BERLÍN – Desde la firma en 2015 del acuerdo climático de París, demasiados gobiernos se creyeron la retórica de la industria gaspetrolera respecto de cómo puede ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Engaños como el “carbón limpio”, “financiar la energía limpia con oleoductos” y “uso del gas como combustible puente” llevaron a los gobiernos a aprobar nuevos proyectos de combustibles fósiles, aun cuando ya la producción actual amenaza con elevar las temperaturas mucho más allá del límite del acuerdo de París (que pide mantener las temperaturas muy por debajo de 2° Celsius encima de los niveles preindustriales).
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) calcula que en 2016, la inversión total en el sector gaspetrolero fue de 649 000 millones de dólares, y que los subsidios a los combustibles fósiles en los países del G20 ascendieron a 72 000 millones de dólares. Y se prevé que de aquí a 2030 las inversiones en nuevos proyectos de gas en los países del G20 superen los 1,6 billones de dólares.
Es evidente que la industria está haciendo todo lo posible por aumentar la producción y las ganancias antes de que el mundo adopte una economía descarbonizada. Y hasta ahora se salió con la suya, porque logró convencer a los gobiernos de varias falsedades.
Para empezar, está la afirmación de que el gas natural puede ser un “combustible puente” hacia un clima estable, a pesar de que su impacto climático suele ser igual (o peor) al del carbón. En realidad, una “carrera por el gas” consumiría casi dos tercios del presupuesto de carbono combinado de los países del G20 de aquí a 2050. Peor aún, a menudo la nueva producción de gas no desplaza al carbón, sino a proyectos de energía eólica y solar (dos tipos de energía que ya son más baratos que el carbón y el gas en muchas regiones). El hecho de que la mayoría de las inversiones nuevas en producción de gas den por sentado un cronograma operativo de al menos treinta años debería ser prueba suficiente de que esos proyectos no apuntan a reducir las emisiones en un futuro cercano.
Lo esperable sería que la Unión Europea liderara la búsqueda de un futuro descarbonizado. Pero en realidad, parece que está haciendo lo contrario. Desde 2014, la UE asignó mil millones de euros (1160 millones de dólares) al sector del gas natural. Y si bien la propuesta de presupuesto 2020‑2027 de la Comisión Europea prevé reducir esa financiación, también permitiría a los estados miembros seguir gastando dinero del erario en la producción de combustibles fósiles. Pero según un estudio de los climatólogos británicos Kevin Anderson y John Broderick, para cumplir sus compromisos en la lucha contra el cambio climático, la UE debe discontinuar los combustibles fósiles totalmente de aquí a 2035.
Otro sinsentido promovido por la industria es que para financiar la transición a una economía limpia se necesitan los ingresos derivados de la expansión del gas y el petróleo. En esta afirmación incoherente se basa la política de Canadá, cuyas autoridades siguen impulsando grandes proyectos nuevos de explotación de arenas bituminosas. Hace poco, el gobierno pagó a la empresa de energía texana Kinder Morgan 3400 millones de dólares para garantizar la ampliación de una tubería de 65 años, proyecto que la empresa había considerado demasiado arriesgado.
Este uso de fondos públicos es particularmente cuestionable porque implica afianzar el uso de las mismas fuentes de energía causantes de un peligroso cambio climático. El supuesto implícito en cualquier nueva inversión importante en infraestructura energética es que las instalaciones seguirán operando durante décadas, ya que incluso si la demanda y los precios se redujeran drásticamente, quienes las posean o inviertan en ellas siempre preferirán obtener algún ingreso de ese capital que no obtener ninguno. El resultado político y legal es que es mucho más difícil cerrar un proyecto ya iniciado que detenerlo antes de que empiece.
Un tercer ingrediente del fraude de los combustibles fósiles es el “carbón limpio”, generalmente dependiente de tecnologías de captura y almacenamiento de carbono (CCS, por la sigla en inglés). Los gobiernos y la industria llevan mucho tiempo presentando las tecnologías CCS como la solución infalible al cambio climático (y por ende, como una excusa perfecta para posponer reducciones significativas del uso de combustibles fósiles). Y ahora, incluso se promueven las CCS como una tecnología que hará posibles esquemas mágicos para absorber carbono de la atmósfera.
En realidad, las CCS se crearon para la recuperación de petróleo mejorada (EOR), en la que se bombea CO2 presurizado en los yacimientos más viejos para poder extraer petróleo crudo que de otro modo sería inaccesible; esto aumenta considerablemente la producción y, con ella, las emisiones de gases de efecto invernadero. La técnica se usa hace más de cuarenta años, particularmente en Estados Unidos. Pero es costosa en términos de dinero y de energía: una central de energía a carbón que adopte la tecnología CCS tiene que quemar todavía más carbón para producir la misma cantidad de energía.
