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La ayuda oficial para el desarrollo debe reconocer las vulnerabilidades de los países

CLERMONT-FERRAND/WASHINGTON, DC – En octubre último, en las Reuniones Anuales del Grupo del Banco Mundial (GBM) y el Fondo Monetario Internacional en Marrakesh, los países miembros enfatizaron la urgencia de aumentar la escala de las finanzas para el desarrollo. En los últimos años una inusual confluencia de crisis sanitarias, climáticas y de seguridad ha empeorado las desigualdades globales y socavado los avances económicos y sociales logrados en las décadas recientes, especialmente en el caso de varios países africanos.

Muchos de los sectores clave de las economías del continente quedaron gravemente afectados por la pandemia del COVID-19, que empujó a 55 millones de africanos a la extrema pobreza en 2020. En Cabo Verde, por ejemplo, donde el turismo representa el 25% del PIB y el 23% del empleo formal, la economía se contrajo en cerca de un 15% en 2020, una de las caídas más agudas de África.

A pesar de que son los que menos contribuyen al cambio climático, los países africanos también son afectados desproporcionadamente por el calentamiento global. En 2022, Madagascar fue asolado por cinco ciclones y tormentas tropicales sucesivas que causaron daños directos estimados en más de $658 millones, equivalentes al 4,8% de su PIB de 2020. Por su parte, las Islas Comoras son uno de los países más propensos a desastres del continente y son particularmente vulnerables a ciclones tropicales: en 2019, el Ciclón Kenneth generó daños estimados en $815 millones, o más del 160% de sus ingresos presupuestarios.

A lo largo de los últimos 50 años, los problemas relacionados con la sequía han causado al menos 500.000 muertes y más de $70 mil millones de pérdidas económicas en África. Si miramos al futuro las perspectivas son igual de sombrías. Para 2050, en la región del Sahel hasta 13, 5 millones de personas adicionales podrían caer en la extrema pobreza si no se implementan medidas e inversiones de adaptación adecuadas, y los efectos del cambio climático podrían costar a los países africanos $50 mil millones al año.

La comunidad internacional ha reconocido los complejos desafíos que plantean esas crisis y la urgente necesidad de tomas medidas más potentes. En Marrakesh, las autoridades de gobierno respaldaron la nueva visión y misión del GBM que apunta a crear un mundo sin pobreza y a impulsar la prosperidad en común en un planeta habitable. Francia fue el país anfitrión de la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial en junio, que produjo el Pacto de Paris por las Personas y el Planeta (4P), mientras las Naciones Unidas sostuvieron en septiembre un Diálogo de Alto Nivel sobre Financiación y Desarrollo.

Pero, para acelerar la lucha contra la pobreza, las entidades multilaterales de crédito deben tomar en cuenta las vulnerabilidades estructurales de los países ante shocks externos e internos a la hora de asignarles fondos de desarrollo. La ONU, el Secretariado de la Commonwealth y otras organizaciones ya producen índices de vulnerabilidad, mientras que otras entidades, como el Banco Mundial, tienen planes de hacerlo. Deberían ser multidimensionales, con énfasis en los desafíos económicos, ambientales y sociales, pero también adaptables para cumplir las misiones particulares de cada institución.

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En las Reuniones Anuales de Marrakesh, ayudamos a organizar una sesión sobre la necesidad de considerar las vulnerabilidades estructurales de los países en el despliegue de recursos concesionales (es decir, aquellos concedidos en situaciones crediticias favorables para los países receptores), con énfasis en la Asociación Internacional de Fomento (AIF), el fondo del Banco Mundial para los países más pobres. Muchos participantes reconocieron la importancia de actualizar la fórmula de asignación de la AIF (por supuesto, los representantes de las entidades multilaterales de crédito no pudieron pronunciarse acerca de las reformas).

Evidentemente, son imprescindibles los mecanismos de apoyo posteriores a los shocks, que muchos acreedores crean mediante préstamos de contingencia o instrumentos que redistribuyen fondos a medida de las respuesta de emergencia. Pero no basta con ellos, Tenemos que ser capaces de actuar de manera preventiva para dar mayor solidez a la resiliencia financiera de los países pobres. La incorporación de la vulnerabilidad a la fórmula para asignar fondos concesionales puede compensar las desventajas estructurales, evitar colapsos financieros y reducir el uso de excepciones opacas, todo lo cual aumentaría la equidad, la eficiencia y la transparencia. Otras instituciones, como el Banco de Desarrollo del Caribe y el Banco Asiático de Desarrollo ya han adoptado este enfoque.

La reforma en curso al GBM presenta una excelente oportunidad para pensar en cómo hacer realidad está necesidad de prevenir crisis. Son bienvenidas las iniciativas del AIF por mejorar la gestión de problemas vinculados a la fragilidad y vulnerabilidad de un ciclo de financiación al siguiente, así como la priorización que se está dando al nivel de preparación para las crisis, condición necesaria para que una vulnerabilidad no acabe convirtiéndose en un círculo de pobreza.

El coste de no hacer nada es alto para los países vulnerables a shocks externos e internos, especialmente lo que se encuentran en las regiones más afectadas por el cambio climático. Según un completo informe elaborado por la Organización Meteorológica Mundial, en 2022 más de 110 millones de africanos fueron afectados por riesgos vinculados a las condiciones climáticas, hidrológicas y climáticas que ocasionaron daños estimados en más de $8,5 mil millones. A menos que las entidades multilaterales de crédito adopten un enfoque más preventivo, estas cifras no harán más aumentar.

Las opiniones expresadas en este artículo son las de sus autores y no necesariamente las de las instituciones que representan.

Traducido del inglés por David Meléndez Tormen

https://prosyn.org/LB8gNq8es