Durante décadas, la industria tabacalera fabricó algo más que cigarrillos. Mientras promocionaba agresivamente productos derivados del tabaco, también montaba una exitosa campaña de relaciones públicas destinada a crear incertidumbre respecto de las características destructivas y letales de sus productos. Si bien el descubrimiento de estos esfuerzos llegó demasiado tarde para muchos fumadores, los documentos que salieron a la luz en las demandas legales revelaron esfuerzos concertados para evitar la imposición de una regulación gubernamental mediante el ataque a la ciencia y a los científicos de la salud pública.
Hay pocos desafíos científicos más complejos que entender las causas de la enfermedad en los seres humanos. Los científicos no pueden suministrarle sustancias químicas tóxicas a la gente, por ejemplo, para ver qué dosis causan cáncer. En cambio, deben aprovechar los "experimentos naturales" en los que ya ocurrieron exposiciones.
En el laboratorio, sin duda, los científicos usan animales en condiciones experimentales controladas para investigar el accionar de los agentes tóxicos. Pero, a diferencia de la evidencia epidemiológica, los estudios de laboratorio tienen muchas incertidumbres, y los científicos deben hacer una extrapolación de la evidencia específicamente basada en estudios para sacar conclusiones sobre causalidad y recomendar medidas de protección. La certeza absoluta rara vez es una opción.
Sin embargo, gran parte de la "incertidumbre" científica sobre las causas de la enfermedad no es real, sino fabricada. Hace años, un ejecutivo de la industria tabacalera puso en papel el slogan perfecto para la campaña de desinformación de su industria: "La duda es nuestro producto". Durante 50 años, las tabacaleras emplearon a una serie de científicos para aseverar (a veces bajo juramento) que no creían que hubiera evidencia concluyente de que fumar cigarrillos causara cáncer de pulmón.
En el mismo patrón, aunque menos conocidos, se ubican los esfuerzos que se montan para cuestionar los estudios que documentan los efectos adversos para la salud de la exposición al plomo, mercurio, cloruro de vinilo, cromo, berilio, benceno y una larga lista de pesticidas y otras sustancias químicas tóxicas. Los contaminantes y los fabricantes de productos peligrosos contratan a expertos para lo que ellos definen como una "defensa de producto", para que desmenucen todo estudio a cuyo hallazgos se oponen, resaltando defectos e incoherencias. En muchos casos, no niegan que exista una relación entre la exposición y la enfermedad, pero rápidamente proclaman que "la evidencia es poco concluyente".
Estas industrias aprendieron que al centrar el debate en las incertidumbres de la ciencia (y la necesidad de más investigación), es posible evitar un debate sobre las políticas públicas. Esto puede demorar por años las inversiones necesarias para proteger la salud de la población y el medio ambiente.
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Hoy en día, la campaña más conocida (y probablemente la mejor financiada) para fabricar duda científica está siendo montada por la industria de los combustibles fósiles en un esfuerzo por impugnar el trabajo de los científicos sobre cuestiones vinculadas al cambio climático. Frente al abrumador consenso científico mundial sobre el aporte de la actividad humana al calentamiento global en el último siglo, la industria y sus aliados políticos siguen el camino de las tabacaleras.
La evidencia de todo esto salió a la superficie cuando Frank Luntz, un prominente consultor político republicano, envió un memo sobre estrategias a sus clientes en 2002. Luntz aseguró que
"El debate científico sigue abierto
. Los votantes creen que no existe
ningún
consenso sobre calentamiento global en la comunidad científica. Si la población llegara a creer que las cuestiones científicas están dirimidas, sus opiniones sobre el calentamiento global cambiarán en consecuencia".
Paralelamente a sus intentos por postergar o impedir la regulación a través de aseveraciones sobre incertidumbre científica, los contaminadores y los fabricantes de productos peligrosos promovieron el movimiento de la "ciencia basura", que intenta influir en la opinión pública ridiculizando a los científicos cuya investigación es una amenaza para intereses poderosos, más allá de la calidad de la investigación de esos científicos. Los defensores de la "ciencia basura" sostienen que muchos estudios científicos (y hasta métodos científicos) utilizados en el terreno regulatorio y legal están plagados de errores y son, esencialmente, contradictorios o incompletos.
A todo estudiante de salud pública de primer año se le enseña cómo hizo John Snow para frenar una epidemia de cólera en Londres. Durante un período de diez días en septiembre de 1854, durante el cual más de 500 londinenses murieron como consecuencia de la enfermedad, Snow utilizó un mapa de la ciudad para ubicar cada hogar con un caso de cólera. Llegó a la conclusión de que los londinenses que bebían de una determinada fuente de agua corrían el mayor riesgo de contraer la enfermedad y recomendó la remoción de la manija de la bomba que suministraba agua potable de esa fuente.
Al utilizar la mejor evidencia disponible en ese momento, se pudieron evitar cientos de muertes adicionales. Si las autoridades del gobierno de Londres hubieran exigido una certeza absoluta, la epidemia se habría prolongado otros 30 años hasta que se identificara la bacteria del cólera.
