CAMBRIDGE – De las conversaciones en Beijing entre los presidentes estadounidense, Barack Obama, y chino, Xi Jinping (líderes de los dos países que emiten más dióxido de carbono), salió un avance inesperado: un acuerdo bilateral para la reducción de gases de efecto invernadero. El nuevo acuerdo estipula que de aquí a 2025, Estados Unidos reducirá sus emisiones entre 26 y 28% respecto de los niveles de 2005, mientras que China deberá empezar a reducir las suyas a más tardar en 2030. A falta de un tratado internacional vinculante, estos compromisos unilaterales o bilaterales de algunos países para reducir su aporte al calentamiento global son nuestra mejor esperanza de resolver el cambio climático.
El Protocolo de Kioto (1997) fue un gran avance en el intento de adelantarse a las consecuencias más desastrosas del cambio climático, y sentó un precedente para la adopción de límites de emisión legalmente vinculantes. Pero le faltó el compromiso de grandes países en vías de desarrollo, como China y la India, y eso determinó en gran medida que Estados Unidos nunca lo ratificara.
Un sistema abierto, donde cada país se comprometa unilateralmente a cumplir metas de reducción de sus emisiones, puede ayudar a generar confianza y preparar el camino para una ampliación del Protocolo de Kioto (que muchos esperan que se elabore en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2015 en París). Pero para que el sistema funcione, se necesita una idea consensuada de lo que es justo pedir a cada país. Esto permitiría a activistas e investigadores analizar el desempeño de cada uno y poner en evidencia a los incumplidores.
A primera vista, no parece haber una idea común de lo que es justo. India hizo notar que el estadounidense promedio emite diez veces más que el indio promedio, y sostiene que las cuotas de emisión se deben asignar teniendo en cuenta la población de cada país. Pero Estados Unidos insiste en que sería injusto descargar el costo de la reducción sobre sus empresas, cuando las industrias de alto consumo energético pueden mudarse a países en desarrollo que todavía no hayan limitado sus emisiones. Ambas partes tienen algo de razón.
Felizmente, un análisis de las metas de emisión ya aceptadas por los países (en Kioto y en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2010 en Cancún) nos permite describir y hasta cuantificar la idea que históricamente se ha tenido de una reducción justa y razonable. En forma implícita, las metas de emisión tienden a seguir una fórmula que da expresión numérica a tres grandes principios: que todos los países deben limitar sus emisiones, pero los países ricos más que los pobres; que aquellos países cuyas emisiones tuvieron un gran aumento reciente necesitan algún tiempo para retrotraerlas; y que ningún país o grupo de países debe sufrir costos económicos desproporcionados.
Según el acuerdo de Kioto, cada 10% de aumento del ingreso per cápita se corresponde con un compromiso de reducir las emisiones un 1,4%. Según el de Cancún, cada 10% de aumento del ingreso equivale a una reducción del 1,6%. Los modelos económicos prevén que si esta pauta se mantiene por lo que queda del siglo, y al mismo tiempo los niveles históricos se van reemplazando por las metas per cápita, ningún país debería perder más de un 1% de PIB en valor actual descontado (siempre que se permita el funcionamiento de mecanismos de mercado como el comercio internacional).
Claro que la cuestión de cómo se reparte el costo económico de un determinado plan mundial de reducción de emisiones es muy distinta de la cuestión de a cuánta reducción general debemos aspirar para mitigar el cambio climático y sus efectos dañinos. Pero mientras se avanza en las negociaciones, el criterio propuesto puede ayudarnos a evaluar la justicia del reparto y a determinar el desempeño de cada país de cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2014, que se celebrará en diciembre en Perú.
En el gráfico siguiente se compara el ingreso per cápita de diversos países con las reducciones a las que se comprometieron de aquí a 2020. La meta de cada país se expresa en relación con un valor de referencia que surge de promediar su nivel real de emisiones en 2005 con el previsto para 2020 de no mediar la acción internacional.
La pendiente de la línea muestra un notable parecido con los datos de Kioto y Cancún; eso indica que la idea de lo que es una reducción justa se mantuvo a lo largo del tiempo. En promedio, cada 10% de aumento del ingreso corresponde a una reducción del 1,4% de las emisiones. El hecho de que los países tiendan a agruparse cerca de la línea indica que la relación tiene significado estadístico.
El gráfico también permite extraer conclusiones interesantes. Por ejemplo, las metas de la India son modestas, pero son adecuadas para los bajos ingresos de su población. Noruega es el país con mayor reducción, lo cual puede deberse en parte a su alto nivel de ingresos; en todo caso, está haciendo más de lo que le toca. Pero Singapur, Turquía y Moldavia no parecen estar a la altura de las expectativas.
Más importante, el gráfico nos permite evaluar las metas propuestas por China y Estados Unidos (las dos ausencias más notorias del protocolo de Kioto), que se corresponden más o menos con lo que históricamente se consideró una cuota justa para estos países (aunque los dos podrían esforzarse un poco más).
A medida que otros países se unan a China, Estados Unidos y la Unión Europea en la fijación de metas para 2030 y después, este criterio estadístico puede ser una importante herramienta para establecer la parte del costo que es justo que asuma cada uno.
