BRIDGETOWN – El huracán Beryl golpeó al Caribe este mes, arrasó con islas completas y causó daños «apocalípticos». Fue la tormenta atlántica de categoría cinco más temprana y marcó el inicio de la que se prevé como la temporada de huracanes más activa registrada.
Se trata, sin dudas, de una catástrofe climática. Las lluvias torrenciales y los vientos de 240 km (150 millas) por hora que arrasaron las islas Carriacou y Pequeña Martinica, y el archipiélago de las Granadinas, junto con la marejada ciclónica que castigó las costas de Barbados y Jamaica, fueron entre el 10 y el 30 % más intensas debido al cambio climático causado por los humanos.
Las instituciones financieras debieran preocuparse por las consecuencias del huracán Beryl tanto como lo hacen los climatólogos, ya que revelan las falencias del heterogéneo sistema de financiamiento para el desarrollo —diseñado cuando los eventos climáticos extremos eran mucho menos catastróficos— frente a tormentas, inundaciones e incendios descontrolados cada vez más frecuentes e intensos.
Las investigaciones han demostrado que independientemente de la velocidad a la que podamos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, habrá más catástrofes como Beryl. Pero los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID), que se cuentan entre los países más vulnerables al clima, actualmente solo acceden a menos del 2 % del financiamiento prometido a los países en desarrollo.
Para proteger a los países del Caribe y otras regiones vulnerables de los riesgos existenciales que plantea el cambio climático, la comunidad internacional debe ayudarlos a desarrollar su resiliencia; y para ello es necesario un enfoque de apoyo financiero más integral antes, durante y después de los eventos climáticos extremos.
La prioridad más importante es la liquidez para emergencias después de las crisis, que permite a los gobiernos satisfacer las necesidades más urgentes de su gente y comenzar con las tareas de reacción ante catástrofes. Algunos ejemplos de ello son los créditos del Banco Mundial conOpción de Desembolso Diferido por Catástrofes (Cat DDO, por su sigla en inglés), similares a los Créditos Contingentes para Emergencias por Catástrofes Naturales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Debido a que esas líneas de crédito se aprueban de manera anticipada, los países pueden acceder rápidamente a los fondos cuando se cumplen ciertas condiciones predefinidas.
Project Syndicate is returning to Climate Week NYC with an even more expansive program. Join us live on September 22 as we welcome speakers from around the world at our studio in Manhattan to address critical dimensions of the climate debate.
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El fondo para Cat DDO resultófundamental en la respuesta de las islas San Vicente y Granadinas a la erupción volcánica de 2021: otorgó al país 20 millones de dólares con liquidez inmediata para apoyar su recuperación. Lamentablemente, el fondo venció el año pasado y esas islas quedaron sin financiamiento similar para enfrentar las consecuencias del huracán Beryl, que destruyó el 90 % de las viviendas en una de ellas.
En términos más amplios, la accesibilidad es uno de los principales obstáculos para la protección de los PEID. La mayoría de los países del Caribe oriental no pertenecen al BID y, por lo tanto, no pueden acceder a sus créditos. Eso pone de relieve la necesidad de un fondo de liquidez contingente universal con acceso inmediato para todos los países más vulnerables al clima.
El fondo podría tener un límite relativamente modesto, para garantizar que todos los países puedan responder a las emergencias más apremiantes. Es importante que los préstamos contingentes dependan de una declaración de emergencia por parte de los gobiernos nacionales o subnacionales.
Seguiría habiendo otras opciones «de recarga», como las Cat DDO, o incluso una cobertura mayor mediante la combinación de soluciones de apoyo público y privado —como el aplazamiento del pago de la deuda, los contratos con reaseguradoras y las soluciones de transferencia paramétrica de riesgos—; pero sin instrumentos «de base» ningún país contaría con liquidez de emergencia y fondos para la reconstrucción. Es por eso que los PEID solicitaron de manera unánime la creación de instrumentos financieros adecuados.
Pero la preparación tiene sus límites y la liquidez de emergencia es, en última instancia, solo una pequeña pieza del rompecabezas. Para reducir los daños que causan las tormentas y evitar que de un día para el otro se pierdan beneficios socioeconómicos que requirieron décadas de esfuerzo, los países más vulnerables al clima deben desarrollar su resiliencia. Por ejemplo, Barbados completó hace poco un plan de inversión para la prosperidad y resiliencia, que identifica la necesidad de asignar USD 11 600 millones a la atención sanitaria, educación, vivienda e infraestructura —lo que incluye una importante protección costera— durante la próxima década (de esos fondos, unos USD 5000 millones requerirán financiamiento público). Para ello hacen falta opciones de financiamiento a largo plazo más baratas.
Hay que asignar una porción mucho mayor de los recursos preferenciales de los bancos multilaterales de desarrollo y donantes bilaterales a la adaptación, ya que cada dólar que se invierte en aumentar la resiliencia de la infraestructura permite ahorrar cuatro dólares en reconstrucciones. Esas inversiones, combinadas con instrumentos de liquidez preaprobados, como los instrumentos contingentes, mejoran la capacidad de planificar en lugar de improvisar las respuestas humanitarias ante los desastres.
