BERLÍN – Un informe reciente de Goldman Sachs llegó a una conclusión sorprendente: en los últimos ocho años, los mercados financieros aumentaron el costo del capital para las grandes inversiones a largo plazo en sectores de la economía carbonizada como la explotación marina del petróleo y el gas natural licuado. Pero la tasa de rentabilidad mínima que exigen los inversores para proyectos basados en energías renovables está en disminución. La diferencia es significativa y se traslada a un precio implícito para el carbono de unos 80 dólares por tonelada de dióxido de carbono en el caso de desarrollos petroleros nuevos y 40 dólares por tonelada de CO2 para proyectos de GNL.
Parece que por fin los mercados de capitales están internalizando el mensaje de que a inversiones con altos niveles de emisión les corresponde una importante prima de riesgo. Pero esta comprensión no surgió en forma espontánea, sino que es resultado de muchos años de investigación en profundidad, análisis puntuales de organizaciones como Carbon Tracker y el Instituto de Economía y Análisis Financiero de la Energía, la presión de alianzas de inversores, intensas campañas de diversas ONG y decisiones de desinversión por parte de fundaciones, iglesias, universidades y fondos de pensiones.
Otro factor del cambio de ánimo en los mercados de capitales fue la acción política. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) que se celebró el mes pasado en Glasgow, un grupo de casi 40 países e instituciones se comprometió a poner fin a la financiación pública de proyectos de combustibles fósiles en el extranjero. Además, Dinamarca y Costa Rica se pusieron a la vanguardia de doce países y regiones que lanzaron una alianza para el abandono del gas y del petróleo.
Estas iniciativas, aunque de alcance parcial e insuficientes, son una señal loable de que los flujos financieros comienzan a alinearse con los objetivos del Acuerdo de París sobre el clima (2015), según lo dispuesto en el artículo 2.1(c) de dicho tratado. Pero el precio implícito que están poniendo los mercados de capitales a la emisión de carbono sólo cubre el lado de la oferta: los sitios de extracción, las refinerías y la infraestructura de transporte para la provisión de combustibles fósiles a la economía mundial.
Por desgracia, faltan avances similares en el lado de la demanda. A pesar de lo mucho que se habló de recuperaciones verdes tras la COVID‑19, los inmensos programas de estímulo de los gobiernos no hicieron en general distinciones entre las actividades económicas según el grado de emisión, con lo que han estabilizado a la economía mundial en la vieja senda de crecimiento.
Además, estas intervenciones llevaron a un aumento de la demanda de los consumidores al ir recuperándose la actividad económica. Por ejemplo, los perfiles de desplazamiento apuntan a una reactivación del uso del automóvil y de los traslados aéreos, que se suma a la demanda de electricidad, gas y carbón de industrias con alto consumo de energía como las del cemento, el acero, el plástico y la producción química. Un caso notorio es el énfasis excesivo que ha puesto el plan de estímulo económico de China en el sector de alta emisión de la construcción, en vez de emprender la muy demorada reorientación del modelo de crecimiento del país en sintonía con sus objetivos climáticos.
El encarecimiento actual de los combustibles fósiles obedece a una multitud de factores específicos, pero puede ser preanuncio de un futuro en el que una falta de correspondencia entre las políticas del lado de la oferta y la demanda genere importantes oscilaciones de precios.
Ni lento ni perezoso, el lobby de los hidrocarburos aprovechó la reciente suba de precios para pedir más financiación y subsidios estatales y que se dé un trato regulatorio favorable a las inversiones de sus clientes. En esencia, están pidiendo que el sector público intervenga para ayudar a los productores de combustibles fósiles, ahora que el capital privado tomó la decisión acertada de evitar el riesgo climático y comienza a retirarse lentamente del sector.
