BERKELEY – La enseñanza superior es una gran inversión y cada uno de los años posteriores a la enseñanza secundaria rinde un rédito de entre 10 y 15 por ciento, por término medio. Para los licenciados universitarios, eso significa centenares de miles de dólares a lo largo de toda la vida. Lamentablemente, los estudiantes que aspiran a cursar una enseñanza superior, sobre todo los de familias de ingresos bajos y en institutos de enseñanza secundaria con bajo rendimiento, carecen de la información necesaria para elegir adónde ir y qué estudiar a fin de aumentar al máximo el rendimiento de su inversión.
En los Estados Unidos, el gobierno del Presidente Barack Obama está intentando colmar ese desfase con el College ScoreCard, base de datos gratuita y fácilmente consultable que ofrece información imparcial sobre el desempeño y los costos de los centros públicos y privados de los EE.UU. que imparten enseñanza postsecundaria. En lugar de proponer una clasificación general de centros basada en alguna calibración compuesta de indicadores fundamentales, dicha base ofrece datos detallados que abarcan cinco categorías amplias: costos, deudas de los estudiantes y su amortización, tasas de obtención de los títulos, ingresos durante los estudios y acceso para estudiantes desfavorecidos.
El gobierno de Obama ha logrado los hitos de hacer que los datos federales estén fácilmente disponibles para el sector privado y fomentar las plataformas abiertas de innovación a fin de abordar los problemas sociales. Los periodistas están ya haciendo cálculos sobre las cifras del College ScoreCard para proponer clasificaciones y recomendaciones. Seguro que de todo ello surgirán nuevas oportunidades empresariales.
El College ScoreCard es un gran paso adelante en pro de la transparencia. No sólo ayudará a los estudiantes y sus familias a elegir mejor, sino que, además, impulsará un diálogo que aliente la investigación y la innovación por parte de los educadores y las autoridades estatales y presione a los centros con bajo rendimiento para que mejoren.
Para los estudiantes, esa información puede resultar inestimable. Según las conclusiones de Isabel Sawhill y Stephanie Owen, de la Institución Brookings, hay grandes variaciones en los réditos por centro y especialidad. Mientras que el título universitario de cuatro años rinde 570.000 dólares en ingresos suplementarios de toda la vida, en el caso de uno de cada cinco de los 853 centros que componen su muestra los réditos de la inversión son en realidad negativos. Asimismo, Peter Cappelli, de la Universidad de Pensilvania calcula que nada menos que uno de cada cuatro programas universitarios rinde réditos negativos para sus estudiantes. También hay una gran variación de los réditos entre los programas que ofrecen títulos asociados (generalmente, dos años de enseñanza postsecundaria) y formación profesional.
Al mismo tiempo, todos los costos de matriculación están aumentando mucho más rápidamente que los ingresos medios de las familias. Las deudas correspondientes a préstamos para estudiantes se han cuadriplicado desde 2010 y ahora ascienden a más de un billón de dólares. Peor aún: muchas de las universidades más caras –en particular los centros privados con ánimo de lucro– tienen tasas bajas de obtención de títulos. Según conclusiones recientes de investigadores del Departamento del Tesoro de los EE.UU. y de la Institución Brookings, el 70 por ciento de los estudiantes que incumplieron los pagos después de abandonar los estudios universitarios en 2011 procedían de centros “no tradicionales”, la mayoría de ellos universidades con ánimo de lucro.
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Esos problemas aumentan la urgente necesidad de crear nuevos modelos de impartir la enseñanza. En ese empeño, el federalismo “progresista” –mediante el cual el Gobierno Federal fija objetivos para el desempeño, la asequibilidad y el acceso, requiere rendición de cuentas de los prestadores e incentiva la innovación por parte de los centros públicos en los niveles local y estatal– puede desempeñar un papel decisivo.
Los escépticos conservadores sostienen que la enseñanza superior es una competencia de los Estados, no del Gobierno Federal, pero éste ya desempeña un papel financiero importante en la enseñanza superior. De hecho, si bien los Estados representan la mayor parte del gasto público en enseñanza superior, el Gobierno Federal financia una gran proporción de dicho gasto mediante préstamos garantizados y subvenciones a los estudiantes.
El problema estriba en que a los centros de enseñanza superior –tanto públicos como privados– que han estado recibiendo niveles importantes de apoyo federal no se les ha pedido demasiada rendición de cuentas. Entretanto, muchos Estados han recortado el gasto público en enseñanza superior y han intentado compensar la diferencia aumentando el precio de las matrículas y obligando a los estudiantes a contraer más deudas con financiación federal.
Una política federalista progresista de enseñanza superior bien concebida fijaría objetivos correspondientes a indicadores fundamentales de desempeño, basados en las medidas subrayadas en el College ScoreCard, y recompensaría a los Estados que avancen hacia la consecución de dichos objetivos. Fomentaría y financiaría las medidas adoptadas por los Estados para ensayar nuevos métodos con miras a ampliar el acceso, aumentar las tasas de obtención de títulos y mejorar los resultados durante toda la vida de los estudiantes.
