BERLÍN – Cuando hace exactamente un año apareció la COVID‑19, la democracia liberal estaba en crisis. Por primera vez desde 2001, había en el mundo más autocracias que democracias. Crecía el apoyo a los populistas de derecha.
Además, la norma de derechos humanos universales e inalienables se hallaba bajo presión de los gobiernos de China, Rusia e incluso Estados Unidos con el presidente Donald Trump. En muchos países persistían la represión a la sociedad civil y amenazas contra el Estado de Derecho, la libertad de prensa y los derechos humanos. Y algunos gobernantes surgidos de elecciones democráticas (como el primer ministro húngaro Viktor Orbán y el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan) se habían lanzado a deshacer la democracia liberal desde adentro, una tendencia que para algunos constituye una tercera ola de autocratización.
Pero frente a la ola antidemocrática se alzó una contratendencia. En 2019 hubo un incremento inédito de protestas en todo el mundo. Cayeron los gobiernos de Argelia, Bolivia, Irak, el Líbano y Sudán. En Chile y Francia, la gente presionó a los gobiernos para lograr la anulación de leyes discutidas.
Entonces llegó la pandemia y provocó en todo el mundo una crisis sanitaria y una contracción económica sin precedentes. Por algún tiempo se interrumpieron los movimientos de protesta que habían sido la marca de 2019.
Pero aunque la pandemia ha tenido un impacto histórico e inigualado, para mucha gente no es sino una crisis entre tantas, y la falta de solución a otros problemas reactivó el disenso. Al principio, hubo una explosión de formas creativas de protestar sin tener que reunirse en persona. Desde el ciberactivismo del hashtag hasta poner zapatos en lugares públicos en representación de las multitudes obligadas a quedarse en casa, la gente halló nuevos modos de expresar el descontento sin facilitar la transmisión del virus.
Y luego, movimientos de protesta, viejos o nuevos, comenzaron a salir otra vez a las calles. Cuando en mayo un policía de Minneapolis mató a George Floyd, ese hecho fue el inicio de varias semanas de manifestaciones masivas contra la violencia policial y el racismo sistémico, no sólo en Estados Unidos, sino también en más de sesenta países de todo el mundo. En Hong Kong la gente sigue luchando por la democracia. En Chile, tras meses de protestas, se celebró un referendo para la adopción de una nueva constitución. En todo el mundo (de Bielorrusia a Tailandia y la India) las protestas pacíficas continuaron en 2020.
Y con igual determinación, muchos gobiernos han tratado de reprimir el disenso, usando la pandemia como pretexto para revertir avances democráticos, castigar a críticos y opositores, debilitar el respeto a los derechos humanos y acallar a la sociedad civil. La Fundación Internacional para los Sistemas Electorales ha contado 69 países en los que se postergaron elecciones, y el Centro Internacional sobre Derecho del Sector No Lucrativo registra 130 países con restricciones a la libertad de reunión y 50 donde se implementaron medidas que afectan la libertad de expresión.
Por supuesto que las organizaciones de derechos humanos y los organismos oficiales reconocen que algunas restricciones a derechos y libertades pueden ser respuesta legítima de los gobiernos frente a una crisis de salud pública. Pero la aprobación de poderes de emergencia o del uso de tecnologías de seguimiento de contactos debe incluir cláusulas de expiración que limiten en forma automática la duración y el alcance de su validez. Y las medidas de distanciamiento social que afecten el derecho de las personas a congregarse (sea para protestar o para ejercer un culto religioso) deben ser necesarias, transitorias y proporcionales, además de no discriminatorias. Los gobiernos deben ser conscientes de la intersección de estos derechos y hacer un esfuerzo transparente y bienintencionado para encontrar un equilibrio razonable entre ellos.
Pero en muchos casos, la implementación de medidas contra la desinformación (y en esto Hungría es un ejemplo saliente) también ha impedido expresar críticas legítimas contra las respuestas oficiales a la crisis sanitaria (al usarse las leyes de emergencia por la pandemia para encarcelar a los críticos). En 28 países se han bloqueado sitios web o se ha obligado a plataformas o usuarios a eliminar contenidos críticos o desfavorables. En al menos 13 países, Internet, los servicios de telefonía o ambas cosas no funcionan desde enero de 2020, de modo que la gente ha estado básicamente imposibilitada de acceder a servicios e información que pueden ser vitales durante la pandemia.
Frente a gobiernos que tratan de usar las normas de distanciamiento social, los toques de queda y las tecnologías de seguimiento para hostigar, detener o castigar a activistas y críticos, la protesta pacífica es más necesaria que nunca. Por eso la ola global de protestas no para de crecer, y los movimientos (con un sesgo juvenil, femenino e interseccional) intercambian enseñanzas, aliento y acciones solidarias.
La democracia es más que elecciones e instituciones. Es un proceso continuo de renegociación del poder y de su distribución. Y también es el mejor modo posible de lograr un mundo pospandemia más equitativo para todos. Hoy se encuentra bajo intensa presión, en parte porque para muchos, las democracias liberales tal como existen en la realidad no cumplieron la promesa de garantizar los derechos que nos corresponden a todas las personas. Pero las protestas globales dan testimonio de una idea fundamental en la que coinciden todos los participantes: que la mejor respuesta a los defectos de la democracia es «hacer» más democracia.
