SAN JOSÉ – Durante los últimos 20 años, las políticas medioambientales, energéticas y climáticas se han decidido a puertas cerradas, con escasa participación de quienes se verán más afectados por el resultado de esas negociaciones. El diseño de las políticas ha sido impulsado por consideraciones tecnocráticas que ignoraron, o a las que sencillamente no importaban, las prioridades de la gente común. Por eso, con excesiva frecuencia se sacrificó al aire limpio, las energías renovables y los espacios verdes frente a la noción de que la legislación ecologista aumenta los costos y la burocracia para las empresas y, en última instancia, daña a la economía.
La buena noticia es que está surgiendo un nuevo patrón de participación ciudadana, especialmente en los países en desarrollo, donde ingresan al debate voces nuevas e ideas frescas. En todo el mundo, los ciudadanos exigen que sus gobiernos los escuchen en relación a los temas ambientales y den preferencia a sus necesidades y prioridades.
Durante años el debate sobre la acción medioambiental en Estados Unidos y Europa se caracterizó por estar centrado en principios abstractos y luchas políticas intestinas. En cierta medida resulta comprensible, la oposición a las acciones ambientales –por parte del sector de los combustibles fósiles, los partidos políticos y parte de los medios– ha sido formidable.
Pero el resultado fue una discusión muy distante de los temas más importantes para la gente común. En vez de discutir sobre cómo el transporte público ineficiente y el aire contaminado empeoraban las vidas de miles de millones de personas, las conversaciones se centraron en el comercio de los permisos de emisión de carbono, las trayectorias de las emisiones y la industrialización de China.
Afortunadamente, se está llevando el debate nuevamente a términos más terrenales. En menos de 35 años, aproximadamente el 66 % de la población mundial vivirá en ciudades. Gran parte de este crecimiento urbano tendrá lugar en los países en desarrollo, especialmente en África. En Latinoamérica casi el 80 % de la gente ya vive en centros urbanos.
Para los citadinos, el medioambiente puede ser una prioridad existencial. Si la sequía continúa amenazando la provisión de agua en San Pablo, por ejemplo, la ciudad más populosa de América Latina podría sufrir un colapso urbano. Esta crisis y otras similares ofrecen una oportunidad para que los ciudadanos tomen el control e implementen soluciones innovadoras que puedan inspirar a otros.
Cuando los gobiernos nacionales y municipales consultan a la gente sobre sus prioridades y necesidades, la respuesta es clara. El gobierno chileno sentó un precedente en la región al mapear meticulosamente las prioridades de sus ciudadanos respecto del clima y el medioambiente. Según la encuesta gubernamental, la contaminación del aire es la principal prioridad medioambiental para los chilenos (33 %), seguida por los residuos (21 %) y el ruido (11 %).
Los costarricenses también consideran a la contaminación del aire como una prioridad medioambiental (22 %), seguida por los residuos (20 %) y el agua(17 %), según una encuesta llevada a cabo por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En China, la protección del medioambiente gana cada vez más espacio entre los principales problemas percibidos por el público en general, como lo evidencia una reciente película sobre la contaminación ambiental autofinanciada por un periodista, que atrajo a 200 millones de espectadores en una sola semana. En el mundo actual, la gente espera más de sus países y ciudades que crecimiento y centros de compras.
Una encuesta del BID a 5000 ciudadanos de Bogotá, Buenos Aires, Lima, Ciudad de México y San Pablo reveló que desean más transparencia en el gobierno de las ciudades, más participación en la toma de decisiones y una mejor calidad de vida. Esta encuesta, junto con las de Chile y Costa Rica, muestra que los ciudadanos entienden que el cambio climático los afectará y desean que los gobiernos hagan más, no menos, para proteger al medio ambiente.
A medida que desarrollamos nuestra comprensión de las necesidades y prioridades de la gente común, sería inteligente que quienes negocien un acuerdo mundial en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en París, que se celebrará más adelante este año, tomen nota de ello. Es poco probable que las decisiones opacas y las prioridades carentes de explicaciones reciban apoyo del público. Tan solo eso lleva a que resulte fundamental que los gobiernos conviertan en una prioridad central las preocupaciones de sus ciudadanos.
Chile ha sentado un precedente positivo en el mundo en vías de desarrollo con la implementación de amplias consultas sobre su compromiso climático nacional para el encuentro en París. México y Brasil también han lanzado procesos formales de consulta. Es posible que otros países de la región los imiten.
Los políticos nacionales y locales deben responder a estándares de protección ambiental cada vez mayores. Ha comenzado una nueva era de participación ciudadana y escrutinio público; esto crea oportunidades para acciones ambientales verdaderamente inclusivas, que prometen lograr más de lo que jamás podrían alcanzar las élites que negocian a puertas cerradas.
Traducción al español por Leopoldo Gurman.
