LONDRES – Desde el estricto punto de vista de algunos inversores, no hay nada malo en que una empresa use una gestión financiera astuta para subir el precio de sus acciones. Según esta lógica estrecha, también tratándose de la industria farmacéutica, no debe preocuparnos que el valor de las empresas suba por maniobras financieras (como recompra de acciones u operaciones para tributar menos cambiando el domicilio fiscal) en vez de en respuesta a nuevos hallazgos.
Pero la industria farmacéutica no es una industria más. Está intrínsecamente ligada al bien público: a lo largo de la historia generó innovaciones médicas esenciales para que las sociedades puedan combatir las enfermedades. Además, aunque sus consumidores sean los pacientes, el verdadero comprador suele ser el fisco. Incluso en Estados Unidos, las compras del sector público ascienden al menos al 40% del mercado de medicamentos recetados.
El Estado también financia gran parte de las investigaciones que sostienen las ganancias de la industria. El gobierno estadounidense es el mayor aportante individual de fondos para investigación y desarrollo en medicina, y la tercera parte de la inversión mundial en investigación sanitaria la financian los contribuyentes. Es comprensible que las autoridades insistan en que la industria centre sus esfuerzos en innovar en áreas que ofrezcan el mayor beneficio a contribuyentes y pacientes, en vez de actividades que (como las maniobras financieras) tal vez sean más rentables para la industria en el corto plazo.
La situación óptima para la industria farmacéutica es cuando la rentabilidad privada y el bien social coinciden; esto ocurre, por ejemplo, cuando se descubre un fármaco útil que además atrae grandes cuotas de mercado. Pero por desgracia, no siempre es así, y el resultado puede ser trágico. En el campo del desarrollo de antibióticos, en particular, la divergencia entre la búsqueda de lucro y el bien público está llevando al mundo al borde de una crisis.
Cuando en los años cuarenta empezó a popularizarse el uso de antibióticos, padecimientos antes peligrosos como la neumonía o una herida infectada se convirtieron en problemas menores de fácil tratamiento. Los antibióticos son la base de la medicina moderna; sin ellos, la cirugía o la quimioterapia serían mucho más arriesgadas.
Pero los antibióticos pierden su eficacia con el tiempo. Antes los científicos hallaban sustitutos rápidamente, pero hoy los médicos se están quedando sin municiones para combatir una gran variedad de agentes infecciosos (como ciertas cepas de E. coli y las bacterias causantes de la neumonía y la gonorrea) para las que no hay reservas de medicamentos sustitutos.
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Lo normal sería que esto lleve a las farmacéuticas y a sus inversores a competir en el desarrollo de nuevos antibióticos. Pero gran parte de la industria farmacéutica ha renunciado a esta búsqueda. El desarrollo de antibióticos nuevos es difícil, costoso y, sobre todo, mucho menos rentable que invertir en otros campos importantes, como el cáncer y la diabetes.
Parte del problema es la enorme importancia de estos medicamentos. Las empresas no siempre pueden recuperar la inversión fijando un precio alto a los antibióticos que patentan, porque cuando se descubre un antibiótico nuevo, las autoridades sanitarias prefieren (acertadamente) ponerlo en reserva y demorar su introducción a gran escala hasta que los que ya están en uso dejen de servir. De modo que suele suceder que para cuando un antibiótico comienza a ser de uso habitual, su patente ya caducó y los inversores tienen que competir con los fabricantes de genéricos.
En enero, la industria farmacéutica hizo un gran avance hacia la solución de este problema, cuando más de cien empresas y asociaciones del rubro, de más de veinte países, firmaron una declaración que pide a los gobiernos adoptar un nuevo modelo para el desarrollo de antibióticos. Para ello, los firmantes se comprometieron a dar acceso a fármacos nuevos a todo aquel que lo necesite, aumentar la inversión en actividades de I+D que respondan a las necesidades globales de salud pública y ayudar a frenar la aparición de resistencia a fármacos en seres humanos y animales.
Los gobiernos deben alentar y ayudar a la industria a cumplir estos objetivos. Un modo sería adoptar una propuesta que hice el año pasado, consistente en crear premios de mil millones de dólares o más para quienes desarrollen antibióticos de los tipos más necesarios. Esto permitiría hallar un equilibrio entre la rentabilidad de las empresas y la disponibilidad global, a precio accesible, y conservación de eficacia de los medicamentos, a la vez que ahorraría dinero a las arcas públicas en el largo plazo.
