STANFORD – En julio de 2021, la Comisión Europea hizo algo que ningún otro organismo de gobierno importante alguna vez había intentado: vinculó la política comercial con la política climática. Llegar al objetivo de recortar las emisiones netas de gases de efecto invernadero en un 55% para 2030 exigirá que la UE reduzca las emisiones tanto en casa como más allá de sus fronteras. Con este objetivo, la iniciativa Fit for 55, un paquete de propuestas destinadas a cumplir con la meta de reducción de emisiones del bloque, incluye un mecanismo de ajuste de carbono en frontera (CBAM por su sigla en inglés) –un impuesto importante destinado a obligar a otros países a abordar el cambio climático.
El CBAM gravaría los productos importados vendidos en mercados de la UE en base a su contenido de carbono (las emisiones necesarias para producirlos), que depende de sus insumos materiales y energéticos. El gravamen propuesto está destinado a abordar la llamada fuga de carbono, que se produce cuando las empresas en la UE trasladan la producción a países no miembro con menos reglas estrictas en materia de emisiones.
En otras palabras, Europa ya no ignoraría los efectos climáticos de los productos extranjeros. Pero, si bien la medida podría ayudar a reducir las emisiones y nivelar el campo de juego competitivo para las empresas radicadas en la UE, el proteccionismo comercial que conlleva amenaza con perjudicar a los países en desarrollo.
El CBAM en un principio se aplicará a las industrias de mayores emisiones que corren más riesgos de fuga –hierro y acero, cemento, fertilizantes, aluminio y generación de electricidad- y probablemente se expanda a otros sectores en los próximos años. Actualmente, los productos fabricados en la UE en estas industrias están gravados con el precio de carbono doméstico, pero los de afuera del bloque no lo están. Si un país ya tiene un precio de carbono doméstico, el impuesto de frontera se reducirá o se condonará; esto está pensado para fomentar que los países graven el carbono en sus propios mercados. Los que no puedan instituir un impuesto al carbono, o no lo hagan, tendrán que pagar el gravamen en su totalidad.
El impuesto de la UE se aplicará en etapas en los próximos cuatro años. En 2023, se les exigirá a los importadores que reporten las emisiones incluidas en los productos que importan, aunque el impuesto sobre esas emisiones no se aplicará hasta 2026. Los 1.000 millones de euros (1.100 millones de dólares) de ingresos anuales que se esperan a partir del CBAM, así como los 9.000 millones de euros en ingresos anuales que se esperan del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE de 2023-2030 e impuestos a las corporaciones multinacionales, respaldarán el fondo de recuperación de la pandemia del COVID-19 de 750.000 millones de euros de la Unión. Estas nuevas fuentes de ingresos integrarán las prioridades de la UE –incluida la transición verde- en el presupuesto del bloque por primera vez.
Si bien todavía no ha sido aprobado, el impuesto propuesto ya está influyendo en las decisiones de los responsables de las políticas y de las empresas en los socios comerciales de la UE. Por ejemplo, Turquía e Indonesia planean introducir impuestos al carbono para mitigar los efectos del CBAM en sus economías. Turquía está sumamente expuesta, porque la UE representa el 41% de sus exportaciones. Indonesia exporta aceite de palma y productos químicos por miles de millones de euros a la UE –productos que podrían verse afectados por un impuesto de frontera más amplio-. Adoptar un precio de carbono doméstico les permitirá evitar parte del CBAM, o su totalidad, y mantener los ingresos fiscales en lugar de transferirlos a la UE.
Mientras tanto, algunas empresas radicadas en la UE en industrias como los equipos informáticos están pensando en volver a trasladar las operaciones de manufactura a sus países antes de la introducción del CBAM. Su principal motivo no refleja el costo del impuesto tanto como la probable complejidad, burocracia e imprevisibilidad del sistema. A las empresas les resulta más fácil y más económico volver a trasladar la producción a la UE y evitar los escollos administrativos que podría generar el CBAM.
