DACA/LONDRES - El mundo se precipita por una senda peligrosa. O, como dijo el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres: «Estamos en una autopista hacia el infierno climático, con el pie en el acelerador». Pero el calentamiento global no es una cuestión política como cualquier otra: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es un imperativo existencial que no podemos ignorar.
La urgencia de esta crisis es innegable. Países de todo el mundo están enfrentando las devastadoras consecuencias del cambio climático, y es crucial tomar medidas basadas en el consenso científico: para limitar el calentamiento global a no más de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales (el objetivo fijado por el Acuerdo de París de 2015), todas las inversiones nuevas en combustibles fósiles se tienen que detener.
Pero todavía no estamos reduciendo las emisiones con la velocidad y la escala necesarias para limitar el calentamiento del planeta, algo que se ha recalcado en varios acontecimientos recientes como la Asamblea General de la ONU y la Semana del Clima en Nueva York. A pesar de las frecuentes promesas de la dirigencia internacional en el sentido de apoyar la acción climática, en muchos países prevalece una actitud de seguir como si no pasara nada. Por ejemplo, Estados Unidos ha dado luz verde al proyecto petrolero Willow en Alaska, y Brasil coquetea con la idea de iniciar prospecciones cerca de la desembocadura del río Amazonas. Es evidente que el atractivo de las ganancias inmediatas pesa más que el temor de las autoridades a costos planetarios irreversibles.
Al mismo tiempo, e irónicamente, entre los países más vulnerables al calentamiento global (y que tienen la menor responsabilidad por el mismo) hay muchos que están haciendo más de lo que les corresponde para alcanzar el objetivo de 1,5 °C. Este año, en un referéndum histórico, el pueblo de Ecuador votó en contra de la explotación petrolera dentro del Parque Nacional Yasuní, que forma parte de la selva amazónica. Y en 2018, Belice fue el primer país en prohibir la prospección petrolera en alta mar.
Esta discrepancia aparece reflejada en el Informe de Solidaridad Mundial 2023, publicado por Global Nation con el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates, Global Citizen, Glocalities y Goals House. El informe, que analiza la fortaleza y la resiliencia de la comunidad internacional, presenta un panorama preocupante. En particular, en una nueva escala de solidaridad internacional en la que 100 representa el nivel más alto de comunidad de propósito, hoy nos encontramos en la «zona de peligro» con 39 puntos. Entre la población mundial hay más solidaridad de lo que muchos suponen, pero la respuesta institucional no ha estado a la altura de la gravedad del momento.
Un buen ejemplo es el Reino Unido. Aproximadamente el 46% de los encuestados británicos coincidió con que el país «debería dejar las reservas de petróleo y gas bajo tierra», mientras que sólo el 17% se mostró en desacuerdo. Pero hace poco el gobierno británico aprobó la exploración de un enorme yacimiento petrolero en el Mar del Norte. Una decisión tan contraproducente, tan poco después de que el Reino Unido pidiera el apoyo de la dirigencia internacional al Pacto Climático de Glasgow, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) de 2021, es una demostración clara del creciente déficit de confianza entre los gobiernos y sus propios ciudadanos y entre los países.
Mientras tanto, Bangladés, que hoy sólo representa el 0,46% de la emisión mundial, ha dado pasos significativos hacia el abandono de los combustibles fósiles. El gobierno decidió desechar planes de construir diez centrales eléctricas impulsadas por carbón, que habían atraído inversiones extranjeras por 12 000 millones de dólares. La primera ministra Sheikh Hasina se ha alzado como una fuente de inspiración, instando a sus ciudadanos a convertirse en líderes y defensores de la acción climática mundial, en lugar de víctimas pasivas de la crisis.
Además, la mayoría de los nueve países cuyas acciones hoy se consideran «casi suficientes» para alcanzar el objetivo de 1,5 °C (según el Climate Action Tracker) están en el mundo en desarrollo. Pertenece a esta categoría Costa Rica, que produce la mayor parte de su electricidad a partir de fuentes renovables, y cuyo gobierno ha podido proteger los bosques y la biodiversidad del país apelando a políticas y modelos de financiación innovadores.
