WASHINGTON, DC – A fines de mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y 30 estados presentaron una demanda antimonopolio histórica contra Live Nation, el mayor promotor de eventos del mundo, y su subsidiaria de propiedad absoluta, Ticketmaster. Como parte del impulso antimonopólico del presidente norteamericano, Joe Biden, el caso ha contado con una amplia cobertura mediática, sobre todo debido a la indignación generada por las ventas de entradas fallidas en los últimos años, incluida la exitosísima The Eras Tour de Taylor Swift.
La mayoría de los informes se han centrado en el hecho de que el DOJ pretende disolver Live Nation-Ticketmaster, que es el resultado de una fusión desastrosa aprobada en 2010. Pero la demanda también marca el fin de una era en la que los reguladores antimonopolio de Estados Unidos hicieron la vista gorda ante la coerción de empresas dominantes. De igual importancia es el hecho de que una victoria para el gobierno federal podría reformular la industria global de entretenimiento en vivo, dado el alcance y la influencia internacional de Live Nation-Ticketmaster.
En las últimas décadas, los reguladores antimonopolio de Estados Unidos han tenido el hábito de obcecarse con tecnicismos y recurrir a la jerga legal. Por el contrario, esta demanda legal hace hincapié en los efectos adversos del predominio y la coerción corporativos en términos categóricos. El gobierno describió a Live Nation como una corporación “opresiva” que “ejerce su poder” para expandir “su presencia y su alcance en cada hendidura de un ecosistema de entretenimiento cada vez más complejo e interconectado, eliminando rivales, levantando constantemente barreras de ingreso e inhibiendo la competencia en base a los méritos”.
Es una descripción precisa: el uso generalizado de contratos excluyentes con espacios y artistas por parte de Live Nation le ha permitido a la compañía ejercer un control casi total de los cronogramas y la venta de entradas de las giras. Según estos acuerdos, los artistas no pueden ni vender entradas directamente a sus seguidores a través de ventanillas de preventa ni usar a otros vendedores de entradas que no sean Ticketmaster. Como resultado de ello, los seguidores pagan precios más altos, mientras que los promotores y los lugares de venta de entradas más pequeños se fueron quedando afuera del negocio, lo que ayudó a cementar el dominio de Live Nation en el mercado.
No tenía por qué ser de esta manera. Antes de los años 1970, cuando la aplicación de la ley antimonopolio de Estados Unidos quedó reducida en su alcance, las cortes condenaban duramente este tipo de contratos como conducta ilegal. Sin embargo, desde la fundación de Live Nation en 1996, estos acuerdos han eludido el escrutinio y hasta han sido elogiados. Las políticas de competencia de laissez-faire le permitieron a Live Nation y a otros ejercer un “control sin responsabilidad” sobre las empresas y los artistas fuera de sus límites corporativos, en detrimento de los consumidores, de los trabajadores y de los rivales.
La demanda legal contra Live Nation-Ticketmaster, sumada a otros casos de antimonopoliorecientes, refleja el nuevo compromiso de la administración Biden con la reformulación del uso de acuerdos excluyentes por parte de las corporaciones dominantes como una práctica comercial nociva, en lugar de una competencia justa. Por ejemplo, la denuncia contra Amazon de la Comisión Federal de Comercio por monopolizar las ventas minoristas online se centra, en gran medida, en la conducta excluyente de la compañía -a saber, las restricciones que impone a vendedores externos respecto de lo que pueden hacer fuera de Amazon Marketplace-. De la misma manera, el juicio antimonopolio contra Google del DOJ objetó su uso de contratos exclusivos para mantener su dominio en las búsquedas de Internet.
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En gran medida, el caso del DOJ ofrece lecciones para otras jurisdicciones en las que opera Live Nation-Ticketmaster, especialmente en el mundo en desarrollo. En un principio, los consumidores en estos países pueden recibir con beneplácito a una compañía muy conocida que representa a tantos artistas internacionales, pero eso cambia rápidamente en el momento en que Live Nation-Ticketmaster empieza a abusar de su poder de mercado, ya sea aumentando los precios o restringiendo arbitrariamente el acceso a ciertos shows.
