PORTSMOUTH – A estas alturas, el peligro que plantean el cambio climático y otras formas de degradación ambiental es tan evidente que parece una locura ignorarlo. Y sin embargo, el mundo todavía no logró idear una respuesta adecuada al problema. El primer intento de solución, el Protocolo de Kioto de 1997, fijó metas modestas y no logró incluir a los mayores contaminadores del mundo. En 2009, el intento de redactar un acuerdo global de mayor alcance en Copenhague terminó con la ruptura de las negociaciones.
Nuestra inacción colectiva no es resultado de haber elegido líderes dementes o irracionales. El motivo por el que parecemos incapaces de ponernos de acuerdo para proteger el clima es la denominada “tragedia de los comunes”: los recursos compartidos tienden a agotarse pronto, porque cada actor por su lado (países o personas) los usa sin pensar en cómo eso afecta a otros usuarios. Es decir, cuando uno cosecha todos los beneficios de usar un recurso, pero le toca sólo una parte de los costos, es fácil caer en la tentación de sobreexplotarlo. Hasta ahora, hay pocos motivos para creer que estemos encontrando un modo de asegurarnos un final mejor.
Un ejemplo nos lo da el cada vez más escaso atún rojo del Atlántico. A todos nos conviene evitar que la sobrepesca provoque su extinción. Pero cada pescador por separado no tiene motivos para no capturar tantos como le sea posible, ya que cada animal que escape a su red terminará casi seguro en la de otro. El mismo razonamiento se puede aplicar a los países cuando fijan cuotas de pesca; por eso el atún rojo se está agotando.
Hace unos 50 años, el economista Ronald Coase ideó un modo de acabar con la tragedia de los comunes: propuso asignar títulos de propiedad sobre el recurso compartido y compensar a los perdedores. Una vez establecida la propiedad privada, los mecanismos de mercado restaurarían la eficiencia.
Esta solución podría aplicarse a las poblaciones de peces, siempre que se pueda hacer un seguimiento de sus migraciones; pero aplicarla al clima es mucho más difícil. ¿Cómo asignar derechos de propiedad sobre la composición atmosférica?
La estrategia alternativa (representada por el Protocolo de Kioto) es implementar cuotas que limiten el nivel de emisión de gases de efecto invernadero permitido a cada actor por separado. Sólo entonces se crea un mercado para que los actores puedan comprar los permisos de emisión que necesitan o vender los que no usan.
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En teoría, esta estrategia da a los participantes razones para cooperar, ya que la ruptura del acuerdo aceleraría el agotamiento que todos acordaron evitar. Pero en la práctica, estos tipos de acuerdo son difíciles de lograr, y a menudo no se los cumple.
En primer lugar, la política interna de los países puede obstaculizar la participación en tratados internacionales, especialmente cuando políticos que buscan la reelección dependen del apoyo de grupos de intereses cuyos objetivos van en sentido contrario al bienestar común.
Las decisiones que tomó el ex presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, durante sus dos mandatos consecutivos nos permiten hacer una comparación elocuente. En 2001, durante sus primeros cien días de presidencia, Bush vetó o derogó muchas leyes y regulaciones de protección medioambiental, y sacó definitivamente a Estados Unidos del Protocolo de Kioto. Las industrias mineras y petroleras (importantes fuentes de apoyo para su siguiente campaña presidencial) habían invertido bien su dinero.
Pero una vez asegurada su reelección, Bush ya no necesitaba tanto el apoyo de estos poderosos grupos de presión. En su segundo mandato, Bush creó el mayor santuario oceánico del mundo (un área de 360 000 kilómetros cuadrados alrededor de las islas hawaianas). Como la Constitución le impedía buscar un tercer mandato, había margen para adoptar políticas más ecológicas.
Un segundo impedimento a la cooperación es geopolítico. Como señalan numerosos ejemplos históricos, cuando un conflicto por recursos valiosos es inevitable, los países tienen incentivos para explotarlos tanto como puedan antes de que escaseen. Y si están convencidos de la inevitabilidad del conflicto, las negociaciones para limitar la sobreexplotación tenderán a fracasar pronto.
