En la actualidad, las Naciones Unidas estiman que 77 millones de personas –más de un 1% de la población mundial- son desplazadas en sus propios países, obligadas a abandonar sus hogares por los conflictos armados, la violencia, la urbanización, el desarrollo y los desastres naturales. Es más que la población de Francia, el Reino Unido o Turquía.
No se trata de “refugiados” porque no han cruzado ninguna frontera internacional, pero a menudo sus experiencias son igual de devastadoras. Con el cada vez más común patrón de conflictos armados internos en lugar de internacionales, y la creciente regularidad de los desastres climáticos que afectan a millones de personas, el desplazamiento interno representa un desafío incluso mayor para las generaciones futuras.
Desarraigados de sus hogares y actividades que les daban sustento y traumatizados por la violencia o el súbito desastre que los obligaron a huir, a menudo los desplazados se enfrentan a un futuro extremadamente precario y con pocos recursos. Piénsese en los 15 millones de desplazados chinos tras el terremoto de Sichuan, los más de 2 millones de iraquíes arrancados de las fronteras de sus países por la violencia sectaria y de otros tipos, los 2,4 millones de desplazados en Darfur, o los cientos de miles que han huido de Mogadiscio el año último.
En la última década, los desplazados sólo por conflictos aumentaron de 19 a 26 millones, con millones de otros desplazados por desastres naturales. Por largo tiempo, el sufrimiento de estas víctimas pasó desapercibido, ya que los gobiernos y la comunidad internacional no reconocían sus derechos a la protección y la ayuda. En 1998, la ONU publicó sus Principios guía sobre el desplazamiento interno, que establecen estos derechos.
Han pasado diez años, y cabe preguntarse el efecto que han tenido estos Principios sobre las vidas de las personas desplazadas. Hemos elevado la conciencia acerca del sufrimiento de los desplazados, generado cambios en las políticas de los gobiernos y recaudado miles de millones de dólares para dar respuesta a sus necesidades básicas, lo que ha ayudado a salvar incontables vidas. Los esfuerzos humanitarios siguen afianzándose, lo que incluye un nuevo mecanismo de financiación rápida, el Fondo Central de las ONU de Respuesta a Emergencias.
Sin embargo, por cada cosa que hemos ganado restan enormes dificultades. La cantidad de deslazados por desastres naturales está aumentando a medida que se acrecientan los efectos adversos del cambio climático. Nueve de cada diez desastres registrados tienen que ver hoy con el clima. Se estima que en todo el mundo más de 50 millones de personas deben desplazarse cada año debido a inundaciones, huracanes, tsunamis, terremotos y aluviones.
No importa lo repentino que sea el desplazamiento inicial, los efectos pueden durar generaciones, junto con una necesidad de largo plazo de agua potable, vivienda, atención de salud y otros servicios básicos como lo prueba la amarga experiencia de las víctimas del Huracán Mitch en América Central en 1998. Los países ricos no están inmunes. Dos años después del Huracán Katrina, miles de personas siguen en refugios temporales.
Más aún, los grupos armados violentos, sean milicias apoyadas por el gobierno o movimientos rebeldes, cada vez más adoptan el terror como táctica para obligar a los civiles a dejar sus hogares como se ha visto en la República Democrática del Congo, Somalia, Irak y otros lugares. Millones de personas siguen en la pobreza, enfrentando la discriminación y sufriendo traumas duraderos incluso después de que las balas han dejado de silbar. La vida en los campos de refugiados es desmoralizante y, en último término, deshumanizante. El mundo se centra con razón en la tragedia de Darfur, pero pasa por alto a otros cuatro millones de sudaneses que siguen desplazados como consecuencia del conflicto entre norte y sur, muchos de los cuales siguen viviendo en una terrible pobreza en las barriadas de Jartum o en campos improvisados repartidos por el país, con pocas oportunidades de reconstruir sus vidas.
Debemos evitar que ocurran más desplazamientos y ponerles fin lo antes posible. Como prevención, es posible salvar innumerables vidas con medidas simples como proteger las líneas costeras frente a posibles inundaciones, o hacer más estrictos los códigos de construcción antisísmica para hospitales y escuelas. Países como Bangladesh o Mozambique han demostrado que reducir el riesgo de que ocurran desastres y estar preparados frente a ellos puede ser una inversión que salve vidas.
En situaciones de conflicto, para prevenir el desplazamiento es necesario contar principalmente con voluntad política. Quienes desplazan por la fuerza a civiles en violación de las leyes internacionales deben responder por sus acciones, como forma de evitar que otros sigan su ejemplo en el futuro. También es necesario que los estados que no forman parte del conflicto hagan valer los derechos de los desplazados, incluido el derecho a regresar a sus hogares siempre que sea posible, y esto se debe estipular en los acuerdos de paz y aplicar mediante mandatos de las fuerzas de paz.
De modo que la conclusión es la siguiente: los conflictos continuarán y los desastres naturales crecerán en frecuencia e intensidad. Para abordar las causas de fondo y reducir el impacto del desplazamiento se debería comenzar por escuchar las voces de las víctimas: sus necesidades y deseos se deben comprender y sus derechos deben ser respetados.
La comunidad internacional puede ayudar, pero las autoridades nacionales deben tomar la iniciativa. Diez años después de la firma de los Principios Guía, se ha acabado el tiempo de las excusas y la inacción.