La respuesta a la escasez de oferta de energía puede y debe ser compatible con la solución para la crisis climática. Cada casa provista de buen aislamiento térmico, cada parque eólico, cada panel solar reduce la tensión sobre los suministros de gas. Hacer que las ciudades sean más atractivas para el traslado a pie y en bicicleta, junto con mejorar el transporte público, no sólo es bueno para la salud y la seguridad de la población, sino que también es una inversión que nos ayudará a cortar la dependencia respecto del petróleo, que nos está vaciando el bolsillo y destruyendo el planeta.
Asimismo, una reducción de la demanda de envoltorios plásticos de un solo uso se trasladará a la demanda de insumos fósiles de la industria petroquímica. Y no es difícil restringir o incluso prohibir antes de su adopción generalizada innovaciones (taxis voladores, aviones supersónicos, viajes espaciales) que sólo benefician a los superricos y crean una nueva demanda dispendiosa de energía.
En vez de flexibilizar las políticas de descarbonización del lado de la oferta, como proponen algunas voces sin visión de futuro, hay que mantener la vista puesta en el objetivo principal, incluso en períodos de alza de precios de la energía. Eso implica enfocarnos en la obsolescencia inevitable y administrada de los combustibles fósiles y su reemplazo por fuentes de energía limpia sostenibles. La mejor solución inmediata para el encarecimiento de la energía es tomar medidas que reduzcan la demanda, como cuando tras el shock petrolero de los setenta algunos gobiernos occidentales bajaron los límites de velocidad en autopista.
En síntesis, una transición energética justa exige una estrategia a dos bandas. Como recalca el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente en dos informes anteriores a la COP26, hay que subsanar las enormes falencias de la acción climática en ambos frentes: el de la demanda y el de la oferta.
Sin negar los bienvenidos avances hacia una cotización correcta de las inversiones en la economía carbonizada, aquellas falencias todavía son demasiado grandes. El único modo de evitar el caos climático y el desastre económico que provocarían enormes oscilaciones en los precios de la energía en un contexto de inmovilización de activos de la industria de los combustibles fósiles es resolverlas lo antes posible y al mismo tiempo.
Traducción: Esteban Flamini
BERLÍN – Un informe reciente de Goldman Sachs llegó a una conclusión sorprendente: en los últimos ocho años, los mercados financieros aumentaron el costo del capital para las grandes inversiones a largo plazo en sectores de la economía carbonizada como la explotación marina del petróleo y el gas natural licuado. Pero la tasa de rentabilidad mínima que exigen los inversores para proyectos basados en energías renovables está en disminución. La diferencia es significativa y se traslada a un precio implícito para el carbono de unos 80 dólares por tonelada de dióxido de carbono en el caso de desarrollos petroleros nuevos y 40 dólares por tonelada de CO2 para proyectos de GNL.
Parece que por fin los mercados de capitales están internalizando el mensaje de que a inversiones con altos niveles de emisión les corresponde una importante prima de riesgo. Pero esta comprensión no surgió en forma espontánea, sino que es resultado de muchos años de investigación en profundidad, análisis puntuales de organizaciones como Carbon Tracker y el Instituto de Economía y Análisis Financiero de la Energía, la presión de alianzas de inversores, intensas campañas de diversas ONG y decisiones de desinversión por parte de fundaciones, iglesias, universidades y fondos de pensiones.
Otro factor del cambio de ánimo en los mercados de capitales fue la acción política. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) que se celebró el mes pasado en Glasgow, un grupo de casi 40 países e instituciones se comprometió a poner fin a la financiación pública de proyectos de combustibles fósiles en el extranjero. Además, Dinamarca y Costa Rica se pusieron a la vanguardia de doce países y regiones que lanzaron una alianza para el abandono del gas y del petróleo.
Estas iniciativas, aunque de alcance parcial e insuficientes, son una señal loable de que los flujos financieros comienzan a alinearse con los objetivos del Acuerdo de París sobre el clima (2015), según lo dispuesto en el artículo 2.1(c) de dicho tratado. Pero el precio implícito que están poniendo los mercados de capitales a la emisión de carbono sólo cubre el lado de la oferta: los sitios de extracción, las refinerías y la infraestructura de transporte para la provisión de combustibles fósiles a la economía mundial.
