GINEBRA – Las soluciones para la crisis climática suelen estar asociadas con las grandes conferencias, y las próximas dos semanas, sin duda, aportarán muchas "respuestas". Unos 20.000 delegados ya han llegado a Bonn, Alemania, para la última ronda de conversaciones sobre el cambio climático de las Naciones Unidas.
Las conversaciones en Bonn deberían centrase en la implementación del acuerdo climático de París. Y el camino por adelante es claro. La única manera de mantener el ascenso de las temperaturas globales dentro del límite fijado en París -"muy por debajo de 2°C" por sobre los niveles preindustriales- es desviar el capital de los combustibles fósiles y dirigirlo a los proyectos de carbono cero. Para hacerlo, debemos cambiar la manera en que se administran las inversiones en energía a nivel global.
En este momento, los mismos gobiernos que lideran la lucha contra el cambio climático siguen respaldando y protegiendo la inversión en exploración, extracción y transporte de combustibles fósiles. En lugar de invertir en viviendas eficientes, movilidad de carbono cero, energía renovable y mejores sistemas de uso de la tierra, esos gobiernos dicen una cosa pero siguen haciendo otra.
Según el informe más reciente sobre Inversiones en energía en el mundo de la Agencia Internacional de Energía, el gasto global en el sector de petróleo y gas alcanzó un total de 649.000 millones de dólares en 2016. Esa cifra fue más del doble de los 297.000 millones de dólares invertidos en la generación de electricidad renovable, aunque alcanzar el objetivo del acuerdo de París implica dejar por lo menos tres cuartos de las reservas de combustibles fósiles conocidas bajo tierra. Tal como sugieren estos números, la inercia institucional y los intereses arraigados de la industria siguen interponiéndose en el desvío de la inversión hacia la energía sustentable.
Gran parte del problema tiene sus raíces en los tratados de inversión bilaterales y en las reglas de inversión incluidas en pactos comerciales más amplios, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Tratado de la Carta de la Energía y el Acuerdo Integral sobre Economía y Comercio (CETA por su sigla en inglés) entre Estados Unidos y Canadá. Como estos tratados estaban diseñados para proteger a los inversores extranjeros de la expropiación, incluyen mecanismos de resolución de disputas entre inversores y estados (ISDS por su sigla en inglés) que les permiten a los inversores buscar compensación de los gobiernos, a través de tribunales de arbitraje internacionales, si algún cambio en las políticas afecta sus negocios.
Esto ha esposado a los gobiernos que buscan limitar la extracción de combustibles fósiles. La compensación de los casos de ISDS puede ser impactante. En 2012, un inversor norteamericano presentó una demanda legal contra la decisión del gobierno de Quebec de negar un permiso para realizar fracturamiento hidráulico en el río Saint Lawrence. Con el argumento de que la negativa era "arbitraria, caprichosa e ilegal" según el TLCAN, la firma de energía con sede en Delaware exigió una compensación de 250 millones de dólares por daños.
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En enero de 2016, la compañía de energía TransCanada utilizó el TLCAN para demandar a Estados Unidos, con un reclamo de 15.000 millones de dólares en pérdidas después de que el presidente Barack Obama negó un permiso para el oleoducto Keystone XL. (La compañía suspendió su demanda después de que el presidente Donald Trump aprobó el proyecto en enero de 2017).
Y, en julio de 2017, Quebec acordó pagar casi 50 millones de dólares en compensación a compañías después de cancelar contratos de exploración de petróleo y gas en la isla de Anticosti en el Golfo de Saint Lawrence. Estos y otros pagos se suman a los cientos de miles de millones de dólares en subsidios que siguen destinados a la industria de combustibles fósiles.
Los grandes desembolsos no sólo drenan las arcas públicas; la sola amenaza de que existan desalienta a los gobiernos a implementar políticas climáticas más ambiciosas, debido al temor de que las industrias dependientes del carbono puedan demandarlos en tribunales internacionales.
Afortunadamente, esta situación no es definitiva. Muchos gobiernos ahora ven la reforma del régimen de inversiones no sólo como una posibilidad, sino como una necesidad. El mes pasado, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo convocó a una reunión de alto nivel en Ginebra, con el objetivo de desarrollar opciones para una reforma integral del régimen de inversiones, incluida la renegociación o la cancelación de unos 3.000 tratados caducos.