Finalmente, debemos destinar más capital a reparar los daños que infligen las catástrofes climáticas a las economías y poblaciones. Como muchos de los países caribeños que sufrieron el impacto del huracán Beryl, los PEID son aproximadamente un 33 % más vulnerablesa los impactos económicos y financieros externos que otros países en desarrollo. Cada año sufren pérdidas económicas de USD 1700 millones debido al cambio climático y eventos climáticos extremos.
En 2022, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en Egipto, los líderes políticos lograron un acuerdo señero para crear un Fondo para Pérdidas y Daños que ofrezca asistencia financiera a los países en desarrollo que lidian con los efectos negativos del calentamiento global. Desde entonces la escala de la crisis climática aumentó rápidamente y, con ella, la cantidad de países que procuran acceder a esos recursos.
Otorgar los recursos necesarios al Fondo para Pérdidas y Daños es fundamental para ayudar a esos países a reconstruir sus economías. En 2017, el huracán María causó en Dominica, donde nací, daños y perjuicios por USD 1200 millones (el 226 % del PBI): prácticamente destruyó la red eléctrica, dañó al 90 % de las viviendas y abatió al 85 % de nuestros bosques. Todo señala que los daños en Granada, Jamaica, Barbados, y San Vicente y las Granadinas fue similar; pero el Fondo para Pérdidas y Daños solo recibió compromisos de menos de 750 millones de dólares y, debido a ello, su tamaño es de varios órdenes de magnitud menor a lo necesario.
El huracán Beryl, que trastornó la vida de la gente y las economías del Caribe, debiera servir como advertencia a quienes deciden sobre los niveles de financiamiento disponible para los países más vulnerables al clima. El apoyo poco sistemático no alcanza, son necesarias reformas financieras integrales para fortalecer la resiliencia de los países vulnerables, ampliar su acceso a la liquidez de emergencia, y ayudarlos a recuperarse de los daños físicos y económicos.
Ahora que nos adentramos en la que probablemente vaya a ser la temporada de huracanes más intensa registrada, la urgencia de esas reformas es cada vez mayor.
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The International Monetary Fund’s surcharge policy has led to an unseemly state of affairs: countries in financial distress have become the largest source of net revenue to the Fund in recent years. These surcharges must be eliminated or, at the very least, adjusted to reduce the excessive burden on highly indebted countries.
decry the counterproductive practice of imposing additional fees on countries in debt distress.
When it comes to alleviating the severe demographic crisis that China faces, prohibiting international adoptions of Chinese children amounts to a mere drop in the bucket. Still, the government's decision to do so is significant, as it reflects a long-overdue recognition that people should not be viewed as a burden.
welcomes the government's apparent recognition that a severe demographic crisis looms.
With less than two months to go until the US presidential election, the candidates’ opposing worldviews, objectives, and priorities – and their implications for international relations, the economy, and democracy – have come into sharper focus. While it is impossible to know exactly what a leader will do once in office, the contours of both a Donald Trump and a Kamala Harris presidency are remarkably well defined.
BRIDGETOWN – El huracán Beryl golpeó al Caribe este mes, arrasó con islas completas y causó daños «apocalípticos». Fue la tormenta atlántica de categoría cinco más temprana y marcó el inicio de la que se prevé como la temporada de huracanes más activa registrada.
Se trata, sin dudas, de una catástrofe climática. Las lluvias torrenciales y los vientos de 240 km (150 millas) por hora que arrasaron las islas Carriacou y Pequeña Martinica, y el archipiélago de las Granadinas, junto con la marejada ciclónica que castigó las costas de Barbados y Jamaica, fueron entre el 10 y el 30 % más intensas debido al cambio climático causado por los humanos.
Las instituciones financieras debieran preocuparse por las consecuencias del huracán Beryl tanto como lo hacen los climatólogos, ya que revelan las falencias del heterogéneo sistema de financiamiento para el desarrollo —diseñado cuando los eventos climáticos extremos eran mucho menos catastróficos— frente a tormentas, inundaciones e incendios descontrolados cada vez más frecuentes e intensos.
Las investigaciones han demostrado que independientemente de la velocidad a la que podamos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, habrá más catástrofes como Beryl. Pero los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID), que se cuentan entre los países más vulnerables al clima, actualmente solo acceden a menos del 2 % del financiamiento prometido a los países en desarrollo.
Para proteger a los países del Caribe y otras regiones vulnerables de los riesgos existenciales que plantea el cambio climático, la comunidad internacional debe ayudarlos a desarrollar su resiliencia; y para ello es necesario un enfoque de apoyo financiero más integral antes, durante y después de los eventos climáticos extremos.