En tanto, y contra todo pronóstico, también ha entrado en esa categoría Gambia. En 2021 fue durante un breve lapso el único país que cumplió el Acuerdo de París. A pesar de las sequías y la inseguridad alimentaria padecidas en los últimos años, el gobierno gambiano ha planteado una ambiciosa estrategia para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050, mediante la creación de sistemas alimentarios con resiliencia climática, la preservación de la biodiversidad, la inversión en capital humano, la transición a una economía de baja emisión y la gestión de las zonas costeras.
Cumplir los objetivos establecidos en el Acuerdo de París no es un sueño descabellado; el ejemplo de Bangladés y de otros países en desarrollo demuestra que es todo cuestión de liderazgo y ética en las inversiones. Cabe destacar que casi dos tercios de los encuestados para el Informe de Solidaridad Mundial coinciden en que los organismos internacionales deberían tener autoridad para hacer cumplir los acuerdos relacionados con ciertos retos apremiantes, entre ellos la contaminación medioambiental.
El principal obstáculo contra la solidaridad mundial es la falta de confianza. El incumplimiento reiterado de los compromisos alienta la desconfianza y resta eficacia a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Sin confianza no puede haber solidaridad, y sin solidaridad no puede haber multilateralismo.
El cambio climático es una emergencia que demanda una respuesta decidida. La comunidad internacional tiene que actuar con rapidez para mantener los combustibles fósiles bajo tierra, incentivar la búsqueda de la neutralidad de carbono, fomentar la innovación y lograr una transición justa. Pero eso implica asumir nuestra responsabilidad moral colectiva, en lugar de permitir que la tentación del beneficio político y financiero nos lleve al abismo. El destino de nuestro planeta pende de un hilo, y hay una sola opción correcta.
DACA/LONDRES - El mundo se precipita por una senda peligrosa. O, como dijo el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres: «Estamos en una autopista hacia el infierno climático, con el pie en el acelerador». Pero el calentamiento global no es una cuestión política como cualquier otra: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es un imperativo existencial que no podemos ignorar.
La urgencia de esta crisis es innegable. Países de todo el mundo están enfrentando las devastadoras consecuencias del cambio climático, y es crucial tomar medidas basadas en el consenso científico: para limitar el calentamiento global a no más de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales (el objetivo fijado por el Acuerdo de París de 2015), todas las inversiones nuevas en combustibles fósiles se tienen que detener.
Pero todavía no estamos reduciendo las emisiones con la velocidad y la escala necesarias para limitar el calentamiento del planeta, algo que se ha recalcado en varios acontecimientos recientes como la Asamblea General de la ONU y la Semana del Clima en Nueva York. A pesar de las frecuentes promesas de la dirigencia internacional en el sentido de apoyar la acción climática, en muchos países prevalece una actitud de seguir como si no pasara nada. Por ejemplo, Estados Unidos ha dado luz verde al proyecto petrolero Willow en Alaska, y Brasil coquetea con la idea de iniciar prospecciones cerca de la desembocadura del río Amazonas. Es evidente que el atractivo de las ganancias inmediatas pesa más que el temor de las autoridades a costos planetarios irreversibles.
Al mismo tiempo, e irónicamente, entre los países más vulnerables al calentamiento global (y que tienen la menor responsabilidad por el mismo) hay muchos que están haciendo más de lo que les corresponde para alcanzar el objetivo de 1,5 °C. Este año, en un referéndum histórico, el pueblo de Ecuador votó en contra de la explotación petrolera dentro del Parque Nacional Yasuní, que forma parte de la selva amazónica. Y en 2018, Belice fue el primer país en prohibir la prospección petrolera en alta mar.
