CAMBRIDGE – Transcurrida una década desde el inicio de la crisis financiera global, las autoridades de todo el mundo todavía evalúan la mejor manera de prevenir que las bancarrotas vuelvan a poner trabas a la economía. Dos publicaciones recientes (una del Departamento del Tesoro estadounidense y otra de economistas de la Reserva Federal) dan una indicación del punto en el que estamos.
El informe del Tesoro de EE.UU. examinó si se debe reemplazar el proceso a cargo de las entidades reguladoras que determina la Ley Dodd-Frank de 2010 para solucionar las bancarrotas de megabancos –la Autoridad de Liquidación Ordenada (OLA, por sus siglas en inglés)- con un mecanismo basado solo en los tribunales. El estudio se realizó por instrucciones del Presidente Donald Trump, que respondía a las presiones de varios líderes parlamentarios republicanos (como el Representante Jeb Hensarling de Texas, que encabeza el Comité de Servicios Financieros de la Cámara Baja) que promueven reemplazar las entidades reguladoras por los tribunales.
Finalmente, si bien el Tesoro alabó las virtudes de una bancarrota básica para los bancos fallidos, rechazó anular los poderes de las entidades reguladoras para guiar las reestructuraciones bancarias. Hensarling expresó su profunda decepción con la conclusión del Tesoro, y él y sus colegas siguen insistiendo que la ley Dodd-Frank es un ejemplo de intromisión inapropiada del gobierno que eleva el riesgo de que haya que recurrir a rescates bancarios con el dinero de los contribuyentes.
Pero, como reconoció el Tesoro, eliminar a las entidades reguladoras es una proposición problemática. La reestructuración de bancos en una crisis exige planificación, familiaridad con las fortalezas y debilidades del banco, conocimiento de cómo calendarizar la bancarrota en una economía volátil y capacidad de coordinación con reguladores extranjeros. Los tribunales no pueden cumplir estas tareas, especialmente no en el plazo que actualmente se asigna a una bancarrota –un fin de semana de 48 horas- sin la planificación previa y consejo inmediato de los reguladores, así como una coordinación internacional.
Más aún, si muchos megabancos entraran en bancarrota simultáneamente, los tribunales de quiebras no podrían manejar la crisis que se produciría a lo ancho y largo de la economía. Carecen de las habilidades necesarias para idear un plan de recuperación nacional y no están en posición de coordinar procesos con entidades reguladoras extranjeras.
Considerando todo esto, la eliminación de la reestructuración a cargo de entidades reguladoras equivaldría a un gran retroceso. Así que este informe es una buena noticia, especialmente porque la Cámara Baja bien puede dejar de promover este cambio si no cuenta con el apoyo del Tesoro.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
Sin embargo, la segunda publicación reciente (cuyos autores son varios economistas de la Fed) sugiere que queda trabajo pendiente. Su principal conclusión es que la planificación de la reestructuración no se refleja todavía en los precios de los bonos bancarios del mercado.
Después de la crisis, estudios realizados por el Fondo Monetario Internacional y otros concluyeron que era necesario que los bancos tuvieran un patrimonio que les permitiera absorber muchas más pérdidas. En 2009, solo cinco céntimos de cada dólar de financiamiento estaba respaldado por patrimonio para el caso de muchos bancos importantes; el resto era deuda (depósitos, préstamos interbancarios y préstamos de largo plazo); si en sus operaciones el banco perdiera seis céntimos por dólar de deuda, algunos acreedores no recibirían su pago al completo. Muchos acreedores se apresurarían a cobrar para evitar pérdidas, poniendo presión sobre todo el sistema bancario y potencialmente generando una corrida bancaria.
De acuerdo al estudio del FMI, la mayoría de los bancos habrían capeado la crisis bien si 15 céntimos de cada dólar de financiamiento hubieran estado respaldados por patrimonio. Sin embargo, los bancos siguen teniendo solo ocho o nueve céntimos por dólar por ese concepto, a pesar de la presión de las entidades reguladoras para que aumenten esa proporción, y los bancos más grandes han llamado a reducir incluso esta proporción por debajo de lo óptimo.
Las entidades reguladoras y los banqueros han buscado un terreno medio para reforzar la seguridad. Además de sus ocho céntimos de patrimonio, la banca apunta ahora a tener otros ocho céntimos de deuda que puedan convertir en patrimonio en el curso de un fin de semana. En tal escenario, un banco afectado podría absorber más pérdidas y seguir funcionando, con lo que se reduciría el incentivo de los acreedores para iniciar una corrida.
