COPENHAGUE - La agitación en Oriente Medio y África del Norte ha vuelto a centrar la atención en el impacto que las tensiones o la interferencia políticas pueden tener en el precio y la disponibilidad de las importaciones de energía. A pesar de los temores de los consumidores al alza de los precios de los combustibles, la seguridad energética ocupa un lugar destacado en las agendas políticas de muchos gobiernos occidentales.
Por supuesto, no se trata de un fenómeno nuevo: Europa comenzó a tratar de aumentar sus reservas de energía en los años 1960. Del mismo modo, todos los presidentes estadounidenses desde Richard Nixon en la década de 1970 ha intentado, sin éxito, reducir la dependencia del petróleo extranjero.
Sin embargo, una nueva tendencia es que las políticas que hasta hace pocos años se promocionaban para combatir el cambio climático se presentan como un medio necesario para aumentar la seguridad energética. En el contexto de la crisis financiera, y en momentos en que el apoyo público a las políticas de cambio climático alcanzan nuevos mínimos en muchos países desarrollados, se oye hablar menos a las autoridades acerca de la amenaza del calentamiento global, y más sobre los supuestos beneficios económicos de las políticas climáticas.
Este cambio no es de extrañar, dada la creciente cantidad de análisis que demuestran que las políticas actuales -unilaterales- de cambio climático tendrán un efecto prácticamente nulo en el aumento de la temperatura global.
La Unión Europea ofrece un ejemplo clásico de este punto. Su plan climático "20-20-20" -con mucho, la política de cambio climático más amplia que haya sido llevada a la práctica- tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% con respecto a los niveles de 1990 para el año 2020, garantizar que la energía renovable ofrezca un 20% del consumo de energía y reducir el consumo de energía primaria en un 20%.
Un análisis de los costos y beneficios de esta política en 2010, realizado por el economista climático Richard Tol mostró que el precio anual sería de alrededor de 210 mil millones de euros. Si se ejecuta la política en el modelo RICE de economía climática, vemos que a finales de este siglo reducirá el incremento de la temperatura en apenas un 0,05 ° C (0,1 º F).
Sin dejarse intimidar por el impacto extremadamente débil del plan sobre el calentamiento global, los políticos han declarado que la política por lo menos mejorará la seguridad energética de la UE. Así que el Centro del Consenso de Copenhague preguntó al profesor Christoph Böhringer y Andreas Keller de la Universidad de Oldenburg que probaran esta afirmación.
Por supuesto, la noción de seguridad energética es difusa. En su trabajo de investigación, "Seguridad energética: Una evaluación del impacto del Plan energético y climático de la UE", Böhringer y Keller hacen notar que la UE nunca se ha fijado un parámetro claro de seguridad energética.
A pesar de -o debido a- esta falta de definición y medición, Böhringer y Keller señalan que quienes establecen las políticas "explotan el argumento de la seguridad energética para justificar multitud de medidas". Estas medidas hasta incluyen la prohibición de de utilizar bombillas eléctricas y calefactores de exterior, exenciones de impuestos para propietarios de bicicletas, normas para la presión de los neumáticos y pruebas de conducción eficiente en términos de uso del combustible, ninguna de los cuales parece tener mucho impacto en el nivel de las importaciones petroleras desde Rusia o Oriente Próximo.
Lo que está claro, según Böhringer y Keller, es que el Plan energético y climático de la UE viola principios básicos de la relación coste-eficacia, si el único objetivo es la reducción de las emisiones. El paquete destaca por su maraña de instrumentos y, por lo tanto, el riesgo de normas contraproducentes y superpuestas entre sí, lo que aumentará considerablemente los costes en comparación con una política climática efectiva.
