BERLÍN – La megaminera Glencore lleva más de una década extrayendo cobre en la provincia peruana de Espinar. En ese período, se ha documentado exhaustivamente la presencia de metales tóxicos en el medioambiente y en las personas del lugar. Pero no fue sino hace poco que el gobierno peruano reconoció lo que para muchos in situ era evidente: un vínculo causal entre las operaciones de Glencore en Antapaccay y la contaminación en Espinar. La empresa todavía no ha reparado el daño sufrido por las comunidades indígenas afectadas.
A pesar del considerable aumento en la demanda de cobre (y de otros minerales críticos que se usan en las tecnologías verdes), extraer y refinar estos recursos todavía es exclusividad de un puñado de países. China, por ejemplo, es responsable de más del 70% de la extracción de tierras raras y del 50% del procesamiento de grafito natural, cobalto, litio y manganeso. Esta dependencia de un único país genera cada vez más preocupación en Europa desde que empezó la guerra en Ucrania.
En marzo, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyenseñaló que «estamos en carrera» para alcanzar el dominio futuro de las tecnologías de energía limpia, al anunciar la nueva ley sobre materias primas fundamentales, con la que se busca reducir las dependencias que hoy tiene la Unión Europea. Junto con la propuesta de ley sobre una industria de emisión neta cero, es la respuesta del bloque a la Ley de Reducción de la Inflación aprobada en Estados Unidos, que incluye un compromiso con aumentar el suministro local de minerales críticos.
El resurgimiento de la política industrial no es la única prueba de que el mundo está comprendiendo la importancia de las materias primas. Hace unos meses, la Agencia Internacional de la Energía celebró la primera cumbre mundial de la historia sobre los minerales críticos y su papel en la transición verde. Y en el discurso que pronunció ante la dirigencia internacional reunida para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28) celebrada a fines de este año, el secretario general de la ONU António Guterres se refirió a la necesidad de satisfacer de la mejor manera posible la creciente demanda de cobre, litio, cobalto y otros materiales.
Es decir que la industria minera (que la ONU considera un sector de alto riesgo para los derechos humanos) tendrá un papel esencial en la transición energética. En este contexto, muchos líderes europeos están dispuestos a hacer la vista gorda frente a violaciones de los derechos humanos y daños medioambientales de la industria. Pero eso puede atentar contra los intentos de la UE de asegurarse el acceso a materias primas y mitigar el cambio climático.
En su discurso, Guterres recalcó que la extracción de minerales críticos «debe hacerse en forma sostenible, justa y equitativa» para no repetir los «errores del pasado» (en referencia a la pauta histórica por la que los países ricos han explotado en forma sistemática el patrimonio de recursos naturales de los países en desarrollo). Para ello, anunció la creación de un nuevo panel con representantes de los gobiernos, de la industria y de la sociedad civil, que se encargará de redactar normas de cumplimiento voluntario para las industrias extractivas. A esto se suma la Asociación de Seguridad de Minerales, una alianza de gobiernos de países ricos con la que se busca mejorar los indicadores ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ASG/ESG) de la industria mundial de los minerales.
Estas iniciativas son un paso en la dirección correcta, pero no bastarán para asegurar el respeto de los criterios de sostenibilidad. Con su ley sobre materias primas fundamentales, la UE busca formar alianzas con países ricos en recursos que beneficien a ambas partes y promover proyectos estratégicos para la extracción, el procesamiento y el reciclaje de minerales críticos. Pero la prisa puede llevar a repetir viejas prácticas. Además, está previsto que la supervisión del cumplimiento de normas ambientales y de derechos humanos corra por cuenta de agencias de certificación privadas (al menos para los proyectos que se realicen fuera del bloque).
Pero está comprobado que los sistemas de certificación no proveen una protección adecuada del medioambiente y de los derechos humanos en la industria minera y de las materias primas. Por ejemplo, la compañía alemana TÜV SÜD certificó que un dique cercano a Brumadinho (Brasil) era seguro, pocos meses antes de que colapsara y provocara la muerte de cientos de personas. Y hace poco, se demostró que una mina operada por la proveedora de cobalto de BMW en Marruecos, con certificación de la Responsible Minerals Initiative, estaba liberando grandes cantidades de arsénico en cuerpos de agua cercanos.
