BURDEOS – La climatología y su énfasis en el calentamiento global es en cierto sentido una adición reciente a la ciencia. Sin embargo, a pesar de la relativa juventud de estas investigaciones, ha surgido un consenso: el cambio climático –del que las actividades humanas son las principales responsables, aunque no las únicas—amenaza nuestra forma de vida, así que debemos desarrollar medios para combatirlo.
Pero también creo que el enfoque fundamentalista que se puede percibir en ciertos círculos está en el límite de lo aceptable. ¿Cómo pueden los fundamentalistas recomendar la limitación del crecimiento económico como solución al problema del calentamiento global cuando hay cientos de millones de hombres, mujeres y niños en todo el mundo que viven en condiciones de pobreza extrema y que necesitan ayuda urgentemente?
Los habitantes de las regiones pobres del mundo tienen derecho al desarrollo económico, de modo que puedan producir sus propios alimentos, tener acceso a agua limpia, viviendas adecuadas y los beneficios que representan los hospitales y las escuelas. Estos son derechos humanos esenciales, y únicamente se pueden garantizar mediante el crecimiento económico, no el estancamiento.
Al principio del siglo XX, una de cada diez personas vivía en las ciudades. Actualmente, la cifra es una de cada dos –3.3 mil millones de personas, según las estadísticas de las Naciones Unidas—y se prevé que el porcentaje de población urbana llegue al 70% para 2050. Así pues, las ciudades representan el desafío de desarrollo más importante de todos. A medida que las ciudades sigan creciendo y extendiéndose en todo el mundo, la reducción del consumo de energía y la mejora de nuestra calidad de vida exigirá que nos aseguremos de que las distancias que recorran sus habitantes para ir a trabajar sean relativamente cortas.
La expresión francesa que dice que los grandes ríos están formados por pequeños arroyos refleja el tipo de estrategia para contrarrestar el calentamiento global mediante el desarrollo sostenible que yo creo que podría ser efectiva. Las medidas locales que después se desarrollen como parte de un intercambio entre ciudades podrían tener un impacto global a largo plazo. Por eso me interesa promover las iniciativas locales que tengan una perspectiva global.
Entre las cuestiones que se plantearon en la conferencia climática de Copenhague en diciembre pasado, figuró el fracaso de los Estados miembros de la UE para perfeccionar un sistema internacional posterior a Kyoto destinado a combatir el calentamiento global. Afortunadamente, las cosas han cambiado desde entonces y ahora los 110 países responsables del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero –incluidos la India, China y Brasil—apoyan el acuerdo de Copenhague.
Pero es importante que no nos detengamos ahí. Debemos tratar de asegurar que se aprovechen plenamente las oportunidades que ofrezcan las futuras reuniones sobre cambio climático, como la que se celebrará en Cancún este invierno, para convertir las declaraciones bien intencionadas en acuerdos internacionales que se apliquen por igual a los países en desarrollo y a los desarrollados.
En el acuerdo de Copenhague se prevé que las naciones industrializadas del mundo financien la reducción de emisiones y otros ajustes necesarios en los países en desarrollo mediante un paquete de ayuda de 30 mil millones de dólares, que aumentarán a 100 mil millones para 2020. Pero en el acuerdo no se especifica quién asumirá cuáles costos.
En cambio, el acuerdo se limita a responder a la meta ampliamente aceptada de mantener los niveles de dióxido de carbono por debajo de 450 partes por millón y el aumento de la temperatura global promedio por debajo de los 2°C. Pero, ¿son realistas estas metas? Si no, debemos tener en mente las advertencias del Informe Stern en el sentido de que si no se actúa ahora los costos de las medidas en el futuro serán mucho más elevados.
El que todos los países que participan en el proceso político sobre el cambio climático reciban el mismo trato ha asegurado que Europa siga teniendo bastante influencia. Las cosas han avanzado claramente desde Copenhague, cuando la prioridad era llegar a un acuerdo entre los países que han sido los principales responsables del calentamiento global.
Y si mi propio país, Francia, no ha dado un buen ejemplo a los países en desarrollo al mostrarse evasivo sobre los términos de un impuesto al carbono, entonces tal vez sea tiempo de vincular su huella de carbono nacional al sistema europeo de comercio de CO2. No obstante, la triste realidad es que la solución que combina cuotas e impuestos no dará resultados con la rapidez suficiente para generar un cambio genuino e inmediato hacia economías con bajas emisiones de carbono o incluso libres de carbono.
Desde Copenhague, la mayoría de los países que son los principales emisores de gases de efecto invernadero han estado fijando metas ambiciosas –sin limitarlas con condiciones restrictivas. Al mismo tiempo, se están estableciendo mecanismos para medir y evaluar las emisiones, lo que permitirá hacer comparaciones mucho más claras entre los países. Lo que queda por hacer es compartir estos esfuerzos de una forma que sea justa y realizable para todos los países.
Así pues, ¿lograremos firmar un documento jurídico vinculante en Cancún? ¿Podremos implementar mecanismos de cooperación entre países como el Programa de colaboración de las Naciones Unidas para la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques –el Programa REDD—a fin de prevenir la deforestación y alentar la transferencia y el financiamiento de tecnología?
Este es el verdadero desafío y, aunque puede resultar ambicioso, muchos países llegarán a la conferencia de Cancún con nuevas esperanzas para el futuro gracias a los avances que se han logrado desde Copenhague.