Los investigadores miden el impacto del plan 20-20-20 a través de índices independientes de seguridad energética. Sin la aplicación del plan, un poco más de la mitad de las necesidades energéticas de Europa se tendrían que satisfacer con combustibles fósiles importados en 2020, frente al 50% en la actualidad. Si la UE logra reducir las emisiones de CO2 en un 20% para el año 2020, Böhringer y Keller consideran que su dependencia de los combustibles fósiles importados se reducirá en apenas dos puntos porcentuales. Eso es estar muy lejos de la autosuficiencia.
Por supuesto, el plan 20-20-20 de UE tiene como objetivo más que reducir las emisiones; también pretende aumentar el uso de energías renovables y reducir el consumo total de energía. Los investigadores establecen que el plan 20-20-20 completo en realidad significaría "aumentar las importaciones de energía, así como el riesgo de mayores precios" - principalmente debido a que el impuesto sobre la electricidad para lograr el objetivo de eficiencia del plan 20-20-20 afectará más que todo a la energía nuclear. En otras palabras, es probable que la misma política que se suponía iba a lograr una mayor seguridad energética, de hecho termine por aumentar los precios y lleve a una mayor dependencia de las importaciones energéticas extranjeras.
Cabe señalar que estos resultados se basan en el optimista escenario de referencia Internacional Energy Outlook, utilizado por el Departamento de Energía de los EE.UU., según el cual el uso de energía renovable crecerá a un ritmo mayor que en el pasado. Sin esta expectativa, probablemente la política de la UE sería aún más costosa.
En muchos países occidentales, las políticas se presentan cada vez más arropadas en promesas de una mayor seguridad energética y no en amenazas de catástrofes climáticas. Pero, debido a que la seguridad energética es un concepto tan vago, estas políticas rara vez se someten a un examen riguroso para determinar si estarán a la altura de las afirmaciones de los políticos.
Como muestran los nuevos estudios, debemos adoptar una actitud particularmente cautelosa ante las afirmaciones de los políticos que usan los sucesos de actualidad para justificar políticas antiguas e ineficaces de cambio climático sobre la nueva e igualmente problemática base de la seguridad energética.
COPENHAGUE - La agitación en Oriente Medio y África del Norte ha vuelto a centrar la atención en el impacto que las tensiones o la interferencia políticas pueden tener en el precio y la disponibilidad de las importaciones de energía. A pesar de los temores de los consumidores al alza de los precios de los combustibles, la seguridad energética ocupa un lugar destacado en las agendas políticas de muchos gobiernos occidentales.
Por supuesto, no se trata de un fenómeno nuevo: Europa comenzó a tratar de aumentar sus reservas de energía en los años 1960. Del mismo modo, todos los presidentes estadounidenses desde Richard Nixon en la década de 1970 ha intentado, sin éxito, reducir la dependencia del petróleo extranjero.
Sin embargo, una nueva tendencia es que las políticas que hasta hace pocos años se promocionaban para combatir el cambio climático se presentan como un medio necesario para aumentar la seguridad energética. En el contexto de la crisis financiera, y en momentos en que el apoyo público a las políticas de cambio climático alcanzan nuevos mínimos en muchos países desarrollados, se oye hablar menos a las autoridades acerca de la amenaza del calentamiento global, y más sobre los supuestos beneficios económicos de las políticas climáticas.
Este cambio no es de extrañar, dada la creciente cantidad de análisis que demuestran que las políticas actuales -unilaterales- de cambio climático tendrán un efecto prácticamente nulo en el aumento de la temperatura global.
La Unión Europea ofrece un ejemplo clásico de este punto. Su plan climático "20-20-20" -con mucho, la política de cambio climático más amplia que haya sido llevada a la práctica- tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% con respecto a los niveles de 1990 para el año 2020, garantizar que la energía renovable ofrezca un 20% del consumo de energía y reducir el consumo de energía primaria en un 20%.
Un análisis de los costos y beneficios de esta política en 2010, realizado por el economista climático Richard Tol mostró que el precio anual sería de alrededor de 210 mil millones de euros. Si se ejecuta la política en el modelo RICE de economía climática, vemos que a finales de este siglo reducirá el incremento de la temperatura en apenas un 0,05 ° C (0,1 º F).