Traducción: Esteban Flamini
BERLÍN – Cuando hace exactamente un año apareció la COVID‑19, la democracia liberal estaba en crisis. Por primera vez desde 2001, había en el mundo más autocracias que democracias. Crecía el apoyo a los populistas de derecha.
Además, la norma de derechos humanos universales e inalienables se hallaba bajo presión de los gobiernos de China, Rusia e incluso Estados Unidos con el presidente Donald Trump. En muchos países persistían la represión a la sociedad civil y amenazas contra el Estado de Derecho, la libertad de prensa y los derechos humanos. Y algunos gobernantes surgidos de elecciones democráticas (como el primer ministro húngaro Viktor Orbán y el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan) se habían lanzado a deshacer la democracia liberal desde adentro, una tendencia que para algunos constituye una tercera ola de autocratización.
Pero frente a la ola antidemocrática se alzó una contratendencia. En 2019 hubo un incremento inédito de protestas en todo el mundo. Cayeron los gobiernos de Argelia, Bolivia, Irak, el Líbano y Sudán. En Chile y Francia, la gente presionó a los gobiernos para lograr la anulación de leyes discutidas.
Entonces llegó la pandemia y provocó en todo el mundo una crisis sanitaria y una contracción económica sin precedentes. Por algún tiempo se interrumpieron los movimientos de protesta que habían sido la marca de 2019.
Pero aunque la pandemia ha tenido un impacto histórico e inigualado, para mucha gente no es sino una crisis entre tantas, y la falta de solución a otros problemas reactivó el disenso. Al principio, hubo una explosión de formas creativas de protestar sin tener que reunirse en persona. Desde el ciberactivismo del hashtag hasta poner zapatos en lugares públicos en representación de las multitudes obligadas a quedarse en casa, la gente halló nuevos modos de expresar el descontento sin facilitar la transmisión del virus.
Y luego, movimientos de protesta, viejos o nuevos, comenzaron a salir otra vez a las calles. Cuando en mayo un policía de Minneapolis mató a George Floyd, ese hecho fue el inicio de varias semanas de manifestaciones masivas contra la violencia policial y el racismo sistémico, no sólo en Estados Unidos, sino también en más de sesenta países de todo el mundo. En Hong Kong la gente sigue luchando por la democracia. En Chile, tras meses de protestas, se celebró un referendo para la adopción de una nueva constitución. En todo el mundo (de Bielorrusia a Tailandia y la India) las protestas pacíficas continuaron en 2020.
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Y con igual determinación, muchos gobiernos han tratado de reprimir el disenso, usando la pandemia como pretexto para revertir avances democráticos, castigar a críticos y opositores, debilitar el respeto a los derechos humanos y acallar a la sociedad civil. La Fundación Internacional para los Sistemas Electorales ha contado 69 países en los que se postergaron elecciones, y el Centro Internacional sobre Derecho del Sector No Lucrativo registra 130 países con restricciones a la libertad de reunión y 50 donde se implementaron medidas que afectan la libertad de expresión.
Por supuesto que las organizaciones de derechos humanos y los organismos oficiales reconocen que algunas restricciones a derechos y libertades pueden ser respuesta legítima de los gobiernos frente a una crisis de salud pública. Pero la aprobación de poderes de emergencia o del uso de tecnologías de seguimiento de contactos debe incluir cláusulas de expiración que limiten en forma automática la duración y el alcance de su validez. Y las medidas de distanciamiento social que afecten el derecho de las personas a congregarse (sea para protestar o para ejercer un culto religioso) deben ser necesarias, transitorias y proporcionales, además de no discriminatorias. Los gobiernos deben ser conscientes de la intersección de estos derechos y hacer un esfuerzo transparente y bienintencionado para encontrar un equilibrio razonable entre ellos.
Pero en muchos casos, la implementación de medidas contra la desinformación (y en esto Hungría es un ejemplo saliente) también ha impedido expresar críticas legítimas contra las respuestas oficiales a la crisis sanitaria (al usarse las leyes de emergencia por la pandemia para encarcelar a los críticos). En 28 países se han bloqueado sitios web o se ha obligado a plataformas o usuarios a eliminar contenidos críticos o desfavorables. En al menos 13 países, Internet, los servicios de telefonía o ambas cosas no funcionan desde enero de 2020, de modo que la gente ha estado básicamente imposibilitada de acceder a servicios e información que pueden ser vitales durante la pandemia.
Frente a gobiernos que tratan de usar las normas de distanciamiento social, los toques de queda y las tecnologías de seguimiento para hostigar, detener o castigar a activistas y críticos, la protesta pacífica es más necesaria que nunca. Por eso la ola global de protestas no para de crecer, y los movimientos (con un sesgo juvenil, femenino e interseccional) intercambian enseñanzas, aliento y acciones solidarias.
La democracia es más que elecciones e instituciones. Es un proceso continuo de renegociación del poder y de su distribución. Y también es el mejor modo posible de lograr un mundo pospandemia más equitativo para todos. Hoy se encuentra bajo intensa presión, en parte porque para muchos, las democracias liberales tal como existen en la realidad no cumplieron la promesa de garantizar los derechos que nos corresponden a todas las personas. Pero las protestas globales dan testimonio de una idea fundamental en la que coinciden todos los participantes: que la mejor respuesta a los defectos de la democracia es «hacer» más democracia.
Traducción: Esteban Flamini