ROMA – A fines del año pasado, en la cumbre de Riad, los gobiernos del G20 dijeron que el cambio climático es uno de los problemas más acuciantes del siglo XXI. Señala el comunicado de la cumbre: «Mientras nos recuperamos de la pandemia, estamos comprometidos con la protección del planeta y con la construcción de un futuro más inclusivo y ambientalmente sostenible para todas las personas». Pero ese compromiso todavía no se materializó.
Es verdad que la intensidad de carbono del suministro de energía en los países del G20 está disminuyendo. Hay una reducción en el uso de carbón y en la contaminación del sector energético, y se implementan diversas políticas para la descarbonización del transporte. Las iniciativas del G20 que buscan alentar a las empresas a informar sobre los riesgos climáticos comienzan a dar fruto.
Pero los cambios no son suficientemente veloces para provocar una merma real de las emisiones, en particular porque los países del G20 mantienen una subvención silenciosa a sectores con alta emisión de carbono. Según Vivid Economics, de los 4,6 billones de dólares que destinaron las principales economías del mundo a los sectores agrícola, industrial, de los residuos, de la energía y del transporte como parte de los paquetes de ayuda por la pandemia, menos de 1,8 billones fueron «verdes».
Por eso en quince de las veinte economías analizadas por Vivid Economics, el gasto en estímulo tendrá un «impacto ambiental neto negativo». El Informe de Transparencia Climática 2020 también halló que alrededor del 30% del gasto en estímulo se destinó a sectores con alta intensidad ambiental, siendo el carbón, el petróleo, el gas y la aviación algunos de los principales beneficiarios.
De lo que suceda en la reunión del G20 de octubre en Roma dependerá en gran medida que la cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP26) que tendrá lugar en noviembre en Glasgow fije metas de reducción de emisiones y compromisos de financiación climática con el grado de ambición que necesita el mundo para evitar un aumento de temperaturas superior a 1,5 °C respecto de los niveles preindustriales.
Los países del G20 no sólo suman el 85% del PIB global, el 75% del comercio internacional y dos tercios de la población mundial; también producen alrededor del 80% de la emisión anual de gases de efecto invernadero; China por sí sola emite el 26% del total mundial.
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Por desgracia, el G20 tiene un largo historial de grandes palabras y pocas acciones. Para producir alta retórica o planes para formular otros planes es muy bueno; si hablamos de acción, mejor buscar en otro lado. Pero en vista de la evidencia científica cada vez más preocupante (y de una variedad reciente de fenómenos meteorológicos extremos), la tensión y la presión están en aumento.
Los gobiernos del G20 tienen que capitalizar una serie de señales prometedoras surgidas de la conferencia sobre el clima de este mes en Venecia, donde Kristalina Georgieva (directora gerente del Fondo Monetario Internacional) y David Malpass (presidente del Banco Mundial) pidieron un aumento de los gravámenes al carbono y que se ponga fin a los subsidios multimillonarios a los combustibles fósiles. Jin Liqun, presidente del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, dijo que la financiación del carbón está perdiendo atractivo en todo el mundo, incluso en China. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, habló de una nueva era de transparencia en relación con la «vulnerabilidad climática» del sector financiero, y advirtió que «el 10% más vulnerable de los bancos puede experimentar un 30% de aumento en la probabilidad promedio de impagos en sus carteras de crédito de aquí a 2050».
Algunas economías del G20 están dando pasos en la dirección correcta. La Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido diseñaron planes de reducción de emisiones más ambiciosos y mejor alineados con el objetivo de 1,5 °C. Argentina, Canadá y Japón también presentaron nuevas metas más estrictas para 2030. Sudáfrica afirma que hará lo mismo antes de que termine el año.
Pero muchos países con alto nivel de emisión (Australia, China, la India, Indonesia y Arabia Saudita) todavía no presentaron planes nuevos para la COP26. Brasil, Rusia y México ya lo hicieron, pero ninguno es una mejora respecto de los compromisos previos. Y en el caso de Brasil se prevé de aquí a 2030 un 35% de aumento de las emisiones respecto de los niveles de referencia anteriores.
Desde la presidencia del G20, Italia (junto con sus socios europeos, Estados Unidos y el RU) está presionando a los países que están demorados para que presenten nuevos planes climáticos más ambiciosos, pongan sus estrategias a largo plazo en línea con alcanzar la emisión neta nula de aquí a 2050, eliminen los subsidios a los combustibles fósiles de aquí a 2025 y dejen de financiar el carbón en todo el mundo. Por su parte, las economías desarrolladas tienen que diseñar un plan creíble para suministrar los cien mil millones de dólares anuales que prometieron como ayuda a los países en desarrollo para la lucha contra el cambio climático.
El presidente designado de la COP26, Alok Sharma, ha convocado a los países desarrollados a cumplir esa promesa; y el ministro de hacienda británico, Rishi Sunak (que estuvo detrás de una polémica reducción reciente de las ayudas británicas al desarrollo) tiene que hacer su parte. Pero también es fundamental que el primer ministro italiano Mario Draghi renueve y amplíe el compromiso de financiación climática de su país y convenza a sus homólogos, en particular Xi Jinping, para que cooperen.
Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden también tiene que esforzarse más. Aun si su gobierno cumple la meta declarada de duplicar el gasto en financiación climática a 5700 millones de dólares al año de aquí a 2024, Estados Unidos todavía aportará la cuarta parte de lo que aporta la UE hoy. La cifra tendría que duplicarse a más de 11 000 millones de dólares al año para estar a la par de otros países desarrollados y para aproximarse a la cuota que en verdad le corresponde a Estados Unidos, que se estima en alrededor del 40% de los 100 000 millones.
Pero estas son nada más las necesidades inmediatas; y el cambio climático no es una amenaza de corto plazo. En el largo plazo, los países del G20 deben liderar el diseño y la construcción de un sistema económico y financiero mundial más justo y respetuoso del medioambiente.
La reforma institucional será difícil, pero es esencial para que la resiliencia climática, la descarbonización y la desigualdad reciban la atención que se merecen. Por ejemplo, el G20 debe alentar al FMI para que amplíe la provisión de alivio de deuda a los países pobres y apoyar su propuesta de crear un nuevo Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad, vinculado con la reasignación de derechos especiales de giro, que ayude a los países a implementar reformas y políticas de descarbonización. Y debe presionar al Banco Mundial y a los bancos regionales de desarrollo para que aceleren la reasignación de fondos que hoy se destinan al petróleo, el gas y el carbón en beneficio de la economía verde.
Es fundamental que el G20 adopte la Hoja de Ruta plurianual para la financiación sostenible que están discutiendo Sharon Yang (subsecretaria asistente en el Tesoro de los Estados Unidos) y Ma Jun (representante del Banco Popular de China), en su carácter de copresidentes del Grupo de Trabajo del G20 sobre Finanzas Sostenibles. Sería un paso importante en la dirección de armonizar las normas mundiales sobre financiación verde y poner los flujos financieros en línea con el Acuerdo de París, además de afianzar la cooperación entre Estados Unidos y China. Los países del G20 también deben apoyar el pedido de Mark Carney, enviado de Naciones Unidas para la financiación climática, en el sentido de que la publicación de información sobre riesgos climáticos se vuelva obligatoria a más tardar al momento de la COP26 y que las empresas inviertan en planes para la transición a la emisión neta nula.
Estos esfuerzos no son garantía de éxito en la COP26, pero serían un buen punto de partida. Este mes, los gobiernos del G20 deben recordar que son los únicos con influencia suficiente para poner al mundo en la senda correcta.
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ROMA – A fines del año pasado, en la cumbre de Riad, los gobiernos del G20 dijeron que el cambio climático es uno de los problemas más acuciantes del siglo XXI. Señala el comunicado de la cumbre: «Mientras nos recuperamos de la pandemia, estamos comprometidos con la protección del planeta y con la construcción de un futuro más inclusivo y ambientalmente sostenible para todas las personas». Pero ese compromiso todavía no se materializó.
Es verdad que la intensidad de carbono del suministro de energía en los países del G20 está disminuyendo. Hay una reducción en el uso de carbón y en la contaminación del sector energético, y se implementan diversas políticas para la descarbonización del transporte. Las iniciativas del G20 que buscan alentar a las empresas a informar sobre los riesgos climáticos comienzan a dar fruto.
Pero los cambios no son suficientemente veloces para provocar una merma real de las emisiones, en particular porque los países del G20 mantienen una subvención silenciosa a sectores con alta emisión de carbono. Según Vivid Economics, de los 4,6 billones de dólares que destinaron las principales economías del mundo a los sectores agrícola, industrial, de los residuos, de la energía y del transporte como parte de los paquetes de ayuda por la pandemia, menos de 1,8 billones fueron «verdes».
Por eso en quince de las veinte economías analizadas por Vivid Economics, el gasto en estímulo tendrá un «impacto ambiental neto negativo». El Informe de Transparencia Climática 2020 también halló que alrededor del 30% del gasto en estímulo se destinó a sectores con alta intensidad ambiental, siendo el carbón, el petróleo, el gas y la aviación algunos de los principales beneficiarios.
De lo que suceda en la reunión del G20 de octubre en Roma dependerá en gran medida que la cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP26) que tendrá lugar en noviembre en Glasgow fije metas de reducción de emisiones y compromisos de financiación climática con el grado de ambición que necesita el mundo para evitar un aumento de temperaturas superior a 1,5 °C respecto de los niveles preindustriales.
Los países del G20 no sólo suman el 85% del PIB global, el 75% del comercio internacional y dos tercios de la población mundial; también producen alrededor del 80% de la emisión anual de gases de efecto invernadero; China por sí sola emite el 26% del total mundial.
