PARÍS – Las banderas de la mayoría de los países son multicolores. Pero junto con China y su enseña roja, la Unión Europea de la bandera azul es una de las pocas entidades monocromáticas. O lo era, al parecer, ya que el nuevo proyecto que define a la UE la pinta de verde. En una reunión que tuvo lugar a mediados de diciembre, los líderes de todos los países del bloque menos uno (Polonia, no el Reino Unido) adoptaron oficialmente la meta de llegar a la neutralidad climática (emisión neta nula de gases de efecto invernadero) en 2050.
Pero la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen no se conforma con eso: planea introducir en marzo una nueva ley para que todas las políticas europeas apunten al objetivo de neutralidad climática. Quiere que los estados miembros acuerden a mediados del año entrante reducir las emisiones más o menos 40% entre 2017 y 2030. También propone asignar la mitad de la financiación del Banco Europeo de Inversiones y la cuarta parte del presupuesto de la UE a objetivos relacionados con el clima, y destinar 100 000 millones de euros (111 000 millones de dólares) a ayudar a las regiones y los sectores más afectados por la descarbonización. Y para los países extracomunitarios que no colaboren, von der Leyen propone aplicar un arancel al carbono.
Es normal que la adopción de planes ambiciosos para un futuro distante genere escepticismo. Para gobernantes que deben buscar la reelección cada cuatro o cinco años, un objetivo para 2050 poco tiene de vinculante. Es de prever que habrá lucha: los estados miembros productores de combustibles fósiles, los sectores con alto uso de energía, las industrias supeditadas al comercio internacional y las familias dependientes del auto se opondrán intensamente. Pero la UE ya invirtió tanto capital político en la transición verde que no cumplir provocaría un gran perjuicio a su legitimidad. El Pacto Verde no es uno más entre muchos proyectos europeos: es la nueva misión que define a la Unión.
Supongamos entonces que la UE se compromete con el plan de von der Leyen. ¿Funcionará?
En comparación con lo que aceptaron hacer otros grandes emisores, la meta propuesta por la UE es loablemente ambiciosa, pero aun así no alcanza para proteger el clima del planeta. Para no traspasar el nivel seguro de 1,5 °C de aumento de temperatura, hay que limitar la emisión futura acumulada de todo el planeta a más o menos siete veces el nivel actual. Con los niveles de emisión predominantes (que todavía están en aumento), el presupuesto de carbono total de la humanidad se agotará en siete años.
El presupuesto de carbono adicional que se está fijando la UE con su plan superambicioso equivale a más o menos 15 años de emisiones con los niveles actuales (o algo menos si se concentra el esfuerzo al principio). Como a los países en desarrollo se les debería asignar un presupuesto proporcionalmente superior al de las economías avanzadas, las emisiones globales seguirían siendo demasiado altas, incluso si de pronto todos los países imitaran a la UE. La triste verdad es que la meta de 1,5 °C ya es inalcanzable, y el loable plan de la UE es apenas lo mínimo necesario.
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¿Es un plan realista? Todavía es demasiado pronto para decirlo, pero ya es evidente que las herramientas que puede movilizar la UE por sí sola son insuficientes. La Unión decide los niveles de emisión permitidos para las industrias con alto uso de energía o las normas de emisión para los automóviles, pero no tiene injerencia directa en la matriz energética, las normas edilicias, la tributación y la inversión pública en el nivel de los estados miembros. Mucho dependerá del compromiso nacional con las metas comunes, algo que en el mejor de los casos hoy cabe describir como desigual: las emisiones de CO2 se gravan a 113 euros por tonelada en Suecia y a 45 euros en Francia, pero están exentas de impuestos en Alemania e Italia. Diseñar y hacer cumplir una estrategia común a toda la UE será un combate difícil.
La frustración lleva a muchos defensores del clima a cifrar sus esperanzas en los instrumentos financieros. Perdida la batalla por una regulación estricta e impuestos disuasivos, confían en que las “finanzas verdes” hagan la tarea. Es verdad que cada vez más inversores rehuyen de activos “sucios”, sea por elección propia o porque los reguladores advierten que los campos petroleros y las centrales a carbón corren riesgo de perder buena parte de su valor y convertirse en activos “inmovilizados”. Y es verdad que un tratamiento regulatorio favorable a la inversión climáticamente responsable, la reducción de riesgos por medio de la ingeniería financiera y los subsidios crediticios pueden alentar la formación de capital verde. Incluso los directivos de los bancos centrales están debatiendo activamente qué se puede hacer por el clima.
