SANTIAGO – El imperio de la ley es casi inexistente, sin gobernanza ni vigilancia. Las actividades económicas ilegales, no reguladas ni fiscalizadas, son algo común. Lo poderosos se apropian de recursos no renovables a expensas de los que carecen de poder. La degradación medioambiental va en aumento.
Puede parecer la descripción de un Estado fallido, un país sumido en la pobreza y asediado por guerras civiles o una distopia novelesca, pero no es nada de eso. La vasta región (el 45 por ciento de la superficie total de la Tierra) prácticamente sin gobernanza ni imperio de la ley es el alta mar, las casi dos terceras partes de los océanos mundiales que quedan fuera de la jurisdicción de país alguno.
¿Cómo es posible? Al fin y al cabo, existe la Convención las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, jurídicamente vinculante y ratificada por 166 Estados y la Unión Europea. Cuando se negoció dicha Convención, el alta mar estaba protegida porque era inaccesible, pero los avances tecnológicos han permitido que la explotación de recursos se extienda más y lejos y zonas más profundas que nunca. Hoy los barcos pesqueros pueden faenar en todos los océanos y las perforaciones en alta mar proporcionan gran parte de nuestro petróleo y gas. La Convención no ha ido a la par con esa evolución.
Industrias y actividades como la pesca, el transporte marítimo y la explotación minera de los fondos marinos están reguladas por instrumentos jurídicos inconexos. No existe un marco regulatorio para las actividades industriales en alta mar, como, por ejemplo, la producción de energía. La transparencia y la rendición de cuentas son escasas, como también el cumplimiento de las normas.
Más aún, la capacidad de las autoridades para interceptar a buques sospechosos de actividades ilegales es limitada. Ello dificulta la cooperación internacional para contrarrestar la pesca ilegal, el contrabando de armas y estupefacientes, la trata de personas, la piratería, y la utilización de buques para operaciones terroristas.
Las consecuencias son nefastas. Los océanos son el riñón de nuestro planeta, el órgano que lo mantiene sano y productivo, pero la sobre-explotación de los recursos pesqueros y la contaminación están causando daños enormes.
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Los desechos marinos causan la muerte por asfixia o inanición de aproximadamente un millón de aves marinas y unos cien mil mamíferos marinos (focas, ballenas y delfines) todos los años. La basura marina representa un tremendo peligro para el transporte marítimo. La contaminación con plásticos –incluidos los micro-plásticos que entran en las cadenas alimentarias y pueden poner en peligro la salud humana– es un problema creciente.
Asimismo, el aumento de las temperaturas reduce la capacidad de los océanos para acopiar el oxígeno. La absorción cada vez mayor de dióxido de carbono causa la acidificación del océano y cambios sin precedentes en las condiciones químicas y físicas, los que a su vez afectan a los organismos y los ecosistemas marinos. La vida misma de los océanos está amenazada.
Ha llegado la hora de aplicar el imperio de la ley al alta mar. Ése es el propósito de la Comisión Global de los Océanos, ente internacional autónomo integrado por ex jefes de estado, ministros y dirigentes empresariales. Yo soy uno de los comisionados. La semana pasada propusimos un plan de rescate plantea ocho propuestas para mejorar la gobernanza y restablecer la salud de los océanos.
Para fortalecer la gobernanza del alta mar, la Comisión Global de los Océanos se suma al llamado para firmar un nuevo acuerdo, bajo el marco de la Convención sobre el Derecho del Mar, para proteger la biodiversidad en las zonas que quedan fuera de la jurisdicción nacional. Hoy menos del uno por ciento del alta mar está protegido, por lo que reviste importancia decisiva que ese nuevo acuerdo contemple disposiciones para crear zonas protegidas en el alta mar.
También proponemos que se apruebe una convención internacional para establecer la responsabilidad y la compensación por las pérdidas económicas y los daños ecológicos causados por la exploración y la producción de petróleo y gas en alta mar, que debe estar siempre sujeta a protocolos de seguridad jurídicamente vinculantes.