Las propuestas de reforma de la enseñanza superior de la candidata presidencial Hillary Clinton encarnan semejante planteamiento federalista progresista. Su “Pacto Universitario” concedería subvenciones federales a los Estados que se comprometan a contener los costos de la enseñanza superior, incluida la prestación de matrícula gratuita a los centros universitarios comunitarios que imparten enseñanza de dos años, y lo logren.
Muchos centros de enseñanza superior están ensayando ya nuevos modelos. La Universidad Estatal de Arizona ha desplegado una panoplia de tecnologías en línea, además de programas de patrocinio, para que los estudiantes no abandonen los estudios. Desde 2008, el costo por licenciado de dicha universidad (que incluye el gasto estatal y la matrícula) se ha reducido del 68.000 a 56.000 dólares. El año pasado, dicha universidad colaboró con Starbucks para que los empleados de esta empresa puedan concluir sus estudios universitarios en línea y gratuitamente. Entretanto, la obtención general de títulos en ella ha pasado del 33 por ciento al 49 por ciento.
Otra innovación prometedora es la de la Western Governors University, centro privado en línea y sin ánimo de lucro, fundado por 19 gobernadores de Estados y que presta sus servicios a 58.000 estudiantes en todos los Estados Unidos. Dicha universidad ofrece programas universitarios acreditados en materias como magisterio, enfermería y administración de empresas. Al centrarse en la obtención de competencias específicas, en lugar de en la cantidad de horas de asistencia a clase, dicha universidad ha podido ofrecer flexibilidad con bajos costos: un programa completo, incluidos los libros de texto y un tutor, cuesta unos 6.000 dólares al año.
El federalismo progresista puede también basarse en las innovaciones locales y estatales para ampliar el acceso. Tennessee, Estado gobernado por los republicanos, ha atraído la atención nacional con un programa que ofrece matrícula gratuita en cualquier universidad comunitaria a todos los que cuenten con el título de bachillerato. La financiación de dicho programa corre a cargo de la lotería estatal y gracias a él Tennessee está más adelantado que ningún otro Estado con miras a lograr que la enseñanza universitaria comunitaria sea tan universal como la secundaria. De hecho, Obama citó a Tennessee como modelo en el que se ha inspirado su propuesta de conceder carácter universal a la matrícula gratuita de las universidades comunitarias a escala nacional.
El federalismo progresista ofrece una forma de introducir esas innovaciones y ampliarlas. El Gobierno Federal puede y debe fijar la dirección estratégica, establecer objetivos calibrables y fomentar modelos nuevos dondequiera que surjan para crear un sistema educativo adecuado para el siglo XXI.
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BERKELEY – La enseñanza superior es una gran inversión y cada uno de los años posteriores a la enseñanza secundaria rinde un rédito de entre 10 y 15 por ciento, por término medio. Para los licenciados universitarios, eso significa centenares de miles de dólares a lo largo de toda la vida. Lamentablemente, los estudiantes que aspiran a cursar una enseñanza superior, sobre todo los de familias de ingresos bajos y en institutos de enseñanza secundaria con bajo rendimiento, carecen de la información necesaria para elegir adónde ir y qué estudiar a fin de aumentar al máximo el rendimiento de su inversión.
En los Estados Unidos, el gobierno del Presidente Barack Obama está intentando colmar ese desfase con el College ScoreCard, base de datos gratuita y fácilmente consultable que ofrece información imparcial sobre el desempeño y los costos de los centros públicos y privados de los EE.UU. que imparten enseñanza postsecundaria. En lugar de proponer una clasificación general de centros basada en alguna calibración compuesta de indicadores fundamentales, dicha base ofrece datos detallados que abarcan cinco categorías amplias: costos, deudas de los estudiantes y su amortización, tasas de obtención de los títulos, ingresos durante los estudios y acceso para estudiantes desfavorecidos.
El gobierno de Obama ha logrado los hitos de hacer que los datos federales estén fácilmente disponibles para el sector privado y fomentar las plataformas abiertas de innovación a fin de abordar los problemas sociales. Los periodistas están ya haciendo cálculos sobre las cifras del College ScoreCard para proponer clasificaciones y recomendaciones. Seguro que de todo ello surgirán nuevas oportunidades empresariales.
El College ScoreCard es un gran paso adelante en pro de la transparencia. No sólo ayudará a los estudiantes y sus familias a elegir mejor, sino que, además, impulsará un diálogo que aliente la investigación y la innovación por parte de los educadores y las autoridades estatales y presione a los centros con bajo rendimiento para que mejoren.
Para los estudiantes, esa información puede resultar inestimable. Según las conclusiones de Isabel Sawhill y Stephanie Owen, de la Institución Brookings, hay grandes variaciones en los réditos por centro y especialidad. Mientras que el título universitario de cuatro años rinde 570.000 dólares en ingresos suplementarios de toda la vida, en el caso de uno de cada cinco de los 853 centros que componen su muestra los réditos de la inversión son en realidad negativos. Asimismo, Peter Cappelli, de la Universidad de Pensilvania calcula que nada menos que uno de cada cuatro programas universitarios rinde réditos negativos para sus estudiantes. También hay una gran variación de los réditos entre los programas que ofrecen títulos asociados (generalmente, dos años de enseñanza postsecundaria) y formación profesional.