Traducción: Esteban Flamini
CAMBRIDGE – De las conversaciones en Beijing entre los presidentes estadounidense, Barack Obama, y chino, Xi Jinping (líderes de los dos países que emiten más dióxido de carbono), salió un avance inesperado: un acuerdo bilateral para la reducción de gases de efecto invernadero. El nuevo acuerdo estipula que de aquí a 2025, Estados Unidos reducirá sus emisiones entre 26 y 28% respecto de los niveles de 2005, mientras que China deberá empezar a reducir las suyas a más tardar en 2030. A falta de un tratado internacional vinculante, estos compromisos unilaterales o bilaterales de algunos países para reducir su aporte al calentamiento global son nuestra mejor esperanza de resolver el cambio climático.
El Protocolo de Kioto (1997) fue un gran avance en el intento de adelantarse a las consecuencias más desastrosas del cambio climático, y sentó un precedente para la adopción de límites de emisión legalmente vinculantes. Pero le faltó el compromiso de grandes países en vías de desarrollo, como China y la India, y eso determinó en gran medida que Estados Unidos nunca lo ratificara.
Un sistema abierto, donde cada país se comprometa unilateralmente a cumplir metas de reducción de sus emisiones, puede ayudar a generar confianza y preparar el camino para una ampliación del Protocolo de Kioto (que muchos esperan que se elabore en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2015 en París). Pero para que el sistema funcione, se necesita una idea consensuada de lo que es justo pedir a cada país. Esto permitiría a activistas e investigadores analizar el desempeño de cada uno y poner en evidencia a los incumplidores.
A primera vista, no parece haber una idea común de lo que es justo. India hizo notar que el estadounidense promedio emite diez veces más que el indio promedio, y sostiene que las cuotas de emisión se deben asignar teniendo en cuenta la población de cada país. Pero Estados Unidos insiste en que sería injusto descargar el costo de la reducción sobre sus empresas, cuando las industrias de alto consumo energético pueden mudarse a países en desarrollo que todavía no hayan limitado sus emisiones. Ambas partes tienen algo de razón.
Felizmente, un análisis de las metas de emisión ya aceptadas por los países (en Kioto y en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2010 en Cancún) nos permite describir y hasta cuantificar la idea que históricamente se ha tenido de una reducción justa y razonable. En forma implícita, las metas de emisión tienden a seguir una fórmula que da expresión numérica a tres grandes principios: que todos los países deben limitar sus emisiones, pero los países ricos más que los pobres; que aquellos países cuyas emisiones tuvieron un gran aumento reciente necesitan algún tiempo para retrotraerlas; y que ningún país o grupo de países debe sufrir costos económicos desproporcionados.
Según el acuerdo de Kioto, cada 10% de aumento del ingreso per cápita se corresponde con un compromiso de reducir las emisiones un 1,4%. Según el de Cancún, cada 10% de aumento del ingreso equivale a una reducción del 1,6%. Los modelos económicos prevén que si esta pauta se mantiene por lo que queda del siglo, y al mismo tiempo los niveles históricos se van reemplazando por las metas per cápita, ningún país debería perder más de un 1% de PIB en valor actual descontado (siempre que se permita el funcionamiento de mecanismos de mercado como el comercio internacional).
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Claro que la cuestión de cómo se reparte el costo económico de un determinado plan mundial de reducción de emisiones es muy distinta de la cuestión de a cuánta reducción general debemos aspirar para mitigar el cambio climático y sus efectos dañinos. Pero mientras se avanza en las negociaciones, el criterio propuesto puede ayudarnos a evaluar la justicia del reparto y a determinar el desempeño de cada país de cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2014, que se celebrará en diciembre en Perú.
En el gráfico siguiente se compara el ingreso per cápita de diversos países con las reducciones a las que se comprometieron de aquí a 2020. La meta de cada país se expresa en relación con un valor de referencia que surge de promediar su nivel real de emisiones en 2005 con el previsto para 2020 de no mediar la acción internacional.
La pendiente de la línea muestra un notable parecido con los datos de Kioto y Cancún; eso indica que la idea de lo que es una reducción justa se mantuvo a lo largo del tiempo. En promedio, cada 10% de aumento del ingreso corresponde a una reducción del 1,4% de las emisiones. El hecho de que los países tiendan a agruparse cerca de la línea indica que la relación tiene significado estadístico.
El gráfico también permite extraer conclusiones interesantes. Por ejemplo, las metas de la India son modestas, pero son adecuadas para los bajos ingresos de su población. Noruega es el país con mayor reducción, lo cual puede deberse en parte a su alto nivel de ingresos; en todo caso, está haciendo más de lo que le toca. Pero Singapur, Turquía y Moldavia no parecen estar a la altura de las expectativas.
Más importante, el gráfico nos permite evaluar las metas propuestas por China y Estados Unidos (las dos ausencias más notorias del protocolo de Kioto), que se corresponden más o menos con lo que históricamente se consideró una cuota justa para estos países (aunque los dos podrían esforzarse un poco más).
A medida que otros países se unan a China, Estados Unidos y la Unión Europea en la fijación de metas para 2030 y después, este criterio estadístico puede ser una importante herramienta para establecer la parte del costo que es justo que asuma cada uno.
Traducción: Esteban Flamini