LONDRES – Se podría esperar que las instituciones financieras entendieran de inversiones en activos que rindan rentabilidades extraordinarias. Pero cuando se trata de la biodiversidad y la categoría más amplia de capital natural, la mayoría de los inversionistas todavía se comportan como si esos recursos fueran ilimitados, incluso si se los está vaciando o destruyendo. Siguen en el supuesto de que los servicios que estos recursos proveen son gratuitos, incluso cuando la pandemia de COVID-19 muestra el coste casi ilimitado de pasar por alto la interdependencia del ser humano con el mundo natural.
El declive inducido por los seres humanos en el ambiente natural es un hecho, y está ocurriendo rápido. El reciente informe Living Planet del World Wildlife Fund muestra una reducción promedio de un 68% en los tamaños de las poblaciones de vida silvestre entre 1970 y 2016. Es inevitable que donde la población disminuye siga la extinción. Según la Plataforma Intergubernamental de Políticas Científicas sobre Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas, cerca de un millón de especies –es decir, aproximadamente un cuarto de todos los grupos de animales y plantas que se han descubierto- se encuentran en riesgo de extinción en décadas, a menos que se adopten medidas para mitigar los factores que causan la pérdida de biodiversidad.
Conscientes de los declives de la vida silvestre y sus proyecciones de extinción, los políticos a menudo llaman a la acción, pero no ponen en práctica las medidas necesarias. Y, no obstante, como queda claro por la respuesta al cambio climático, si los ciudadanos se implican y presionan a sus gobernantes, la inacción se vuelve políticamente costosa. Las autoridades europeas decidieron adoptar acciones atrevidas sobre el cambio climático – expresadas en medidas como vincular objetivos de energías renovables a los precios de las emisiones de carbono-, porque sabían que era su responsabilidad evitar las enormes alteraciones de todo tipo que esperarían a un mundo recalentado en varios grados.
Por fortuna, el futuro de la biodiversidad pronto se beneficiará de decisiones similares, y de las oportunidades que estas conllevan. La política y la ciencia se encuentran en una veloz convergencia general sobre la pérdida de biodiversidad y el capital natural. Tanto la existencia como las causas del problema se reconocen hoy en el ámbito político. Sin embargo, debido a la radical reducción de los presupuestos los gobiernos no serán capaces de pagar la etapa siguiente, en la que se tendrá que abordar el asunto.
Las entidades reguladoras están recomendando a las instituciones financieras estándares de información y divulgación que den más transparencia a las inversiones ecológicas y permitan atraer los tan necesarios capitales privados. Los mercados ven este cambio y le dan respuesta: el total de recursos administrados en fondos que ponen énfasis en los factores ambiental, social y de gobernanza ascendió a $1,1 billones en el segundo trimestre de este año.
La sociedad civil también está haciendo oír su voz que clama por un cambio más rápido. El mes pasado, Portfolio Earth publicó su informe Bankrolling Extinction, en el que calculó la exposición de 50 de los mayores bancos del mundo a sectores específicos de “impacto sobre la biodiversidad”, incluidas la agricultura, las forestales, la minería, la piscicultura, la infraestructura y el transporte. Por sí sola, la exposición de los tres bancos más grandes – Bank of America, Citigroup y JPMorgan – superó los $550 mil millones en 2019, y los préstamos y seguros otorgados a estos sectores por el conjunto de los 50 bancos superó los $2,6 billones.
Muy pocos de los bancos evaluados habían introducido sistemas de reportes para medir el impacto de sus préstamos y seguros sobre la biodiversidad, lo que sería un primer paso para reducir los efectos adversos. Y, aparte de algunos bancos europeos líderes, muy pocos tenían bloqueado el financiamiento de las compañías que causaban los mayores daños.
El informe Bankrolling Extinction destaca las debilidades del sistema financiero y sugiere que están en riesgo los balances de los bancos. Ese riesgo refleja el daño a la biodiversidad, que amenaza reducir la producción (por ejemplo, la producción alimentaria, debido a la reducción de los cardúmenes) como la perspectiva de nuevas regulaciones que podrían devaluar las inversiones comerciales en, por ejemplo, concesiones forestales y mineras. Como muestra el informe, la propia reputación de las instituciones financieras está en riesgo también.
