ESTOCOLMO – La guerra de Rusia contra Ucrania conmocionó al mundo. Los precios del petróleo y los alimentos se dispararon y provocaron inestabilidad política. La última vez que hubo tanta volatilidad en los precios de los alimentos surgieron disturbios en el mundo árabe, y desde Burkina Faso hasta Bangladés. Esta vez el impacto energético y sobre los alimentos tiene como telón de fondo a la pandemia de COVID-19. ¿Se acabarán los shocks?
No. Podemos elegir entre resignarnos y desesperarnos, o una agenda de políticas para fomentar la resiliencia social y política contra las sorpresas del futuro. Esas son nuestras opciones y será mejor que empecemos a considerarlas seriamente, porque es probable que los shocks empeoren. Encima de las crisis geopolíticas, la emergencia climática creará trastornos aún mayores (entre ellos, feroces inundaciones, megasequías y hasta la posible pérdida simultánea de cosechas en regiones productoras de granos clave en todo el mundo). Vale la pena señalar que la India, el segundo mayor productor mundial de trigo, prohibió recientemente las exportaciones de ese cereal como parte de su respuesta a una devastadora ola de calor en esta primavera.
Pero ahí está la cuestión: reducir la vulnerabilidad a los shocks (por ejemplo, con una revolución energética y alimentaria) también causará trastornos. El sistema energético es la base de las economías industrializadas y hay que ponerlo a punto para abandonar paulatinamente los combustibles fósiles en unas pocas décadas. Industrias enormes, como la carbonífera y la petrolera, tendrán que contraerse para luego desaparecer. Y el sector agrícola, el del transporte y otros tendrán que cambiar radicalmente para aumentar su sostenibilidad y resiliencia.
El desafío para los políticos, entonces, es claro: diseñar políticas justas que protejan a la gente de los inevitables impactos.
Una idea con posibilidades significativas es un Fondo para los Ciudadanos, que se regiría por una ecuación simple de costos y dividendos. Las empresas que emiten gases de efecto invernadero o extraen recursos naturales pagarían derechos al Fondo, que los distribuiría en partes iguales entre todos los ciudadanos para crear un amortiguador económico durante el período de transformación y después.
No es solo una idea. En 1976, el gobernador republicano de Alaska, Jay Hammond, creó el Fondo Permanente para Alaska, que cobra a las empresas por extraer petróleo y luego desembolsa lo obtenido en partes iguales para todos los ciudadanos del estado. En 2021, cada uno de los alaskeños que satisfacían las condiciones recibió 1114 dólares (no como un pago de asistencia social, sino como dividendos de la propiedad común estatal, en este caso, las reservas finitas de petróleo). El mayor dividendo se pagó durante la gobernación de la republicana Sarah Palin en 2008, cuando a cada alaskeño le cayeron del cielo 3269 dólares.
En 2017, James A. Baker y George P. Shultz, dos ex secretarios de Estado republicanos, propusieron un plan similar para todo el país (estimaron que los cobros por emisiones de carbono producirían dividendos de 2000 dólares al año para cada hogar estadounidense). Este esquema, que cuenta con el respaldo de 3500 economistas, resulta muy atractivo no solo para las empresas y los grupos ambientalistas, sino también (y esto es más increíble) para los políticos de ambos partidos.
La ecuación es sencilla. Los pagos por las emisiones de carbono reducen la contaminación porque aumentan su precio. Y aunque las empresas trasladarían esos costos a los consumidores, los más ricos serían los más afectados, porque son por lejos quienes más emiten y el grupo cuyas emisiones aumenta más rápidamente. Los más pobres, al mismo tiempo, serían los más beneficiados por los dividendos, porque 2000 dólares representan mucho más para un hogar con bajos ingresos que para uno con ingresos altos. En última instancia, la gente estaría mejor.