Consideremos lo que pasó en México. En 2021, Live Nation compró el 51% de OCESA Entertainment, el promotor de conciertos más grande del país, que vendía alrededor de 20 millones de entradas por año. En diciembre de 2022, Ticketmaster tuvo un mal proceder en la venta de entradas para el concierto de Bad Bunny en Ciudad de México, que supuestamente iba a ser uno de los más grandes de la historia en el país. Miles de entradas válidas para el concierto agotado fueron rechazadas en el predio, y Bad Bunny terminó cantando en un estadio medio vacío.
Este no fue un episodio único. En 2023, Profeco, el organismo de protección del consumidor de México, impulsó una demanda judicial colectiva contra OCESA y Ticketmaster por la cancelación unilateral de entradas para eventos entre 2021 y 2023. Después de una investigación, en la que Ticketmaster rechazó visitas de supervisión in situ de parte de los agentes reguladores, la compañía devolvió el dinero de las entradas y pagó daños y perjuicios a los consumidores en abril. OCESA y Ticketmaster también han ejercido su poder de mercado -juntos controlan el 64,5% del mercado de entretenimiento en vivo de México- para imponer contratos excluyentes, lo que instó a los legisladores mexicanos a proponer una prohibición de estos acuerdos.
Quizá lo más preocupante sea que la demanda legal del DOJ pone en evidencia cómo Live Nation toma represalias contra aquellos predios que no cumplen con sus contratos exclusivos, desde obligarlos a realizar eventos en fechas menos convenientes hasta negarse a promover shows y prohibir la reventa de entradas en plataformas alternativas. Si el gobierno de Estados Unidos gana, podría alentar a los reguladores en otros mercados a cuestionar este comportamiento coercitivo -ya sea por parte de Live Nation o de otras empresas monopólicas locales.
El caso Live Nation-Ticketmaster va al nudo de cómo estructuramos el acceso al arte y a la cultura -una parte esencial de la experiencia humana, un punto que el procurador general Merrick Garland subrayó cuando anunció la demanda legal-. Garland describió cómo ver a un prometedor Bruce Springsteen como telonero de Bonnie Raitt en los años 1970 “lo transformó”. Es una sensación compartida por cualquiera que alguna vez haya tenido la experiencia sublime de ver a su banda o artista favorito en vivo. No se debería permitir que ningún monopolista que solo pretende maximizar sus propias ganancias se interponga en el camino de una experiencia semejante.
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French President Emmanuel Macron’s decision to dissolve the National Assembly and call a snap election now looks like a brilliant move. Although his allies finished second, the far right has been left far from power – at least for now.
assesses the surprising result of France’s snap parliamentary election and suggests what may lie ahead.
WASHINGTON, DC – A fines de mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y 30 estados presentaron una demanda antimonopolio histórica contra Live Nation, el mayor promotor de eventos del mundo, y su subsidiaria de propiedad absoluta, Ticketmaster. Como parte del impulso antimonopólico del presidente norteamericano, Joe Biden, el caso ha contado con una amplia cobertura mediática, sobre todo debido a la indignación generada por las ventas de entradas fallidas en los últimos años, incluida la exitosísima The Eras Tour de Taylor Swift.
La mayoría de los informes se han centrado en el hecho de que el DOJ pretende disolver Live Nation-Ticketmaster, que es el resultado de una fusión desastrosa aprobada en 2010. Pero la demanda también marca el fin de una era en la que los reguladores antimonopolio de Estados Unidos hicieron la vista gorda ante la coerción de empresas dominantes. De igual importancia es el hecho de que una victoria para el gobierno federal podría reformular la industria global de entretenimiento en vivo, dado el alcance y la influencia internacional de Live Nation-Ticketmaster.
En las últimas décadas, los reguladores antimonopolio de Estados Unidos han tenido el hábito de obcecarse con tecnicismos y recurrir a la jerga legal. Por el contrario, esta demanda legal hace hincapié en los efectos adversos del predominio y la coerción corporativos en términos categóricos. El gobierno describió a Live Nation como una corporación “opresiva” que “ejerce su poder” para expandir “su presencia y su alcance en cada hendidura de un ecosistema de entretenimiento cada vez más complejo e interconectado, eliminando rivales, levantando constantemente barreras de ingreso e inhibiendo la competencia en base a los méritos”.
