ESTAMBUL – El 11 de noviembre, miles de dirigentes políticos, representantes de partes interesadas y activistas de todo el mundo dieron inicio a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29) en Bakú. Mientras aumenta la emisión de gases de efecto invernadero y se intensifica el calentamiento global, la cumbre de este año acertó en poner la financiación de la acción climática en primer lugar de la agenda. Pero el lugar elegido para la reunión dista de ser ideal: el régimen azerbaiyano apuesta a usar el encuentro para limpiar su historial en materia climática y sus políticas cada vez más represivas.
Después de la COP28 del año pasado en Dubái, el anuncio de que la COP29 tendría lugar en la capital de otro país gaspetrolero provocó amplio escepticismo. Los críticos señalaron las cuestionables políticas climáticas de Azerbaiyán, sus ataques a la sociedad civil y la mala gobernanza, y pusieron en duda la credibilidad de la cumbre.
A principios de este mes, Global Witness filtró un video en el que aparece Elnur Soltanov, viceministro de energía de Azerbaiyán y director ejecutivo de la COP29, promoviendo los intereses fósiles del país y tratando de negociar acuerdos para la compañía petrolera estatal SOCAR. Las imágenes han generado dudas sobre el compromiso y la capacidad del gobierno para aumentar la eficiencia energética o buscar la sostenibilidad a largo plazo.
Mientras tanto, la detención preventiva de numerosos activistas políticos y de la sociedad civil resalta el desprecio permanente del gobierno hacia los derechos humanos y las libertades civiles; y no hay indicios de que vaya a cambiar sus posturas en un futuro cercano.
Azerbaiyán es firmante de varios acuerdos climáticos y aprobó planes nacionales sobre energía renovable y eficiencia energética, pero sus avances hacia el cumplimiento de los objetivos son escasos. No tiene en marcha ningún programa gubernamental sostenible a largo plazo, de modo que no sorprende que todavía no se haya fijado una meta nacional de neutralidad de carbono.
Y no es probable que vaya a hacerlo pronto. El hecho de que Azerbaiyán siga sin diversificar su economía, que depende de los combustibles fósiles, combinado con la disminución de las reservas de petróleo y una rígida estructura de gobernanza vertical, deja al país mal preparado para cumplir objetivos climáticos ambiciosos, por ejemplo la neutralidad de carbono o una reducción del 30% en la emisión de gases de efecto invernadero antes de 2030.
El índice RISE 2022 del Banco Mundial (que evalúa las políticas y regulaciones nacionales en el área de la energía) ubica a Azerbaiyán en el puesto 122 (de 140 países) en lo referido a fuentes de energía renovables, lo que destaca la falta de marcos regulatorios y políticas específicas que favorezcan su desarrollo. Además, el principal organismo regulador responsable de promover la energía renovable carece de independencia y autoridad para implementar las reformas necesarias.
Debilitadas por el control estatal centralizado, marcos de formulación de políticas inadecuados y deficiencias en la implementación, las aspiraciones de Azerbaiyán en relación con la energía limpia son poco más que retórica vacua. De hecho, todo indica que al gobierno le interesa más aprovechar la demanda creciente de combustibles fósiles que enfrentar el calentamiento global. En el discurso que pronunció en abril en el Diálogo Climático de Petersberg, el presidente Ilham Aliyev declaró que Azerbaiyán no tiene intención de detener la producción de combustibles fósiles, dijo que sus recursos son un «regalo de Dios» y anunció planes para aumentar la exportación de gas natural a Europa. Postura que reafirmó durante la COP29, cuando insistió en que «no hay que culpar» a los países productores de combustibles fósiles. Para el gobierno azerbaiyano, la COP29 parece más una cuestión de gestión de imagen y ecopostureo que de acción significativa.
La participación de Azerbaiyán en el debate mundial sobre el clima es un hecho relativamente reciente, pero su mala reputación en derechos humanos no lo es. Los orígenes de la larga deriva autoritaria del país pueden hallarse en la presidencia de Heydar Aliyev, que tras obtener el poder en 1993, se pasó diez años echando los cimientos de un régimen dinástico.
Cuando su hijo Ilham llegó al poder en 2003, la naciente democracia postsoviética de Azerbaiyán había sido desvirtuada. Observadores internacionales, incluida la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), denunciaron irregularidades flagrantes en la elección de 2003 y en todas las posteriores, incluida la elección presidencial anticipada de febrero, que extendió el mandato de Aliyev por otros siete años.