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Sin dejarse intimidar por el impacto extremadamente débil del plan sobre el calentamiento global, los políticos han declarado que la política por lo menos mejorará la seguridad energética de la UE. Así que el Centro del Consenso de Copenhague preguntó al profesor Christoph Böhringer y Andreas Keller de la Universidad de Oldenburg que probaran esta afirmación.
Por supuesto, la noción de seguridad energética es difusa. En su trabajo de investigación, "Seguridad energética: Una evaluación del impacto del Plan energético y climático de la UE", Böhringer y Keller hacen notar que la UE nunca se ha fijado un parámetro claro de seguridad energética.
A pesar de -o debido a- esta falta de definición y medición, Böhringer y Keller señalan que quienes establecen las políticas "explotan el argumento de la seguridad energética para justificar multitud de medidas". Estas medidas hasta incluyen la prohibición de de utilizar bombillas eléctricas y calefactores de exterior, exenciones de impuestos para propietarios de bicicletas, normas para la presión de los neumáticos y pruebas de conducción eficiente en términos de uso del combustible, ninguna de los cuales parece tener mucho impacto en el nivel de las importaciones petroleras desde Rusia o Oriente Próximo.
Lo que está claro, según Böhringer y Keller, es que el Plan energético y climático de la UE viola principios básicos de la relación coste-eficacia, si el único objetivo es la reducción de las emisiones. El paquete destaca por su maraña de instrumentos y, por lo tanto, el riesgo de normas contraproducentes y superpuestas entre sí, lo que aumentará considerablemente los costes en comparación con una política climática efectiva.
Los investigadores miden el impacto del plan 20-20-20 a través de índices independientes de seguridad energética. Sin la aplicación del plan, un poco más de la mitad de las necesidades energéticas de Europa se tendrían que satisfacer con combustibles fósiles importados en 2020, frente al 50% en la actualidad. Si la UE logra reducir las emisiones de CO2 en un 20% para el año 2020, Böhringer y Keller consideran que su dependencia de los combustibles fósiles importados se reducirá en apenas dos puntos porcentuales. Eso es estar muy lejos de la autosuficiencia.
Por supuesto, el plan 20-20-20 de UE tiene como objetivo más que reducir las emisiones; también pretende aumentar el uso de energías renovables y reducir el consumo total de energía. Los investigadores establecen que el plan 20-20-20 completo en realidad significaría "aumentar las importaciones de energía, así como el riesgo de mayores precios" - principalmente debido a que el impuesto sobre la electricidad para lograr el objetivo de eficiencia del plan 20-20-20 afectará más que todo a la energía nuclear. En otras palabras, es probable que la misma política que se suponía iba a lograr una mayor seguridad energética, de hecho termine por aumentar los precios y lleve a una mayor dependencia de las importaciones energéticas extranjeras.
Cabe señalar que estos resultados se basan en el optimista escenario de referencia Internacional Energy Outlook, utilizado por el Departamento de Energía de los EE.UU., según el cual el uso de energía renovable crecerá a un ritmo mayor que en el pasado. Sin esta expectativa, probablemente la política de la UE sería aún más costosa.
En muchos países occidentales, las políticas se presentan cada vez más arropadas en promesas de una mayor seguridad energética y no en amenazas de catástrofes climáticas. Pero, debido a que la seguridad energética es un concepto tan vago, estas políticas rara vez se someten a un examen riguroso para determinar si estarán a la altura de las afirmaciones de los políticos.
Como muestran los nuevos estudios, debemos adoptar una actitud particularmente cautelosa ante las afirmaciones de los políticos que usan los sucesos de actualidad para justificar políticas antiguas e ineficaces de cambio climático sobre la nueva e igualmente problemática base de la seguridad energética.