Por desgracia, faltan avances similares en el lado de la demanda. A pesar de lo mucho que se habló de recuperaciones verdes tras la COVID‑19, los inmensos programas de estímulo de los gobiernos no hicieron en general distinciones entre las actividades económicas según el grado de emisión, con lo que han estabilizado a la economía mundial en la vieja senda de crecimiento.
Además, estas intervenciones llevaron a un aumento de la demanda de los consumidores al ir recuperándose la actividad económica. Por ejemplo, los perfiles de desplazamiento apuntan a una reactivación del uso del automóvil y de los traslados aéreos, que se suma a la demanda de electricidad, gas y carbón de industrias con alto consumo de energía como las del cemento, el acero, el plástico y la producción química. Un caso notorio es el énfasis excesivo que ha puesto el plan de estímulo económico de China en el sector de alta emisión de la construcción, en vez de emprender la muy demorada reorientación del modelo de crecimiento del país en sintonía con sus objetivos climáticos.
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El encarecimiento actual de los combustibles fósiles obedece a una multitud de factores específicos, pero puede ser preanuncio de un futuro en el que una falta de correspondencia entre las políticas del lado de la oferta y la demanda genere importantes oscilaciones de precios.
Ni lento ni perezoso, el lobby de los hidrocarburos aprovechó la reciente suba de precios para pedir más financiación y subsidios estatales y que se dé un trato regulatorio favorable a las inversiones de sus clientes. En esencia, están pidiendo que el sector público intervenga para ayudar a los productores de combustibles fósiles, ahora que el capital privado tomó la decisión acertada de evitar el riesgo climático y comienza a retirarse lentamente del sector.
La respuesta a la escasez de oferta de energía puede y debe ser compatible con la solución para la crisis climática. Cada casa provista de buen aislamiento térmico, cada parque eólico, cada panel solar reduce la tensión sobre los suministros de gas. Hacer que las ciudades sean más atractivas para el traslado a pie y en bicicleta, junto con mejorar el transporte público, no sólo es bueno para la salud y la seguridad de la población, sino que también es una inversión que nos ayudará a cortar la dependencia respecto del petróleo, que nos está vaciando el bolsillo y destruyendo el planeta.
Asimismo, una reducción de la demanda de envoltorios plásticos de un solo uso se trasladará a la demanda de insumos fósiles de la industria petroquímica. Y no es difícil restringir o incluso prohibir antes de su adopción generalizada innovaciones (taxis voladores, aviones supersónicos, viajes espaciales) que sólo benefician a los superricos y crean una nueva demanda dispendiosa de energía.
En vez de flexibilizar las políticas de descarbonización del lado de la oferta, como proponen algunas voces sin visión de futuro, hay que mantener la vista puesta en el objetivo principal, incluso en períodos de alza de precios de la energía. Eso implica enfocarnos en la obsolescencia inevitable y administrada de los combustibles fósiles y su reemplazo por fuentes de energía limpia sostenibles. La mejor solución inmediata para el encarecimiento de la energía es tomar medidas que reduzcan la demanda, como cuando tras el shock petrolero de los setenta algunos gobiernos occidentales bajaron los límites de velocidad en autopista.
En síntesis, una transición energética justa exige una estrategia a dos bandas. Como recalca el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente en dos informes anteriores a la COP26, hay que subsanar las enormes falencias de la acción climática en ambos frentes: el de la demanda y el de la oferta.
Sin negar los bienvenidos avances hacia una cotización correcta de las inversiones en la economía carbonizada, aquellas falencias todavía son demasiado grandes. El único modo de evitar el caos climático y el desastre económico que provocarían enormes oscilaciones en los precios de la energía en un contexto de inmovilización de activos de la industria de los combustibles fósiles es resolverlas lo antes posible y al mismo tiempo.
Traducción: Esteban Flamini