Como ciudadano australiano, voté en las recientes elecciones celebradas en ese país. Lo mismo hizo el 95 por ciento de los votantes australianos registrados. Esa cifra contrasta claramente con las elecciones celebradas en los Estados Unidos, donde la participación en las elecciones presidenciales de 2004 apenas superó el 60 por ciento. En las elecciones al Congreso que corresponden a la mitad de un mandato presidencial, suele molestarse en votar menos del 40 por ciento de los americanos con derecho a hacerlo.
Hay una razón para que tantos australianos voten. En el decenio de 1920, cuando la participación de los votantes fue inferior al 60 por ciento, el Parlamento aprobó la obligatoriedad del voto. Desde entonces, pese a que ha habido gobiernos de diferentes orientaciones, no ha habido ningún intento serio de revocar esa ley, que, según muestran las encuestas de opinión, apoya el 70 por ciento, aproximadamente, de la población.
Los australianos que no votan reciben una carta en la que se les pregunta por qué. Los que carezcan de una excusa aceptable, como una enfermedad o un viaje al extranjero, deberán pagar una pequeña multa, pero el número de multados es inferior al 1 por ciento de los ciudadanos con derecho al voto.
En la práctica, lo obligatorio no es emitir un voto válido, sino ir al colegio electoral para que conste su nombre como votante e introducir una papeleta en la urna. El carácter secreto del voto impide evitar que algunas personas escriban disparates en sus papeletas de voto o las dejen en blanco. Si bien el porcentaje de votos nulos es algo superior allí donde el voto es obligatorio, en modo alguno compensa la diferencia en la participación de los votantes.
El voto obligatorio no existe sólo en Australia. Bélgica y la Argentina lo introdujeron antes y se practica en muchos otros países, en particular en América Latina, si bien las sanciones y la imposición de su cumplimiento varían.
Como yo me encontraba en los Estados Unidos en el momento de las elecciones australianas, no estaba obligado a votar. Tenía muchas razones para abrigar la esperanza de que el gobierno conservador de John Howard fuera derrotado, pero eso no explica por qué me tomé ciertas molestias para votar, pues la probabilidad de que mi voto entrañara alguna diferencia era minúscula (y, como era de esperar, así fue).
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Cuando el voto es voluntario y la posibilidad de que el resultado vaya determinado por el voto de una sola persona es extraordinariamente pequeña, incluso la más pequeña molestia –por ejemplo, el tiempo que hace falta para trasladarse al colegio electoral, hacer cola y emitir el voto– es suficiente para que la acción de votar parezca irracional. Sin embargo, si muchas personas siguen ese razonamiento y no votan, una minoría de la población puede determinar el futuro de un país y dejar descontenta a una mayoría.
La historia electoral reciente de Polonia brinda un ejemplo. En las elecciones nacionales de 2005, apenas votó el 40 por ciento de los ciudadanos con derecho al voto, el total más bajo desde el advenimiento de las elecciones libres posteriores al periodo comunista. A consecuencia de ello, Jaroslaw Kaczynski pudo llegar a Primer Ministro con el apoyo de una coalición de partidos que consiguió una mayoría de escaños en el Parlamento, pese a haber recibido sólo seis millones de votos de un total de 30 millones de ciudadanos con derecho a votar.
Cuando Kaczynski se vio obligado a convocar elecciones de nuevo sólo dos años después, resultó evidente que muchos de los que no habían votado en 2005 estaban descontentos con el resultado. La participación aumentó hasta el 54 por ciento, con un incremento particularmente pronunciado entre los votantes más jóvenes y mejor instruidos. El gobierno de Kaczynski sufrió una gran derrota.
Si no queremos que una pequeña minoría determine nuestro gobierno, seremos partidarios de una gran participación. Sin embargo, como nuestro voto constituye una contribución tan pequeña al resultado, cada uno de nosotros está expuesto a la tentación de ir por libre, no molestarse en votar y abrigar la esperanza de que otros voten para que la democracia siga siendo sólida y elijan un gobierno que corresponda a las opiniones de la mayoría de los ciudadanos.
Pero hay muchas razones posibles para votar. Algunas personas votan porque disfrutan haciéndolo y no tendrían nada mejor que hacer con ese tiempo, si no lo hicieran. Otras están motivadas por un sentido del deber ciudadano que no valora la racionalidad del voto desde el punto de vista de las posibles repercusiones del voto propio.
Otros más podrían votar, no porque piensen que determinarán el resultado de las elecciones, sino porque, como los hinchas del fútbol, quieren animar a su equipo. Pueden votar porque, si no, no tendrán motivos para quejarse, si no les gusta el gobierno elegido. O pueden considerar que, si bien la posibilidad de determinar el resultado es sólo una entre varios millones, éste reviste tal importancia, que incluso esa pequeña posibilidad es suficiente para pesar más que los pequeños inconvenientes que entraña ir a votar.
Sin embargo, si esas consideraciones no mueven a los ciudadanos a acudir a las urnas, el voto obligatorio es una forma de superar el problema que plantean los que van por libre. El pequeño costo impuesto a quienes no votan hace que resulte racional para todo el mundo votar y al mismo tiempo establece una norma social de votación. Los australianos quieren ser obligados a votar. Les encanta votar, al saber que todos los demás votan también. Los países preocupados por la poca participación de votantes harían bien en examinar la posibilidad de adoptar el modelo obligatorio.
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A promising way to mobilize more climate finance for developing countries is to expand the use of “solidarity levies”: global levies on carbon dioxide emissions and other economic activities that channel proceeds to developing countries. The benefits of scaling up such measures would be far-reaching.
