POTSDAM, PARÍS, ZÚRICH – A menos que el mundo reduzca rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero, es probable que la humanidad ingrese a una era de riesgos climáticos nunca antes vistos. Aunque los fenómenos climáticos extremos con efectos devastadores son cada vez más frecuentes, la peor parte del daño climático (por ejemplo, el aumento del nivel de los mares) no se reconocerá hasta que sea demasiado tarde para actuar.
Es evidente que el horizonte temporal del sistema climático no se condice bien con los ciclos políticos y económicos del mundo, mucho más breves. Las empresas que cotizan en bolsa presentan informes trimestrales; y se han introducido cambios regulatorios (por ejemplo, el uso de la contabilidad a valores de mercado) que limitan el pensamiento a largo plazo.
Los gobiernos tienen ciclos legislativos que no suelen durar más de cuatro años, y además deben responder a cuestiones coyunturales. Pero estabilizar el clima demanda una acción sostenida y coherente durante mucho tiempo.
AXA y UBS, junto con el Instituto de Investigación del Impacto Climático en Potsdam, CDP (ex Carbon Disclosure Project) y la comunidad de conocimiento e información de la Unión Europea (UE-KIC) para el clima organizaron hace poco un congreso en Berlín, donde analizaron con importantes expertos en inversiones ecológicas y abandono de los combustibles fósiles de qué manera los intermediarios financieros pueden ayudar a encarar los riesgos climáticos.
Es urgente que la industria financiera se involucre activamente. El acuerdo climático de París alcanzado el pasado diciembre implica un compromiso internacional de limitar el calentamiento global a mucho menos de 2° Celsius, un objetivo al que es preciso encaminarse rápidamente. Para lograrlo, se calcula que habrá que invertir unos 93 billones de dólares en infraestructuras ecológicas en los próximos 15 años.
Los recursos públicos no serán suficientes, así que el sector financiero debe ayudar a cubrir el faltante. Mediante la redirección de flujos de capitales hacia iniciativas proactivas de mitigación y adaptación al cambio climático, las instituciones financieras pueden proteger los activos de sus clientes contra riesgos climáticos globales, y contra los riesgos económicos derivados de un aumento de la temperatura planetaria; además, es una forma de demostrar su responsabilidad social de cara al bienestar de las generaciones futuras.
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Pero para financiar el cambio hay que cambiar las finanzas. Y este proceso ya está en curso. Instituciones de ayuda al desarrollo como el Banco Mundial están reconsiderando sus políticas de inversión. Y en el sector privado, los bonos, préstamos, índices e inversiones en infraestructura “verdes” despiertan cada vez más entusiasmo.
Pero como señala la Comisión Europea, menos del 1% de los activos institucionales en todo el mundo son activos de infraestructura ecológica. Con tipos de interés que están en mínimos históricos y una falta general de oportunidades de inversión atractivas, es un momento ideal para aprovechar el creciente interés de los inversores en productos financieros ecológicos.
Muchas grandes instituciones financieras se unieron hace poco a una iniciativa global que promueve la desinversión en combustibles fósiles. Los resultados de las investigaciones indican que para cumplir el acuerdo de París y limitar el calentamiento global a menos de 2 °C, es preciso restringir las emisiones globales de CO2 a menos de un billón de toneladas métricas entre 2010 y el final del siglo. Para eso, la mayor parte de las reservas de carbón, petróleo y gas disponibles deben quedar enterradas.
Eso implica que las inversiones en extracción de combustibles fósiles irán perdiendo valor con el tiempo hasta volverse obsoletas. De modo que el recálculo de su valuación por el sector financiero no sólo colabora con la estabilización del clima, sino que también supone una mejor protección de las inversiones de sus clientes y, al prevenir la formación de burbujas en la industria de los combustibles fósiles, ayuda a estabilizar las economías. Pero la liquidación de esas tenencias no basta; los activos liberados deben redirigirse hacia emprendimientos más sostenibles.
Para poder hacer su parte, las instituciones financieras y los inversores necesitan con urgencia tener una visión más clara de los riesgos de inversión relacionados con el clima, que la Junta de Estabilidad Financiera (FSB) dividió en tres categorías: físicos, transicionales y de responsabilidad. Una toma de decisiones de inversión informada demanda datos exactos y con base científica y criterios uniformes para la evaluación de esos riesgos y la cuantificación de oportunidades relacionadas.