La UE necesita herramientas más efectivas. En este sentido, la propuesta de directiva sobre diligencia debida que obligaría a las empresas a evitar prácticas perjudiciales para el medioambiente y los derechos humanos en sus cadenas de suministro es crucial, y debería aplicarse también a las empresas financieras, en vista de su importancia en el sector de las materias primas. Además, la UE debe tener un papel activo en las negociaciones para la firma de un tratado vinculante de la ONU sobre empresas y derechos humanos que impida a las multinacionales provocar daños al medioambiente y a las comunidades locales como sucedió en Espinar.
Igual de importante es una evaluación franca de las causas que impulsan la demanda de materiales como el cobre y el hierro y de la forma de reducir el consumo. Por ejemplo, la industria automotriz usa enormes cantidades de minerales críticos. En Alemania, el principal motor de demanda no es la transición energética, sino la construcción y el transporte. Esto sugiere la necesidad de que los países europeos aumenten la eficiencia energética de los sistemas de transporte público, alienten el uso de baterías y vehículos de menor porte y promuevan una economía circular.
El Grupo Intergubernamental de Expertos de la ONU sobre el Cambio Climático recomendó reducir el consumo de materiales para mitigar el calentamiento global, pero en la prisa por adoptar las fuentes de energía renovables esta recomendación quedó olvidada. Sin embargo, la propuesta sería muy eficaz: la extracción y el procesamiento de minerales críticos demandan cantidades ingentes de agua y provocan contaminación ambiental. Según la OCDE, sólo siete metales (hierro, aluminio, cobre, zinc, plomo, níquel y manganeso) son responsables del 7% de la emisión mundial de gases de efecto invernadero.
Poniendo el acento en reducir la demanda y con la introducción de normas más estrictas y mecanismos de diligencia debida eficaces, la UE puede evitar daños al medioambiente y violaciones de los derechos humanos y al mismo tiempo cumplir su objetivo de aumentar la resiliencia e independencia del bloque.
Traducción: Esteban Flamini
BERLÍN – La megaminera Glencore lleva más de una década extrayendo cobre en la provincia peruana de Espinar. En ese período, se ha documentado exhaustivamente la presencia de metales tóxicos en el medioambiente y en las personas del lugar. Pero no fue sino hace poco que el gobierno peruano reconoció lo que para muchos in situ era evidente: un vínculo causal entre las operaciones de Glencore en Antapaccay y la contaminación en Espinar. La empresa todavía no ha reparado el daño sufrido por las comunidades indígenas afectadas.
A pesar del considerable aumento en la demanda de cobre (y de otros minerales críticos que se usan en las tecnologías verdes), extraer y refinar estos recursos todavía es exclusividad de un puñado de países. China, por ejemplo, es responsable de más del 70% de la extracción de tierras raras y del 50% del procesamiento de grafito natural, cobalto, litio y manganeso. Esta dependencia de un único país genera cada vez más preocupación en Europa desde que empezó la guerra en Ucrania.
En marzo, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyenseñaló que «estamos en carrera» para alcanzar el dominio futuro de las tecnologías de energía limpia, al anunciar la nueva ley sobre materias primas fundamentales, con la que se busca reducir las dependencias que hoy tiene la Unión Europea. Junto con la propuesta de ley sobre una industria de emisión neta cero, es la respuesta del bloque a la Ley de Reducción de la Inflación aprobada en Estados Unidos, que incluye un compromiso con aumentar el suministro local de minerales críticos.
El resurgimiento de la política industrial no es la única prueba de que el mundo está comprendiendo la importancia de las materias primas. Hace unos meses, la Agencia Internacional de la Energía celebró la primera cumbre mundial de la historia sobre los minerales críticos y su papel en la transición verde. Y en el discurso que pronunció ante la dirigencia internacional reunida para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28) celebrada a fines de este año, el secretario general de la ONU António Guterres se refirió a la necesidad de satisfacer de la mejor manera posible la creciente demanda de cobre, litio, cobalto y otros materiales.