Pero dado que los shocks sobre los precios de los alimentos y la energía suelen afectar más duramente a las cohortes de bajos ingresos, ¿cuál es la justificación para que el dividendo sea universal? El motivo es que una política a tal escala necesita un apoyo tanto amplio como duradero, y la gente es mucho más proclive a apoyar programas y políticas que la benefician.
Además, el Fondo para los Ciudadanos no es solo una forma de reducir las emisiones y proporcionar una red de seguridad económica para la transición hacia las energías limpias. También fomentaría la innovación y la creatividad, porque proporciona la base de apoyo para los emprendedores y las personas dispuestas a asumir riesgos que necesitaremos para transformar nuestros sistemas energéticos y alimentarios.
El Fondo para los Ciudadanos también se podría ampliar para incluir a otros bienes comunales mundiales (como la minería y otras industrias extractivas, los plásticos, los recursos oceánicos y hasta el conocimiento, los datos y las redes). Todos ellos están relacionados con los bienes comunales —que nos pertenecen a todos— y son explotados por empresas a las que debiéramos exigir un pago por las externalidades negativas que producen.
Por supuesto, un dividendo básico universal no es la panacea. Debe ser parte de un plan más amplio para crear sociedades más resistentes a los shocks (entre otras cosas, mediante acciones más significativas para redistribuir la riqueza a través de impuestos progresivos y el empoderamiento de los trabajadores). Con ese fin, Earth4All, una iniciativa cuyo liderazgo comparto, está desarrollando un conjunto de novedosas propuestas que nos parecen alternativas prometedoras para crear sociedades cohesivas, mejor preparadas para tomar decisiones a largo plazo en beneficio de la mayoría.
Tal vez nuestro descubrimiento más importante sea el más obvio, pero también es el más fácil de pasar por alto. Independientemente de que hagamos lo mínimo necesario para responder a los grandes desafíos o todo lo posible para crear sociedades con capacidad de recuperación, la disrupción y las conmociones son parte de nuestro futuro. Abrazar la disrupción es entonces la única opción, y un Fondo para los Ciudadanos se convierte en un amortiguador obvio.
Traducción al español por Ant-Translation
ESTOCOLMO – La guerra de Rusia contra Ucrania conmocionó al mundo. Los precios del petróleo y los alimentos se dispararon y provocaron inestabilidad política. La última vez que hubo tanta volatilidad en los precios de los alimentos surgieron disturbios en el mundo árabe, y desde Burkina Faso hasta Bangladés. Esta vez el impacto energético y sobre los alimentos tiene como telón de fondo a la pandemia de COVID-19. ¿Se acabarán los shocks?
No. Podemos elegir entre resignarnos y desesperarnos, o una agenda de políticas para fomentar la resiliencia social y política contra las sorpresas del futuro. Esas son nuestras opciones y será mejor que empecemos a considerarlas seriamente, porque es probable que los shocks empeoren. Encima de las crisis geopolíticas, la emergencia climática creará trastornos aún mayores (entre ellos, feroces inundaciones, megasequías y hasta la posible pérdida simultánea de cosechas en regiones productoras de granos clave en todo el mundo). Vale la pena señalar que la India, el segundo mayor productor mundial de trigo, prohibió recientemente las exportaciones de ese cereal como parte de su respuesta a una devastadora ola de calor en esta primavera.
Pero ahí está la cuestión: reducir la vulnerabilidad a los shocks (por ejemplo, con una revolución energética y alimentaria) también causará trastornos. El sistema energético es la base de las economías industrializadas y hay que ponerlo a punto para abandonar paulatinamente los combustibles fósiles en unas pocas décadas. Industrias enormes, como la carbonífera y la petrolera, tendrán que contraerse para luego desaparecer. Y el sector agrícola, el del transporte y otros tendrán que cambiar radicalmente para aumentar su sostenibilidad y resiliencia.
El desafío para los políticos, entonces, es claro: diseñar políticas justas que protejan a la gente de los inevitables impactos.
