto de partida de este proceso.
Traducido del inglés por David Meléndez Tormen