Esta estrategia para rearmar la cadena de desarrollo de nuevos antibióticos costaría unos 25 000 millones de dólares a lo largo de diez años. Es una cifra que, repartida entre los países del G-20, es muy poco dinero y sería realmente muy buena inversión: hoy la resistencia a antibióticos le cuesta solo al sistema sanitario estadounidense unos 20 000 millones de dólares al año.
Los gobiernos podrían crear incentivos a la I+D en antibióticos, que se sostendrían con las fuentes de financiación ya existentes u otras nuevas que sean innovadoras y autosostenibles. Una opción sería tasar el acceso a grandes mercados farmacéuticos con un pequeño arancel que cobrarían las autoridades reguladoras pertinentes. Esta propuesta se basa en reconocer que la disponibilidad de antibióticos es un recurso compartido y agotable del cual depende la viabilidad de una variedad de productos farmacéuticos e intervenciones médicas (desde la quimioterapia hasta el reemplazo de articulaciones). Sería comparable a lo que se hace en sectores como la energía, el agua o los bancos de pesca, que se regulan para asegurar que los recursos e infraestructuras compartidos se manejen y reaprovisionen teniendo en cuenta los intereses de los consumidores y de los productores cuyas empresas dependen de ellos.
Los 2 500 millones de dólares al año que se necesitarían equivalen a apenas el 0,25% de las ventas mundiales de las farmacéuticas: muy poco esfuerzo para una industria que en general goza de buena salud financiera. Y para hacerlo especialmente atractivo se podría usar un esquema compensatorio, por el cual las empresas puedan elegir entre invertir ellas mismas en I+D o aportar a un fondo que premie a las empresas cuyas investigaciones den lugar al descubrimiento de los fármacos deseados.
Es hora de convertir las ideas en acciones concretas y resolver el problema de la resistencia a fármacos. Para ello, las empresas y los gobiernos deben reconocer que los antibióticos no son una mercancía más.
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At the end of a year of domestic and international upheaval, Project Syndicate commentators share their favorite books from the past 12 months. Covering a wide array of genres and disciplines, this year’s picks provide fresh perspectives on the defining challenges of our time and how to confront them.
ask Project Syndicate contributors to select the books that resonated with them the most over the past year.
LONDRES – Desde el estricto punto de vista de algunos inversores, no hay nada malo en que una empresa use una gestión financiera astuta para subir el precio de sus acciones. Según esta lógica estrecha, también tratándose de la industria farmacéutica, no debe preocuparnos que el valor de las empresas suba por maniobras financieras (como recompra de acciones u operaciones para tributar menos cambiando el domicilio fiscal) en vez de en respuesta a nuevos hallazgos.
Pero la industria farmacéutica no es una industria más. Está intrínsecamente ligada al bien público: a lo largo de la historia generó innovaciones médicas esenciales para que las sociedades puedan combatir las enfermedades. Además, aunque sus consumidores sean los pacientes, el verdadero comprador suele ser el fisco. Incluso en Estados Unidos, las compras del sector público ascienden al menos al 40% del mercado de medicamentos recetados.
El Estado también financia gran parte de las investigaciones que sostienen las ganancias de la industria. El gobierno estadounidense es el mayor aportante individual de fondos para investigación y desarrollo en medicina, y la tercera parte de la inversión mundial en investigación sanitaria la financian los contribuyentes. Es comprensible que las autoridades insistan en que la industria centre sus esfuerzos en innovar en áreas que ofrezcan el mayor beneficio a contribuyentes y pacientes, en vez de actividades que (como las maniobras financieras) tal vez sean más rentables para la industria en el corto plazo.
La situación óptima para la industria farmacéutica es cuando la rentabilidad privada y el bien social coinciden; esto ocurre, por ejemplo, cuando se descubre un fármaco útil que además atrae grandes cuotas de mercado. Pero por desgracia, no siempre es así, y el resultado puede ser trágico. En el campo del desarrollo de antibióticos, en particular, la divergencia entre la búsqueda de lucro y el bien público está llevando al mundo al borde de una crisis.
Cuando en los años cuarenta empezó a popularizarse el uso de antibióticos, padecimientos antes peligrosos como la neumonía o una herida infectada se convirtieron en problemas menores de fácil tratamiento. Los antibióticos son la base de la medicina moderna; sin ellos, la cirugía o la quimioterapia serían mucho más arriesgadas.
