AVIÑÓN – En enero pasado, 3554 economistas estadounidenses (entre ellos 27 premios Nobel, cuatro expresidentes de la Reserva Federal y dos ex secretarios del Tesoro) propusieron una política que antes era herejía: que Estados Unidos combine la imposición de un precio local al carbono con un “sistema de ajuste en frontera”. Con su apoyo a la creación de un arancel que refleje la intensidad de carbono de importaciones clave, se apartaron de la ortodoxia de libre mercado, según la cual las políticas ambientales nacionales no deben poner obstáculos a la liberalización del comercio internacional.
Y tuvieron razón al hacerlo. Sin un arancel al carbono, el temor a la pérdida de competitividad industrial seguirá limitando la implementación de medidas esenciales para contrarrestar el nocivo cambio climático.
El obstáculo fundamental a la descarbonización es la paradoja de que los costos sean insignificantes para el consumidor final, pero grandes para cada empresa por separado. Como resalta el reciente informe Mission Possible de la Energy Transitions Commission, la tecnología para lograr una descarbonización total de la economía mundial más o menos por 2050 o 2060, con muy poco efecto sobre los niveles de vida de la gente, ya existe. Descarbonizar toda la producción del acero usado en la industria automotriz aumentaría menos del 1% el precio de un auto típico. Y en los sectores donde la reducción de emisiones es más difícil (industrias pesadas como la fabricación de acero, cemento y productos químicos, y el transporte a larga distancia en camión, avión y barco), el costo total de la descarbonización no superaría el 0,5% del PIB global. Visto en esta perspectiva, no hay excusas para que las autoridades nacionales no adopten políticas que pueden impulsar avances hacia una economía descarbonizada.
Pero para una empresa, los costos de la descarbonización pueden ser enormes. En la fabricación de acero, la descarbonización puede sumar hasta un 20% al costo de producción total; en el caso del cemento, puede llegar a duplicar los precios. Así que cualquier fabricante de acero o cemento que se comprometa a anular las emisiones, o que deba hacerlo por regulaciones o por la imposición de un precio al carbono, puede quedar fuera de carrera si sus competidores no enfrentan restricciones equivalentes.
Hasta ahora, este dilema limitó el uso efectivo de precios del carbono explícitos como medio para impulsar la descarbonización. Casi todos los economistas que aceptan la climatología creen que cualquier respuesta política óptima debe incluir impuestos al carbono o fijación de precios en un esquema de intercambio de emisiones. Pero incluso allí donde esta política teóricamente deseable se puso en práctica (por ejemplo, dentro del sistema europeo de comercio de emisiones), los precios del carbono no tuvieron tanta incidencia como la regulación o el otorgamiento de subsidios directos a las energías renovables. Esto es así porque se fijaron precios excesivamente bajos o porque se eximió a las industrias pesadas con uso más intensivo de energía. Y esa falta de rigor en la aplicación de la política surge del temor a que precios más altos o una cobertura más amplia impidan a la industria local competir con las importaciones de países que no sigan la misma política.
La solución obvia es que cada país (o unión aduanera de países) grave la emisión de carbono y aplique un arancel equivalente por tonelada de carbono a aquellos productos importados en cuya fabricación se emiten grandes cantidades, combinado con una devolución del impuesto para los exportadores. Hace diez años, cuando presidí el Comité sobre Cambio Climático del Reino Unido, se habló de esta posibilidad pero generó intensa oposición. Se dijo que semejante política sería contraria a las normas de la OMC, que era indeseable en principio y que desataría una guerra arancelaria, donde cada país aduciría cualquier justificación medioambiental para aumentar sus aranceles.
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Después de eso se han usado con éxito otros instrumentos de política para impulsar la instalación a gran escala de sistemas de generación de electricidad con fuentes de energía renovables, y sus costos se redujeron drásticamente. Pero en los sectores industriales, hay muchas formas de descarbonización posibles, y cada una de ellas será óptima en circunstancias diferentes, de modo que el mecanismo de precios es esencial para alentar al mercado a buscar las soluciones más baratas. Y eso implica resolver el problema de la competitividad.