En Finance for Biodiversity creemos que se necesita un cambio radical y sistémico para reformar las reglas, los derechos y las normas. El mes pasado, hicimos varias recomendaciones que, esperamos, puedan guiar a las autoridades en este ámbito.
Las instituciones financieras podrían optar por implementar muchos de estos cambios por sí mismas, con la ventaja que supone ser pioneras, o hacerlo una vez las entidades reguladoras los hagan obligatorios. Entre estas medidas se encuentran medir y divulgar el impacto de sus actividades sobre la biodiversidad y someter a pruebas de esfuerzo los riesgos esperados. Al poner a disposición los datos de esos riesgos, pueden ayudar a las compañías, ciudadanos, entidades reguladoras y gobiernos a unir los puntos entre la pérdida de biodiversidad y la economía real, identificando así riesgos y oportunidades, y alejándose de una crisis financiera relacionada con la biodiversidad.
Recomendamos a las autoridades que avancen de tres maneras. La primera, deberían evaluar el impacto de sus propias acciones sobre la biodiversidad, por ejemplo, a través de compras de bonos corporativos vía la llamada facilitación cuantitativa de los bancos centrales. Segundo, los reguladores financieros deberían pulir su papel prudencial al examinar la exposición y el impacto sobre la biodiversidad de las instituciones con sede en sus territorios. Y, tercero, las autoridades pueden usar las condiciones y reglas de licencia de firmas financieras para cambiar las normas del sector.
Los gobiernos debieran reformar los sistemas legales para eliminar la protección a las instituciones financieras y ampliar la responsabilidad civil de las compañías por pérdida de biodiversidad a sus financistas y otros acreedores. No es inusual que se haga legalmente responsables a las instituciones financieras por los daños causados por el uso de su capital: las autoridades que investigan crímenes y violaciones a los derechos humanos suelen imponer sanciones financieras cuando las leyes locales o internaciones no bastan por sí mismas.
Solo si se adoptan cambios sistémicos que reconozcan lo interconectados que están nuestra sociedad, nuestra economía y el planeta se podrá dar su debida importancia a la biodiversidad. Junto con la reducción de la presión sobre ella, se revelarán las oportunidades financieras que obtendremos si preservamos nuestros recursos naturales.
Traducido del inglés por David Meléndez Tormen
LONDRES – Se podría esperar que las instituciones financieras entendieran de inversiones en activos que rindan rentabilidades extraordinarias. Pero cuando se trata de la biodiversidad y la categoría más amplia de capital natural, la mayoría de los inversionistas todavía se comportan como si esos recursos fueran ilimitados, incluso si se los está vaciando o destruyendo. Siguen en el supuesto de que los servicios que estos recursos proveen son gratuitos, incluso cuando la pandemia de COVID-19 muestra el coste casi ilimitado de pasar por alto la interdependencia del ser humano con el mundo natural.
El declive inducido por los seres humanos en el ambiente natural es un hecho, y está ocurriendo rápido. El reciente informe Living Planet del World Wildlife Fund muestra una reducción promedio de un 68% en los tamaños de las poblaciones de vida silvestre entre 1970 y 2016. Es inevitable que donde la población disminuye siga la extinción. Según la Plataforma Intergubernamental de Políticas Científicas sobre Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas, cerca de un millón de especies –es decir, aproximadamente un cuarto de todos los grupos de animales y plantas que se han descubierto- se encuentran en riesgo de extinción en décadas, a menos que se adopten medidas para mitigar los factores que causan la pérdida de biodiversidad.
Conscientes de los declives de la vida silvestre y sus proyecciones de extinción, los políticos a menudo llaman a la acción, pero no ponen en práctica las medidas necesarias. Y, no obstante, como queda claro por la respuesta al cambio climático, si los ciudadanos se implican y presionan a sus gobernantes, la inacción se vuelve políticamente costosa. Las autoridades europeas decidieron adoptar acciones atrevidas sobre el cambio climático – expresadas en medidas como vincular objetivos de energías renovables a los precios de las emisiones de carbono-, porque sabían que era su responsabilidad evitar las enormes alteraciones de todo tipo que esperarían a un mundo recalentado en varios grados.
Por fortuna, el futuro de la biodiversidad pronto se beneficiará de decisiones similares, y de las oportunidades que estas conllevan. La política y la ciencia se encuentran en una veloz convergencia general sobre la pérdida de biodiversidad y el capital natural. Tanto la existencia como las causas del problema se reconocen hoy en el ámbito político. Sin embargo, debido a la radical reducción de los presupuestos los gobiernos no serán capaces de pagar la etapa siguiente, en la que se tendrá que abordar el asunto.