Pero esas técnicas son más bien ineficientes. La disuasión financiera puede ayudar a limitar la inversión en activos sucios, y es posible incentivar la inversión en activos limpios con una variedad de incentivos, pero con un alto costo económico. Mientras la política climática no sea totalmente creíble, cada tonelada de gases de efecto invernadero ahorrada implicará más pérdidas de producción que si el precio futuro de las emisiones de carbono fuera predecible. Y como muestran los subsidios a la compra de autos menos contaminantes, si el apoyo a las tecnologías verdes no se complementa con impuestos al carbono puede terminar alentando un mayor consumo de energía. Es verdad que no todas las políticas de descarbonización necesitan ser óptimas, pero la experiencia muestra que es muy fácil malgastar grandes cantidades de dinero con muy poco efecto. Y el apoyo público a la mitigación del cambio climático no es una cuestión en la que el precio no tenga incidencia.
Al final, el éxito dependerá en gran medida de que la transición a una economía verde ayude a crear empleo y prosperidad. La Comisión Europea asegura que el Pacto Verde es la “nueva estrategia de crecimiento” de Europa. Esto enfurecerá a los partidarios del “decrecimiento”. Pero la Comisión tiene razón al recalcar que la descarbonización y el crecimiento deben ir de la mano. La transición a la neutralidad de carbono destruirá riqueza, generará pérdida de empleos en los sectores con alto uso de energía y demandará cambios de estilo de vida. El único modo de conseguir apoyo suficiente para superar la oposición es que genere dinamismo económico.
La Comisión asegura que su plan alentará inversiones adicionales por valor de 260 000 millones de euros al año. Los detalles son debatibles, pero como estimación aproximada de lo que se necesita, la cifra parece razonable. Sin embargo, esta inversión sólo se materializará en la medida en que haya una implementación sostenida, integral y creíble de lo que por ahora es solamente un bosquejo.
Cuando hace 500 años el explorador español Hernán Cortés desembarcó en Veracruz (México), ordenó a sus hombres quemar las naves: sólo entonces la reducida tropa entendió que la victoria era la única opción. Con el anuncio de su nuevo Pacto Verde, la UE hizo prácticamente lo mismo.
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In 2024, global geopolitics and national politics have undergone considerable upheaval, and the world economy has both significant weaknesses, including Europe and China, and notable bright spots, especially the US. In the coming year, the range of possible outcomes will broaden further.
offers his predictions for the new year while acknowledging that the range of possible outcomes is widening.
PARÍS – Las banderas de la mayoría de los países son multicolores. Pero junto con China y su enseña roja, la Unión Europea de la bandera azul es una de las pocas entidades monocromáticas. O lo era, al parecer, ya que el nuevo proyecto que define a la UE la pinta de verde. En una reunión que tuvo lugar a mediados de diciembre, los líderes de todos los países del bloque menos uno (Polonia, no el Reino Unido) adoptaron oficialmente la meta de llegar a la neutralidad climática (emisión neta nula de gases de efecto invernadero) en 2050.
Pero la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen no se conforma con eso: planea introducir en marzo una nueva ley para que todas las políticas europeas apunten al objetivo de neutralidad climática. Quiere que los estados miembros acuerden a mediados del año entrante reducir las emisiones más o menos 40% entre 2017 y 2030. También propone asignar la mitad de la financiación del Banco Europeo de Inversiones y la cuarta parte del presupuesto de la UE a objetivos relacionados con el clima, y destinar 100 000 millones de euros (111 000 millones de dólares) a ayudar a las regiones y los sectores más afectados por la descarbonización. Y para los países extracomunitarios que no colaboren, von der Leyen propone aplicar un arancel al carbono.
Es normal que la adopción de planes ambiciosos para un futuro distante genere escepticismo. Para gobernantes que deben buscar la reelección cada cuatro o cinco años, un objetivo para 2050 poco tiene de vinculante. Es de prever que habrá lucha: los estados miembros productores de combustibles fósiles, los sectores con alto uso de energía, las industrias supeditadas al comercio internacional y las familias dependientes del auto se opondrán intensamente. Pero la UE ya invirtió tanto capital político en la transición verde que no cumplir provocaría un gran perjuicio a su legitimidad. El Pacto Verde no es uno más entre muchos proyectos europeos: es la nueva misión que define a la Unión.
Supongamos entonces que la UE se compromete con el plan de von der Leyen. ¿Funcionará?