Por eso el informe Mission Possible de la ETC sostiene que el menú de políticas debe incluir un impuesto de ajuste en frontera (arancel) al carbono. Muchos importantes economistas estadounidenses llegaron a la misma conclusión y defienden la fijación local de precios del carbono en Estados Unidos, combinada con un ajuste en frontera por la intensidad de carbono de las importaciones y exportaciones. Ese esquema “protegería la competitividad estadounidense y castigaría a las naciones que se aprovechen” del sistema.
Pero aunque los economistas formularon el argumento con un vocabulario que lo hiciera aceptable en los Estados Unidos, la misma política sería aplicable en otros países para defender la industria local contra importaciones con alta emisión de carbono procedentes de Estados Unidos, si el que se aprovechara no asumiendo su parte en la lucha contra el cambio climático fuera este.
De hecho, ningún país comprometido en la lucha contra el cambio climático debe ver en esta propuesta una amenaza a su economía. Si un país aplica un impuesto de, digamos, 50 dólares por tonelada de dióxido de carbono emitida, con un impuesto de frontera equivalente sobre las importaciones y una devolución para los exportadores, cualquier otro país que haga lo mismo dejará a sus industrias en exactamente la misma posición competitiva relativa que antes de la introducción de la política en cualquiera de los dos países. Pero en la práctica, las empresas de los dos países ahora tendrán que pagar un precio por la emisión de carbono.
La búsqueda de un acuerdo político mundial sobre la fijación de precios del carbono ha sido difícil. El arancelamiento del carbono puede iniciar una secuencia de decisiones nacionales independientes que impulsen una beneficiosa competencia hacia una mayor imposición, en la que se terminen aplicando en todo el mundo precios del carbono aproximadamente iguales.
A veces hay que olvidar los tabúes intelectuales. Aplicar un impuesto de ajuste en frontera al carbono es una idea en su tiempo justo, y puede resultar una importante herramienta para avanzar hacia la economía descarbonizada que es tecnológica y económicamente factible para mediados de este siglo.
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Not only did Donald Trump win last week’s US presidential election decisively – winning some three million more votes than his opponent, Vice President Kamala Harris – but the Republican Party he now controls gained majorities in both houses on Congress. Given the far-reaching implications of this result – for both US democracy and global stability – understanding how it came about is essential.
By voting for Republican candidates, working-class voters effectively get to have their cake and eat it, expressing conservative moral preferences while relying on Democrats to fight for their basic economic security. The best strategy for Democrats now will be to permit voters to face the consequences of their choice.
urges the party to adopt a long-term strategy aimed at discrediting the MAGA ideology once and for all.
AVIÑÓN – En enero pasado, 3554 economistas estadounidenses (entre ellos 27 premios Nobel, cuatro expresidentes de la Reserva Federal y dos ex secretarios del Tesoro) propusieron una política que antes era herejía: que Estados Unidos combine la imposición de un precio local al carbono con un “sistema de ajuste en frontera”. Con su apoyo a la creación de un arancel que refleje la intensidad de carbono de importaciones clave, se apartaron de la ortodoxia de libre mercado, según la cual las políticas ambientales nacionales no deben poner obstáculos a la liberalización del comercio internacional.
Y tuvieron razón al hacerlo. Sin un arancel al carbono, el temor a la pérdida de competitividad industrial seguirá limitando la implementación de medidas esenciales para contrarrestar el nocivo cambio climático.
El obstáculo fundamental a la descarbonización es la paradoja de que los costos sean insignificantes para el consumidor final, pero grandes para cada empresa por separado. Como resalta el reciente informe Mission Possible de la Energy Transitions Commission, la tecnología para lograr una descarbonización total de la economía mundial más o menos por 2050 o 2060, con muy poco efecto sobre los niveles de vida de la gente, ya existe. Descarbonizar toda la producción del acero usado en la industria automotriz aumentaría menos del 1% el precio de un auto típico. Y en los sectores donde la reducción de emisiones es más difícil (industrias pesadas como la fabricación de acero, cemento y productos químicos, y el transporte a larga distancia en camión, avión y barco), el costo total de la descarbonización no superaría el 0,5% del PIB global. Visto en esta perspectiva, no hay excusas para que las autoridades nacionales no adopten políticas que pueden impulsar avances hacia una economía descarbonizada.