De los dos obstáculos, el más fácil de superar es la política interna de grupos de presión. En el transcurso de los dos últimos siglos, la responsabilidad de los dirigentes políticos ante los ciudadanos (connacionales y extranjeros) aumentó, y los votantes se volvieron menos susceptibles a la influencia de grupos de presión y medios de comunicación. Fortalecer la educación del electorado puede ser la clave para acelerar este proceso.
La cuestión geopolítica es más difícil. El desafío de convencer a los países para que cooperen es similar al que los gobiernos siempre han tenido en relación con lograr que sus ciudadanos colaboren con el bien común; todos quieren tener calles en buen estado, pero la mayoría preferiría no tener que pagar por pavimentarlas.
Según el economista estadounidense Mancur Olson, estos problemas de cooperación son más fáciles de resolver cuando hay pocos agentes de decisión. A escala nacional, el problema se soluciona dando a los gobiernos poder de coerción para cobrar impuestos, redistribuir bienes públicos y mediar en conflictos entre ciudadanos. Por extensión, una solución al problema global sería tener un gobierno universal para toda la humanidad, con responsabilidad ante la ciudadanía y autoridad para hacer cumplir sus decisiones.
Claro que esta posibilidad es extremadamente improbable; las naciones‑estado nunca aceptarán entregar su soberanía a un gobierno mundial. A falta de alternativas, parece que la mejor solución sería una reducción de la cantidad de actores: un regreso a un mundo bipolar en el que dos superpotencias decidan por sí mismas y por los países subordinados. Pero aunque esta solución limitaría el problema de los bienes comunes, puede traer más peligros que beneficios. La última vez, la cooperación internacional se basó en el temor a que el planeta estallara. ¿No reaparecerá hoy también el temor a la destrucción mutua asegurada?
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At the end of a year of domestic and international upheaval, Project Syndicate commentators share their favorite books from the past 12 months. Covering a wide array of genres and disciplines, this year’s picks provide fresh perspectives on the defining challenges of our time and how to confront them.
ask Project Syndicate contributors to select the books that resonated with them the most over the past year.
PORTSMOUTH – A estas alturas, el peligro que plantean el cambio climático y otras formas de degradación ambiental es tan evidente que parece una locura ignorarlo. Y sin embargo, el mundo todavía no logró idear una respuesta adecuada al problema. El primer intento de solución, el Protocolo de Kioto de 1997, fijó metas modestas y no logró incluir a los mayores contaminadores del mundo. En 2009, el intento de redactar un acuerdo global de mayor alcance en Copenhague terminó con la ruptura de las negociaciones.
Nuestra inacción colectiva no es resultado de haber elegido líderes dementes o irracionales. El motivo por el que parecemos incapaces de ponernos de acuerdo para proteger el clima es la denominada “tragedia de los comunes”: los recursos compartidos tienden a agotarse pronto, porque cada actor por su lado (países o personas) los usa sin pensar en cómo eso afecta a otros usuarios. Es decir, cuando uno cosecha todos los beneficios de usar un recurso, pero le toca sólo una parte de los costos, es fácil caer en la tentación de sobreexplotarlo. Hasta ahora, hay pocos motivos para creer que estemos encontrando un modo de asegurarnos un final mejor.
Un ejemplo nos lo da el cada vez más escaso atún rojo del Atlántico. A todos nos conviene evitar que la sobrepesca provoque su extinción. Pero cada pescador por separado no tiene motivos para no capturar tantos como le sea posible, ya que cada animal que escape a su red terminará casi seguro en la de otro. El mismo razonamiento se puede aplicar a los países cuando fijan cuotas de pesca; por eso el atún rojo se está agotando.
Hace unos 50 años, el economista Ronald Coase ideó un modo de acabar con la tragedia de los comunes: propuso asignar títulos de propiedad sobre el recurso compartido y compensar a los perdedores. Una vez establecida la propiedad privada, los mecanismos de mercado restaurarían la eficiencia.