Las entidades reguladoras están recomendando a las instituciones financieras estándares de información y divulgación que den más transparencia a las inversiones ecológicas y permitan atraer los tan necesarios capitales privados. Los mercados ven este cambio y le dan respuesta: el total de recursos administrados en fondos que ponen énfasis en los factores ambiental, social y de gobernanza ascendió a $1,1 billones en el segundo trimestre de este año.
La sociedad civil también está haciendo oír su voz que clama por un cambio más rápido. El mes pasado, Portfolio Earth publicó su informe Bankrolling Extinction, en el que calculó la exposición de 50 de los mayores bancos del mundo a sectores específicos de “impacto sobre la biodiversidad”, incluidas la agricultura, las forestales, la minería, la piscicultura, la infraestructura y el transporte. Por sí sola, la exposición de los tres bancos más grandes – Bank of America, Citigroup y JPMorgan – superó los $550 mil millones en 2019, y los préstamos y seguros otorgados a estos sectores por el conjunto de los 50 bancos superó los $2,6 billones.
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Muy pocos de los bancos evaluados habían introducido sistemas de reportes para medir el impacto de sus préstamos y seguros sobre la biodiversidad, lo que sería un primer paso para reducir los efectos adversos. Y, aparte de algunos bancos europeos líderes, muy pocos tenían bloqueado el financiamiento de las compañías que causaban los mayores daños.
El informe Bankrolling Extinction destaca las debilidades del sistema financiero y sugiere que están en riesgo los balances de los bancos. Ese riesgo refleja el daño a la biodiversidad, que amenaza reducir la producción (por ejemplo, la producción alimentaria, debido a la reducción de los cardúmenes) como la perspectiva de nuevas regulaciones que podrían devaluar las inversiones comerciales en, por ejemplo, concesiones forestales y mineras. Como muestra el informe, la propia reputación de las instituciones financieras está en riesgo también.
En Finance for Biodiversity creemos que se necesita un cambio radical y sistémico para reformar las reglas, los derechos y las normas. El mes pasado, hicimos varias recomendaciones que, esperamos, puedan guiar a las autoridades en este ámbito.
Las instituciones financieras podrían optar por implementar muchos de estos cambios por sí mismas, con la ventaja que supone ser pioneras, o hacerlo una vez las entidades reguladoras los hagan obligatorios. Entre estas medidas se encuentran medir y divulgar el impacto de sus actividades sobre la biodiversidad y someter a pruebas de esfuerzo los riesgos esperados. Al poner a disposición los datos de esos riesgos, pueden ayudar a las compañías, ciudadanos, entidades reguladoras y gobiernos a unir los puntos entre la pérdida de biodiversidad y la economía real, identificando así riesgos y oportunidades, y alejándose de una crisis financiera relacionada con la biodiversidad.
Recomendamos a las autoridades que avancen de tres maneras. La primera, deberían evaluar el impacto de sus propias acciones sobre la biodiversidad, por ejemplo, a través de compras de bonos corporativos vía la llamada facilitación cuantitativa de los bancos centrales. Segundo, los reguladores financieros deberían pulir su papel prudencial al examinar la exposición y el impacto sobre la biodiversidad de las instituciones con sede en sus territorios. Y, tercero, las autoridades pueden usar las condiciones y reglas de licencia de firmas financieras para cambiar las normas del sector.
Los gobiernos debieran reformar los sistemas legales para eliminar la protección a las instituciones financieras y ampliar la responsabilidad civil de las compañías por pérdida de biodiversidad a sus financistas y otros acreedores. No es inusual que se haga legalmente responsables a las instituciones financieras por los daños causados por el uso de su capital: las autoridades que investigan crímenes y violaciones a los derechos humanos suelen imponer sanciones financieras cuando las leyes locales o internaciones no bastan por sí mismas.
Solo si se adoptan cambios sistémicos que reconozcan lo interconectados que están nuestra sociedad, nuestra economía y el planeta se podrá dar su debida importancia a la biodiversidad. Junto con la reducción de la presión sobre ella, se revelarán las oportunidades financieras que obtendremos si preservamos nuestros recursos naturales.
Traducido del inglés por David Meléndez Tormen