Esos cambios serán ventajosos para la economía y el medio ambiente de la UE. Y la invasión rusa de Ucrania podría acelerar los esfuerzos por parte de la UE por alcanzar un mayor autoabastecimiento económico, sobre todo reduciendo su dependencia de las importaciones de alto consumo energético de hierro y acero rusos.
Pero los países en desarrollo, que muchas veces dependen de productos manufacturados, probablemente experimentarán un éxodo de actividad en tanto las empresas vuelvan a instalarse en la UE. En lugar de abordar solamente la fuga de carbono y dejar que los países en desarrollo se adapten lo mejor que puedan, la UE debería asignar parte del ingreso del CBAM propuesto para ayudar a impulsar una transición verde justa para los países más pobres.
No es ni fácil ni económico descarbonizar los productos de alto consumo energético como el cemento y el acero. Pero la UE podría prevenir los efectos negativos en cadena para las economías en desarrollo –no sólo esperando que los países de menores ingresos introduzcan sus propios impuestos de carbono (lo cual será un desafío, dada su limitada capacidad administrativa en el terreno), sino también respaldando a quienes necesiten más ayuda para reducir sus emisiones.
Podrían brindar ese respaldo dedicando recursos y tecnología para mejorar la eficiencia de los procesos industriales, financiando proyectos de energías renovables y eximiendo a los países más pobres del CBAM donde fuera necesario. La UE también debería dedicar parte del ingreso del CBAM a ayudar a los países en desarrollo a adoptar tecnologías más limpias –para producir cemento más ecológico en Vietnam o productos químicos más ecológicos en Indonesia, por ejemplo- y así reducir las emisiones en el largo plazo.
Europa se ve a sí misma como un líder global en la carrera hacia las emisiones cero netas. Al ayudar a financiar la transición verde del mundo en desarrollo, la UE podría mitigar la amenaza proteccionista en su propia agenda climática.
STANFORD – En julio de 2021, la Comisión Europea hizo algo que ningún otro organismo de gobierno importante alguna vez había intentado: vinculó la política comercial con la política climática. Llegar al objetivo de recortar las emisiones netas de gases de efecto invernadero en un 55% para 2030 exigirá que la UE reduzca las emisiones tanto en casa como más allá de sus fronteras. Con este objetivo, la iniciativa Fit for 55, un paquete de propuestas destinadas a cumplir con la meta de reducción de emisiones del bloque, incluye un mecanismo de ajuste de carbono en frontera (CBAM por su sigla en inglés) –un impuesto importante destinado a obligar a otros países a abordar el cambio climático.
El CBAM gravaría los productos importados vendidos en mercados de la UE en base a su contenido de carbono (las emisiones necesarias para producirlos), que depende de sus insumos materiales y energéticos. El gravamen propuesto está destinado a abordar la llamada fuga de carbono, que se produce cuando las empresas en la UE trasladan la producción a países no miembro con menos reglas estrictas en materia de emisiones.
En otras palabras, Europa ya no ignoraría los efectos climáticos de los productos extranjeros. Pero, si bien la medida podría ayudar a reducir las emisiones y nivelar el campo de juego competitivo para las empresas radicadas en la UE, el proteccionismo comercial que conlleva amenaza con perjudicar a los países en desarrollo.
El CBAM en un principio se aplicará a las industrias de mayores emisiones que corren más riesgos de fuga –hierro y acero, cemento, fertilizantes, aluminio y generación de electricidad- y probablemente se expanda a otros sectores en los próximos años. Actualmente, los productos fabricados en la UE en estas industrias están gravados con el precio de carbono doméstico, pero los de afuera del bloque no lo están. Si un país ya tiene un precio de carbono doméstico, el impuesto de frontera se reducirá o se condonará; esto está pensado para fomentar que los países graven el carbono en sus propios mercados. Los que no puedan instituir un impuesto al carbono, o no lo hagan, tendrán que pagar el gravamen en su totalidad.