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Los gobiernos del G20 tienen que capitalizar una serie de señales prometedoras surgidas de la conferencia sobre el clima de este mes en Venecia, donde Kristalina Georgieva (directora gerente del Fondo Monetario Internacional) y David Malpass (presidente del Banco Mundial) pidieron un aumento de los gravámenes al carbono y que se ponga fin a los subsidios multimillonarios a los combustibles fósiles. Jin Liqun, presidente del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, dijo que la financiación del carbón está perdiendo atractivo en todo el mundo, incluso en China. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, habló de una nueva era de transparencia en relación con la «vulnerabilidad climática» del sector financiero, y advirtió que «el 10% más vulnerable de los bancos puede experimentar un 30% de aumento en la probabilidad promedio de impagos en sus carteras de crédito de aquí a 2050».
Algunas economías del G20 están dando pasos en la dirección correcta. La Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido diseñaron planes de reducción de emisiones más ambiciosos y mejor alineados con el objetivo de 1,5 °C. Argentina, Canadá y Japón también presentaron nuevas metas más estrictas para 2030. Sudáfrica afirma que hará lo mismo antes de que termine el año.
Pero muchos países con alto nivel de emisión (Australia, China, la India, Indonesia y Arabia Saudita) todavía no presentaron planes nuevos para la COP26. Brasil, Rusia y México ya lo hicieron, pero ninguno es una mejora respecto de los compromisos previos. Y en el caso de Brasil se prevé de aquí a 2030 un 35% de aumento de las emisiones respecto de los niveles de referencia anteriores.
Desde la presidencia del G20, Italia (junto con sus socios europeos, Estados Unidos y el RU) está presionando a los países que están demorados para que presenten nuevos planes climáticos más ambiciosos, pongan sus estrategias a largo plazo en línea con alcanzar la emisión neta nula de aquí a 2050, eliminen los subsidios a los combustibles fósiles de aquí a 2025 y dejen de financiar el carbón en todo el mundo. Por su parte, las economías desarrolladas tienen que diseñar un plan creíble para suministrar los cien mil millones de dólares anuales que prometieron como ayuda a los países en desarrollo para la lucha contra el cambio climático.
El presidente designado de la COP26, Alok Sharma, ha convocado a los países desarrollados a cumplir esa promesa; y el ministro de hacienda británico, Rishi Sunak (que estuvo detrás de una polémica reducción reciente de las ayudas británicas al desarrollo) tiene que hacer su parte. Pero también es fundamental que el primer ministro italiano Mario Draghi renueve y amplíe el compromiso de financiación climática de su país y convenza a sus homólogos, en particular Xi Jinping, para que cooperen.
Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden también tiene que esforzarse más. Aun si su gobierno cumple la meta declarada de duplicar el gasto en financiación climática a 5700 millones de dólares al año de aquí a 2024, Estados Unidos todavía aportará la cuarta parte de lo que aporta la UE hoy. La cifra tendría que duplicarse a más de 11 000 millones de dólares al año para estar a la par de otros países desarrollados y para aproximarse a la cuota que en verdad le corresponde a Estados Unidos, que se estima en alrededor del 40% de los 100 000 millones.
Pero estas son nada más las necesidades inmediatas; y el cambio climático no es una amenaza de corto plazo. En el largo plazo, los países del G20 deben liderar el diseño y la construcción de un sistema económico y financiero mundial más justo y respetuoso del medioambiente.
La reforma institucional será difícil, pero es esencial para que la resiliencia climática, la descarbonización y la desigualdad reciban la atención que se merecen. Por ejemplo, el G20 debe alentar al FMI para que amplíe la provisión de alivio de deuda a los países pobres y apoyar su propuesta de crear un nuevo Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad, vinculado con la reasignación de derechos especiales de giro, que ayude a los países a implementar reformas y políticas de descarbonización. Y debe presionar al Banco Mundial y a los bancos regionales de desarrollo para que aceleren la reasignación de fondos que hoy se destinan al petróleo, el gas y el carbón en beneficio de la economía verde.
Es fundamental que el G20 adopte la Hoja de Ruta plurianual para la financiación sostenible que están discutiendo Sharon Yang (subsecretaria asistente en el Tesoro de los Estados Unidos) y Ma Jun (representante del Banco Popular de China), en su carácter de copresidentes del Grupo de Trabajo del G20 sobre Finanzas Sostenibles. Sería un paso importante en la dirección de armonizar las normas mundiales sobre financiación verde y poner los flujos financieros en línea con el Acuerdo de París, además de afianzar la cooperación entre Estados Unidos y China. Los países del G20 también deben apoyar el pedido de Mark Carney, enviado de Naciones Unidas para la financiación climática, en el sentido de que la publicación de información sobre riesgos climáticos se vuelva obligatoria a más tardar al momento de la COP26 y que las empresas inviertan en planes para la transición a la emisión neta nula.
Estos esfuerzos no son garantía de éxito en la COP26, pero serían un buen punto de partida. Este mes, los gobiernos del G20 deben recordar que son los únicos con influencia suficiente para poner al mundo en la senda correcta.