En los últimos dos decenios, Aliyev ha afianzado todavía más la estructura verticalista que heredó de su difunto padre, de modo que las políticas públicas dependen por completo de sus directrices y preferencias personales. En 2017 reorganizó el gabinete y nombró a su esposa, Mehriban Aliyeva, como primera vicepresidenta del país. También instaló una camarilla de «tecnócratas capacitados» leales para asegurar el cumplimiento de las directrices que transmite a través de altos funcionarios. Como era de esperar, poco ayudaron estos cambios a resolver las debilidades sistémicas identificadas por Freedom House en la gobernanza azerbaiyana: «predominio del poder ejecutivo», corrupción generalizada, «condiciones represivas que inhiben a la sociedad civil» y un gobierno en gran medida exento de rendir cuentas ante sus ciudadanos.
En más de una ocasión el régimen ha iniciado campañas de represión contra la sociedad civil, a menudo en respuesta a acontecimientos externos, apelando para ello a una variedad de tácticas que incluye leyes draconianas, la intimidación física, el arresto y la extorsión. Estas medidas llevan veinte años erosionando el espacio cívico, lo que obliga a activistas y organizaciones que todavía siguen actuando a hacerlo bajo la amenaza constante del arresto.
La represión de 2013 contra oenegés, periodistas independientes, defensores de los derechos civiles y activistas políticos reflejó y a la vez reforzó la imposibilidad que tiene la sociedad civil azerbaiyana de oponer resistencia a la opresión gubernamental. La libertad de asociación, consagrada en la constitución, está muy debilitada. La última vez que el gobierno autorizó una manifestación opositora fue en 2019; desde entonces, todas las protestas públicas se dispersaron en forma rápida y violenta.
Mientras líderes y funcionarios de todo el mundo hablan de acción climática en Bakú, numerosos periodistas, expertos y activistas siguen encarcelados con acusaciones inventadas que van desde traición y contrabando hasta fraude y extorsión. Los asistentes a la COP29 disfrutan de la cálida hospitalidad de un país donde a menudo los ciudadanos comunes (sobre todo si se atreven a desafiar al régimen) no reciben un trato tan amable.
Traducción: Esteban Flamini
ESTAMBUL – El 11 de noviembre, miles de dirigentes políticos, representantes de partes interesadas y activistas de todo el mundo dieron inicio a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29) en Bakú. Mientras aumenta la emisión de gases de efecto invernadero y se intensifica el calentamiento global, la cumbre de este año acertó en poner la financiación de la acción climática en primer lugar de la agenda. Pero el lugar elegido para la reunión dista de ser ideal: el régimen azerbaiyano apuesta a usar el encuentro para limpiar su historial en materia climática y sus políticas cada vez más represivas.
Después de la COP28 del año pasado en Dubái, el anuncio de que la COP29 tendría lugar en la capital de otro país gaspetrolero provocó amplio escepticismo. Los críticos señalaron las cuestionables políticas climáticas de Azerbaiyán, sus ataques a la sociedad civil y la mala gobernanza, y pusieron en duda la credibilidad de la cumbre.
A principios de este mes, Global Witness filtró un video en el que aparece Elnur Soltanov, viceministro de energía de Azerbaiyán y director ejecutivo de la COP29, promoviendo los intereses fósiles del país y tratando de negociar acuerdos para la compañía petrolera estatal SOCAR. Las imágenes han generado dudas sobre el compromiso y la capacidad del gobierno para aumentar la eficiencia energética o buscar la sostenibilidad a largo plazo.
Mientras tanto, la detención preventiva de numerosos activistas políticos y de la sociedad civil resalta el desprecio permanente del gobierno hacia los derechos humanos y las libertades civiles; y no hay indicios de que vaya a cambiar sus posturas en un futuro cercano.
Azerbaiyán es firmante de varios acuerdos climáticos y aprobó planes nacionales sobre energía renovable y eficiencia energética, pero sus avances hacia el cumplimiento de los objetivos son escasos. No tiene en marcha ningún programa gubernamental sostenible a largo plazo, de modo que no sorprende que todavía no se haya fijado una meta nacional de neutralidad de carbono.
Y no es probable que vaya a hacerlo pronto. El hecho de que Azerbaiyán siga sin diversificar su economía, que depende de los combustibles fósiles, combinado con la disminución de las reservas de petróleo y una rígida estructura de gobernanza vertical, deja al país mal preparado para cumplir objetivos climáticos ambiciosos, por ejemplo la neutralidad de carbono o una reducción del 30% en la emisión de gases de efecto invernadero antes de 2030.