El impuesto de la UE se aplicará en etapas en los próximos cuatro años. En 2023, se les exigirá a los importadores que reporten las emisiones incluidas en los productos que importan, aunque el impuesto sobre esas emisiones no se aplicará hasta 2026. Los 1.000 millones de euros (1.100 millones de dólares) de ingresos anuales que se esperan a partir del CBAM, así como los 9.000 millones de euros en ingresos anuales que se esperan del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE de 2023-2030 e impuestos a las corporaciones multinacionales, respaldarán el fondo de recuperación de la pandemia del COVID-19 de 750.000 millones de euros de la Unión. Estas nuevas fuentes de ingresos integrarán las prioridades de la UE –incluida la transición verde- en el presupuesto del bloque por primera vez.
Si bien todavía no ha sido aprobado, el impuesto propuesto ya está influyendo en las decisiones de los responsables de las políticas y de las empresas en los socios comerciales de la UE. Por ejemplo, Turquía e Indonesia planean introducir impuestos al carbono para mitigar los efectos del CBAM en sus economías. Turquía está sumamente expuesta, porque la UE representa el 41% de sus exportaciones. Indonesia exporta aceite de palma y productos químicos por miles de millones de euros a la UE –productos que podrían verse afectados por un impuesto de frontera más amplio-. Adoptar un precio de carbono doméstico les permitirá evitar parte del CBAM, o su totalidad, y mantener los ingresos fiscales en lugar de transferirlos a la UE.
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Mientras tanto, algunas empresas radicadas en la UE en industrias como los equipos informáticos están pensando en volver a trasladar las operaciones de manufactura a sus países antes de la introducción del CBAM. Su principal motivo no refleja el costo del impuesto tanto como la probable complejidad, burocracia e imprevisibilidad del sistema. A las empresas les resulta más fácil y más económico volver a trasladar la producción a la UE y evitar los escollos administrativos que podría generar el CBAM.
Esos cambios serán ventajosos para la economía y el medio ambiente de la UE. Y la invasión rusa de Ucrania podría acelerar los esfuerzos por parte de la UE por alcanzar un mayor autoabastecimiento económico, sobre todo reduciendo su dependencia de las importaciones de alto consumo energético de hierro y acero rusos.
Pero los países en desarrollo, que muchas veces dependen de productos manufacturados, probablemente experimentarán un éxodo de actividad en tanto las empresas vuelvan a instalarse en la UE. En lugar de abordar solamente la fuga de carbono y dejar que los países en desarrollo se adapten lo mejor que puedan, la UE debería asignar parte del ingreso del CBAM propuesto para ayudar a impulsar una transición verde justa para los países más pobres.
No es ni fácil ni económico descarbonizar los productos de alto consumo energético como el cemento y el acero. Pero la UE podría prevenir los efectos negativos en cadena para las economías en desarrollo –no sólo esperando que los países de menores ingresos introduzcan sus propios impuestos de carbono (lo cual será un desafío, dada su limitada capacidad administrativa en el terreno), sino también respaldando a quienes necesiten más ayuda para reducir sus emisiones.
Podrían brindar ese respaldo dedicando recursos y tecnología para mejorar la eficiencia de los procesos industriales, financiando proyectos de energías renovables y eximiendo a los países más pobres del CBAM donde fuera necesario. La UE también debería dedicar parte del ingreso del CBAM a ayudar a los países en desarrollo a adoptar tecnologías más limpias –para producir cemento más ecológico en Vietnam o productos químicos más ecológicos en Indonesia, por ejemplo- y así reducir las emisiones en el largo plazo.
Europa se ve a sí misma como un líder global en la carrera hacia las emisiones cero netas. Al ayudar a financiar la transición verde del mundo en desarrollo, la UE podría mitigar la amenaza proteccionista en su propia agenda climática.