Uno de las tesis más extendidas y aparentemente evidentes sobre el desarrollo económico es la de que la inversión y el crecimiento sostenibles requieren el Estado de derecho. Según esa concepción, sin normas impersonales y generales y la imposición de su cumplimiento por autoridades judiciales independientes, poco desarrollo –de haber alguno– es posible, porque los riesgos que corren tanto los trabajadores como el capital –incluidas la corrupción, la arbitrariedad y las tradiciones rígidas- serán demasiado grandes, pero, ¿acaso acierta siempre ese saber comúnmente aceptado?
Uno de las tesis más extendidas y aparentemente evidentes sobre el desarrollo económico es la de que la inversión y el crecimiento sostenibles requieren el Estado de derecho. Según esa concepción, sin normas impersonales y generales y la imposición de su cumplimiento por autoridades judiciales independientes, poco desarrollo –de haber alguno– es posible, porque los riesgos que corren tanto los trabajadores como el capital –incluidas la corrupción, la arbitrariedad y las tradiciones rígidas- serán demasiado grandes, pero, ¿acaso acierta siempre ese saber comúnmente aceptado?