MANILA – El comercio internacional ha impulsado el crecimiento económico en varios países, en especial aquellos sin abundancia de recursos naturales ni capital fijo. Además de crear oportunidades de especialización transfronteriza, el comercio ha hecho posible importar bienes de consumo a bajo precio, insumos intermedios para la manufactura y equipamiento de capital. Esto ocurre particularmente en la zona del Asia y el Pacífico, que representó el 35% de comercio global en 2020, desde un 25% en la década anterior.
De manera similar, la globalización y el libre comercio podrían desempeñar un papel indispensable en la lucha por salvar el planeta. Dada la amenaza existencial del cambio climático, los bienes y servicios ambientales deberían volverse ampliamente disponibles y a precios asequibles para sustentar una economía mundial en rápido proceso de enverdecimiento. La importación de paneles solares, turbinas eólicas y vehículos eléctricos, junto con servicios como el tratamiento de aguas residuales, podrían además generar efectos tecnológicos secundarios que estimulen y apoyen el desarrollo de sectores de energías renovables y sectores de la industria limpios a nivel interno.
Sin embargo, el ritmo de avance general ha sido lento. La falta de un compromiso colectivo para liberalizar el comercio en bienes y servicios medioambientales, junto con un aumento de las medidas proteccionistas, socavarán casi con seguridad las iniciativas de mitigación y adaptación que se puedan adoptar. Es urgentemente necesario que las entidades de cooperación global y regional acuerden principios comunes para facilitar este tipo de comercio y proteger sus cadenas de suministro.
El primer reto es definir qué es un bien o servicio medioambiental. La organización de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) aprobó un listado de 54 bienes ambientales sobre los que se aplicarían aranceles aduaneros del 5% o menos. Sin embargo, el listado tiene sólo un impacto limitado, debido a que es optativo y a la relativamente pequeña cantidad de productos cubiertos. Las negociaciones para concretar un Acuerdo sobre Bienes Ambientales entre un grupo de miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) están estancadas.
Por supuesto, si un gobierno desea acelerar la transición verde, tiene la libertad de reducir unilateralmente los aranceles aduaneros a los bienes ambientales (como el equipamiento manufacturero), de cualquier modo o manera que tenga más incidencia en la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, su calidad de miembro de tratados de comercio internacional exige que haya consenso sobre estándares objetivos. Mas allá de los desafíos técnicos de definir los bienes ambientales, es muy posible que los países busquen adaptar las especificaciones con el objeto de proteger a sus propios productores.
El reciente aumento de políticas industriales en competencia tanto en las economías avanzadas como en desarrollo crea algunas oportunidades para diseminar bienes ambientales de manera más amplia y a menores precios. Después de todo, los subsidios para los productores de energías renovables pueden elevar la inversión en investigación y desarrollo, lo que puede generar innovaciones que reduzcan los costes. Por ejemplo, el precio promedio de los módulos solares ha bajado a menos de $1 por vatio para los mayores productores del mundo, como Alemania, Japón, Estados Unidos y la República Democrática de China. Poder importar esa tecnología a precios tan bajos hace más asequible la transición a energías limpias para una gama más amplia de países.
Pero los enormes desafíos que tales políticas plantean a la lucha contra el cambio climático superan los beneficios que podrían ofrecer. Según la Agencia Energética Internacional, la proporción de origen chino de la totalidad de los componentes utilizados para fabricar paneles solares -como la polisilicona, los lingotes, las obleas, las células y los módulos- sobrepasa el 80%. Esto se debe en gran medida a sus costes competitivos, con precios 20% y 35% más bajos que los de EE.UU. y Europa, respectivamente. Sin embargo, gran parte del planeta no puede acceder a los paneles solares chinos más baratos debido las cuotas compensatorias y deberes antidumping que les imponen sus socios comerciales. Si bien las iniciativas para nivelar el terreno entre productores extranjeros y locales son comprensibles y están permitidas bajo las reglas de la OMC, la erección de barreras comerciales para los bienes ambientales ralentiza la transición verde. Es más, otras medidas proteccionistas, como las que condicionan el acceso al mercado a las exigencias de contratación local, pueden resultar todavía más difíciles de justificar con razones relacionadas con la competencia.