Pese al exceso de pesca, unos cuantos países –incluidos los Estados Unidos, Japón y China, además de la UE– subsidian artificialmente la pesca industrial en alta mar. Sin subsidios la pesca en alta mar no sería financieramente viable. Nuestra propuesta es que se limiten inmediatamente los subsidios y se les elimine en el plazo de cinco años. Planteamos además transparencia total para todos los países en materia de subsidios a la pesca, casi el 60 por ciento de los cuales fomentan prácticas pesqueras no sustentables.
Además, para eliminar la pesca ilegal, que priva nuestros oceános de vida marina, proponemos que se establezcan números de identificación obligatorios y el rastreo de todos los buques que pescan en alta mar, y una prohibición total de los transbordos en el mar. Si acabamos con los resquicios, cerraremos por fin nuestros puertos y mercados al pescado capturado ilegalmente. Una Junta Mundial de Rendición de Cuentas sobre los Oceános, cuya creación también proponemos, debe supervisar los avances en todos esos frentes.
Dentro de cinco años, si continúa el declive de los océanos y no se han aplicado medidas adecuadas de prevención, la comunidad internacional debe sopesar la posibilidad de convertir el alta mar –con la excepción de aquellas zonas en las que las medidas aplicadas por organizaciones regionales de gestión de la pesca sean eficaces– en una zona de regeneración en la que esté prohibida la pesca industrial.
Podemos poner fin a la degradación de los océanos y convertir el ciclo de declive en un ciclo de renovación. Sabemos lo que se debe hacer para restablecer la salud de los oceános, pero no podemos hacerlo solos. Para hacer realidad estos cambios harán falta voluntad política y medidas adoptadas en conjunto por los gobiernos, las empresas y la sociedad civil. Podemos y debemos hacerlo.
Súmate a nuestra misión en http://missionocean.me. La hora de actuar ha llegado. A menos que construyamos una gobernanza sólida con reglas que se cumplan rigurosamente, la piratería pesquera continuará con impunidad, no habrá normas internacionales vinculantes sobre la extracción de petróleo y de gas, y seguirá proliferando la contaminación con plásticos y aparejos de pesca abandonados. Cuanto peor sea la situación vital de los oceános, peor será la vida de nuestros hijos y de las generaciones futuras.
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At the end of a year of domestic and international upheaval, Project Syndicate commentators share their favorite books from the past 12 months. Covering a wide array of genres and disciplines, this year’s picks provide fresh perspectives on the defining challenges of our time and how to confront them.
ask Project Syndicate contributors to select the books that resonated with them the most over the past year.
SANTIAGO – El imperio de la ley es casi inexistente, sin gobernanza ni vigilancia. Las actividades económicas ilegales, no reguladas ni fiscalizadas, son algo común. Lo poderosos se apropian de recursos no renovables a expensas de los que carecen de poder. La degradación medioambiental va en aumento.
Puede parecer la descripción de un Estado fallido, un país sumido en la pobreza y asediado por guerras civiles o una distopia novelesca, pero no es nada de eso. La vasta región (el 45 por ciento de la superficie total de la Tierra) prácticamente sin gobernanza ni imperio de la ley es el alta mar, las casi dos terceras partes de los océanos mundiales que quedan fuera de la jurisdicción de país alguno.
¿Cómo es posible? Al fin y al cabo, existe la Convención las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, jurídicamente vinculante y ratificada por 166 Estados y la Unión Europea. Cuando se negoció dicha Convención, el alta mar estaba protegida porque era inaccesible, pero los avances tecnológicos han permitido que la explotación de recursos se extienda más y lejos y zonas más profundas que nunca. Hoy los barcos pesqueros pueden faenar en todos los océanos y las perforaciones en alta mar proporcionan gran parte de nuestro petróleo y gas. La Convención no ha ido a la par con esa evolución.
Industrias y actividades como la pesca, el transporte marítimo y la explotación minera de los fondos marinos están reguladas por instrumentos jurídicos inconexos. No existe un marco regulatorio para las actividades industriales en alta mar, como, por ejemplo, la producción de energía. La transparencia y la rendición de cuentas son escasas, como también el cumplimiento de las normas.