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El índice RISE 2022 del Banco Mundial (que evalúa las políticas y regulaciones nacionales en el área de la energía) ubica a Azerbaiyán en el puesto 122 (de 140 países) en lo referido a fuentes de energía renovables, lo que destaca la falta de marcos regulatorios y políticas específicas que favorezcan su desarrollo. Además, el principal organismo regulador responsable de promover la energía renovable carece de independencia y autoridad para implementar las reformas necesarias.
Debilitadas por el control estatal centralizado, marcos de formulación de políticas inadecuados y deficiencias en la implementación, las aspiraciones de Azerbaiyán en relación con la energía limpia son poco más que retórica vacua. De hecho, todo indica que al gobierno le interesa más aprovechar la demanda creciente de combustibles fósiles que enfrentar el calentamiento global. En el discurso que pronunció en abril en el Diálogo Climático de Petersberg, el presidente Ilham Aliyev declaró que Azerbaiyán no tiene intención de detener la producción de combustibles fósiles, dijo que sus recursos son un «regalo de Dios» y anunció planes para aumentar la exportación de gas natural a Europa. Postura que reafirmó durante la COP29, cuando insistió en que «no hay que culpar» a los países productores de combustibles fósiles. Para el gobierno azerbaiyano, la COP29 parece más una cuestión de gestión de imagen y ecopostureo que de acción significativa.
La participación de Azerbaiyán en el debate mundial sobre el clima es un hecho relativamente reciente, pero su mala reputación en derechos humanos no lo es. Los orígenes de la larga deriva autoritaria del país pueden hallarse en la presidencia de Heydar Aliyev, que tras obtener el poder en 1993, se pasó diez años echando los cimientos de un régimen dinástico.
Cuando su hijo Ilham llegó al poder en 2003, la naciente democracia postsoviética de Azerbaiyán había sido desvirtuada. Observadores internacionales, incluida la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), denunciaron irregularidades flagrantes en la elección de 2003 y en todas las posteriores, incluida la elección presidencial anticipada de febrero, que extendió el mandato de Aliyev por otros siete años.
En los últimos dos decenios, Aliyev ha afianzado todavía más la estructura verticalista que heredó de su difunto padre, de modo que las políticas públicas dependen por completo de sus directrices y preferencias personales. En 2017 reorganizó el gabinete y nombró a su esposa, Mehriban Aliyeva, como primera vicepresidenta del país. También instaló una camarilla de «tecnócratas capacitados» leales para asegurar el cumplimiento de las directrices que transmite a través de altos funcionarios. Como era de esperar, poco ayudaron estos cambios a resolver las debilidades sistémicas identificadas por Freedom House en la gobernanza azerbaiyana: «predominio del poder ejecutivo», corrupción generalizada, «condiciones represivas que inhiben a la sociedad civil» y un gobierno en gran medida exento de rendir cuentas ante sus ciudadanos.
En más de una ocasión el régimen ha iniciado campañas de represión contra la sociedad civil, a menudo en respuesta a acontecimientos externos, apelando para ello a una variedad de tácticas que incluye leyes draconianas, la intimidación física, el arresto y la extorsión. Estas medidas llevan veinte años erosionando el espacio cívico, lo que obliga a activistas y organizaciones que todavía siguen actuando a hacerlo bajo la amenaza constante del arresto.
La represión de 2013 contra oenegés, periodistas independientes, defensores de los derechos civiles y activistas políticos reflejó y a la vez reforzó la imposibilidad que tiene la sociedad civil azerbaiyana de oponer resistencia a la opresión gubernamental. La libertad de asociación, consagrada en la constitución, está muy debilitada. La última vez que el gobierno autorizó una manifestación opositora fue en 2019; desde entonces, todas las protestas públicas se dispersaron en forma rápida y violenta.
Mientras líderes y funcionarios de todo el mundo hablan de acción climática en Bakú, numerosos periodistas, expertos y activistas siguen encarcelados con acusaciones inventadas que van desde traición y contrabando hasta fraude y extorsión. Los asistentes a la COP29 disfrutan de la cálida hospitalidad de un país donde a menudo los ciudadanos comunes (sobre todo si se atreven a desafiar al régimen) no reciben un trato tan amable.
Traducción: Esteban Flamini