WASHINGTON, DC/ROMA/JOHANNESBURGO/BOSTON – El desarrollo económico demanda financiación asequible, accesible y con vencimientos que tengan en cuenta los avances en materia de desarrollo. Pero para la mayoría de los países en desarrollo, nada de lo anterior es aplicable. Por el contrario, muchos de ellos enfrentan un creciente «desastre de deuda» agravado por una andanada de crisis mundiales.
La urgencia de esta crisis es innegable. Más de la mitad de los 68 países habilitados para recurrir al Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (FFCLP) del Fondo Monetario Internacional hoy se encuentra en situación de endeudamiento crítica (son más del doble que en 2015).
Pero ni siquiera esta cifra refleja la magnitud del problema, ya que muchos países no alcanzados por el FFCLP también enfrentan cargas de deuda y problemas de liquidez agobiantes. Entre 2017 y 2023, el costo medio del servicio de la deuda de los países en desarrollo aumentó casi un 12% anual, más del doble de la tasa de crecimiento de sus ingresos por exportaciones y remesas. El resultado fue que en ese período, la sostenibilidad de la deuda externa se deterioró en dos de cada tres países en desarrollo, incluidos 37 de los 45 países africanos con datos disponibles.
Aunque la carga de deuda se vuelva insostenible, muchos países prefieren evitar la cesación de pagos; esto se debe a la ineficacia de los mecanismos de resolución de deudas y a costos políticos y económicos prohibitivos. Eso lleva a los países endeudados a descuidar su desarrollo por cumplir sus obligaciones financieras, conforme los crecientes pagos de deuda impiden inversiones vitales en infraestructura y capital humano, asfixian el crecimiento y retrasan la acción climática. Hoy 3300 millones de personas viven en países que gastan más en el servicio de la deuda que en salud y educación (mayoritariamente economías de ingresos medios).
Si estas restricciones de liquidez no se resuelven, pueden transformarse rápidamente en una crisis de solvencia en toda regla. Por eso es necesaria una intervención urgente que evite una oleada de impagos y sitúe a los países endeudados en una senda de independencia económica.
En respuesta a la creciente crisis de deuda del sur global, el secretario general de las Naciones Unidas António Guterres creó en diciembre de 2024 un grupo de expertos encargado de estudiar el tema. La misión de sus miembros es identificar y proponer soluciones que ayuden a las economías en desarrollo (en particular los países africanos y los pequeños estados insulares en desarrollo) a liberarse del círculo vicioso de los problemas de deuda.
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Aunque ya hubo grupos de trabajo de la ONU que analizaron cuestiones relacionadas con las deudas soberanas, esta iniciativa se distingue por varios factores. El primero es el momento: una sucesión de perturbaciones económicas ha obligado a muchos países en desarrollo a endeudarse (por lo general, con tipos de interés elevados), lo que les generó una grave restricción de su margen fiscal. A sólo cinco años del plazo de 2030 para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los países en desarrollo (que luchan con un persistente déficit de financiación anual del orden de los cuatro billones de dólares) van camino de cumplir menos de una quinta parte de las metas relacionadas.
En segundo lugar, el énfasis de las iniciativas anteriores estaba puesto en la capacidad de los países en desarrollo para pagar los intereses y el capital de sus deudas, mientras que el nuevo grupo de expertos apunta a garantizar que cualquier solución que se proponga sea favorable al desarrollo sostenible.
En tercer lugar, el grupo de expertos busca identificar y promover soluciones que puedan obtener apoyo político y público en los niveles mundial, regional y nacional. Aunque esta crisis de deuda y desarrollo demanda medidas audaces y ambiciosas para hacerle frente, no podemos darnos el lujo de avanzar con propuestas que tengan pocas chances de lograr el apoyo necesario para impulsar cambios significativos.
Por eso el grupo de expertos busca elaborar estrategias integrales. Si las soluciones sólo se aplican a deudas nuevas o no fomentan el crecimiento económico, estabilizar la dinámica de la deuda puede llevar años. También hay dilemas que resolver: por ejemplo, un mayor uso de mecanismos de garantía puede movilizar más capital privado, pero también reducir el acceso de los países a financiación concesional y donaciones.