Al mismo tiempo, todos los costos de matriculación están aumentando mucho más rápidamente que los ingresos medios de las familias. Las deudas correspondientes a préstamos para estudiantes se han cuadriplicado desde 2010 y ahora ascienden a más de un billón de dólares. Peor aún: muchas de las universidades más caras –en particular los centros privados con ánimo de lucro– tienen tasas bajas de obtención de títulos. Según conclusiones recientes de investigadores del Departamento del Tesoro de los EE.UU. y de la Institución Brookings, el 70 por ciento de los estudiantes que incumplieron los pagos después de abandonar los estudios universitarios en 2011 procedían de centros “no tradicionales”, la mayoría de ellos universidades con ánimo de lucro.
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Los escépticos conservadores sostienen que la enseñanza superior es una competencia de los Estados, no del Gobierno Federal, pero éste ya desempeña un papel financiero importante en la enseñanza superior. De hecho, si bien los Estados representan la mayor parte del gasto público en enseñanza superior, el Gobierno Federal financia una gran proporción de dicho gasto mediante préstamos garantizados y subvenciones a los estudiantes.
El problema estriba en que a los centros de enseñanza superior –tanto públicos como privados– que han estado recibiendo niveles importantes de apoyo federal no se les ha pedido demasiada rendición de cuentas. Entretanto, muchos Estados han recortado el gasto público en enseñanza superior y han intentado compensar la diferencia aumentando el precio de las matrículas y obligando a los estudiantes a contraer más deudas con financiación federal.
Una política federalista progresista de enseñanza superior bien concebida fijaría objetivos correspondientes a indicadores fundamentales de desempeño, basados en las medidas subrayadas en el College ScoreCard, y recompensaría a los Estados que avancen hacia la consecución de dichos objetivos. Fomentaría y financiaría las medidas adoptadas por los Estados para ensayar nuevos métodos con miras a ampliar el acceso, aumentar las tasas de obtención de títulos y mejorar los resultados durante toda la vida de los estudiantes.
Las propuestas de reforma de la enseñanza superior de la candidata presidencial Hillary Clinton encarnan semejante planteamiento federalista progresista. Su “Pacto Universitario” concedería subvenciones federales a los Estados que se comprometan a contener los costos de la enseñanza superior, incluida la prestación de matrícula gratuita a los centros universitarios comunitarios que imparten enseñanza de dos años, y lo logren.
Muchos centros de enseñanza superior están ensayando ya nuevos modelos. La Universidad Estatal de Arizona ha desplegado una panoplia de tecnologías en línea, además de programas de patrocinio, para que los estudiantes no abandonen los estudios. Desde 2008, el costo por licenciado de dicha universidad (que incluye el gasto estatal y la matrícula) se ha reducido del 68.000 a 56.000 dólares. El año pasado, dicha universidad colaboró con Starbucks para que los empleados de esta empresa puedan concluir sus estudios universitarios en línea y gratuitamente. Entretanto, la obtención general de títulos en ella ha pasado del 33 por ciento al 49 por ciento.
Otra innovación prometedora es la de la Western Governors University, centro privado en línea y sin ánimo de lucro, fundado por 19 gobernadores de Estados y que presta sus servicios a 58.000 estudiantes en todos los Estados Unidos. Dicha universidad ofrece programas universitarios acreditados en materias como magisterio, enfermería y administración de empresas. Al centrarse en la obtención de competencias específicas, en lugar de en la cantidad de horas de asistencia a clase, dicha universidad ha podido ofrecer flexibilidad con bajos costos: un programa completo, incluidos los libros de texto y un tutor, cuesta unos 6.000 dólares al año.
El federalismo progresista puede también basarse en las innovaciones locales y estatales para ampliar el acceso. Tennessee, Estado gobernado por los republicanos, ha atraído la atención nacional con un programa que ofrece matrícula gratuita en cualquier universidad comunitaria a todos los que cuenten con el título de bachillerato. La financiación de dicho programa corre a cargo de la lotería estatal y gracias a él Tennessee está más adelantado que ningún otro Estado con miras a lograr que la enseñanza universitaria comunitaria sea tan universal como la secundaria. De hecho, Obama citó a Tennessee como modelo en el que se ha inspirado su propuesta de conceder carácter universal a la matrícula gratuita de las universidades comunitarias a escala nacional.
El federalismo progresista ofrece una forma de introducir esas innovaciones y ampliarlas. El Gobierno Federal puede y debe fijar la dirección estratégica, establecer objetivos calibrables y fomentar modelos nuevos dondequiera que surjan para crear un sistema educativo adecuado para el siglo XXI.
Traducido del inglés por Carlos Manzano.