BUENOS AIRES – A pesar de los compromisos de contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) que asumieron con el acuerdo climático de París de 2015 para limitar el calentamiento global, los países han tenido dificultades para cumplir sus metas de reducción de emisiones. Esto ocurre especialmente en los países en desarrollo, donde desafíos económicos y políticos apremiantes suelen eclipsar a los objetivos climáticos de largo plazo.
La implementación de políticas climáticas eficaces requiere cambiar la mentalidad; el cambio climático es tanto un problema de externalidades como de desigualdad, lo que nos lleva a la pregunta de cómo se deben distribuir los costos de la acción climática entre los países y a escala nacional. Los responsables políticos deberán centrarse más en los complicados intercambios entre eficiencia económica y equidad, para garantizar que los países en desarrollo no carguen con las consecuencias de las emisiones históricas de carbono de los países ricos, y que se implementen medidas para salvaguardar a las generaciones futuras.
Por supuesto, el acuerdo de París fijó metas claras, sosteniendo además el principio de «responsabilidades comunes, pero diferenciadas», lo que significa que todos los países son responsables de solucionar el cambio climático, pero no en igual medida; de todas formas, la tendencia sigue siendo el centrarse en metas uniformes. Pensemos en el intento mundial de reducir a cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) para 2050: una meta complementaria a largo plazo, esbozada en el acuerdo de París, que muchos países en desarrollo están muy lejos de poder cumplir.
Para alcanzar esta ambiciosa meta, los países deben ser capaces de diseñar políticas climáticas basadas en sus capacidades y responsabilidades históricas, en lugar de aplicar todos la misma estrategia. Las investigaciones recientes sugieren que para ello sería necesario que las metas de emisiones netas de los países con altos ingresos fueran negativas, permitiendo al mismo tiempo que los países con bajos ingresos generen emisiones netas positivas. Por supuesto, esa diferencia no implica carta blanca para estos últimos, los países en desarrollo tendrían, de todos modos, que reducir sus emisiones de GEI; pero este enfoque, que encarna el espíritu de las «responsabilidades comunes, pero diferenciadas», refleja mejor su situación económica y necesidades de desarrollo.
Además, la asistencia financiera de los países desarrollados a los países en desarrollo para apoyar la acción climática ha resultado ineficaz, principalmente por problemas de transparencia y rendición de cuentas. En ese contexto, el mismo estudio halló que el secuestro y la captura de carbono —independientemente de que se logre a través de innovaciones tecnológicas o soluciones naturales— sería una alternativa políticamente factible a las transferencias monetarias directas; permitir que cada país monitoree sus propios esfuerzos de absorción de carbono podría acercar al mundo a las emisiones netas nulas, respetando, simultáneamente, la diversidad de las circunstancias nacionales.
En Latinoamérica, por ejemplo, las emisiones se dividen en partes prácticamente iguales entre la producción energética, la agricultura y ganadería, y el uso del suelo, mientras que en Estados Unidos y Europa están principalmente relacionadas con la producción de energía. La promoción de prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles —en vez de centrarse solo en descarbonizar el sistema energético— podría entonces ayudar a reducir las emisiones en la región, ya que la gestión adecuada de las pasturas y el suelo puede aumentar el secuestro del carbono. Este enfoque alinearía además los incentivos privados con la rentabilidad social, ya que revalorizaría la tierra y permitiría que los agricultores mantengan la competitividad en los mercados internacionales.
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El caso de Argentina ilustra la manera en que las mejoras de la sostenibilidad en la agricultura y la ganadería podrían desempeñar un papel fundamental en la transición hacia una economía global verde. Una serie de crisis económicas, sumadas al aumento de la volatilidad política, llevaron al gobierno argentino a centrarse más en problemas inmediatos que en la política climática, pero dada la posición del país como líder en la producción de alimentos, modernizar esos sectores podría ayudarlo a mejorar la mitigación del cambio climático y adaptación a él —contribuyendo de manera significativa a las metas internacionales—, y reconocer, simultáneamente, su situación económica y necesidades de desarrollo.
