NUEVA YORK – El 30 de julio pasado los acreedores de la Argentina no recibieron su pago semestral sobre los bonos que fueron reestructurados después de la última moratoria de este país en el año 2001. Argentina había depositado $539 millones en el Bank of New York Mellon unos días antes para dicho efecto. No obstante, este banco no pudo transferir los fondos a los acreedores: el juez federal de EE.UU. Thomas Griesa había ordenado que la Argentina no podía pagar a los acreedores que aceptaron su reestructuración hasta que primero pague completamente – incluyendo el pago de intereses vencidos – a aquellos acreedores que se negaron a participar en dicha restructuración.
Por primera vez en la historia ocurrió que a un país que está dispuesto y tiene la capacidad para pagar a sus acreedores, un juez le impide hacerlo. Los medios de comunicación denominan a la situación como una moratoria por parte de la Argentina, pero el hashtag #Griesafault en Twitter describió dicha situación de manera mucho más precisa. Argentina ha cumplido con las obligaciones que tiene con sus ciudadanos, y también con las que tiene con sus acreedores quienes aceptaron la reestructuración que este país realizó. El fallo de Griesa, sin embargo, alienta al comportamiento usurero, se torna en una amenaza para el funcionamiento de los mercados financieros internacionales y desafía un principio básico del capitalismo moderno: los deudores insolventes necesitan un nuevo comienzo.
Las moratorias soberanas son eventos comunes que tienen muchas causas. Para Argentina, la ruta a su moratoria del año 2001 comenzó cuando su deuda soberana se incrementó rápidamente, cuál si fuese un globo que se infla, en la década de los años 1990; dicho aumento se produjo de manera concurrente a las reformas económicas neoliberales del “Consenso de Washington”, mismas que según los creencias de los acreedores iban a enriquecer al país. El experimento falló, y el país sufrió una profunda crisis económica y social, con una recesión que duró desde el año 1998 hasta el 2002. Al final de dicho período, se alcanzó un porcentaje récord: el 57,5% de los argentinos se encontraban viviendo en niveles de pobreza, y la tasa de desempleo se disparó hasta alcanzar un 20,8%.
Argentina reestructuró su deuda en dos rondas de negociaciones, en el año 2005 y el 2010. Más del 92% de los acreedores aceptaron el nuevo acuerdo, y recibieron bonos intercambiados y bonos indexados al PIB. Todo funcionó bien, tanto para la Argentina como para los que aceptaron la reestructuración. La economía creció vertiginosamente, por lo que la rentabilidad de los bonos indexados al PIB fue muy generosa.
Pero los llamados inversionistas buitre vieron la oportunidad de obtener beneficios aún mayores. Los buitres no eran ni inversores a largo plazo en Argentina, ni optimistas que creían que las políticas del Consenso de Washington irían a funcionar. Simplemente ellos fueron especuladores que se abalanzaron tras la moratoria del año 2001 y compraron bonos, que fueron vendidos por inversores que habían entrado en pánico, a un precio que representaba una fracción de su valor nominal. Posteriormente, demandaron a la Argentina para obtener el 100% de dicho valor. NML Capital, una filial del fondo de cobertura Elliot Management cuyo ejecutivo principal es Paul Singer, invirtió $48 millones en bonos en el año 2008; gracias al fallo de Griesa, NML Capital ahora debería recibir $832 millones – una ganancia de más del 1.600%.
Las cifras son tan altas, en parte, debido a que los buitres buscan cobrar intereses vencidos, mismos que, para el caso de algunos valores, incluyen una prima de riesgo país – la tasa de interés más alta que se ofreció cuando se emitieron los bonos para compensar la percepción de que existía sobre una mayor probabilidad de que ocurra una moratoria. Griesa consideró que esa tasa era una tasa razonable. Económicamente, sin embargo, no tiene ningún sentido. Cuando un país paga una prima de riesgo sobre su deuda, significa que la moratoria es una posibilidad. Pero si un tribunal dictamina que un país siempre debe reembolsar su deuda, no existe un riesgo de moratoria que deba ser compensado.
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
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El reembolso en los términos estipulados por Griesa devastaría a la economía de la Argentina. NML Capital y los otros buitres, que a pesar de que en su conjunto solamente representan al 1% de los acreedores, recibirían un total de $1,5 mil millones. Otros acreedores que se negaron a participar en el proceso de reestructuración (6,6% del total) recibirían $15 mil millones. Y, debido a que en la reestructuración de la deuda se estipula que todos los acreedores que aceptaron dicha restructuración podrían demandar que sus acreencias sean tratadas de acuerdo con los mismos términos que se otorgan a los acreedores que se negaron a participar en dicho proceso de reestructuración, Argentina podría entrar en apuros ya que tendría que pagar $140 mil millones adicionales.