Esta solución podría aplicarse a las poblaciones de peces, siempre que se pueda hacer un seguimiento de sus migraciones; pero aplicarla al clima es mucho más difícil. ¿Cómo asignar derechos de propiedad sobre la composición atmosférica?
La estrategia alternativa (representada por el Protocolo de Kioto) es implementar cuotas que limiten el nivel de emisión de gases de efecto invernadero permitido a cada actor por separado. Sólo entonces se crea un mercado para que los actores puedan comprar los permisos de emisión que necesitan o vender los que no usan.
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En teoría, esta estrategia da a los participantes razones para cooperar, ya que la ruptura del acuerdo aceleraría el agotamiento que todos acordaron evitar. Pero en la práctica, estos tipos de acuerdo son difíciles de lograr, y a menudo no se los cumple.
En primer lugar, la política interna de los países puede obstaculizar la participación en tratados internacionales, especialmente cuando políticos que buscan la reelección dependen del apoyo de grupos de intereses cuyos objetivos van en sentido contrario al bienestar común.
Las decisiones que tomó el ex presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, durante sus dos mandatos consecutivos nos permiten hacer una comparación elocuente. En 2001, durante sus primeros cien días de presidencia, Bush vetó o derogó muchas leyes y regulaciones de protección medioambiental, y sacó definitivamente a Estados Unidos del Protocolo de Kioto. Las industrias mineras y petroleras (importantes fuentes de apoyo para su siguiente campaña presidencial) habían invertido bien su dinero.
Pero una vez asegurada su reelección, Bush ya no necesitaba tanto el apoyo de estos poderosos grupos de presión. En su segundo mandato, Bush creó el mayor santuario oceánico del mundo (un área de 360 000 kilómetros cuadrados alrededor de las islas hawaianas). Como la Constitución le impedía buscar un tercer mandato, había margen para adoptar políticas más ecológicas.
Un segundo impedimento a la cooperación es geopolítico. Como señalan numerosos ejemplos históricos, cuando un conflicto por recursos valiosos es inevitable, los países tienen incentivos para explotarlos tanto como puedan antes de que escaseen. Y si están convencidos de la inevitabilidad del conflicto, las negociaciones para limitar la sobreexplotación tenderán a fracasar pronto.
De los dos obstáculos, el más fácil de superar es la política interna de grupos de presión. En el transcurso de los dos últimos siglos, la responsabilidad de los dirigentes políticos ante los ciudadanos (connacionales y extranjeros) aumentó, y los votantes se volvieron menos susceptibles a la influencia de grupos de presión y medios de comunicación. Fortalecer la educación del electorado puede ser la clave para acelerar este proceso.
La cuestión geopolítica es más difícil. El desafío de convencer a los países para que cooperen es similar al que los gobiernos siempre han tenido en relación con lograr que sus ciudadanos colaboren con el bien común; todos quieren tener calles en buen estado, pero la mayoría preferiría no tener que pagar por pavimentarlas.
Según el economista estadounidense Mancur Olson, estos problemas de cooperación son más fáciles de resolver cuando hay pocos agentes de decisión. A escala nacional, el problema se soluciona dando a los gobiernos poder de coerción para cobrar impuestos, redistribuir bienes públicos y mediar en conflictos entre ciudadanos. Por extensión, una solución al problema global sería tener un gobierno universal para toda la humanidad, con responsabilidad ante la ciudadanía y autoridad para hacer cumplir sus decisiones.
Claro que esta posibilidad es extremadamente improbable; las naciones‑estado nunca aceptarán entregar su soberanía a un gobierno mundial. A falta de alternativas, parece que la mejor solución sería una reducción de la cantidad de actores: un regreso a un mundo bipolar en el que dos superpotencias decidan por sí mismas y por los países subordinados. Pero aunque esta solución limitaría el problema de los bienes comunes, puede traer más peligros que beneficios. La última vez, la cooperación internacional se basó en el temor a que el planeta estallara. ¿No reaparecerá hoy también el temor a la destrucción mutua asegurada?
Traducción: Esteban Flamini