Este año Argentina empezó a certificar la producción neutra en carbono de carne vacuna, un programa que, correctamente implementado, podría reducir las emisiones. El país ya comenzó a implementar prácticas sostenibles como la ganadería regenerativa —que, gracias a que devuelve al suelo su fertilidad natural, aumenta el secuestro de carbono, la productividad y la rentabilidad—. Además, Argentina se encuentra entre los países con mayores tasas de siembra directa, una práctica que también contribuye a almacenar carbono y se aplicó en más del 90 % de los suelos agrícolas del país en 2019-20.
Solucionar la desigualdad interna es igual de importante para implementar políticas climáticas eficaces en Argentina y otros países en desarrollo. Las investigaciones en curso demuestran que los enfoques convencionales, como los impuestos uniformes al carbono, no consideran los matices de las disparidades socioeconómicas. Implementar un sistema tributario progresivo basado en los niveles de ingreso o patrones de consumo (por ejemplo, cobrar impuestos más elevados a quienes viajan frecuentemente en avión), puede lograr mejores resultados. De todas formas, este problema requiere soluciones con políticas innovadoras, que reflejen la complejidad de la gobernanza climática mundial.
Pensar al cambio climático como un problema de desigualdad tampoco implica relajar las metas mundiales, en lugar de ello, esta mirada pone de relieve la importancia de fijar objetivos diferenciados. Los sistemas energéticos de muchos países desarrollados siguen distando mucho de la descarbonización; mientras avanzan en esa dirección debiéramos alentarlos a implementar políticas climáticas que aprovechen las innovaciones y estrategias alternativas para reducir las emisiones.
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Despite being a criminal, a charlatan, and an aspiring dictator, Donald Trump has won not only the Electoral College, but also the popular vote – a feat he did not achieve in 2016 or 2020. A nihilistic voter base, profit-hungry business leaders, and craven Republican politicians are to blame.
points the finger at a nihilistic voter base, profit-hungry business leaders, and craven Republican politicians.
Shell-shocked Europeans will be tempted to hunker down and hope that Donald Trump does not make good on his most extreme threats, like sweeping import tariffs and quitting NATO. But this would be a catastrophic mistake; Europeans must swallow their pride and try to capitalize on Trump’s craving for admiration.
outlines a strategy for EU leaders to win over the next US president and mitigate the threat he represents.
Anders Åslund
considers what the US presidential election will mean for Ukraine, says that only a humiliating loss in the war could threaten Vladimir Putin’s position, urges the EU to take additional steps to ensure a rapid and successful Ukrainian accession, and more.
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BUENOS AIRES – A pesar de los compromisos de contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) que asumieron con el acuerdo climático de París de 2015 para limitar el calentamiento global, los países han tenido dificultades para cumplir sus metas de reducción de emisiones. Esto ocurre especialmente en los países en desarrollo, donde desafíos económicos y políticos apremiantes suelen eclipsar a los objetivos climáticos de largo plazo.
La implementación de políticas climáticas eficaces requiere cambiar la mentalidad; el cambio climático es tanto un problema de externalidades como de desigualdad, lo que nos lleva a la pregunta de cómo se deben distribuir los costos de la acción climática entre los países y a escala nacional. Los responsables políticos deberán centrarse más en los complicados intercambios entre eficiencia económica y equidad, para garantizar que los países en desarrollo no carguen con las consecuencias de las emisiones históricas de carbono de los países ricos, y que se implementen medidas para salvaguardar a las generaciones futuras.
Por supuesto, el acuerdo de París fijó metas claras, sosteniendo además el principio de «responsabilidades comunes, pero diferenciadas», lo que significa que todos los países son responsables de solucionar el cambio climático, pero no en igual medida; de todas formas, la tendencia sigue siendo el centrarse en metas uniformes. Pensemos en el intento mundial de reducir a cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) para 2050: una meta complementaria a largo plazo, esbozada en el acuerdo de París, que muchos países en desarrollo están muy lejos de poder cumplir.