Es una descripción precisa: el uso generalizado de contratos excluyentes con espacios y artistas por parte de Live Nation le ha permitido a la compañía ejercer un control casi total de los cronogramas y la venta de entradas de las giras. Según estos acuerdos, los artistas no pueden ni vender entradas directamente a sus seguidores a través de ventanillas de preventa ni usar a otros vendedores de entradas que no sean Ticketmaster. Como resultado de ello, los seguidores pagan precios más altos, mientras que los promotores y los lugares de venta de entradas más pequeños se fueron quedando afuera del negocio, lo que ayudó a cementar el dominio de Live Nation en el mercado.
No tenía por qué ser de esta manera. Antes de los años 1970, cuando la aplicación de la ley antimonopolio de Estados Unidos quedó reducida en su alcance, las cortes condenaban duramente este tipo de contratos como conducta ilegal. Sin embargo, desde la fundación de Live Nation en 1996, estos acuerdos han eludido el escrutinio y hasta han sido elogiados. Las políticas de competencia de laissez-faire le permitieron a Live Nation y a otros ejercer un “control sin responsabilidad” sobre las empresas y los artistas fuera de sus límites corporativos, en detrimento de los consumidores, de los trabajadores y de los rivales.
La demanda legal contra Live Nation-Ticketmaster, sumada a otros casos de antimonopoliorecientes, refleja el nuevo compromiso de la administración Biden con la reformulación del uso de acuerdos excluyentes por parte de las corporaciones dominantes como una práctica comercial nociva, en lugar de una competencia justa. Por ejemplo, la denuncia contra Amazon de la Comisión Federal de Comercio por monopolizar las ventas minoristas online se centra, en gran medida, en la conducta excluyente de la compañía -a saber, las restricciones que impone a vendedores externos respecto de lo que pueden hacer fuera de Amazon Marketplace-. De la misma manera, el juicio antimonopolio contra Google del DOJ objetó su uso de contratos exclusivos para mantener su dominio en las búsquedas de Internet.
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Consideremos lo que pasó en México. En 2021, Live Nation compró el 51% de OCESA Entertainment, el promotor de conciertos más grande del país, que vendía alrededor de 20 millones de entradas por año. En diciembre de 2022, Ticketmaster tuvo un mal proceder en la venta de entradas para el concierto de Bad Bunny en Ciudad de México, que supuestamente iba a ser uno de los más grandes de la historia en el país. Miles de entradas válidas para el concierto agotado fueron rechazadas en el predio, y Bad Bunny terminó cantando en un estadio medio vacío.
Este no fue un episodio único. En 2023, Profeco, el organismo de protección del consumidor de México, impulsó una demanda judicial colectiva contra OCESA y Ticketmaster por la cancelación unilateral de entradas para eventos entre 2021 y 2023. Después de una investigación, en la que Ticketmaster rechazó visitas de supervisión in situ de parte de los agentes reguladores, la compañía devolvió el dinero de las entradas y pagó daños y perjuicios a los consumidores en abril. OCESA y Ticketmaster también han ejercido su poder de mercado -juntos controlan el 64,5% del mercado de entretenimiento en vivo de México- para imponer contratos excluyentes, lo que instó a los legisladores mexicanos a proponer una prohibición de estos acuerdos.
Quizá lo más preocupante sea que la demanda legal del DOJ pone en evidencia cómo Live Nation toma represalias contra aquellos predios que no cumplen con sus contratos exclusivos, desde obligarlos a realizar eventos en fechas menos convenientes hasta negarse a promover shows y prohibir la reventa de entradas en plataformas alternativas. Si el gobierno de Estados Unidos gana, podría alentar a los reguladores en otros mercados a cuestionar este comportamiento coercitivo -ya sea por parte de Live Nation o de otras empresas monopólicas locales.
El caso Live Nation-Ticketmaster va al nudo de cómo estructuramos el acceso al arte y a la cultura -una parte esencial de la experiencia humana, un punto que el procurador general Merrick Garland subrayó cuando anunció la demanda legal-. Garland describió cómo ver a un prometedor Bruce Springsteen como telonero de Bonnie Raitt en los años 1970 “lo transformó”. Es una sensación compartida por cualquiera que alguna vez haya tenido la experiencia sublime de ver a su banda o artista favorito en vivo. No se debería permitir que ningún monopolista que solo pretende maximizar sus propias ganancias se interponga en el camino de una experiencia semejante.