No sirve de nada imponer restricciones a la exportación de materias primas cruciales como el litio, los elementos de tierras raras y el cromo, cuya demanda se eleva a medida que gana ritmo la transición energética. Tales limitaciones, entre las que se incluyen requisitos de autorización y prohibiciones y aranceles de exportación, se quintuplicaron entre 2009 y 2020. Cualquier reducción de los flujos transfronterizos de estos materiales podría afectar de manera importante la seguridad de las cadenas de suministro para productos verdes. Más todavía, la fragmentación del comercio dificulta el que las compañías globales líderes maximicen su potencial innovador y competitivo, lo que reduce las oportunidades para recortar más los costes.
Y, sin embargo, relativamente pocos acuerdos de comercio internacional contemplan cláusulas para liberalizar el comercio de bienes y servicios ambientales. La urgencia de la crisis climática debería obligar a la comunidad internacional a ser proactiva en acordar sus definiciones e implementar medidas prácticas para reducir las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio. Estos temas se podrían abordar en foros internacionales como el G20 y la APEC, o como parte de iniciativas de cooperación económica regional como el Acuerdo Integral de Asociación Económica o el Marco Económico Indo-Pacífico.
Mejorar el acceso a bienes y servicios ambientales puede acelerar los esfuerzos globales de mitigación y adaptación a un menor coste. Por ello, en lugar de adoptar medidas proteccionistas, los gobiernos que deseen apoyar la producción local de esos bienes harían mucho mejor en subsidiar la investigación y el desarrollo, lo que está permitido por las reglas de la OMC porque puede ayudar a que las compañías se vuelvan más eficientes e innovadoras. Al mismo tiempo, deben apoyar el libre comercio, porque hacer que estos bienes estén más ampliamente disponibles bien podría ser nuestra única oportunidad de solucionar la crisis climática.
Traducido del inglés por David Meléndez Tormen
MANILA – El comercio internacional ha impulsado el crecimiento económico en varios países, en especial aquellos sin abundancia de recursos naturales ni capital fijo. Además de crear oportunidades de especialización transfronteriza, el comercio ha hecho posible importar bienes de consumo a bajo precio, insumos intermedios para la manufactura y equipamiento de capital. Esto ocurre particularmente en la zona del Asia y el Pacífico, que representó el 35% de comercio global en 2020, desde un 25% en la década anterior.
De manera similar, la globalización y el libre comercio podrían desempeñar un papel indispensable en la lucha por salvar el planeta. Dada la amenaza existencial del cambio climático, los bienes y servicios ambientales deberían volverse ampliamente disponibles y a precios asequibles para sustentar una economía mundial en rápido proceso de enverdecimiento. La importación de paneles solares, turbinas eólicas y vehículos eléctricos, junto con servicios como el tratamiento de aguas residuales, podrían además generar efectos tecnológicos secundarios que estimulen y apoyen el desarrollo de sectores de energías renovables y sectores de la industria limpios a nivel interno.
Sin embargo, el ritmo de avance general ha sido lento. La falta de un compromiso colectivo para liberalizar el comercio en bienes y servicios medioambientales, junto con un aumento de las medidas proteccionistas, socavarán casi con seguridad las iniciativas de mitigación y adaptación que se puedan adoptar. Es urgentemente necesario que las entidades de cooperación global y regional acuerden principios comunes para facilitar este tipo de comercio y proteger sus cadenas de suministro.
El primer reto es definir qué es un bien o servicio medioambiental. La organización de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) aprobó un listado de 54 bienes ambientales sobre los que se aplicarían aranceles aduaneros del 5% o menos. Sin embargo, el listado tiene sólo un impacto limitado, debido a que es optativo y a la relativamente pequeña cantidad de productos cubiertos. Las negociaciones para concretar un Acuerdo sobre Bienes Ambientales entre un grupo de miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) están estancadas.