Para alcanzar esta ambiciosa meta, los países deben ser capaces de diseñar políticas climáticas basadas en sus capacidades y responsabilidades históricas, en lugar de aplicar todos la misma estrategia. Las investigaciones recientes sugieren que para ello sería necesario que las metas de emisiones netas de los países con altos ingresos fueran negativas, permitiendo al mismo tiempo que los países con bajos ingresos generen emisiones netas positivas. Por supuesto, esa diferencia no implica carta blanca para estos últimos, los países en desarrollo tendrían, de todos modos, que reducir sus emisiones de GEI; pero este enfoque, que encarna el espíritu de las «responsabilidades comunes, pero diferenciadas», refleja mejor su situación económica y necesidades de desarrollo.
Además, la asistencia financiera de los países desarrollados a los países en desarrollo para apoyar la acción climática ha resultado ineficaz, principalmente por problemas de transparencia y rendición de cuentas. En ese contexto, el mismo estudio halló que el secuestro y la captura de carbono —independientemente de que se logre a través de innovaciones tecnológicas o soluciones naturales— sería una alternativa políticamente factible a las transferencias monetarias directas; permitir que cada país monitoree sus propios esfuerzos de absorción de carbono podría acercar al mundo a las emisiones netas nulas, respetando, simultáneamente, la diversidad de las circunstancias nacionales.
En Latinoamérica, por ejemplo, las emisiones se dividen en partes prácticamente iguales entre la producción energética, la agricultura y ganadería, y el uso del suelo, mientras que en Estados Unidos y Europa están principalmente relacionadas con la producción de energía. La promoción de prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles —en vez de centrarse solo en descarbonizar el sistema energético— podría entonces ayudar a reducir las emisiones en la región, ya que la gestión adecuada de las pasturas y el suelo puede aumentar el secuestro del carbono. Este enfoque alinearía además los incentivos privados con la rentabilidad social, ya que revalorizaría la tierra y permitiría que los agricultores mantengan la competitividad en los mercados internacionales.
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El caso de Argentina ilustra la manera en que las mejoras de la sostenibilidad en la agricultura y la ganadería podrían desempeñar un papel fundamental en la transición hacia una economía global verde. Una serie de crisis económicas, sumadas al aumento de la volatilidad política, llevaron al gobierno argentino a centrarse más en problemas inmediatos que en la política climática, pero dada la posición del país como líder en la producción de alimentos, modernizar esos sectores podría ayudarlo a mejorar la mitigación del cambio climático y adaptación a él —contribuyendo de manera significativa a las metas internacionales—, y reconocer, simultáneamente, su situación económica y necesidades de desarrollo.
Este año Argentina empezó a certificar la producción neutra en carbono de carne vacuna, un programa que, correctamente implementado, podría reducir las emisiones. El país ya comenzó a implementar prácticas sostenibles como la ganadería regenerativa —que, gracias a que devuelve al suelo su fertilidad natural, aumenta el secuestro de carbono, la productividad y la rentabilidad—. Además, Argentina se encuentra entre los países con mayores tasas de siembra directa, una práctica que también contribuye a almacenar carbono y se aplicó en más del 90 % de los suelos agrícolas del país en 2019-20.
Solucionar la desigualdad interna es igual de importante para implementar políticas climáticas eficaces en Argentina y otros países en desarrollo. Las investigaciones en curso demuestran que los enfoques convencionales, como los impuestos uniformes al carbono, no consideran los matices de las disparidades socioeconómicas. Implementar un sistema tributario progresivo basado en los niveles de ingreso o patrones de consumo (por ejemplo, cobrar impuestos más elevados a quienes viajan frecuentemente en avión), puede lograr mejores resultados. De todas formas, este problema requiere soluciones con políticas innovadoras, que reflejen la complejidad de la gobernanza climática mundial.
Pensar al cambio climático como un problema de desigualdad tampoco implica relajar las metas mundiales, en lugar de ello, esta mirada pone de relieve la importancia de fijar objetivos diferenciados. Los sistemas energéticos de muchos países desarrollados siguen distando mucho de la descarbonización; mientras avanzan en esa dirección debiéramos alentarlos a implementar políticas climáticas que aprovechen las innovaciones y estrategias alternativas para reducir las emisiones.
Traducción al español por Ant-Translation.