Although Americans – and the world – have been spared the kind of agonizing uncertainty that followed the 2020 election, a different kind of uncertainty has set in. While few doubt that Donald Trump's comeback will have far-reaching implications, most observers are only beginning to come to grips with what those could be.
consider what the outcome of the 2024 US presidential election will mean for America and the world.
Como ciudadano australiano, voté en las recientes elecciones celebradas en ese país. Lo mismo hizo el 95 por ciento de los votantes australianos registrados. Esa cifra contrasta claramente con las elecciones celebradas en los Estados Unidos, donde la participación en las elecciones presidenciales de 2004 apenas superó el 60 por ciento. En las elecciones al Congreso que corresponden a la mitad de un mandato presidencial, suele molestarse en votar menos del 40 por ciento de los americanos con derecho a hacerlo.
Hay una razón para que tantos australianos voten. En el decenio de 1920, cuando la participación de los votantes fue inferior al 60 por ciento, el Parlamento aprobó la obligatoriedad del voto. Desde entonces, pese a que ha habido gobiernos de diferentes orientaciones, no ha habido ningún intento serio de revocar esa ley, que, según muestran las encuestas de opinión, apoya el 70 por ciento, aproximadamente, de la población.
Los australianos que no votan reciben una carta en la que se les pregunta por qué. Los que carezcan de una excusa aceptable, como una enfermedad o un viaje al extranjero, deberán pagar una pequeña multa, pero el número de multados es inferior al 1 por ciento de los ciudadanos con derecho al voto.
En la práctica, lo obligatorio no es emitir un voto válido, sino ir al colegio electoral para que conste su nombre como votante e introducir una papeleta en la urna. El carácter secreto del voto impide evitar que algunas personas escriban disparates en sus papeletas de voto o las dejen en blanco. Si bien el porcentaje de votos nulos es algo superior allí donde el voto es obligatorio, en modo alguno compensa la diferencia en la participación de los votantes.
El voto obligatorio no existe sólo en Australia. Bélgica y la Argentina lo introdujeron antes y se practica en muchos otros países, en particular en América Latina, si bien las sanciones y la imposición de su cumplimiento varían.
Como yo me encontraba en los Estados Unidos en el momento de las elecciones australianas, no estaba obligado a votar. Tenía muchas razones para abrigar la esperanza de que el gobierno conservador de John Howard fuera derrotado, pero eso no explica por qué me tomé ciertas molestias para votar, pues la probabilidad de que mi voto entrañara alguna diferencia era minúscula (y, como era de esperar, así fue).
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Cuando el voto es voluntario y la posibilidad de que el resultado vaya determinado por el voto de una sola persona es extraordinariamente pequeña, incluso la más pequeña molestia –por ejemplo, el tiempo que hace falta para trasladarse al colegio electoral, hacer cola y emitir el voto– es suficiente para que la acción de votar parezca irracional. Sin embargo, si muchas personas siguen ese razonamiento y no votan, una minoría de la población puede determinar el futuro de un país y dejar descontenta a una mayoría.
La historia electoral reciente de Polonia brinda un ejemplo. En las elecciones nacionales de 2005, apenas votó el 40 por ciento de los ciudadanos con derecho al voto, el total más bajo desde el advenimiento de las elecciones libres posteriores al periodo comunista. A consecuencia de ello, Jaroslaw Kaczynski pudo llegar a Primer Ministro con el apoyo de una coalición de partidos que consiguió una mayoría de escaños en el Parlamento, pese a haber recibido sólo seis millones de votos de un total de 30 millones de ciudadanos con derecho a votar.
Cuando Kaczynski se vio obligado a convocar elecciones de nuevo sólo dos años después, resultó evidente que muchos de los que no habían votado en 2005 estaban descontentos con el resultado. La participación aumentó hasta el 54 por ciento, con un incremento particularmente pronunciado entre los votantes más jóvenes y mejor instruidos. El gobierno de Kaczynski sufrió una gran derrota.
Si no queremos que una pequeña minoría determine nuestro gobierno, seremos partidarios de una gran participación. Sin embargo, como nuestro voto constituye una contribución tan pequeña al resultado, cada uno de nosotros está expuesto a la tentación de ir por libre, no molestarse en votar y abrigar la esperanza de que otros voten para que la democracia siga siendo sólida y elijan un gobierno que corresponda a las opiniones de la mayoría de los ciudadanos.
Pero hay muchas razones posibles para votar. Algunas personas votan porque disfrutan haciéndolo y no tendrían nada mejor que hacer con ese tiempo, si no lo hicieran. Otras están motivadas por un sentido del deber ciudadano que no valora la racionalidad del voto desde el punto de vista de las posibles repercusiones del voto propio.
Otros más podrían votar, no porque piensen que determinarán el resultado de las elecciones, sino porque, como los hinchas del fútbol, quieren animar a su equipo. Pueden votar porque, si no, no tendrán motivos para quejarse, si no les gusta el gobierno elegido. O pueden considerar que, si bien la posibilidad de determinar el resultado es sólo una entre varios millones, éste reviste tal importancia, que incluso esa pequeña posibilidad es suficiente para pesar más que los pequeños inconvenientes que entraña ir a votar.
Sin embargo, si esas consideraciones no mueven a los ciudadanos a acudir a las urnas, el voto obligatorio es una forma de superar el problema que plantean los que van por libre. El pequeño costo impuesto a quienes no votan hace que resulte racional para todo el mundo votar y al mismo tiempo establece una norma social de votación. Los australianos quieren ser obligados a votar. Les encanta votar, al saber que todos los demás votan también. Los países preocupados por la poca participación de votantes harían bien en examinar la posibilidad de adoptar el modelo obligatorio.