Por supuesto, si un gobierno desea acelerar la transición verde, tiene la libertad de reducir unilateralmente los aranceles aduaneros a los bienes ambientales (como el equipamiento manufacturero), de cualquier modo o manera que tenga más incidencia en la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, su calidad de miembro de tratados de comercio internacional exige que haya consenso sobre estándares objetivos. Mas allá de los desafíos técnicos de definir los bienes ambientales, es muy posible que los países busquen adaptar las especificaciones con el objeto de proteger a sus propios productores.
El reciente aumento de políticas industriales en competencia tanto en las economías avanzadas como en desarrollo crea algunas oportunidades para diseminar bienes ambientales de manera más amplia y a menores precios. Después de todo, los subsidios para los productores de energías renovables pueden elevar la inversión en investigación y desarrollo, lo que puede generar innovaciones que reduzcan los costes. Por ejemplo, el precio promedio de los módulos solares ha bajado a menos de $1 por vatio para los mayores productores del mundo, como Alemania, Japón, Estados Unidos y la República Democrática de China. Poder importar esa tecnología a precios tan bajos hace más asequible la transición a energías limpias para una gama más amplia de países.
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Pero los enormes desafíos que tales políticas plantean a la lucha contra el cambio climático superan los beneficios que podrían ofrecer. Según la Agencia Energética Internacional, la proporción de origen chino de la totalidad de los componentes utilizados para fabricar paneles solares -como la polisilicona, los lingotes, las obleas, las células y los módulos- sobrepasa el 80%. Esto se debe en gran medida a sus costes competitivos, con precios 20% y 35% más bajos que los de EE.UU. y Europa, respectivamente. Sin embargo, gran parte del planeta no puede acceder a los paneles solares chinos más baratos debido las cuotas compensatorias y deberes antidumping que les imponen sus socios comerciales. Si bien las iniciativas para nivelar el terreno entre productores extranjeros y locales son comprensibles y están permitidas bajo las reglas de la OMC, la erección de barreras comerciales para los bienes ambientales ralentiza la transición verde. Es más, otras medidas proteccionistas, como las que condicionan el acceso al mercado a las exigencias de contratación local, pueden resultar todavía más difíciles de justificar con razones relacionadas con la competencia.
No sirve de nada imponer restricciones a la exportación de materias primas cruciales como el litio, los elementos de tierras raras y el cromo, cuya demanda se eleva a medida que gana ritmo la transición energética. Tales limitaciones, entre las que se incluyen requisitos de autorización y prohibiciones y aranceles de exportación, se quintuplicaron entre 2009 y 2020. Cualquier reducción de los flujos transfronterizos de estos materiales podría afectar de manera importante la seguridad de las cadenas de suministro para productos verdes. Más todavía, la fragmentación del comercio dificulta el que las compañías globales líderes maximicen su potencial innovador y competitivo, lo que reduce las oportunidades para recortar más los costes.
Y, sin embargo, relativamente pocos acuerdos de comercio internacional contemplan cláusulas para liberalizar el comercio de bienes y servicios ambientales. La urgencia de la crisis climática debería obligar a la comunidad internacional a ser proactiva en acordar sus definiciones e implementar medidas prácticas para reducir las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio. Estos temas se podrían abordar en foros internacionales como el G20 y la APEC, o como parte de iniciativas de cooperación económica regional como el Acuerdo Integral de Asociación Económica o el Marco Económico Indo-Pacífico.
Mejorar el acceso a bienes y servicios ambientales puede acelerar los esfuerzos globales de mitigación y adaptación a un menor coste. Por ello, en lugar de adoptar medidas proteccionistas, los gobiernos que deseen apoyar la producción local de esos bienes harían mucho mejor en subsidiar la investigación y el desarrollo, lo que está permitido por las reglas de la OMC porque puede ayudar a que las compañías se vuelvan más eficientes e innovadoras. Al mismo tiempo, deben apoyar el libre comercio, porque hacer que estos bienes estén más ampliamente disponibles bien podría ser nuestra única oportunidad de solucionar la crisis climática.
Traducido del inglés por David Meléndez Tormen