La fabricación de incertidumbre científica pone en peligro la salud de la población, así como los programas para proteger la salud pública y compensar a las víctimas. Es hora de volver a los principios básicos: usar la mejor evidencia disponible, pero no exigir certeza donde no la hay.
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At the end of a year of domestic and international upheaval, Project Syndicate commentators share their favorite books from the past 12 months. Covering a wide array of genres and disciplines, this year’s picks provide fresh perspectives on the defining challenges of our time and how to confront them.
ask Project Syndicate contributors to select the books that resonated with them the most over the past year.
Durante décadas, la industria tabacalera fabricó algo más que cigarrillos. Mientras promocionaba agresivamente productos derivados del tabaco, también montaba una exitosa campaña de relaciones públicas destinada a crear incertidumbre respecto de las características destructivas y letales de sus productos. Si bien el descubrimiento de estos esfuerzos llegó demasiado tarde para muchos fumadores, los documentos que salieron a la luz en las demandas legales revelaron esfuerzos concertados para evitar la imposición de una regulación gubernamental mediante el ataque a la ciencia y a los científicos de la salud pública.
Hay pocos desafíos científicos más complejos que entender las causas de la enfermedad en los seres humanos. Los científicos no pueden suministrarle sustancias químicas tóxicas a la gente, por ejemplo, para ver qué dosis causan cáncer. En cambio, deben aprovechar los "experimentos naturales" en los que ya ocurrieron exposiciones.
En el laboratorio, sin duda, los científicos usan animales en condiciones experimentales controladas para investigar el accionar de los agentes tóxicos. Pero, a diferencia de la evidencia epidemiológica, los estudios de laboratorio tienen muchas incertidumbres, y los científicos deben hacer una extrapolación de la evidencia específicamente basada en estudios para sacar conclusiones sobre causalidad y recomendar medidas de protección. La certeza absoluta rara vez es una opción.
Sin embargo, gran parte de la "incertidumbre" científica sobre las causas de la enfermedad no es real, sino fabricada. Hace años, un ejecutivo de la industria tabacalera puso en papel el slogan perfecto para la campaña de desinformación de su industria: "La duda es nuestro producto". Durante 50 años, las tabacaleras emplearon a una serie de científicos para aseverar (a veces bajo juramento) que no creían que hubiera evidencia concluyente de que fumar cigarrillos causara cáncer de pulmón.
En el mismo patrón, aunque menos conocidos, se ubican los esfuerzos que se montan para cuestionar los estudios que documentan los efectos adversos para la salud de la exposición al plomo, mercurio, cloruro de vinilo, cromo, berilio, benceno y una larga lista de pesticidas y otras sustancias químicas tóxicas. Los contaminantes y los fabricantes de productos peligrosos contratan a expertos para lo que ellos definen como una "defensa de producto", para que desmenucen todo estudio a cuyo hallazgos se oponen, resaltando defectos e incoherencias. En muchos casos, no niegan que exista una relación entre la exposición y la enfermedad, pero rápidamente proclaman que "la evidencia es poco concluyente".
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La evidencia de todo esto salió a la superficie cuando Frank Luntz, un prominente consultor político republicano, envió un memo sobre estrategias a sus clientes en 2002. Luntz aseguró que "El debate científico sigue abierto . Los votantes creen que no existe ningún consenso sobre calentamiento global en la comunidad científica. Si la población llegara a creer que las cuestiones científicas están dirimidas, sus opiniones sobre el calentamiento global cambiarán en consecuencia".
Paralelamente a sus intentos por postergar o impedir la regulación a través de aseveraciones sobre incertidumbre científica, los contaminadores y los fabricantes de productos peligrosos promovieron el movimiento de la "ciencia basura", que intenta influir en la opinión pública ridiculizando a los científicos cuya investigación es una amenaza para intereses poderosos, más allá de la calidad de la investigación de esos científicos. Los defensores de la "ciencia basura" sostienen que muchos estudios científicos (y hasta métodos científicos) utilizados en el terreno regulatorio y legal están plagados de errores y son, esencialmente, contradictorios o incompletos.
A todo estudiante de salud pública de primer año se le enseña cómo hizo John Snow para frenar una epidemia de cólera en Londres. Durante un período de diez días en septiembre de 1854, durante el cual más de 500 londinenses murieron como consecuencia de la enfermedad, Snow utilizó un mapa de la ciudad para ubicar cada hogar con un caso de cólera. Llegó a la conclusión de que los londinenses que bebían de una determinada fuente de agua corrían el mayor riesgo de contraer la enfermedad y recomendó la remoción de la manija de la bomba que suministraba agua potable de esa fuente.
Al utilizar la mejor evidencia disponible en ese momento, se pudieron evitar cientos de muertes adicionales. Si las autoridades del gobierno de Londres hubieran exigido una certeza absoluta, la epidemia se habría prolongado otros 30 años hasta que se identificara la bacteria del cólera.
La fabricación de incertidumbre científica pone en peligro la salud de la población, así como los programas para proteger la salud pública y compensar a las víctimas. Es hora de volver a los principios básicos: usar la mejor evidencia disponible, pero no exigir certeza donde no la hay.