La principal razón por la que las empresas petroleras se han vuelto tan partidarias de la tecnología CCS es que les permite acceder al uso subsidiado de CO2 en EOR. Empresas como Shell y Statoil han dedicado décadas y miles de millones de dólares a investigación y desarrollo en CCS, y sin embargo sólo pueden mostrar unas pocas instalaciones de CCS de escala comercial. Ya es evidente que la CCS sólo es comercialmente viable cuando se la usa para EOR, lo que implica que el carbón en sí nunca será un combustible limpio, incluso con el uso de filtros modernos para reducir la emisión de material particulado a la atmósfera.
Una última afirmación habitual de las empresas gaspetroleras es que pueden ejecutar cualquier proyecto más “limpiamente” que nadie. Las empresas energéticas se han apresurado a anunciar nuevas tecnologías y medidas que supuestamente mejorarán la eficiencia de sus operaciones actuales, como si eso les diera derecho a aumentar la producción sin límites.
Pero (igual que el resto de la jerga engañosa de la industria) esta lógica llevará la mayoría de las veces a afianzar el uso de las tecnologías actuales, conforme las empresas comprometan más fondos a tecnologías no probadas de negativización de emisiones y otras medidas que perpetuarán la dependencia de los combustibles fósiles. Por ejemplo, la provincia canadiense de Alberta (donde se encuentran las arenas bituminosas) está invirtiendo 304 millones de dólares con el objetivo explícito de “ayudar a las empresas [que explotan dichas arenas] a aumentar la producción y reducir las emisiones”.
En un tiempo en que es cada vez más común desestimar la ciencia y la opinión experta como meras ideas elitistas, los gobiernos, que entienden mejor de qué se trata, no deberían ayudar a las empresas de combustibles fósiles a sacar provecho de la creciente crisis climática. La máquina de propaganda de la industria amenaza con encerrarnos en un peligroso statu quo.
Aunque el movimiento global de lucha contra el cambio climático está redefiniendo el liderazgo en torno de esta cuestión, el activismo y el trabajo de las organizaciones no gubernamentales no bastarán para crear un futuro descarbonizado. Los gobiernos que dicen estar comprometidos con el acuerdo de París deben elaborar un plan firme para la discontinuación de los combustibles fósiles, en vez de seguir apoyando la expansión del sector.
Traducción: Esteban Flamini
BERLÍN – Desde la firma en 2015 del acuerdo climático de París, demasiados gobiernos se creyeron la retórica de la industria gaspetrolera respecto de cómo puede ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Engaños como el “carbón limpio”, “financiar la energía limpia con oleoductos” y “uso del gas como combustible puente” llevaron a los gobiernos a aprobar nuevos proyectos de combustibles fósiles, aun cuando ya la producción actual amenaza con elevar las temperaturas mucho más allá del límite del acuerdo de París (que pide mantener las temperaturas muy por debajo de 2° Celsius encima de los niveles preindustriales).
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) calcula que en 2016, la inversión total en el sector gaspetrolero fue de 649 000 millones de dólares, y que los subsidios a los combustibles fósiles en los países del G20 ascendieron a 72 000 millones de dólares. Y se prevé que de aquí a 2030 las inversiones en nuevos proyectos de gas en los países del G20 superen los 1,6 billones de dólares.
Es evidente que la industria está haciendo todo lo posible por aumentar la producción y las ganancias antes de que el mundo adopte una economía descarbonizada. Y hasta ahora se salió con la suya, porque logró convencer a los gobiernos de varias falsedades.
Para empezar, está la afirmación de que el gas natural puede ser un “combustible puente” hacia un clima estable, a pesar de que su impacto climático suele ser igual (o peor) al del carbón. En realidad, una “carrera por el gas” consumiría casi dos tercios del presupuesto de carbono combinado de los países del G20 de aquí a 2050. Peor aún, a menudo la nueva producción de gas no desplaza al carbón, sino a proyectos de energía eólica y solar (dos tipos de energía que ya son más baratos que el carbón y el gas en muchas regiones). El hecho de que la mayoría de las inversiones nuevas en producción de gas den por sentado un cronograma operativo de al menos treinta años debería ser prueba suficiente de que esos proyectos no apuntan a reducir las emisiones en un futuro cercano.
Lo esperable sería que la Unión Europea liderara la búsqueda de un futuro descarbonizado. Pero en realidad, parece que está haciendo lo contrario. Desde 2014, la UE asignó mil millones de euros (1160 millones de dólares) al sector del gas natural. Y si bien la propuesta de presupuesto 2020‑2027 de la Comisión Europea prevé reducir esa financiación, también permitiría a los estados miembros seguir gastando dinero del erario en la producción de combustibles fósiles. Pero según un estudio de los climatólogos británicos Kevin Anderson y John Broderick, para cumplir sus compromisos en la lucha contra el cambio climático, la UE debe discontinuar los combustibles fósiles totalmente de aquí a 2035.