En la actualidad, las Naciones Unidas estiman que 77 millones de personas –más de un 1% de la población mundial- son desplazadas en sus propios países, obligadas a abandonar sus hogares por los conflictos armados, la violencia, la urbanización, el desarrollo y los desastres naturales. Es más que la población de Francia, el Reino Unido o Turquía.
No se trata de “refugiados” porque no han cruzado ninguna frontera internacional, pero a menudo sus experiencias son igual de devastadoras. Con el cada vez más común patrón de conflictos armados internos en lugar de internacionales, y la creciente regularidad de los desastres climáticos que afectan a millones de personas, el desplazamiento interno representa un desafío incluso mayor para las generaciones futuras.
Desarraigados de sus hogares y actividades que les daban sustento y traumatizados por la violencia o el súbito desastre que los obligaron a huir, a menudo los desplazados se enfrentan a un futuro extremadamente precario y con pocos recursos. Piénsese en los 15 millones de desplazados chinos tras el terremoto de Sichuan, los más de 2 millones de iraquíes arrancados de las fronteras de sus países por la violencia sectaria y de otros tipos, los 2,4 millones de desplazados en Darfur, o los cientos de miles que han huido de Mogadiscio el año último.
En la última década, los desplazados sólo por conflictos aumentaron de 19 a 26 millones, con millones de otros desplazados por desastres naturales. Por largo tiempo, el sufrimiento de estas víctimas pasó desapercibido, ya que los gobiernos y la comunidad internacional no reconocían sus derechos a la protección y la ayuda. En 1998, la ONU publicó sus Principios guía sobre el desplazamiento interno, que establecen estos derechos.
Han pasado diez años, y cabe preguntarse el efecto que han tenido estos Principios sobre las vidas de las personas desplazadas. Hemos elevado la conciencia acerca del sufrimiento de los desplazados, generado cambios en las políticas de los gobiernos y recaudado miles de millones de dólares para dar respuesta a sus necesidades básicas, lo que ha ayudado a salvar incontables vidas. Los esfuerzos humanitarios siguen afianzándose, lo que incluye un nuevo mecanismo de financiación rápida, el Fondo Central de las ONU de Respuesta a Emergencias.
Sin embargo, por cada cosa que hemos ganado restan enormes dificultades. La cantidad de deslazados por desastres naturales está aumentando a medida que se acrecientan los efectos adversos del cambio climático. Nueve de cada diez desastres registrados tienen que ver hoy con el clima. Se estima que en todo el mundo más de 50 millones de personas deben desplazarse cada año debido a inundaciones, huracanes, tsunamis, terremotos y aluviones.
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No importa lo repentino que sea el desplazamiento inicial, los efectos pueden durar generaciones, junto con una necesidad de largo plazo de agua potable, vivienda, atención de salud y otros servicios básicos como lo prueba la amarga experiencia de las víctimas del Huracán Mitch en América Central en 1998. Los países ricos no están inmunes. Dos años después del Huracán Katrina, miles de personas siguen en refugios temporales.
Más aún, los grupos armados violentos, sean milicias apoyadas por el gobierno o movimientos rebeldes, cada vez más adoptan el terror como táctica para obligar a los civiles a dejar sus hogares como se ha visto en la República Democrática del Congo, Somalia, Irak y otros lugares. Millones de personas siguen en la pobreza, enfrentando la discriminación y sufriendo traumas duraderos incluso después de que las balas han dejado de silbar. La vida en los campos de refugiados es desmoralizante y, en último término, deshumanizante. El mundo se centra con razón en la tragedia de Darfur, pero pasa por alto a otros cuatro millones de sudaneses que siguen desplazados como consecuencia del conflicto entre norte y sur, muchos de los cuales siguen viviendo en una terrible pobreza en las barriadas de Jartum o en campos improvisados repartidos por el país, con pocas oportunidades de reconstruir sus vidas.
Debemos evitar que ocurran más desplazamientos y ponerles fin lo antes posible. Como prevención, es posible salvar innumerables vidas con medidas simples como proteger las líneas costeras frente a posibles inundaciones, o hacer más estrictos los códigos de construcción antisísmica para hospitales y escuelas. Países como Bangladesh o Mozambique han demostrado que reducir el riesgo de que ocurran desastres y estar preparados frente a ellos puede ser una inversión que salve vidas.
En situaciones de conflicto, para prevenir el desplazamiento es necesario contar principalmente con voluntad política. Quienes desplazan por la fuerza a civiles en violación de las leyes internacionales deben responder por sus acciones, como forma de evitar que otros sigan su ejemplo en el futuro. También es necesario que los estados que no forman parte del conflicto hagan valer los derechos de los desplazados, incluido el derecho a regresar a sus hogares siempre que sea posible, y esto se debe estipular en los acuerdos de paz y aplicar mediante mandatos de las fuerzas de paz.
De modo que la conclusión es la siguiente: los conflictos continuarán y los desastres naturales crecerán en frecuencia e intensidad. Para abordar las causas de fondo y reducir el impacto del desplazamiento se debería comenzar por escuchar las voces de las víctimas: sus necesidades y deseos se deben comprender y sus derechos deben ser respetados.
La comunidad internacional puede ayudar, pero las autoridades nacionales deben tomar la iniciativa. Diez años después de la firma de los Principios Guía, se ha acabado el tiempo de las excusas y la inacción.