De modo que un elemento clave de cualquier marco que se adopte será la transparencia informativa. Un grupo de trabajo de la FSB (formado por representantes de bancos, aseguradoras, inversores institucionales, agencias de calificación, consultores y auditores) está trabajando en la formulación de un código voluntario de conducta empresarial para la entrega a inversores y prestamistas de información financiera coherente y comparable en relación con los riesgos climáticos. Esto también ayudará a las empresas a comprender su potencial para el cambio, según el viejo principio de que lo que se puede medir, se puede gestionar.
No será tarea fácil. Por ejemplo, las mediciones de huella de carbono no bastan para encaminar las inversiones en la dirección correcta, ya que no identifican a las empresas que adoptan soluciones ecológicas, sólo señalan a las que más contaminan. Para ser útiles, las normas de transparencia deben tener en cuenta información específica de cada sector y el impacto de la transición hacia una economía ecológica sobre las estrategias empresariales.
El siguiente paso para los gobiernos que firmaron el acuerdo de París es adoptar una serie de medidas para implementar estrategias de descarbonización. En este contexto, un elemento esencial del instrumental político será poner precio a las emisiones de carbono. Algunos gobiernos ya tomaron medidas para promover el desarrollo de productos ecológicos por medio de impuestos o incentivos de mercado. En conjunto, los cambios en los marcos legales deben apoyar y no obstaculizar las iniciativas privadas del sector financiero para enfrentar el cambio climático.
Hay proyectos de infraestructura esenciales para la transformación del sistema energético (por ejemplo, parques eólicos y líneas de distribución de energía a gran distancia) que exceden las posibilidades financieras de algunos gobiernos nacionales y demandarán un nuevo tipo de bonos de infraestructura globales. En diversos períodos los gobiernos alentaron la inversión en bonos públicos. Ahora, para aumentar la inversión privada en la construcción de infraestructuras ecológicas, se necesitan medidas de protección de los inversores y mecanismos de resolución de disputas.
El sector financiero está listo para liderar el cambio a la sostenibilidad. Cuando el año entrante Alemania asuma la presidencia del G20, tendrá la oportunidad de convencer a sus socios de crear un marco adecuado para alentar cambios en el sector financiero que aseguren una transición fluida hacia una economía ecológica. Los actores públicos y privados deben poner ya manos a la obra.
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POTSDAM, PARÍS, ZÚRICH – A menos que el mundo reduzca rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero, es probable que la humanidad ingrese a una era de riesgos climáticos nunca antes vistos. Aunque los fenómenos climáticos extremos con efectos devastadores son cada vez más frecuentes, la peor parte del daño climático (por ejemplo, el aumento del nivel de los mares) no se reconocerá hasta que sea demasiado tarde para actuar.
Es evidente que el horizonte temporal del sistema climático no se condice bien con los ciclos políticos y económicos del mundo, mucho más breves. Las empresas que cotizan en bolsa presentan informes trimestrales; y se han introducido cambios regulatorios (por ejemplo, el uso de la contabilidad a valores de mercado) que limitan el pensamiento a largo plazo.
Los gobiernos tienen ciclos legislativos que no suelen durar más de cuatro años, y además deben responder a cuestiones coyunturales. Pero estabilizar el clima demanda una acción sostenida y coherente durante mucho tiempo.
AXA y UBS, junto con el Instituto de Investigación del Impacto Climático en Potsdam, CDP (ex Carbon Disclosure Project) y la comunidad de conocimiento e información de la Unión Europea (UE-KIC) para el clima organizaron hace poco un congreso en Berlín, donde analizaron con importantes expertos en inversiones ecológicas y abandono de los combustibles fósiles de qué manera los intermediarios financieros pueden ayudar a encarar los riesgos climáticos.
Es urgente que la industria financiera se involucre activamente. El acuerdo climático de París alcanzado el pasado diciembre implica un compromiso internacional de limitar el calentamiento global a mucho menos de 2° Celsius, un objetivo al que es preciso encaminarse rápidamente. Para lograrlo, se calcula que habrá que invertir unos 93 billones de dólares en infraestructuras ecológicas en los próximos 15 años.
Los recursos públicos no serán suficientes, así que el sector financiero debe ayudar a cubrir el faltante. Mediante la redirección de flujos de capitales hacia iniciativas proactivas de mitigación y adaptación al cambio climático, las instituciones financieras pueden proteger los activos de sus clientes contra riesgos climáticos globales, y contra los riesgos económicos derivados de un aumento de la temperatura planetaria; además, es una forma de demostrar su responsabilidad social de cara al bienestar de las generaciones futuras.