Es decir que la industria minera (que la ONU considera un sector de alto riesgo para los derechos humanos) tendrá un papel esencial en la transición energética. En este contexto, muchos líderes europeos están dispuestos a hacer la vista gorda frente a violaciones de los derechos humanos y daños medioambientales de la industria. Pero eso puede atentar contra los intentos de la UE de asegurarse el acceso a materias primas y mitigar el cambio climático.
En su discurso, Guterres recalcó que la extracción de minerales críticos «debe hacerse en forma sostenible, justa y equitativa» para no repetir los «errores del pasado» (en referencia a la pauta histórica por la que los países ricos han explotado en forma sistemática el patrimonio de recursos naturales de los países en desarrollo). Para ello, anunció la creación de un nuevo panel con representantes de los gobiernos, de la industria y de la sociedad civil, que se encargará de redactar normas de cumplimiento voluntario para las industrias extractivas. A esto se suma la Asociación de Seguridad de Minerales, una alianza de gobiernos de países ricos con la que se busca mejorar los indicadores ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ASG/ESG) de la industria mundial de los minerales.
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Estas iniciativas son un paso en la dirección correcta, pero no bastarán para asegurar el respeto de los criterios de sostenibilidad. Con su ley sobre materias primas fundamentales, la UE busca formar alianzas con países ricos en recursos que beneficien a ambas partes y promover proyectos estratégicos para la extracción, el procesamiento y el reciclaje de minerales críticos. Pero la prisa puede llevar a repetir viejas prácticas. Además, está previsto que la supervisión del cumplimiento de normas ambientales y de derechos humanos corra por cuenta de agencias de certificación privadas (al menos para los proyectos que se realicen fuera del bloque).
Pero está comprobado que los sistemas de certificación no proveen una protección adecuada del medioambiente y de los derechos humanos en la industria minera y de las materias primas. Por ejemplo, la compañía alemana TÜV SÜD certificó que un dique cercano a Brumadinho (Brasil) era seguro, pocos meses antes de que colapsara y provocara la muerte de cientos de personas. Y hace poco, se demostró que una mina operada por la proveedora de cobalto de BMW en Marruecos, con certificación de la Responsible Minerals Initiative, estaba liberando grandes cantidades de arsénico en cuerpos de agua cercanos.
La UE necesita herramientas más efectivas. En este sentido, la propuesta de directiva sobre diligencia debida que obligaría a las empresas a evitar prácticas perjudiciales para el medioambiente y los derechos humanos en sus cadenas de suministro es crucial, y debería aplicarse también a las empresas financieras, en vista de su importancia en el sector de las materias primas. Además, la UE debe tener un papel activo en las negociaciones para la firma de un tratado vinculante de la ONU sobre empresas y derechos humanos que impida a las multinacionales provocar daños al medioambiente y a las comunidades locales como sucedió en Espinar.
Igual de importante es una evaluación franca de las causas que impulsan la demanda de materiales como el cobre y el hierro y de la forma de reducir el consumo. Por ejemplo, la industria automotriz usa enormes cantidades de minerales críticos. En Alemania, el principal motor de demanda no es la transición energética, sino la construcción y el transporte. Esto sugiere la necesidad de que los países europeos aumenten la eficiencia energética de los sistemas de transporte público, alienten el uso de baterías y vehículos de menor porte y promuevan una economía circular.
El Grupo Intergubernamental de Expertos de la ONU sobre el Cambio Climático recomendó reducir el consumo de materiales para mitigar el calentamiento global, pero en la prisa por adoptar las fuentes de energía renovables esta recomendación quedó olvidada. Sin embargo, la propuesta sería muy eficaz: la extracción y el procesamiento de minerales críticos demandan cantidades ingentes de agua y provocan contaminación ambiental. Según la OCDE, sólo siete metales (hierro, aluminio, cobre, zinc, plomo, níquel y manganeso) son responsables del 7% de la emisión mundial de gases de efecto invernadero.
Poniendo el acento en reducir la demanda y con la introducción de normas más estrictas y mecanismos de diligencia debida eficaces, la UE puede evitar daños al medioambiente y violaciones de los derechos humanos y al mismo tiempo cumplir su objetivo de aumentar la resiliencia e independencia del bloque.
Traducción: Esteban Flamini