GINEBRA – En enero, se supo que una de las principales agencias mundiales de certificación de «créditos de carbono» puede haber entregado hasta un 90% de títulos «fantasma», es decir, créditos que no representan una reducción real del carbono atmosférico. Aunque el escándalo haya tomado a alguno desprevenido, no debería sorprender a nadie. Hoy los mercados voluntarios de compensación de emisiones no están bien diseñados.
La idea en la que se basan es sencilla y convincente. Si las empresas tienen que pagar por sus emisiones de dióxido de carbono, tendrán un fuerte incentivo para emitir menos, y fluirá más dinero a actividades que eviten, reduzcan o eliminen emisiones. Pero con una proporción tan alta de compensaciones certificadas de las emisiones que son defectuosas, es evidente que el concepto está fallando. Y esto es muy mal augurio para la acción climática internacional, ya que la compensación de emisiones es un elemento central de los compromisos de descarbonización de las empresas.
Para colmo de males, la mala gobernanza de los mercados de carbono ha permitido el surgimiento de intermediarios (los «carbon cowboys») que compran créditos por menos de su valor a empresas y comunidades del sur global que ofrecen compensaciones naturales de las emisiones y los venden con un margen de ganancia a clientes en los países desarrollados.
Muchos activistas climáticos sostienen que cualquier solución basada en el mercado es defectuosa desde el inicio, porque permite a las empresas eliminar el CO2 de sus balances contables comprando certificados, sin reducción real de sus emisiones. Según los críticos, este sistema permite a las empresas librarse de la presión pública y política que las obligaría a introducir cambios en sus operaciones, con lo que en la práctica, la descarbonización avanza a un ritmo más lento.
Pero el problema con el sistema de compensación de emisiones no es que esté basado en el mercado, sino la falta de un marco de gobernanza sólido para que el mercado cumpla su misión pública. Incluso mercados de reputación discutida, como los financieros y farmacéuticos, tienen reglas que van más allá del mero hecho de certificar la calidad de los productos negociados, e incluyen cierto nivel de responsabilidad de los participantes y, a menudo, precios establecidos para las transacciones.
Los mercados de créditos de carbono voluntarios, en cambio, dependen casi por entero de mecanismos de certificación privados, por los que se afirma, supuestamente, que no se ha emitido o se ha eliminado de la atmósfera cierta cantidad de gases de efecto invernadero (una tonelada de equivalentes de CO2 por crédito de carbono). La certificación cumple una misión importante, pero no puede funcionar sin el apoyo de un marco de gobernanza más amplio. Así como, por decir algo, jamás permitiríamos que la industria alimentaria o la farmacéutica se rijan exclusivamente por sistemas de certificación voluntarios, tampoco deberíamos hacerlo en el caso de las emisiones de CO2.
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La buena noticia es que ya se está tratando de fortalecer la gobernanza de los mercados voluntarios, tanto en el nivel nacional como a través de iniciativas privadas internacionales como el Consejo de Integridad para el Mercado Voluntario de Carbono. Por su parte, el Grupo de Trabajo sobre Mercados de la Naturaleza ha hecho una serie de propuestas para una gobernanza sólida de esta clase de mercados, incluidos los de créditos de carbono. Pero hay que acelerar estas iniciativas y hacerlas más ambiciosas y efectivas.
Para crear mercados de créditos creíbles y eficaces en el área de las emisiones de carbono y la biodiversidad hay que hacer avances en varios frentes. Por ejemplo, se necesita un nivel de transparencia y rendición de cuentas más radical, para que las transacciones con créditos y sus participantes estén a la vista de todos. Los operadores del mercado tienen que estar acreditados (en particular, para terminar con el fenómeno de los intermediarios). Hay que escuchar a las voces afectadas, y todas las partes interesadas tienen que ser visibles. Esto enviará al mercado señales de calidad importantes, que restarán atractivo y valor a las compensaciones de emisiones de baja calidad y a los certificados defectuosos y protegerán los derechos humanos.
También es hora de fijar precios mínimos, para eliminar del mercado actores y transacciones de baja calidad y promover una mayor justicia (en particular para el sur global, los pueblos indígenas y las comunidades locales).
Por último, hay que modernizar los esquemas de gobernanza internacionales. Para asegurar la calidad de los productos, la justicia de las transacciones, la legitimidad de los operadores y, en general, el cumplimiento de normas mínimas acordadas, no bastan ni principios ni recomendaciones.
En todas estas áreas, es relativamente fácil pensar soluciones prometedoras, crear programas piloto y extender aquellas iniciativas que funcionen. Hay que tomar como ejemplo plataformas e iniciativas ya existentes donde se reúnen actores del mercado, asociaciones civiles, representantes de pueblos indígenas y de comunidades locales, expertos y funcionarios. Y existen herramientas digitales, como el «contrato inteligente», que pueden acelerar los avances, sobre todo en lo referido a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.
Hacer que los mercados de créditos para las emisiones de carbono y la biodiversidad funcionen bien es un factor determinante para alcanzar nuestros objetivos en materia de clima, naturaleza y desarrollo; no hacerlo puede tornarlos inalcanzables. De hecho, sin una reforma integral de esos mercados, lo más probable es que terminen siendo parte del problema.
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At the end of a year of domestic and international upheaval, Project Syndicate commentators share their favorite books from the past 12 months. Covering a wide array of genres and disciplines, this year’s picks provide fresh perspectives on the defining challenges of our time and how to confront them.
ask Project Syndicate contributors to select the books that resonated with them the most over the past year.