Los gobiernos deberían empezar por revisar o abandonar el Tratado de la Carta de la Energía, el único pacto de inversiones específicamente energéticas del mundo. Las protecciones de las inversiones del TCE y la falta de cláusulas climáticas ya no son apropiadas. Desde su inicio, el TCE ha servido de fundamento para más de 100 demandas por parte de firmas energéticas contra los países sede, y algunas de ellas impugnaron políticas ambientales nacionales, como la eliminación nuclear gradual en Alemania. Rusia e Italia ya se han retirado del TCE; otros países deberían hacer lo mismo o comprometerse a renegociarlo.
Es más, los países deberían colocar las preocupaciones climáticas en el centro de sus negociaciones comerciales y de inversión, por ejemplo excluyendo los proyectos de combustibles fósiles de las cláusulas de inversión. Eso es esencialmente lo que propuso recientemente Francia, cuando el ministro de Ecología, Nicolas Hulot, anunció la intención de su país de implementar un "veto climático" al CETA. Hulot dijo que Francia ratificaría el tratado sólo si contenía garantías de que sus compromisos climáticos no podrían ser impugnados ante tribunales de arbitraje. Los proyectos de combustibles fósiles también podrían estar exceptuados de la protección de inversiones en los nuevos acuerdos ambientales, como el Pacto Global para el Medio Ambiente presentado por el presidente francés, Emmanuel Macron, ante la Asamblea General de la Naciones Unidas en septiembre.
Reequilibrar el régimen de inversiones globales no es más que el primer paso hacia una economía de carbono cero. Para desviar el capital de iniciativas con una alta carga de combustibles fósiles hacia proyectos de energía verde, los países necesitarán nuevos marcos legales y de políticas a nivel regional, nacional e internacional. Estos acuerdos deberían promover y facilitar las inversiones de carbono cero. Las grandes reuniones como la que se lleva a cabo esta semana y la Cumbre Climática de París el mes próximo pueden impulsar estas conversaciones.
(Los autores quieren agradecer a Ivetta Gerasimchuk y Martin Dietrich Brauch del IISD por su ayuda con este comentario).
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GINEBRA – Las soluciones para la crisis climática suelen estar asociadas con las grandes conferencias, y las próximas dos semanas, sin duda, aportarán muchas "respuestas". Unos 20.000 delegados ya han llegado a Bonn, Alemania, para la última ronda de conversaciones sobre el cambio climático de las Naciones Unidas.
Las conversaciones en Bonn deberían centrase en la implementación del acuerdo climático de París. Y el camino por adelante es claro. La única manera de mantener el ascenso de las temperaturas globales dentro del límite fijado en París -"muy por debajo de 2°C" por sobre los niveles preindustriales- es desviar el capital de los combustibles fósiles y dirigirlo a los proyectos de carbono cero. Para hacerlo, debemos cambiar la manera en que se administran las inversiones en energía a nivel global.
En este momento, los mismos gobiernos que lideran la lucha contra el cambio climático siguen respaldando y protegiendo la inversión en exploración, extracción y transporte de combustibles fósiles. En lugar de invertir en viviendas eficientes, movilidad de carbono cero, energía renovable y mejores sistemas de uso de la tierra, esos gobiernos dicen una cosa pero siguen haciendo otra.
Según el informe más reciente sobre Inversiones en energía en el mundo de la Agencia Internacional de Energía, el gasto global en el sector de petróleo y gas alcanzó un total de 649.000 millones de dólares en 2016. Esa cifra fue más del doble de los 297.000 millones de dólares invertidos en la generación de electricidad renovable, aunque alcanzar el objetivo del acuerdo de París implica dejar por lo menos tres cuartos de las reservas de combustibles fósiles conocidas bajo tierra. Tal como sugieren estos números, la inercia institucional y los intereses arraigados de la industria siguen interponiéndose en el desvío de la inversión hacia la energía sustentable.
Gran parte del problema tiene sus raíces en los tratados de inversión bilaterales y en las reglas de inversión incluidas en pactos comerciales más amplios, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Tratado de la Carta de la Energía y el Acuerdo Integral sobre Economía y Comercio (CETA por su sigla en inglés) entre Estados Unidos y Canadá. Como estos tratados estaban diseñados para proteger a los inversores extranjeros de la expropiación, incluyen mecanismos de resolución de disputas entre inversores y estados (ISDS por su sigla en inglés) que les permiten a los inversores buscar compensación de los gobiernos, a través de tribunales de arbitraje internacionales, si algún cambio en las políticas afecta sus negocios.