Pero los antibióticos pierden su eficacia con el tiempo. Antes los científicos hallaban sustitutos rápidamente, pero hoy los médicos se están quedando sin municiones para combatir una gran variedad de agentes infecciosos (como ciertas cepas de E. coli y las bacterias causantes de la neumonía y la gonorrea) para las que no hay reservas de medicamentos sustitutos.
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Lo normal sería que esto lleve a las farmacéuticas y a sus inversores a competir en el desarrollo de nuevos antibióticos. Pero gran parte de la industria farmacéutica ha renunciado a esta búsqueda. El desarrollo de antibióticos nuevos es difícil, costoso y, sobre todo, mucho menos rentable que invertir en otros campos importantes, como el cáncer y la diabetes.
Parte del problema es la enorme importancia de estos medicamentos. Las empresas no siempre pueden recuperar la inversión fijando un precio alto a los antibióticos que patentan, porque cuando se descubre un antibiótico nuevo, las autoridades sanitarias prefieren (acertadamente) ponerlo en reserva y demorar su introducción a gran escala hasta que los que ya están en uso dejen de servir. De modo que suele suceder que para cuando un antibiótico comienza a ser de uso habitual, su patente ya caducó y los inversores tienen que competir con los fabricantes de genéricos.
En enero, la industria farmacéutica hizo un gran avance hacia la solución de este problema, cuando más de cien empresas y asociaciones del rubro, de más de veinte países, firmaron una declaración que pide a los gobiernos adoptar un nuevo modelo para el desarrollo de antibióticos. Para ello, los firmantes se comprometieron a dar acceso a fármacos nuevos a todo aquel que lo necesite, aumentar la inversión en actividades de I+D que respondan a las necesidades globales de salud pública y ayudar a frenar la aparición de resistencia a fármacos en seres humanos y animales.
Los gobiernos deben alentar y ayudar a la industria a cumplir estos objetivos. Un modo sería adoptar una propuesta que hice el año pasado, consistente en crear premios de mil millones de dólares o más para quienes desarrollen antibióticos de los tipos más necesarios. Esto permitiría hallar un equilibrio entre la rentabilidad de las empresas y la disponibilidad global, a precio accesible, y conservación de eficacia de los medicamentos, a la vez que ahorraría dinero a las arcas públicas en el largo plazo.
Esta estrategia para rearmar la cadena de desarrollo de nuevos antibióticos costaría unos 25 000 millones de dólares a lo largo de diez años. Es una cifra que, repartida entre los países del G-20, es muy poco dinero y sería realmente muy buena inversión: hoy la resistencia a antibióticos le cuesta solo al sistema sanitario estadounidense unos 20 000 millones de dólares al año.
Los gobiernos podrían crear incentivos a la I+D en antibióticos, que se sostendrían con las fuentes de financiación ya existentes u otras nuevas que sean innovadoras y autosostenibles. Una opción sería tasar el acceso a grandes mercados farmacéuticos con un pequeño arancel que cobrarían las autoridades reguladoras pertinentes. Esta propuesta se basa en reconocer que la disponibilidad de antibióticos es un recurso compartido y agotable del cual depende la viabilidad de una variedad de productos farmacéuticos e intervenciones médicas (desde la quimioterapia hasta el reemplazo de articulaciones). Sería comparable a lo que se hace en sectores como la energía, el agua o los bancos de pesca, que se regulan para asegurar que los recursos e infraestructuras compartidos se manejen y reaprovisionen teniendo en cuenta los intereses de los consumidores y de los productores cuyas empresas dependen de ellos.
Los 2 500 millones de dólares al año que se necesitarían equivalen a apenas el 0,25% de las ventas mundiales de las farmacéuticas: muy poco esfuerzo para una industria que en general goza de buena salud financiera. Y para hacerlo especialmente atractivo se podría usar un esquema compensatorio, por el cual las empresas puedan elegir entre invertir ellas mismas en I+D o aportar a un fondo que premie a las empresas cuyas investigaciones den lugar al descubrimiento de los fármacos deseados.
Es hora de convertir las ideas en acciones concretas y resolver el problema de la resistencia a fármacos. Para ello, las empresas y los gobiernos deben reconocer que los antibióticos no son una mercancía más.
Traducción: Esteban Flamini