Por lo tanto, cada ciudadano argentino podría adeudar más de $3.500 – es decir más de un tercio del ingreso promedio anual per cápita. Si se aplicará la proporción equivalente en Estados Unidos, ello significaría que todos los ciudadanos estadounidenses estarían obligados a pagar alrededor de $20.000 – dinero que iría a llenar los bolsillos de algunos multimillonarios que están decididos a exprimir y sacarle el jugo a la Argentina y dejarla sin un centavo.
Pero además, la existencia de las permutas de incumplimiento crediticio, o CDS por su denominación en inglés, crea la posibilidad de mayores ganancias para los buitres. Una permuta de incumplimiento crediticio otorga un seguro frente a un incumplimiento, ya que paga en caso de que los bonos no paguen. Los CDS pueden producir ganancias sustanciales, independientemente de si los bonos son o no son reembolsados – reduciendo de esta manera el incentivo que tuviesen los titulares de los bonos para llegar a un acuerdo.
En el período previo al 30 de julio, los buitres llevaron a cabo una campaña para promover el miedo. Ellos aseveraban que una segunda moratoria en 13 años sería un gran revés para la Argentina, ya que amenazaría a la frágil economía del país. Sin embargo, todo ello se basaba en la conjetura de que los mercados financieros no irían a distinguir entre una moratoria y una moratoria a la Griesa, o como se la denomina en inglés una “Griesafault”. Afortunadamente, los mercados sí hicieron la distinción: las tasas de interés para las diferentes categorías de préstamos a empresas argentinas no reaccionaron ante el suceso. De hecho, los costos de endeudamiento al 30 de julio fueron más bajos que el promedio para todo el año.
En última instancia, sin embargo, se pagará un precio alto por la moratoria a la Griesa – el precio será menor para Argentina que el que tendrá que pagar la economía mundial y los países que necesiten acceso al financiamiento externo. EE.UU. sufrirá también. Sus tribunales han sido una farsa: como un observador señaló, quedó bien claro que Griesa nunca llegó a desentrañar la complejidad del tema. El sistema financiero de Estados Unidos, que ya ha ganado práctica en la explotación de los estadounidenses que viven en niveles de pobreza, ha ampliado sus esfuerzos, expandiéndolos a nivel mundial. Los prestatarios soberanos no van a confiar – y no deberían confiar – en la imparcialidad y competencia del poder judicial de Estados Unidos. El mercado para la emisión de dichos bonos se trasladará a otro lugar.
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NUEVA YORK – El 30 de julio pasado los acreedores de la Argentina no recibieron su pago semestral sobre los bonos que fueron reestructurados después de la última moratoria de este país en el año 2001. Argentina había depositado $539 millones en el Bank of New York Mellon unos días antes para dicho efecto. No obstante, este banco no pudo transferir los fondos a los acreedores: el juez federal de EE.UU. Thomas Griesa había ordenado que la Argentina no podía pagar a los acreedores que aceptaron su reestructuración hasta que primero pague completamente – incluyendo el pago de intereses vencidos – a aquellos acreedores que se negaron a participar en dicha restructuración.
Por primera vez en la historia ocurrió que a un país que está dispuesto y tiene la capacidad para pagar a sus acreedores, un juez le impide hacerlo. Los medios de comunicación denominan a la situación como una moratoria por parte de la Argentina, pero el hashtag #Griesafault en Twitter describió dicha situación de manera mucho más precisa. Argentina ha cumplido con las obligaciones que tiene con sus ciudadanos, y también con las que tiene con sus acreedores quienes aceptaron la reestructuración que este país realizó. El fallo de Griesa, sin embargo, alienta al comportamiento usurero, se torna en una amenaza para el funcionamiento de los mercados financieros internacionales y desafía un principio básico del capitalismo moderno: los deudores insolventes necesitan un nuevo comienzo.
Las moratorias soberanas son eventos comunes que tienen muchas causas. Para Argentina, la ruta a su moratoria del año 2001 comenzó cuando su deuda soberana se incrementó rápidamente, cuál si fuese un globo que se infla, en la década de los años 1990; dicho aumento se produjo de manera concurrente a las reformas económicas neoliberales del “Consenso de Washington”, mismas que según los creencias de los acreedores iban a enriquecer al país. El experimento falló, y el país sufrió una profunda crisis económica y social, con una recesión que duró desde el año 1998 hasta el 2002. Al final de dicho período, se alcanzó un porcentaje récord: el 57,5% de los argentinos se encontraban viviendo en niveles de pobreza, y la tasa de desempleo se disparó hasta alcanzar un 20,8%.
Argentina reestructuró su deuda en dos rondas de negociaciones, en el año 2005 y el 2010. Más del 92% de los acreedores aceptaron el nuevo acuerdo, y recibieron bonos intercambiados y bonos indexados al PIB. Todo funcionó bien, tanto para la Argentina como para los que aceptaron la reestructuración. La economía creció vertiginosamente, por lo que la rentabilidad de los bonos indexados al PIB fue muy generosa.