Por último, por su composición y alcance, el grupo de expertos está en una posición única para abordar estas cuestiones. Cuenta con el apoyo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y de otros organismos internacionales, y reúne a exfuncionarios y funcionarios en ejercicio, formuladores de políticas y académicos de prestigio, en una combinación de experiencia técnica con influencia de alto nivel.
Los fuertes vínculos del grupo con instituciones y redes clave (entre ellas organismos financieros internacionales, el G20, Jubileo 2025 y diversas organizaciones y agencias regionales y nacionales) crean valiosas oportunidades para involucrar a funcionarios, académicos, representantes de la sociedad civil y otras partes interesadas. Fomentando la coordinación entre los estados miembros de la ONU, el grupo puede ayudar a movilizar la voluntad política y a pulir las propuestas que surjan.
Tres reuniones que se avecinan (en particular la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo que tendrá lugar en julio en España, la Cumbre del G20 en Sudáfrica y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático/COP30 de noviembre en Brasil) pueden ser muy útiles como plataformas para promover soluciones realistas y prácticas.
Por supuesto que ninguna reforma resolverá por sí sola la crisis de deuda de los países en desarrollo de un día para el otro. Pero la crisis ha revelado las limitaciones de los enfoques convencionales y subraya la necesidad urgente de reconsiderar la estructura y el propósito de la deuda soberana, para que ningún país tenga que elegir entre pagar a sus acreedores y asegurar su futuro.
En vista de lo que está en juego, se necesitan soluciones ágiles y con capacidad para reunir a una amplia coalición de partes interesadas. Pero la rapidez no puede ir en detrimento del avance a largo plazo. Para romper el círculo vicioso de los problemas de deuda, las soluciones deben trascender el mero parche a corto plazo y servir de base para el desarrollo sostenible.
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In pursuing a new loan from the International Monetary Fund, Argentinian President Javier Milei's government has made no secret of its self-interested political motivations. If the world's lender of last resort falls for the ploy, it could suffer a loss of credibility from which it might not recover.
worries that the Fund will damage its credibility by issuing another politically motivated loan to Argentina.
With a variety of larger forces driving profound changes, the outlook for the global economy was cloudy even before Donald Trump's return to the White House added to the uncertainty. But one thing is clear: the previous era of global interdependence based on efficiency and mutually beneficial arrangements is over.
considers the US administration's policy shake-up against the backdrop of larger global trends.
WASHINGTON, DC/ROMA/JOHANNESBURGO/BOSTON – El desarrollo económico demanda financiación asequible, accesible y con vencimientos que tengan en cuenta los avances en materia de desarrollo. Pero para la mayoría de los países en desarrollo, nada de lo anterior es aplicable. Por el contrario, muchos de ellos enfrentan un creciente «desastre de deuda» agravado por una andanada de crisis mundiales.
La urgencia de esta crisis es innegable. Más de la mitad de los 68 países habilitados para recurrir al Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (FFCLP) del Fondo Monetario Internacional hoy se encuentra en situación de endeudamiento crítica (son más del doble que en 2015).
Pero ni siquiera esta cifra refleja la magnitud del problema, ya que muchos países no alcanzados por el FFCLP también enfrentan cargas de deuda y problemas de liquidez agobiantes. Entre 2017 y 2023, el costo medio del servicio de la deuda de los países en desarrollo aumentó casi un 12% anual, más del doble de la tasa de crecimiento de sus ingresos por exportaciones y remesas. El resultado fue que en ese período, la sostenibilidad de la deuda externa se deterioró en dos de cada tres países en desarrollo, incluidos 37 de los 45 países africanos con datos disponibles.
Aunque la carga de deuda se vuelva insostenible, muchos países prefieren evitar la cesación de pagos; esto se debe a la ineficacia de los mecanismos de resolución de deudas y a costos políticos y económicos prohibitivos. Eso lleva a los países endeudados a descuidar su desarrollo por cumplir sus obligaciones financieras, conforme los crecientes pagos de deuda impiden inversiones vitales en infraestructura y capital humano, asfixian el crecimiento y retrasan la acción climática. Hoy 3300 millones de personas viven en países que gastan más en el servicio de la deuda que en salud y educación (mayoritariamente economías de ingresos medios).