Esta discrepancia aparece reflejada en el Informe de Solidaridad Mundial 2023, publicado por Global Nation con el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates, Global Citizen, Glocalities y Goals House. El informe, que analiza la fortaleza y la resiliencia de la comunidad internacional, presenta un panorama preocupante. En particular, en una nueva escala de solidaridad internacional en la que 100 representa el nivel más alto de comunidad de propósito, hoy nos encontramos en la «zona de peligro» con 39 puntos. Entre la población mundial hay más solidaridad de lo que muchos suponen, pero la respuesta institucional no ha estado a la altura de la gravedad del momento.
Un buen ejemplo es el Reino Unido. Aproximadamente el 46% de los encuestados británicos coincidió con que el país «debería dejar las reservas de petróleo y gas bajo tierra», mientras que sólo el 17% se mostró en desacuerdo. Pero hace poco el gobierno británico aprobó la exploración de un enorme yacimiento petrolero en el Mar del Norte. Una decisión tan contraproducente, tan poco después de que el Reino Unido pidiera el apoyo de la dirigencia internacional al Pacto Climático de Glasgow, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) de 2021, es una demostración clara del creciente déficit de confianza entre los gobiernos y sus propios ciudadanos y entre los países.
BLACK FRIDAY SALE: Subscribe for as little as $34.99
Subscribe now to gain access to insights and analyses from the world’s leading thinkers – starting at just $34.99 for your first year.
Subscribe Now
Mientras tanto, Bangladés, que hoy sólo representa el 0,46% de la emisión mundial, ha dado pasos significativos hacia el abandono de los combustibles fósiles. El gobierno decidió desechar planes de construir diez centrales eléctricas impulsadas por carbón, que habían atraído inversiones extranjeras por 12 000 millones de dólares. La primera ministra Sheikh Hasina se ha alzado como una fuente de inspiración, instando a sus ciudadanos a convertirse en líderes y defensores de la acción climática mundial, en lugar de víctimas pasivas de la crisis.
Además, la mayoría de los nueve países cuyas acciones hoy se consideran «casi suficientes» para alcanzar el objetivo de 1,5 °C (según el Climate Action Tracker) están en el mundo en desarrollo. Pertenece a esta categoría Costa Rica, que produce la mayor parte de su electricidad a partir de fuentes renovables, y cuyo gobierno ha podido proteger los bosques y la biodiversidad del país apelando a políticas y modelos de financiación innovadores.
En tanto, y contra todo pronóstico, también ha entrado en esa categoría Gambia. En 2021 fue durante un breve lapso el único país que cumplió el Acuerdo de París. A pesar de las sequías y la inseguridad alimentaria padecidas en los últimos años, el gobierno gambiano ha planteado una ambiciosa estrategia para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050, mediante la creación de sistemas alimentarios con resiliencia climática, la preservación de la biodiversidad, la inversión en capital humano, la transición a una economía de baja emisión y la gestión de las zonas costeras.
Cumplir los objetivos establecidos en el Acuerdo de París no es un sueño descabellado; el ejemplo de Bangladés y de otros países en desarrollo demuestra que es todo cuestión de liderazgo y ética en las inversiones. Cabe destacar que casi dos tercios de los encuestados para el Informe de Solidaridad Mundial coinciden en que los organismos internacionales deberían tener autoridad para hacer cumplir los acuerdos relacionados con ciertos retos apremiantes, entre ellos la contaminación medioambiental.
El principal obstáculo contra la solidaridad mundial es la falta de confianza. El incumplimiento reiterado de los compromisos alienta la desconfianza y resta eficacia a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Sin confianza no puede haber solidaridad, y sin solidaridad no puede haber multilateralismo.
El cambio climático es una emergencia que demanda una respuesta decidida. La comunidad internacional tiene que actuar con rapidez para mantener los combustibles fósiles bajo tierra, incentivar la búsqueda de la neutralidad de carbono, fomentar la innovación y lograr una transición justa. Pero eso implica asumir nuestra responsabilidad moral colectiva, en lugar de permitir que la tentación del beneficio político y financiero nos lleve al abismo. El destino de nuestro planeta pende de un hilo, y hay una sola opción correcta.