Pero los llamados inversionistas buitre vieron la oportunidad de obtener beneficios aún mayores. Los buitres no eran ni inversores a largo plazo en Argentina, ni optimistas que creían que las políticas del Consenso de Washington irían a funcionar. Simplemente ellos fueron especuladores que se abalanzaron tras la moratoria del año 2001 y compraron bonos, que fueron vendidos por inversores que habían entrado en pánico, a un precio que representaba una fracción de su valor nominal. Posteriormente, demandaron a la Argentina para obtener el 100% de dicho valor. NML Capital, una filial del fondo de cobertura Elliot Management cuyo ejecutivo principal es Paul Singer, invirtió $48 millones en bonos en el año 2008; gracias al fallo de Griesa, NML Capital ahora debería recibir $832 millones – una ganancia de más del 1.600%.
Las cifras son tan altas, en parte, debido a que los buitres buscan cobrar intereses vencidos, mismos que, para el caso de algunos valores, incluyen una prima de riesgo país – la tasa de interés más alta que se ofreció cuando se emitieron los bonos para compensar la percepción de que existía sobre una mayor probabilidad de que ocurra una moratoria. Griesa consideró que esa tasa era una tasa razonable. Económicamente, sin embargo, no tiene ningún sentido. Cuando un país paga una prima de riesgo sobre su deuda, significa que la moratoria es una posibilidad. Pero si un tribunal dictamina que un país siempre debe reembolsar su deuda, no existe un riesgo de moratoria que deba ser compensado.
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El reembolso en los términos estipulados por Griesa devastaría a la economía de la Argentina. NML Capital y los otros buitres, que a pesar de que en su conjunto solamente representan al 1% de los acreedores, recibirían un total de $1,5 mil millones. Otros acreedores que se negaron a participar en el proceso de reestructuración (6,6% del total) recibirían $15 mil millones. Y, debido a que en la reestructuración de la deuda se estipula que todos los acreedores que aceptaron dicha restructuración podrían demandar que sus acreencias sean tratadas de acuerdo con los mismos términos que se otorgan a los acreedores que se negaron a participar en dicho proceso de reestructuración, Argentina podría entrar en apuros ya que tendría que pagar $140 mil millones adicionales.
Por lo tanto, cada ciudadano argentino podría adeudar más de $3.500 – es decir más de un tercio del ingreso promedio anual per cápita. Si se aplicará la proporción equivalente en Estados Unidos, ello significaría que todos los ciudadanos estadounidenses estarían obligados a pagar alrededor de $20.000 – dinero que iría a llenar los bolsillos de algunos multimillonarios que están decididos a exprimir y sacarle el jugo a la Argentina y dejarla sin un centavo.
Pero además, la existencia de las permutas de incumplimiento crediticio, o CDS por su denominación en inglés, crea la posibilidad de mayores ganancias para los buitres. Una permuta de incumplimiento crediticio otorga un seguro frente a un incumplimiento, ya que paga en caso de que los bonos no paguen. Los CDS pueden producir ganancias sustanciales, independientemente de si los bonos son o no son reembolsados – reduciendo de esta manera el incentivo que tuviesen los titulares de los bonos para llegar a un acuerdo.
En el período previo al 30 de julio, los buitres llevaron a cabo una campaña para promover el miedo. Ellos aseveraban que una segunda moratoria en 13 años sería un gran revés para la Argentina, ya que amenazaría a la frágil economía del país. Sin embargo, todo ello se basaba en la conjetura de que los mercados financieros no irían a distinguir entre una moratoria y una moratoria a la Griesa, o como se la denomina en inglés una “Griesafault”. Afortunadamente, los mercados sí hicieron la distinción: las tasas de interés para las diferentes categorías de préstamos a empresas argentinas no reaccionaron ante el suceso. De hecho, los costos de endeudamiento al 30 de julio fueron más bajos que el promedio para todo el año.
En última instancia, sin embargo, se pagará un precio alto por la moratoria a la Griesa – el precio será menor para Argentina que el que tendrá que pagar la economía mundial y los países que necesiten acceso al financiamiento externo. EE.UU. sufrirá también. Sus tribunales han sido una farsa: como un observador señaló, quedó bien claro que Griesa nunca llegó a desentrañar la complejidad del tema. El sistema financiero de Estados Unidos, que ya ha ganado práctica en la explotación de los estadounidenses que viven en niveles de pobreza, ha ampliado sus esfuerzos, expandiéndolos a nivel mundial. Los prestatarios soberanos no van a confiar – y no deberían confiar – en la imparcialidad y competencia del poder judicial de Estados Unidos. El mercado para la emisión de dichos bonos se trasladará a otro lugar.
Traducido del inglés por Rocío L. Barrientos.