Otro sinsentido promovido por la industria es que para financiar la transición a una economía limpia se necesitan los ingresos derivados de la expansión del gas y el petróleo. En esta afirmación incoherente se basa la política de Canadá, cuyas autoridades siguen impulsando grandes proyectos nuevos de explotación de arenas bituminosas. Hace poco, el gobierno pagó a la empresa de energía texana Kinder Morgan 3400 millones de dólares para garantizar la ampliación de una tubería de 65 años, proyecto que la empresa había considerado demasiado arriesgado.
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Este uso de fondos públicos es particularmente cuestionable porque implica afianzar el uso de las mismas fuentes de energía causantes de un peligroso cambio climático. El supuesto implícito en cualquier nueva inversión importante en infraestructura energética es que las instalaciones seguirán operando durante décadas, ya que incluso si la demanda y los precios se redujeran drásticamente, quienes las posean o inviertan en ellas siempre preferirán obtener algún ingreso de ese capital que no obtener ninguno. El resultado político y legal es que es mucho más difícil cerrar un proyecto ya iniciado que detenerlo antes de que empiece.
Un tercer ingrediente del fraude de los combustibles fósiles es el “carbón limpio”, generalmente dependiente de tecnologías de captura y almacenamiento de carbono (CCS, por la sigla en inglés). Los gobiernos y la industria llevan mucho tiempo presentando las tecnologías CCS como la solución infalible al cambio climático (y por ende, como una excusa perfecta para posponer reducciones significativas del uso de combustibles fósiles). Y ahora, incluso se promueven las CCS como una tecnología que hará posibles esquemas mágicos para absorber carbono de la atmósfera.
En realidad, las CCS se crearon para la recuperación de petróleo mejorada (EOR), en la que se bombea CO2 presurizado en los yacimientos más viejos para poder extraer petróleo crudo que de otro modo sería inaccesible; esto aumenta considerablemente la producción y, con ella, las emisiones de gases de efecto invernadero. La técnica se usa hace más de cuarenta años, particularmente en Estados Unidos. Pero es costosa en términos de dinero y de energía: una central de energía a carbón que adopte la tecnología CCS tiene que quemar todavía más carbón para producir la misma cantidad de energía.
La principal razón por la que las empresas petroleras se han vuelto tan partidarias de la tecnología CCS es que les permite acceder al uso subsidiado de CO2 en EOR. Empresas como Shell y Statoil han dedicado décadas y miles de millones de dólares a investigación y desarrollo en CCS, y sin embargo sólo pueden mostrar unas pocas instalaciones de CCS de escala comercial. Ya es evidente que la CCS sólo es comercialmente viable cuando se la usa para EOR, lo que implica que el carbón en sí nunca será un combustible limpio, incluso con el uso de filtros modernos para reducir la emisión de material particulado a la atmósfera.
Una última afirmación habitual de las empresas gaspetroleras es que pueden ejecutar cualquier proyecto más “limpiamente” que nadie. Las empresas energéticas se han apresurado a anunciar nuevas tecnologías y medidas que supuestamente mejorarán la eficiencia de sus operaciones actuales, como si eso les diera derecho a aumentar la producción sin límites.
Pero (igual que el resto de la jerga engañosa de la industria) esta lógica llevará la mayoría de las veces a afianzar el uso de las tecnologías actuales, conforme las empresas comprometan más fondos a tecnologías no probadas de negativización de emisiones y otras medidas que perpetuarán la dependencia de los combustibles fósiles. Por ejemplo, la provincia canadiense de Alberta (donde se encuentran las arenas bituminosas) está invirtiendo 304 millones de dólares con el objetivo explícito de “ayudar a las empresas [que explotan dichas arenas] a aumentar la producción y reducir las emisiones”.
En un tiempo en que es cada vez más común desestimar la ciencia y la opinión experta como meras ideas elitistas, los gobiernos, que entienden mejor de qué se trata, no deberían ayudar a las empresas de combustibles fósiles a sacar provecho de la creciente crisis climática. La máquina de propaganda de la industria amenaza con encerrarnos en un peligroso statu quo.
Aunque el movimiento global de lucha contra el cambio climático está redefiniendo el liderazgo en torno de esta cuestión, el activismo y el trabajo de las organizaciones no gubernamentales no bastarán para crear un futuro descarbonizado. Los gobiernos que dicen estar comprometidos con el acuerdo de París deben elaborar un plan firme para la discontinuación de los combustibles fósiles, en vez de seguir apoyando la expansión del sector.
Traducción: Esteban Flamini