SAN JOSÉ – Durante los últimos 20 años, las políticas medioambientales, energéticas y climáticas se han decidido a puertas cerradas, con escasa participación de quienes se verán más afectados por el resultado de esas negociaciones. El diseño de las políticas ha sido impulsado por consideraciones tecnocráticas que ignoraron, o a las que sencillamente no importaban, las prioridades de la gente común. Por eso, con excesiva frecuencia se sacrificó al aire limpio, las energías renovables y los espacios verdes frente a la noción de que la legislación ecologista aumenta los costos y la burocracia para las empresas y, en última instancia, daña a la economía.
La buena noticia es que está surgiendo un nuevo patrón de participación ciudadana, especialmente en los países en desarrollo, donde ingresan al debate voces nuevas e ideas frescas. En todo el mundo, los ciudadanos exigen que sus gobiernos los escuchen en relación a los temas ambientales y den preferencia a sus necesidades y prioridades.
Durante años el debate sobre la acción medioambiental en Estados Unidos y Europa se caracterizó por estar centrado en principios abstractos y luchas políticas intestinas. En cierta medida resulta comprensible, la oposición a las acciones ambientales –por parte del sector de los combustibles fósiles, los partidos políticos y parte de los medios– ha sido formidable.
Pero el resultado fue una discusión muy distante de los temas más importantes para la gente común. En vez de discutir sobre cómo el transporte público ineficiente y el aire contaminado empeoraban las vidas de miles de millones de personas, las conversaciones se centraron en el comercio de los permisos de emisión de carbono, las trayectorias de las emisiones y la industrialización de China.
Afortunadamente, se está llevando el debate nuevamente a términos más terrenales. En menos de 35 años, aproximadamente el 66 % de la población mundial vivirá en ciudades. Gran parte de este crecimiento urbano tendrá lugar en los países en desarrollo, especialmente en África. En Latinoamérica casi el 80 % de la gente ya vive en centros urbanos.
Para los citadinos, el medioambiente puede ser una prioridad existencial. Si la sequía continúa amenazando la provisión de agua en San Pablo, por ejemplo, la ciudad más populosa de América Latina podría sufrir un colapso urbano. Esta crisis y otras similares ofrecen una oportunidad para que los ciudadanos tomen el control e implementen soluciones innovadoras que puedan inspirar a otros.
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Cuando los gobiernos nacionales y municipales consultan a la gente sobre sus prioridades y necesidades, la respuesta es clara. El gobierno chileno sentó un precedente en la región al mapear meticulosamente las prioridades de sus ciudadanos respecto del clima y el medioambiente. Según la encuesta gubernamental, la contaminación del aire es la principal prioridad medioambiental para los chilenos (33 %), seguida por los residuos (21 %) y el ruido (11 %).
Los costarricenses también consideran a la contaminación del aire como una prioridad medioambiental (22 %), seguida por los residuos (20 %) y el agua(17 %), según una encuesta llevada a cabo por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En China, la protección del medioambiente gana cada vez más espacio entre los principales problemas percibidos por el público en general, como lo evidencia una reciente película sobre la contaminación ambiental autofinanciada por un periodista, que atrajo a 200 millones de espectadores en una sola semana. En el mundo actual, la gente espera más de sus países y ciudades que crecimiento y centros de compras.
Una encuesta del BID a 5000 ciudadanos de Bogotá, Buenos Aires, Lima, Ciudad de México y San Pablo reveló que desean más transparencia en el gobierno de las ciudades, más participación en la toma de decisiones y una mejor calidad de vida. Esta encuesta, junto con las de Chile y Costa Rica, muestra que los ciudadanos entienden que el cambio climático los afectará y desean que los gobiernos hagan más, no menos, para proteger al medio ambiente.
A medida que desarrollamos nuestra comprensión de las necesidades y prioridades de la gente común, sería inteligente que quienes negocien un acuerdo mundial en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en París, que se celebrará más adelante este año, tomen nota de ello. Es poco probable que las decisiones opacas y las prioridades carentes de explicaciones reciban apoyo del público. Tan solo eso lleva a que resulte fundamental que los gobiernos conviertan en una prioridad central las preocupaciones de sus ciudadanos.
Chile ha sentado un precedente positivo en el mundo en vías de desarrollo con la implementación de amplias consultas sobre su compromiso climático nacional para el encuentro en París. México y Brasil también han lanzado procesos formales de consulta. Es posible que otros países de la región los imiten.
Los políticos nacionales y locales deben responder a estándares de protección ambiental cada vez mayores. Ha comenzado una nueva era de participación ciudadana y escrutinio público; esto crea oportunidades para acciones ambientales verdaderamente inclusivas, que prometen lograr más de lo que jamás podrían alcanzar las élites que negocian a puertas cerradas.
Traducción al español por Leopoldo Gurman.