Pero para una empresa, los costos de la descarbonización pueden ser enormes. En la fabricación de acero, la descarbonización puede sumar hasta un 20% al costo de producción total; en el caso del cemento, puede llegar a duplicar los precios. Así que cualquier fabricante de acero o cemento que se comprometa a anular las emisiones, o que deba hacerlo por regulaciones o por la imposición de un precio al carbono, puede quedar fuera de carrera si sus competidores no enfrentan restricciones equivalentes.
Hasta ahora, este dilema limitó el uso efectivo de precios del carbono explícitos como medio para impulsar la descarbonización. Casi todos los economistas que aceptan la climatología creen que cualquier respuesta política óptima debe incluir impuestos al carbono o fijación de precios en un esquema de intercambio de emisiones. Pero incluso allí donde esta política teóricamente deseable se puso en práctica (por ejemplo, dentro del sistema europeo de comercio de emisiones), los precios del carbono no tuvieron tanta incidencia como la regulación o el otorgamiento de subsidios directos a las energías renovables. Esto es así porque se fijaron precios excesivamente bajos o porque se eximió a las industrias pesadas con uso más intensivo de energía. Y esa falta de rigor en la aplicación de la política surge del temor a que precios más altos o una cobertura más amplia impidan a la industria local competir con las importaciones de países que no sigan la misma política.
La solución obvia es que cada país (o unión aduanera de países) grave la emisión de carbono y aplique un arancel equivalente por tonelada de carbono a aquellos productos importados en cuya fabricación se emiten grandes cantidades, combinado con una devolución del impuesto para los exportadores. Hace diez años, cuando presidí el Comité sobre Cambio Climático del Reino Unido, se habló de esta posibilidad pero generó intensa oposición. Se dijo que semejante política sería contraria a las normas de la OMC, que era indeseable en principio y que desataría una guerra arancelaria, donde cada país aduciría cualquier justificación medioambiental para aumentar sus aranceles.
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Por eso el informe Mission Possible de la ETC sostiene que el menú de políticas debe incluir un impuesto de ajuste en frontera (arancel) al carbono. Muchos importantes economistas estadounidenses llegaron a la misma conclusión y defienden la fijación local de precios del carbono en Estados Unidos, combinada con un ajuste en frontera por la intensidad de carbono de las importaciones y exportaciones. Ese esquema “protegería la competitividad estadounidense y castigaría a las naciones que se aprovechen” del sistema.
Pero aunque los economistas formularon el argumento con un vocabulario que lo hiciera aceptable en los Estados Unidos, la misma política sería aplicable en otros países para defender la industria local contra importaciones con alta emisión de carbono procedentes de Estados Unidos, si el que se aprovechara no asumiendo su parte en la lucha contra el cambio climático fuera este.
De hecho, ningún país comprometido en la lucha contra el cambio climático debe ver en esta propuesta una amenaza a su economía. Si un país aplica un impuesto de, digamos, 50 dólares por tonelada de dióxido de carbono emitida, con un impuesto de frontera equivalente sobre las importaciones y una devolución para los exportadores, cualquier otro país que haga lo mismo dejará a sus industrias en exactamente la misma posición competitiva relativa que antes de la introducción de la política en cualquiera de los dos países. Pero en la práctica, las empresas de los dos países ahora tendrán que pagar un precio por la emisión de carbono.
La búsqueda de un acuerdo político mundial sobre la fijación de precios del carbono ha sido difícil. El arancelamiento del carbono puede iniciar una secuencia de decisiones nacionales independientes que impulsen una beneficiosa competencia hacia una mayor imposición, en la que se terminen aplicando en todo el mundo precios del carbono aproximadamente iguales.
A veces hay que olvidar los tabúes intelectuales. Aplicar un impuesto de ajuste en frontera al carbono es una idea en su tiempo justo, y puede resultar una importante herramienta para avanzar hacia la economía descarbonizada que es tecnológica y económicamente factible para mediados de este siglo.
Traducción: Esteban Flamini