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Pero para financiar el cambio hay que cambiar las finanzas. Y este proceso ya está en curso. Instituciones de ayuda al desarrollo como el Banco Mundial están reconsiderando sus políticas de inversión. Y en el sector privado, los bonos, préstamos, índices e inversiones en infraestructura “verdes” despiertan cada vez más entusiasmo.
Pero como señala la Comisión Europea, menos del 1% de los activos institucionales en todo el mundo son activos de infraestructura ecológica. Con tipos de interés que están en mínimos históricos y una falta general de oportunidades de inversión atractivas, es un momento ideal para aprovechar el creciente interés de los inversores en productos financieros ecológicos.
Muchas grandes instituciones financieras se unieron hace poco a una iniciativa global que promueve la desinversión en combustibles fósiles. Los resultados de las investigaciones indican que para cumplir el acuerdo de París y limitar el calentamiento global a menos de 2 °C, es preciso restringir las emisiones globales de CO2 a menos de un billón de toneladas métricas entre 2010 y el final del siglo. Para eso, la mayor parte de las reservas de carbón, petróleo y gas disponibles deben quedar enterradas.
Eso implica que las inversiones en extracción de combustibles fósiles irán perdiendo valor con el tiempo hasta volverse obsoletas. De modo que el recálculo de su valuación por el sector financiero no sólo colabora con la estabilización del clima, sino que también supone una mejor protección de las inversiones de sus clientes y, al prevenir la formación de burbujas en la industria de los combustibles fósiles, ayuda a estabilizar las economías. Pero la liquidación de esas tenencias no basta; los activos liberados deben redirigirse hacia emprendimientos más sostenibles.
Para poder hacer su parte, las instituciones financieras y los inversores necesitan con urgencia tener una visión más clara de los riesgos de inversión relacionados con el clima, que la Junta de Estabilidad Financiera (FSB) dividió en tres categorías: físicos, transicionales y de responsabilidad. Una toma de decisiones de inversión informada demanda datos exactos y con base científica y criterios uniformes para la evaluación de esos riesgos y la cuantificación de oportunidades relacionadas.
De modo que un elemento clave de cualquier marco que se adopte será la transparencia informativa. Un grupo de trabajo de la FSB (formado por representantes de bancos, aseguradoras, inversores institucionales, agencias de calificación, consultores y auditores) está trabajando en la formulación de un código voluntario de conducta empresarial para la entrega a inversores y prestamistas de información financiera coherente y comparable en relación con los riesgos climáticos. Esto también ayudará a las empresas a comprender su potencial para el cambio, según el viejo principio de que lo que se puede medir, se puede gestionar.
No será tarea fácil. Por ejemplo, las mediciones de huella de carbono no bastan para encaminar las inversiones en la dirección correcta, ya que no identifican a las empresas que adoptan soluciones ecológicas, sólo señalan a las que más contaminan. Para ser útiles, las normas de transparencia deben tener en cuenta información específica de cada sector y el impacto de la transición hacia una economía ecológica sobre las estrategias empresariales.
El siguiente paso para los gobiernos que firmaron el acuerdo de París es adoptar una serie de medidas para implementar estrategias de descarbonización. En este contexto, un elemento esencial del instrumental político será poner precio a las emisiones de carbono. Algunos gobiernos ya tomaron medidas para promover el desarrollo de productos ecológicos por medio de impuestos o incentivos de mercado. En conjunto, los cambios en los marcos legales deben apoyar y no obstaculizar las iniciativas privadas del sector financiero para enfrentar el cambio climático.
Hay proyectos de infraestructura esenciales para la transformación del sistema energético (por ejemplo, parques eólicos y líneas de distribución de energía a gran distancia) que exceden las posibilidades financieras de algunos gobiernos nacionales y demandarán un nuevo tipo de bonos de infraestructura globales. En diversos períodos los gobiernos alentaron la inversión en bonos públicos. Ahora, para aumentar la inversión privada en la construcción de infraestructuras ecológicas, se necesitan medidas de protección de los inversores y mecanismos de resolución de disputas.
El sector financiero está listo para liderar el cambio a la sostenibilidad. Cuando el año entrante Alemania asuma la presidencia del G20, tendrá la oportunidad de convencer a sus socios de crear un marco adecuado para alentar cambios en el sector financiero que aseguren una transición fluida hacia una economía ecológica. Los actores públicos y privados deben poner ya manos a la obra.
Traducción: Esteban Flamini