Si estas restricciones de liquidez no se resuelven, pueden transformarse rápidamente en una crisis de solvencia en toda regla. Por eso es necesaria una intervención urgente que evite una oleada de impagos y sitúe a los países endeudados en una senda de independencia económica.
En respuesta a la creciente crisis de deuda del sur global, el secretario general de las Naciones Unidas António Guterres creó en diciembre de 2024 un grupo de expertos encargado de estudiar el tema. La misión de sus miembros es identificar y proponer soluciones que ayuden a las economías en desarrollo (en particular los países africanos y los pequeños estados insulares en desarrollo) a liberarse del círculo vicioso de los problemas de deuda.
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Aunque ya hubo grupos de trabajo de la ONU que analizaron cuestiones relacionadas con las deudas soberanas, esta iniciativa se distingue por varios factores. El primero es el momento: una sucesión de perturbaciones económicas ha obligado a muchos países en desarrollo a endeudarse (por lo general, con tipos de interés elevados), lo que les generó una grave restricción de su margen fiscal. A sólo cinco años del plazo de 2030 para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los países en desarrollo (que luchan con un persistente déficit de financiación anual del orden de los cuatro billones de dólares) van camino de cumplir menos de una quinta parte de las metas relacionadas.
En segundo lugar, el énfasis de las iniciativas anteriores estaba puesto en la capacidad de los países en desarrollo para pagar los intereses y el capital de sus deudas, mientras que el nuevo grupo de expertos apunta a garantizar que cualquier solución que se proponga sea favorable al desarrollo sostenible.
En tercer lugar, el grupo de expertos busca identificar y promover soluciones que puedan obtener apoyo político y público en los niveles mundial, regional y nacional. Aunque esta crisis de deuda y desarrollo demanda medidas audaces y ambiciosas para hacerle frente, no podemos darnos el lujo de avanzar con propuestas que tengan pocas chances de lograr el apoyo necesario para impulsar cambios significativos.
Por eso el grupo de expertos busca elaborar estrategias integrales. Si las soluciones sólo se aplican a deudas nuevas o no fomentan el crecimiento económico, estabilizar la dinámica de la deuda puede llevar años. También hay dilemas que resolver: por ejemplo, un mayor uso de mecanismos de garantía puede movilizar más capital privado, pero también reducir el acceso de los países a financiación concesional y donaciones.
Por último, por su composición y alcance, el grupo de expertos está en una posición única para abordar estas cuestiones. Cuenta con el apoyo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y de otros organismos internacionales, y reúne a exfuncionarios y funcionarios en ejercicio, formuladores de políticas y académicos de prestigio, en una combinación de experiencia técnica con influencia de alto nivel.
Los fuertes vínculos del grupo con instituciones y redes clave (entre ellas organismos financieros internacionales, el G20, Jubileo 2025 y diversas organizaciones y agencias regionales y nacionales) crean valiosas oportunidades para involucrar a funcionarios, académicos, representantes de la sociedad civil y otras partes interesadas. Fomentando la coordinación entre los estados miembros de la ONU, el grupo puede ayudar a movilizar la voluntad política y a pulir las propuestas que surjan.
Tres reuniones que se avecinan (en particular la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo que tendrá lugar en julio en España, la Cumbre del G20 en Sudáfrica y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático/COP30 de noviembre en Brasil) pueden ser muy útiles como plataformas para promover soluciones realistas y prácticas.
Por supuesto que ninguna reforma resolverá por sí sola la crisis de deuda de los países en desarrollo de un día para el otro. Pero la crisis ha revelado las limitaciones de los enfoques convencionales y subraya la necesidad urgente de reconsiderar la estructura y el propósito de la deuda soberana, para que ningún país tenga que elegir entre pagar a sus acreedores y asegurar su futuro.
En vista de lo que está en juego, se necesitan soluciones ágiles y con capacidad para reunir a una amplia coalición de partes interesadas. Pero la rapidez no puede ir en detrimento del avance a largo plazo. Para romper el círculo vicioso de los problemas de deuda, las soluciones deben trascender el mero parche a corto plazo y servir de base para el desarrollo sostenible.
Traducción: Esteban Flamini