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El financiamiento de la seguridad alimentaria arrojará retornos elevados

LUXEMBURGO/ROMA – Si bien se producen suficientes alimentos como para alimentar a la población global, el hambre y la desnutrición como consecuencia de conflictos, pobreza, crisis económicas y cambio climático siguen representando una amenaza para millones de vidas. En 2023, alrededor de 2.300 millones de personas enfrentaron una inseguridad alimentaria moderada o severa, más de 730 millones de personas padecieron hambre y la desnutrición estuvo asociada a casi la mitad de las muertes de niños menores de cinco años.

Más allá de las enormes pérdidas humanas, el hambre les cuesta a los países en desarrollo miles de millones de dólares en pérdidas de productividad y consumo. Frente a estos costos exorbitantes, la inseguridad alimentaria está entre los puntos principales de la agenda en el Foro Mundial de la Alimentación que se lleva a cabo esta semana en Roma.

Necesitamos, con urgencia, abordar las raíces del hambre y la desnutrición, y una de las maneras más efectivas de hacerlo es invirtiendo en lograr que nuestros sistemas agroalimentarios sean más eficientes, justos y sostenibles. Eso implica mejorar la infraestructura y los servicios que ayudan a los agricultores a acceder a los mercados; movilizar inversiones para mejorar las instalaciones de almacenamiento y portuarias, los sistemas de irrigación y otras fuentes de productividad, y expandir el uso de técnicas de producción. Cada uno de ellos tendría un enorme impacto en la seguridad alimentaria, hoy y en el futuro.

Pero cada componente de esta agenda requiere de más financiamiento. Según El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, un informe regular producido por las cinco agencias líderes de las Naciones Unidas que trabajan en esta cuestión, hacen falta billones de dólares para poner fin al hambre y a la desnutrición. Dados los lazos complejos entre el hambre, la pobreza y el desarrollo, el último informe exige un uso más eficiente de herramientas de financiamiento innovadoras como bonos verdes o sociales, y un cambio de la manera en que financiamos la seguridad alimentaria en términos más generales. Debemos hacer más para garantizar que los grupos marginalizados -como las mujeres, los pueblos indígenas y los pequeños agricultores y las empresas agroalimentarias- tengan acceso al financiamiento.

El Banco Europeo de Inversiones, el banco de la Unión Europea, tiene muchísima experiencia en financiar inversiones en toda la cadena de valor de la agricultura y la bioeconomía. Cada año, le presta unos 5.000 millones de euros (5.500 millones de dólares) al sector a nivel global.

Por ejemplo, el BEI recientemente invirtió en infraestructura en Túnez para fortalecer los sistemas de almacenamiento de alimentos y mitigar el riesgo de escaseces de cereales producidas por la invasión rusa de Ucrania. Trabaja con bancos locales para respaldar a los pequeños agricultores y ofrecer microfinanciamiento en países como Uganda. Ha desarrollado mecanismos de distribución del riesgo en Malawi y Zambia, y ha proporcionado garantías a instituciones financieras que conceden préstamos a empresas que se abastecen de materias primas de pequeños agricultores. Y está apoyando una empresa social en Madagascar que ayudará a promover la sustentabilidad ambiental y la seguridad alimentaria, al mismo tiempo que garantizará que los agricultores obtengan ingresos decentes.

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El problema es que a los países con mayores niveles de inseguridad alimentaria les suele resultar muy difícil acceder al financiamiento. Entre los mayores obstáculos están los costos elevados de las transacciones, la fragmentación de los mercados agrícolas, los derechos inseguros a la tierra, una mala capacidad administrativa, una gobernanza débil y la inestabilidad política. 

Una de las claves para superar estos obstáculos es intentar cerrar alianzas internacionales más fuertes. Es por eso que el BEI, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y otras organizaciones internacionales están trabajando estrechamente para promover la seguridad alimentaria, la sustentabilidad ambiental y la resiliencia climática. Al aunar recursos y experiencia, especialmente en el África subsahariana, podemos superar los desafíos crónicos de financiamiento.

Por ejemplo, si apelamos a la experiencia y al poder de convocatoria de la FAO, podemos ofrecer más financiamiento para las actividades del sector agroalimentario y de la bioeconomía. Solo en 2023, el Centro de Inversiones de la FAO ayudó a movilizar 6.600 millones de dólares en nuevas inversiones mediante el diseño de 38 proyectos de inversión pública respaldados por socios de financiamiento en 26 países. Y esto se produjo en combinación con el respaldo de proyectos en curso, que representan un total aproximado de 46.700 millones de dólares.

Pero para ampliar este tipo de financiamiento hacen falta herramientas adecuadas, sobre todo productos financieros que reduzcan el riesgo para el sector privado. Por ejemplo, las finanzas mixtas -que combinan fondos públicos y privados- y mecanismos de financiamiento innovadores como los bonos climáticos pueden hacer que estas inversiones resulten más atractivas para el capital que aún se mantiene al margen.

Alimentar al mundo no es solo una responsabilidad moral; es una obligación estratégica. El hambre es una crisis global inmediata que exige de inversiones gigantescas. Afortunadamente, las potenciales recompensas valen la pena. Los sistemas agroalimentarios sostenibles hacen mucho más que simplemente reducir la pobreza y el hambre. También crean empleos, promueven el crecimiento económico, reducen la desigualdad de género, mejoran la salud y construyen comunidades más fuertes. El retorno es enorme, y el costo de no hacer nada es aún mayor.

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