Pero hay un problema adicional. El actual plan contempla la designación por adelantado de determinados acreedores para absorber las pérdidas de un banco fallido una vez que se elimina el patrimonio. Por tanto, las deudas de esos acreedores tienen más riesgo y deberían ser más costosas para el banco que aquellas que no esté designada para convertirse en patrimonio. Sin embargo, los economistas de la Fed concluyen que no es el caso en el mercado. ¿Por qué?
La primera posibilidad es más bien optimista: los mercados financieros no creen que pueda haber otra crisis financiera durante la vida útil de la deuda actual. Pero, ¿cómo pueden creer los mercados que haya cero posibilidades de que en la próxima década ocurra una crisis? Los riesgos de una guerra comercial o una crisis fiscal (cuando se alcancen los déficits proyectados del billón de dólares) son reales, obvios y con precios fijados por mercados de valores de una alta volatilidad.
Otra posibilidad más neutra es que los mercados no están determinando de manera diferente los precios de los diferentes tipos de deuda porque no comprenden que el plan implica golpear fuerte a algunos acreedores y mantener seguros a otros. Pero esto también es improbable, dado que el plan ha sido bien difundido en los círculos financieros y las agencias de clasificación como Moody’s consideran la deuda que absorbe pérdidas como más riesgosa que la deuda bancaria regular.
La tercera explicación es más ominosa. Quizás los mercados financieros comprenden los planes, pero no los encuentran creíbles (todavía). Nunca se ha intentado la reestructuración de megabancos en un fin de semana, y los comentaristas siguen viendo potenciales obstáculos que superar. Tal vez los inversionistas conocedores suponen que, en último término, los bancos y el gobierno no tratarán diferente a los acreedores que absorban pérdidas. O caen todos, o todos se rescatan.
Si esta la razón, es decepcionante, dado todo el trabajo que se ha dedicado a desarrollar los mecanismos de reestructuración guiados por entidades reguladoras y, por otra parte, por los tribunales.
A serious legislative effort, supported by the Trump administration, is underway to reduce the level of scrutiny applied to banks that are on the verge of becoming systemically important. If congressional Republicans have their way, financial stability will be at greater risk than at any time since the 2008 crisis.
highlights congressional Republicans' recent efforts to weaken oversight of systemically important banks.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
Since Plato’s Republic 2,300 years ago, philosophers have understood the process by which demagogues come to power in free and fair elections, only to overthrow democracy and establish tyrannical rule. The process is straightforward, and we have now just watched it play out.
observes that philosophers since Plato have understood how tyrants come to power in free elections.
Despite being a criminal, a charlatan, and an aspiring dictator, Donald Trump has won not only the Electoral College, but also the popular vote – a feat he did not achieve in 2016 or 2020. A nihilistic voter base, profit-hungry business leaders, and craven Republican politicians are to blame.
points the finger at a nihilistic voter base, profit-hungry business leaders, and craven Republican politicians.
CAMBRIDGE – Transcurrida una década desde el inicio de la crisis financiera global, las autoridades de todo el mundo todavía evalúan la mejor manera de prevenir que las bancarrotas vuelvan a poner trabas a la economía. Dos publicaciones recientes (una del Departamento del Tesoro estadounidense y otra de economistas de la Reserva Federal) dan una indicación del punto en el que estamos.
El informe del Tesoro de EE.UU. examinó si se debe reemplazar el proceso a cargo de las entidades reguladoras que determina la Ley Dodd-Frank de 2010 para solucionar las bancarrotas de megabancos –la Autoridad de Liquidación Ordenada (OLA, por sus siglas en inglés)- con un mecanismo basado solo en los tribunales. El estudio se realizó por instrucciones del Presidente Donald Trump, que respondía a las presiones de varios líderes parlamentarios republicanos (como el Representante Jeb Hensarling de Texas, que encabeza el Comité de Servicios Financieros de la Cámara Baja) que promueven reemplazar las entidades reguladoras por los tribunales.
Finalmente, si bien el Tesoro alabó las virtudes de una bancarrota básica para los bancos fallidos, rechazó anular los poderes de las entidades reguladoras para guiar las reestructuraciones bancarias. Hensarling expresó su profunda decepción con la conclusión del Tesoro, y él y sus colegas siguen insistiendo que la ley Dodd-Frank es un ejemplo de intromisión inapropiada del gobierno que eleva el riesgo de que haya que recurrir a rescates bancarios con el dinero de los contribuyentes.
Pero, como reconoció el Tesoro, eliminar a las entidades reguladoras es una proposición problemática. La reestructuración de bancos en una crisis exige planificación, familiaridad con las fortalezas y debilidades del banco, conocimiento de cómo calendarizar la bancarrota en una economía volátil y capacidad de coordinación con reguladores extranjeros. Los tribunales no pueden cumplir estas tareas, especialmente no en el plazo que actualmente se asigna a una bancarrota –un fin de semana de 48 horas- sin la planificación previa y consejo inmediato de los reguladores, así como una coordinación internacional.