La prioridad más importante es la liquidez para emergencias después de las crisis, que permite a los gobiernos satisfacer las necesidades más urgentes de su gente y comenzar con las tareas de reacción ante catástrofes. Algunos ejemplos de ello son los créditos del Banco Mundial con Opción de Desembolso Diferido por Catástrofes (Cat DDO, por su sigla en inglés), similares a los Créditos Contingentes para Emergencias por Catástrofes Naturales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Debido a que esas líneas de crédito se aprueban de manera anticipada, los países pueden acceder rápidamente a los fondos cuando se cumplen ciertas condiciones predefinidas.
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En términos más amplios, la accesibilidad es uno de los principales obstáculos para la protección de los PEID. La mayoría de los países del Caribe oriental no pertenecen al BID y, por lo tanto, no pueden acceder a sus créditos. Eso pone de relieve la necesidad de un fondo de liquidez contingente universal con acceso inmediato para todos los países más vulnerables al clima.
El fondo podría tener un límite relativamente modesto, para garantizar que todos los países puedan responder a las emergencias más apremiantes. Es importante que los préstamos contingentes dependan de una declaración de emergencia por parte de los gobiernos nacionales o subnacionales.
Seguiría habiendo otras opciones «de recarga», como las Cat DDO, o incluso una cobertura mayor mediante la combinación de soluciones de apoyo público y privado —como el aplazamiento del pago de la deuda, los contratos con reaseguradoras y las soluciones de transferencia paramétrica de riesgos—; pero sin instrumentos «de base» ningún país contaría con liquidez de emergencia y fondos para la reconstrucción. Es por eso que los PEID solicitaron de manera unánime la creación de instrumentos financieros adecuados.
Pero la preparación tiene sus límites y la liquidez de emergencia es, en última instancia, solo una pequeña pieza del rompecabezas. Para reducir los daños que causan las tormentas y evitar que de un día para el otro se pierdan beneficios socioeconómicos que requirieron décadas de esfuerzo, los países más vulnerables al clima deben desarrollar su resiliencia. Por ejemplo, Barbados completó hace poco un plan de inversión para la prosperidad y resiliencia, que identifica la necesidad de asignar USD 11 600 millones a la atención sanitaria, educación, vivienda e infraestructura —lo que incluye una importante protección costera— durante la próxima década (de esos fondos, unos USD 5000 millones requerirán financiamiento público). Para ello hacen falta opciones de financiamiento a largo plazo más baratas.
Hay que asignar una porción mucho mayor de los recursos preferenciales de los bancos multilaterales de desarrollo y donantes bilaterales a la adaptación, ya que cada dólar que se invierte en aumentar la resiliencia de la infraestructura permite ahorrar cuatro dólares en reconstrucciones. Esas inversiones, combinadas con instrumentos de liquidez preaprobados, como los instrumentos contingentes, mejoran la capacidad de planificar en lugar de improvisar las respuestas humanitarias ante los desastres.
Finalmente, debemos destinar más capital a reparar los daños que infligen las catástrofes climáticas a las economías y poblaciones. Como muchos de los países caribeños que sufrieron el impacto del huracán Beryl, los PEID son aproximadamente un 33 % más vulnerables a los impactos económicos y financieros externos que otros países en desarrollo. Cada año sufren pérdidas económicas de USD 1700 millones debido al cambio climático y eventos climáticos extremos.
En 2022, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en Egipto, los líderes políticos lograron un acuerdo señero para crear un Fondo para Pérdidas y Daños que ofrezca asistencia financiera a los países en desarrollo que lidian con los efectos negativos del calentamiento global. Desde entonces la escala de la crisis climática aumentó rápidamente y, con ella, la cantidad de países que procuran acceder a esos recursos.
Otorgar los recursos necesarios al Fondo para Pérdidas y Daños es fundamental para ayudar a esos países a reconstruir sus economías. En 2017, el huracán María causó en Dominica, donde nací, daños y perjuicios por USD 1200 millones (el 226 % del PBI): prácticamente destruyó la red eléctrica, dañó al 90 % de las viviendas y abatió al 85 % de nuestros bosques. Todo señala que los daños en Granada, Jamaica, Barbados, y San Vicente y las Granadinas fue similar; pero el Fondo para Pérdidas y Daños solo recibió compromisos de menos de 750 millones de dólares y, debido a ello, su tamaño es de varios órdenes de magnitud menor a lo necesario.
El huracán Beryl, que trastornó la vida de la gente y las economías del Caribe, debiera servir como advertencia a quienes deciden sobre los niveles de financiamiento disponible para los países más vulnerables al clima. El apoyo poco sistemático no alcanza, son necesarias reformas financieras integrales para fortalecer la resiliencia de los países vulnerables, ampliar su acceso a la liquidez de emergencia, y ayudarlos a recuperarse de los daños físicos y económicos.
Ahora que nos adentramos en la que probablemente vaya a ser la temporada de huracanes más intensa registrada, la urgencia de esas reformas es cada vez mayor.
Traducción al español por Ant-Translation.