En comparación con lo que aceptaron hacer otros grandes emisores, la meta propuesta por la UE es loablemente ambiciosa, pero aun así no alcanza para proteger el clima del planeta. Para no traspasar el nivel seguro de 1,5 °C de aumento de temperatura, hay que limitar la emisión futura acumulada de todo el planeta a más o menos siete veces el nivel actual. Con los niveles de emisión predominantes (que todavía están en aumento), el presupuesto de carbono total de la humanidad se agotará en siete años.
El presupuesto de carbono adicional que se está fijando la UE con su plan superambicioso equivale a más o menos 15 años de emisiones con los niveles actuales (o algo menos si se concentra el esfuerzo al principio). Como a los países en desarrollo se les debería asignar un presupuesto proporcionalmente superior al de las economías avanzadas, las emisiones globales seguirían siendo demasiado altas, incluso si de pronto todos los países imitaran a la UE. La triste verdad es que la meta de 1,5 °C ya es inalcanzable, y el loable plan de la UE es apenas lo mínimo necesario.
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¿Es un plan realista? Todavía es demasiado pronto para decirlo, pero ya es evidente que las herramientas que puede movilizar la UE por sí sola son insuficientes. La Unión decide los niveles de emisión permitidos para las industrias con alto uso de energía o las normas de emisión para los automóviles, pero no tiene injerencia directa en la matriz energética, las normas edilicias, la tributación y la inversión pública en el nivel de los estados miembros. Mucho dependerá del compromiso nacional con las metas comunes, algo que en el mejor de los casos hoy cabe describir como desigual: las emisiones de CO2 se gravan a 113 euros por tonelada en Suecia y a 45 euros en Francia, pero están exentas de impuestos en Alemania e Italia. Diseñar y hacer cumplir una estrategia común a toda la UE será un combate difícil.
La frustración lleva a muchos defensores del clima a cifrar sus esperanzas en los instrumentos financieros. Perdida la batalla por una regulación estricta e impuestos disuasivos, confían en que las “finanzas verdes” hagan la tarea. Es verdad que cada vez más inversores rehuyen de activos “sucios”, sea por elección propia o porque los reguladores advierten que los campos petroleros y las centrales a carbón corren riesgo de perder buena parte de su valor y convertirse en activos “inmovilizados”. Y es verdad que un tratamiento regulatorio favorable a la inversión climáticamente responsable, la reducción de riesgos por medio de la ingeniería financiera y los subsidios crediticios pueden alentar la formación de capital verde. Incluso los directivos de los bancos centrales están debatiendo activamente qué se puede hacer por el clima.
Pero esas técnicas son más bien ineficientes. La disuasión financiera puede ayudar a limitar la inversión en activos sucios, y es posible incentivar la inversión en activos limpios con una variedad de incentivos, pero con un alto costo económico. Mientras la política climática no sea totalmente creíble, cada tonelada de gases de efecto invernadero ahorrada implicará más pérdidas de producción que si el precio futuro de las emisiones de carbono fuera predecible. Y como muestran los subsidios a la compra de autos menos contaminantes, si el apoyo a las tecnologías verdes no se complementa con impuestos al carbono puede terminar alentando un mayor consumo de energía. Es verdad que no todas las políticas de descarbonización necesitan ser óptimas, pero la experiencia muestra que es muy fácil malgastar grandes cantidades de dinero con muy poco efecto. Y el apoyo público a la mitigación del cambio climático no es una cuestión en la que el precio no tenga incidencia.
Al final, el éxito dependerá en gran medida de que la transición a una economía verde ayude a crear empleo y prosperidad. La Comisión Europea asegura que el Pacto Verde es la “nueva estrategia de crecimiento” de Europa. Esto enfurecerá a los partidarios del “decrecimiento”. Pero la Comisión tiene razón al recalcar que la descarbonización y el crecimiento deben ir de la mano. La transición a la neutralidad de carbono destruirá riqueza, generará pérdida de empleos en los sectores con alto uso de energía y demandará cambios de estilo de vida. El único modo de conseguir apoyo suficiente para superar la oposición es que genere dinamismo económico.
La Comisión asegura que su plan alentará inversiones adicionales por valor de 260 000 millones de euros al año. Los detalles son debatibles, pero como estimación aproximada de lo que se necesita, la cifra parece razonable. Sin embargo, esta inversión sólo se materializará en la medida en que haya una implementación sostenida, integral y creíble de lo que por ahora es solamente un bosquejo.
Cuando hace 500 años el explorador español Hernán Cortés desembarcó en Veracruz (México), ordenó a sus hombres quemar las naves: sólo entonces la reducida tropa entendió que la victoria era la única opción. Con el anuncio de su nuevo Pacto Verde, la UE hizo prácticamente lo mismo.
Traducción: Esteban Flamini