Más aún, si muchos megabancos entraran en bancarrota simultáneamente, los tribunales de quiebras no podrían manejar la crisis que se produciría a lo ancho y largo de la economía. Carecen de las habilidades necesarias para idear un plan de recuperación nacional y no están en posición de coordinar procesos con entidades reguladoras extranjeras.
Considerando todo esto, la eliminación de la reestructuración a cargo de entidades reguladoras equivaldría a un gran retroceso. Así que este informe es una buena noticia, especialmente porque la Cámara Baja bien puede dejar de promover este cambio si no cuenta con el apoyo del Tesoro.
Introductory Offer: Save 30% on PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
Sin embargo, la segunda publicación reciente (cuyos autores son varios economistas de la Fed) sugiere que queda trabajo pendiente. Su principal conclusión es que la planificación de la reestructuración no se refleja todavía en los precios de los bonos bancarios del mercado.
Después de la crisis, estudios realizados por el Fondo Monetario Internacional y otros concluyeron que era necesario que los bancos tuvieran un patrimonio que les permitiera absorber muchas más pérdidas. En 2009, solo cinco céntimos de cada dólar de financiamiento estaba respaldado por patrimonio para el caso de muchos bancos importantes; el resto era deuda (depósitos, préstamos interbancarios y préstamos de largo plazo); si en sus operaciones el banco perdiera seis céntimos por dólar de deuda, algunos acreedores no recibirían su pago al completo. Muchos acreedores se apresurarían a cobrar para evitar pérdidas, poniendo presión sobre todo el sistema bancario y potencialmente generando una corrida bancaria.
De acuerdo al estudio del FMI, la mayoría de los bancos habrían capeado la crisis bien si 15 céntimos de cada dólar de financiamiento hubieran estado respaldados por patrimonio. Sin embargo, los bancos siguen teniendo solo ocho o nueve céntimos por dólar por ese concepto, a pesar de la presión de las entidades reguladoras para que aumenten esa proporción, y los bancos más grandes han llamado a reducir incluso esta proporción por debajo de lo óptimo.
Las entidades reguladoras y los banqueros han buscado un terreno medio para reforzar la seguridad. Además de sus ocho céntimos de patrimonio, la banca apunta ahora a tener otros ocho céntimos de deuda que puedan convertir en patrimonio en el curso de un fin de semana. En tal escenario, un banco afectado podría absorber más pérdidas y seguir funcionando, con lo que se reduciría el incentivo de los acreedores para iniciar una corrida.
Pero hay un problema adicional. El actual plan contempla la designación por adelantado de determinados acreedores para absorber las pérdidas de un banco fallido una vez que se elimina el patrimonio. Por tanto, las deudas de esos acreedores tienen más riesgo y deberían ser más costosas para el banco que aquellas que no esté designada para convertirse en patrimonio. Sin embargo, los economistas de la Fed concluyen que no es el caso en el mercado. ¿Por qué?
La primera posibilidad es más bien optimista: los mercados financieros no creen que pueda haber otra crisis financiera durante la vida útil de la deuda actual. Pero, ¿cómo pueden creer los mercados que haya cero posibilidades de que en la próxima década ocurra una crisis? Los riesgos de una guerra comercial o una crisis fiscal (cuando se alcancen los déficits proyectados del billón de dólares) son reales, obvios y con precios fijados por mercados de valores de una alta volatilidad.
Otra posibilidad más neutra es que los mercados no están determinando de manera diferente los precios de los diferentes tipos de deuda porque no comprenden que el plan implica golpear fuerte a algunos acreedores y mantener seguros a otros. Pero esto también es improbable, dado que el plan ha sido bien difundido en los círculos financieros y las agencias de clasificación como Moody’s consideran la deuda que absorbe pérdidas como más riesgosa que la deuda bancaria regular.
La tercera explicación es más ominosa. Quizás los mercados financieros comprenden los planes, pero no los encuentran creíbles (todavía). Nunca se ha intentado la reestructuración de megabancos en un fin de semana, y los comentaristas siguen viendo potenciales obstáculos que superar. Tal vez los inversionistas conocedores suponen que, en último término, los bancos y el gobierno no tratarán diferente a los acreedores que absorban pérdidas. O caen todos, o todos se rescatan.
Si esta la razón, es decepcionante, dado todo el trabajo que se ha dedicado a desarrollar los mecanismos de reestructuración guiados por entidades reguladoras y, por otra parte, por los tribunales.
Traducido del inglés por David Meléndez Tormen