Esto ha esposado a los gobiernos que buscan limitar la extracción de combustibles fósiles. La compensación de los casos de ISDS puede ser impactante. En 2012, un inversor norteamericano presentó una demanda legal contra la decisión del gobierno de Quebec de negar un permiso para realizar fracturamiento hidráulico en el río Saint Lawrence. Con el argumento de que la negativa era "arbitraria, caprichosa e ilegal" según el TLCAN, la firma de energía con sede en Delaware exigió una compensación de 250 millones de dólares por daños.
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En enero de 2016, la compañía de energía TransCanada utilizó el TLCAN para demandar a Estados Unidos, con un reclamo de 15.000 millones de dólares en pérdidas después de que el presidente Barack Obama negó un permiso para el oleoducto Keystone XL. (La compañía suspendió su demanda después de que el presidente Donald Trump aprobó el proyecto en enero de 2017).
Y, en julio de 2017, Quebec acordó pagar casi 50 millones de dólares en compensación a compañías después de cancelar contratos de exploración de petróleo y gas en la isla de Anticosti en el Golfo de Saint Lawrence. Estos y otros pagos se suman a los cientos de miles de millones de dólares en subsidios que siguen destinados a la industria de combustibles fósiles.
Los grandes desembolsos no sólo drenan las arcas públicas; la sola amenaza de que existan desalienta a los gobiernos a implementar políticas climáticas más ambiciosas, debido al temor de que las industrias dependientes del carbono puedan demandarlos en tribunales internacionales.
Afortunadamente, esta situación no es definitiva. Muchos gobiernos ahora ven la reforma del régimen de inversiones no sólo como una posibilidad, sino como una necesidad. El mes pasado, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo convocó a una reunión de alto nivel en Ginebra, con el objetivo de desarrollar opciones para una reforma integral del régimen de inversiones, incluida la renegociación o la cancelación de unos 3.000 tratados caducos.
Los gobiernos deberían empezar por revisar o abandonar el Tratado de la Carta de la Energía, el único pacto de inversiones específicamente energéticas del mundo. Las protecciones de las inversiones del TCE y la falta de cláusulas climáticas ya no son apropiadas. Desde su inicio, el TCE ha servido de fundamento para más de 100 demandas por parte de firmas energéticas contra los países sede, y algunas de ellas impugnaron políticas ambientales nacionales, como la eliminación nuclear gradual en Alemania. Rusia e Italia ya se han retirado del TCE; otros países deberían hacer lo mismo o comprometerse a renegociarlo.
Es más, los países deberían colocar las preocupaciones climáticas en el centro de sus negociaciones comerciales y de inversión, por ejemplo excluyendo los proyectos de combustibles fósiles de las cláusulas de inversión. Eso es esencialmente lo que propuso recientemente Francia, cuando el ministro de Ecología, Nicolas Hulot, anunció la intención de su país de implementar un "veto climático" al CETA. Hulot dijo que Francia ratificaría el tratado sólo si contenía garantías de que sus compromisos climáticos no podrían ser impugnados ante tribunales de arbitraje. Los proyectos de combustibles fósiles también podrían estar exceptuados de la protección de inversiones en los nuevos acuerdos ambientales, como el Pacto Global para el Medio Ambiente presentado por el presidente francés, Emmanuel Macron, ante la Asamblea General de la Naciones Unidas en septiembre.
Reequilibrar el régimen de inversiones globales no es más que el primer paso hacia una economía de carbono cero. Para desviar el capital de iniciativas con una alta carga de combustibles fósiles hacia proyectos de energía verde, los países necesitarán nuevos marcos legales y de políticas a nivel regional, nacional e internacional. Estos acuerdos deberían promover y facilitar las inversiones de carbono cero. Las grandes reuniones como la que se lleva a cabo esta semana y la Cumbre Climática de París el mes próximo pueden impulsar estas conversaciones.
(Los autores quieren agradecer a Ivetta Gerasimchuk y Martin Dietrich Brauch del IISD por su ayuda con este comentario).