BURDEOS – La climatología y su énfasis en el calentamiento global es en cierto sentido una adición reciente a la ciencia. Sin embargo, a pesar de la relativa juventud de estas investigaciones, ha surgido un consenso: el cambio climático –del que las actividades humanas son las principales responsables, aunque no las únicas—amenaza nuestra forma de vida, así que debemos desarrollar medios para combatirlo.
Pero también creo que el enfoque fundamentalista que se puede percibir en ciertos círculos está en el límite de lo aceptable. ¿Cómo pueden los fundamentalistas recomendar la limitación del crecimiento económico como solución al problema del calentamiento global cuando hay cientos de millones de hombres, mujeres y niños en todo el mundo que viven en condiciones de pobreza extrema y que necesitan ayuda urgentemente?
Los habitantes de las regiones pobres del mundo tienen derecho al desarrollo económico, de modo que puedan producir sus propios alimentos, tener acceso a agua limpia, viviendas adecuadas y los beneficios que representan los hospitales y las escuelas. Estos son derechos humanos esenciales, y únicamente se pueden garantizar mediante el crecimiento económico, no el estancamiento.
Al principio del siglo XX, una de cada diez personas vivía en las ciudades. Actualmente, la cifra es una de cada dos –3.3 mil millones de personas, según las estadísticas de las Naciones Unidas—y se prevé que el porcentaje de población urbana llegue al 70% para 2050. Así pues, las ciudades representan el desafío de desarrollo más importante de todos. A medida que las ciudades sigan creciendo y extendiéndose en todo el mundo, la reducción del consumo de energía y la mejora de nuestra calidad de vida exigirá que nos aseguremos de que las distancias que recorran sus habitantes para ir a trabajar sean relativamente cortas.
La expresión francesa que dice que los grandes ríos están formados por pequeños arroyos refleja el tipo de estrategia para contrarrestar el calentamiento global mediante el desarrollo sostenible que yo creo que podría ser efectiva. Las medidas locales que después se desarrollen como parte de un intercambio entre ciudades podrían tener un impacto global a largo plazo. Por eso me interesa promover las iniciativas locales que tengan una perspectiva global.
Entre las cuestiones que se plantearon en la conferencia climática de Copenhague en diciembre pasado, figuró el fracaso de los Estados miembros de la UE para perfeccionar un sistema internacional posterior a Kyoto destinado a combatir el calentamiento global. Afortunadamente, las cosas han cambiado desde entonces y ahora los 110 países responsables del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero –incluidos la India, China y Brasil—apoyan el acuerdo de Copenhague.
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Pero es importante que no nos detengamos ahí. Debemos tratar de asegurar que se aprovechen plenamente las oportunidades que ofrezcan las futuras reuniones sobre cambio climático, como la que se celebrará en Cancún este invierno, para convertir las declaraciones bien intencionadas en acuerdos internacionales que se apliquen por igual a los países en desarrollo y a los desarrollados.
En el acuerdo de Copenhague se prevé que las naciones industrializadas del mundo financien la reducción de emisiones y otros ajustes necesarios en los países en desarrollo mediante un paquete de ayuda de 30 mil millones de dólares, que aumentarán a 100 mil millones para 2020. Pero en el acuerdo no se especifica quién asumirá cuáles costos.
En cambio, el acuerdo se limita a responder a la meta ampliamente aceptada de mantener los niveles de dióxido de carbono por debajo de 450 partes por millón y el aumento de la temperatura global promedio por debajo de los 2°C. Pero, ¿son realistas estas metas? Si no, debemos tener en mente las advertencias del Informe Stern en el sentido de que si no se actúa ahora los costos de las medidas en el futuro serán mucho más elevados.
El que todos los países que participan en el proceso político sobre el cambio climático reciban el mismo trato ha asegurado que Europa siga teniendo bastante influencia. Las cosas han avanzado claramente desde Copenhague, cuando la prioridad era llegar a un acuerdo entre los países que han sido los principales responsables del calentamiento global.
Y si mi propio país, Francia, no ha dado un buen ejemplo a los países en desarrollo al mostrarse evasivo sobre los términos de un impuesto al carbono, entonces tal vez sea tiempo de vincular su huella de carbono nacional al sistema europeo de comercio de CO2. No obstante, la triste realidad es que la solución que combina cuotas e impuestos no dará resultados con la rapidez suficiente para generar un cambio genuino e inmediato hacia economías con bajas emisiones de carbono o incluso libres de carbono.
Desde Copenhague, la mayoría de los países que son los principales emisores de gases de efecto invernadero han estado fijando metas ambiciosas –sin limitarlas con condiciones restrictivas. Al mismo tiempo, se están estableciendo mecanismos para medir y evaluar las emisiones, lo que permitirá hacer comparaciones mucho más claras entre los países. Lo que queda por hacer es compartir estos esfuerzos de una forma que sea justa y realizable para todos los países.
Así pues, ¿lograremos firmar un documento jurídico vinculante en Cancún? ¿Podremos implementar mecanismos de cooperación entre países como el Programa de colaboración de las Naciones Unidas para la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques –el Programa REDD—a fin de prevenir la deforestación y alentar la transferencia y el financiamiento de tecnología?
Este es el verdadero desafío y, aunque puede resultar ambicioso, muchos países llegarán a la conferencia de Cancún con nuevas esperanzas para el futuro gracias a los avances que se han logrado desde Copenhague.