Una idea con posibilidades significativas es un Fondo para los Ciudadanos, que se regiría por una ecuación simple de costos y dividendos. Las empresas que emiten gases de efecto invernadero o extraen recursos naturales pagarían derechos al Fondo, que los distribuiría en partes iguales entre todos los ciudadanos para crear un amortiguador económico durante el período de transformación y después.
No es solo una idea. En 1976, el gobernador republicano de Alaska, Jay Hammond, creó el Fondo Permanente para Alaska, que cobra a las empresas por extraer petróleo y luego desembolsa lo obtenido en partes iguales para todos los ciudadanos del estado. En 2021, cada uno de los alaskeños que satisfacían las condiciones recibió 1114 dólares (no como un pago de asistencia social, sino como dividendos de la propiedad común estatal, en este caso, las reservas finitas de petróleo). El mayor dividendo se pagó durante la gobernación de la republicana Sarah Palin en 2008, cuando a cada alaskeño le cayeron del cielo 3269 dólares.
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En 2017, James A. Baker y George P. Shultz, dos ex secretarios de Estado republicanos, propusieron un plan similar para todo el país (estimaron que los cobros por emisiones de carbono producirían dividendos de 2000 dólares al año para cada hogar estadounidense). Este esquema, que cuenta con el respaldo de 3500 economistas, resulta muy atractivo no solo para las empresas y los grupos ambientalistas, sino también (y esto es más increíble) para los políticos de ambos partidos.
La ecuación es sencilla. Los pagos por las emisiones de carbono reducen la contaminación porque aumentan su precio. Y aunque las empresas trasladarían esos costos a los consumidores, los más ricos serían los más afectados, porque son por lejos quienes más emiten y el grupo cuyas emisiones aumenta más rápidamente. Los más pobres, al mismo tiempo, serían los más beneficiados por los dividendos, porque 2000 dólares representan mucho más para un hogar con bajos ingresos que para uno con ingresos altos. En última instancia, la gente estaría mejor.
Pero dado que los shocks sobre los precios de los alimentos y la energía suelen afectar más duramente a las cohortes de bajos ingresos, ¿cuál es la justificación para que el dividendo sea universal? El motivo es que una política a tal escala necesita un apoyo tanto amplio como duradero, y la gente es mucho más proclive a apoyar programas y políticas que la benefician.
Además, el Fondo para los Ciudadanos no es solo una forma de reducir las emisiones y proporcionar una red de seguridad económica para la transición hacia las energías limpias. También fomentaría la innovación y la creatividad, porque proporciona la base de apoyo para los emprendedores y las personas dispuestas a asumir riesgos que necesitaremos para transformar nuestros sistemas energéticos y alimentarios.
El Fondo para los Ciudadanos también se podría ampliar para incluir a otros bienes comunales mundiales (como la minería y otras industrias extractivas, los plásticos, los recursos oceánicos y hasta el conocimiento, los datos y las redes). Todos ellos están relacionados con los bienes comunales —que nos pertenecen a todos— y son explotados por empresas a las que debiéramos exigir un pago por las externalidades negativas que producen.
Por supuesto, un dividendo básico universal no es la panacea. Debe ser parte de un plan más amplio para crear sociedades más resistentes a los shocks (entre otras cosas, mediante acciones más significativas para redistribuir la riqueza a través de impuestos progresivos y el empoderamiento de los trabajadores). Con ese fin, Earth4All, una iniciativa cuyo liderazgo comparto, está desarrollando un conjunto de novedosas propuestas que nos parecen alternativas prometedoras para crear sociedades cohesivas, mejor preparadas para tomar decisiones a largo plazo en beneficio de la mayoría.
Tal vez nuestro descubrimiento más importante sea el más obvio, pero también es el más fácil de pasar por alto. Independientemente de que hagamos lo mínimo necesario para responder a los grandes desafíos o todo lo posible para crear sociedades con capacidad de recuperación, la disrupción y las conmociones son parte de nuestro futuro. Abrazar la disrupción es entonces la única opción, y un Fondo para los Ciudadanos se convierte en un amortiguador obvio.
Traducción al español por Ant-Translation