GINEBRA – En enero, se supo que una de las principales agencias mundiales de certificación de «créditos de carbono» puede haber entregado hasta un 90% de títulos «fantasma», es decir, créditos que no representan una reducción real del carbono atmosférico. Aunque el escándalo haya tomado a alguno desprevenido, no debería sorprender a nadie. Hoy los mercados voluntarios de compensación de emisiones no están bien diseñados.
La idea en la que se basan es sencilla y convincente. Si las empresas tienen que pagar por sus emisiones de dióxido de carbono, tendrán un fuerte incentivo para emitir menos, y fluirá más dinero a actividades que eviten, reduzcan o eliminen emisiones. Pero con una proporción tan alta de compensaciones certificadas de las emisiones que son defectuosas, es evidente que el concepto está fallando. Y esto es muy mal augurio para la acción climática internacional, ya que la compensación de emisiones es un elemento central de los compromisos de descarbonización de las empresas.
Para colmo de males, la mala gobernanza de los mercados de carbono ha permitido el surgimiento de intermediarios (los «carbon cowboys») que compran créditos por menos de su valor a empresas y comunidades del sur global que ofrecen compensaciones naturales de las emisiones y los venden con un margen de ganancia a clientes en los países desarrollados.
Muchos activistas climáticos sostienen que cualquier solución basada en el mercado es defectuosa desde el inicio, porque permite a las empresas eliminar el CO2 de sus balances contables comprando certificados, sin reducción real de sus emisiones. Según los críticos, este sistema permite a las empresas librarse de la presión pública y política que las obligaría a introducir cambios en sus operaciones, con lo que en la práctica, la descarbonización avanza a un ritmo más lento.
Pero el problema con el sistema de compensación de emisiones no es que esté basado en el mercado, sino la falta de un marco de gobernanza sólido para que el mercado cumpla su misión pública. Incluso mercados de reputación discutida, como los financieros y farmacéuticos, tienen reglas que van más allá del mero hecho de certificar la calidad de los productos negociados, e incluyen cierto nivel de responsabilidad de los participantes y, a menudo, precios establecidos para las transacciones.
Los mercados de créditos de carbono voluntarios, en cambio, dependen casi por entero de mecanismos de certificación privados, por los que se afirma, supuestamente, que no se ha emitido o se ha eliminado de la atmósfera cierta cantidad de gases de efecto invernadero (una tonelada de equivalentes de CO2 por crédito de carbono). La certificación cumple una misión importante, pero no puede funcionar sin el apoyo de un marco de gobernanza más amplio. Así como, por decir algo, jamás permitiríamos que la industria alimentaria o la farmacéutica se rijan exclusivamente por sistemas de certificación voluntarios, tampoco deberíamos hacerlo en el caso de las emisiones de CO2.
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La buena noticia es que ya se está tratando de fortalecer la gobernanza de los mercados voluntarios, tanto en el nivel nacional como a través de iniciativas privadas internacionales como el Consejo de Integridad para el Mercado Voluntario de Carbono. Por su parte, el Grupo de Trabajo sobre Mercados de la Naturaleza ha hecho una serie de propuestas para una gobernanza sólida de esta clase de mercados, incluidos los de créditos de carbono. Pero hay que acelerar estas iniciativas y hacerlas más ambiciosas y efectivas.
Para crear mercados de créditos creíbles y eficaces en el área de las emisiones de carbono y la biodiversidad hay que hacer avances en varios frentes. Por ejemplo, se necesita un nivel de transparencia y rendición de cuentas más radical, para que las transacciones con créditos y sus participantes estén a la vista de todos. Los operadores del mercado tienen que estar acreditados (en particular, para terminar con el fenómeno de los intermediarios). Hay que escuchar a las voces afectadas, y todas las partes interesadas tienen que ser visibles. Esto enviará al mercado señales de calidad importantes, que restarán atractivo y valor a las compensaciones de emisiones de baja calidad y a los certificados defectuosos y protegerán los derechos humanos.
También es hora de fijar precios mínimos, para eliminar del mercado actores y transacciones de baja calidad y promover una mayor justicia (en particular para el sur global, los pueblos indígenas y las comunidades locales).
Por último, hay que modernizar los esquemas de gobernanza internacionales. Para asegurar la calidad de los productos, la justicia de las transacciones, la legitimidad de los operadores y, en general, el cumplimiento de normas mínimas acordadas, no bastan ni principios ni recomendaciones.
En todas estas áreas, es relativamente fácil pensar soluciones prometedoras, crear programas piloto y extender aquellas iniciativas que funcionen. Hay que tomar como ejemplo plataformas e iniciativas ya existentes donde se reúnen actores del mercado, asociaciones civiles, representantes de pueblos indígenas y de comunidades locales, expertos y funcionarios. Y existen herramientas digitales, como el «contrato inteligente», que pueden acelerar los avances, sobre todo en lo referido a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.
Hacer que los mercados de créditos para las emisiones de carbono y la biodiversidad funcionen bien es un factor determinante para alcanzar nuestros objetivos en materia de clima, naturaleza y desarrollo; no hacerlo puede tornarlos inalcanzables. De hecho, sin una reforma integral de esos mercados, lo más probable es que terminen siendo parte del problema.
Traducción: Esteban Flamini