Más aún, la capacidad de las autoridades para interceptar a buques sospechosos de actividades ilegales es limitada. Ello dificulta la cooperación internacional para contrarrestar la pesca ilegal, el contrabando de armas y estupefacientes, la trata de personas, la piratería, y la utilización de buques para operaciones terroristas.
Las consecuencias son nefastas. Los océanos son el riñón de nuestro planeta, el órgano que lo mantiene sano y productivo, pero la sobre-explotación de los recursos pesqueros y la contaminación están causando daños enormes.
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Asimismo, el aumento de las temperaturas reduce la capacidad de los océanos para acopiar el oxígeno. La absorción cada vez mayor de dióxido de carbono causa la acidificación del océano y cambios sin precedentes en las condiciones químicas y físicas, los que a su vez afectan a los organismos y los ecosistemas marinos. La vida misma de los océanos está amenazada.
Ha llegado la hora de aplicar el imperio de la ley al alta mar. Ése es el propósito de la Comisión Global de los Océanos, ente internacional autónomo integrado por ex jefes de estado, ministros y dirigentes empresariales. Yo soy uno de los comisionados. La semana pasada propusimos un plan de rescate plantea ocho propuestas para mejorar la gobernanza y restablecer la salud de los océanos.
Para fortalecer la gobernanza del alta mar, la Comisión Global de los Océanos se suma al llamado para firmar un nuevo acuerdo, bajo el marco de la Convención sobre el Derecho del Mar, para proteger la biodiversidad en las zonas que quedan fuera de la jurisdicción nacional. Hoy menos del uno por ciento del alta mar está protegido, por lo que reviste importancia decisiva que ese nuevo acuerdo contemple disposiciones para crear zonas protegidas en el alta mar.
También proponemos que se apruebe una convención internacional para establecer la responsabilidad y la compensación por las pérdidas económicas y los daños ecológicos causados por la exploración y la producción de petróleo y gas en alta mar, que debe estar siempre sujeta a protocolos de seguridad jurídicamente vinculantes.
Pese al exceso de pesca, unos cuantos países –incluidos los Estados Unidos, Japón y China, además de la UE– subsidian artificialmente la pesca industrial en alta mar. Sin subsidios la pesca en alta mar no sería financieramente viable. Nuestra propuesta es que se limiten inmediatamente los subsidios y se les elimine en el plazo de cinco años. Planteamos además transparencia total para todos los países en materia de subsidios a la pesca, casi el 60 por ciento de los cuales fomentan prácticas pesqueras no sustentables.
Además, para eliminar la pesca ilegal, que priva nuestros oceános de vida marina, proponemos que se establezcan números de identificación obligatorios y el rastreo de todos los buques que pescan en alta mar, y una prohibición total de los transbordos en el mar. Si acabamos con los resquicios, cerraremos por fin nuestros puertos y mercados al pescado capturado ilegalmente. Una Junta Mundial de Rendición de Cuentas sobre los Oceános, cuya creación también proponemos, debe supervisar los avances en todos esos frentes.
Dentro de cinco años, si continúa el declive de los océanos y no se han aplicado medidas adecuadas de prevención, la comunidad internacional debe sopesar la posibilidad de convertir el alta mar –con la excepción de aquellas zonas en las que las medidas aplicadas por organizaciones regionales de gestión de la pesca sean eficaces– en una zona de regeneración en la que esté prohibida la pesca industrial.
Podemos poner fin a la degradación de los océanos y convertir el ciclo de declive en un ciclo de renovación. Sabemos lo que se debe hacer para restablecer la salud de los oceános, pero no podemos hacerlo solos. Para hacer realidad estos cambios harán falta voluntad política y medidas adoptadas en conjunto por los gobiernos, las empresas y la sociedad civil. Podemos y debemos hacerlo.
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Traducido del inglés por Carlos Manzano.