BERLÍN – Hace un año, hubo en Estados Unidos un debate de juristas y analistas respecto de si el proceso de destitución de presidentes es ante todo un acto jurídico o político. Lo cierto es que es ambas cosas, y el aspecto político no tiene nada de objetable. La Constitución de los Estados Unidos asigna a los políticos (no a los tribunales) la tarea de juzgar si un presidente cometió «delitos y faltas graves» y, lo más importante, si constituye un riesgo para la república.
BERLÍN – Hace un año, hubo en Estados Unidos un debate de juristas y analistas respecto de si el proceso de destitución de presidentes es ante todo un acto jurídico o político. Lo cierto es que es ambas cosas, y el aspecto político no tiene nada de objetable. La Constitución de los Estados Unidos asigna a los políticos (no a los tribunales) la tarea de juzgar si un presidente cometió «delitos y faltas graves» y, lo más importante, si constituye un riesgo para la república.