LONDRES – Nigel Farage, el exlíder del Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP) y la fuerza motora detrás de la campaña de salida del Reino Unido de la Unión Europea, recientemente causó un escándalo cuando reveló que, dos meses antes, le habían cerrado sus cuentas bancarias, supuestamente por sus opiniones políticas.
Farage dijo que intentó abrir cuentas nuevas en otros siete bancos, pero que todos lo rechazaron. Su banco original, Coutts -una subsidiaria de NatWest que cuenta con una clientela ultrarrica- luego declaró que la decisión de cerrar su cuenta fue puramente comercial y que Farage simplemente cayó muy por debajo del umbral de riqueza del banco.
Sin embargo, Farage afirmó que lo habían puesto en una lista negra. Sugirió que lo habían catalogado como “persona expuesta políticamente” (PEP), una designación que atribuyó a acusaciones infundadas de que había recibido pagos del gobierno ruso, y dijo que los miembros de su familia se habían visto afectados por esta designación. Las acusaciones de Farage desataron una reacción política de inmediato. El Tesoro del Reino Unido anuncióuna revisión para determinar si las regulaciones existentes aplican el “equilibrio correcto entre los derechos de un cliente a manifestarse libremente y el derecho del banco a manejar el riesgo comercial”.
Se debería conocer mejor el significado del acrónimo PEP. Hasta hace unos meses, yo pensaba que se refería a “plan de equidad personal”, un programa de inversión respaldado por el gobierno que se introdujo en el Reino Unido en los años 1980 para alentar a los ahorristas a invertir en empresas británicas y que se abolió en 1999. No era consciente de que ahora hace referencia a una categoría de individuos que están significativamente expuestos a la corrupción o a la extorsión.
En su significado actual, el término PEP tiene su origen en una directiva de la UE de 2015 destinada a combatir el lavado de dinero y el financiamiento terrorista. La directiva instruye a los bancos a implementar medidas de “diligencia debida” particularmente rigurosas para los funcionarios de gobierno, los legisladores, los auditores, los reguladores y los diplomáticos que corren el riesgo de estar expuestos a sobornos y corrupción. Y esta medida se extiende también a sus familiares y socios comerciales.
El Grupo de Acción Financiera, el órgano de control intergubernamental encargado de combatir el lavado de dinero y el financiamiento terrorista, estipula que esta diligencia debería ser proporcional y no debería “interpretarse como una estigmatización de las PEP como partícipes de una actividad criminal”. Los bancos en toda la UE, Estados Unidos y otras regiones hoy tienen acceso a una lista internacional de PEP y de sus familiares, que también incluye a individuos que son objeto de sanciones económicas (es decir, políticas) cuyos activos han sido efectivamente congelados o decomisados.
Project Syndicate is returning to Climate Week NYC with an even more expansive program. Join us live on September 22 as we welcome speakers from around the world at our studio in Manhattan to address critical dimensions of the climate debate.
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Dado que gestionar las cuentas de estos individuos podría exponerlos a un daño reputacional y a riesgos de incumplimiento, los bancos han descubierto que es mucho más efectivo en términos de costos cerrar las cuentas relacionadas con PEP y no abrir cuentas nuevas que mejorar sus mecanismos de detección y prevención de fraudes.
La diligencia debida, al menos como se la entiende comúnmente, implica tomar precauciones razonables contra una actividad ilegal o irresponsable para proteger la integridad del sistema financiero. Pero esta lista negra financiera sin verificar, alimentada por el celo regulatorio, no es ni razonable ni prudente. El exceso de regulación puede perjudicar al sistema financiero tanto como la corrupción desenfrenada.
Para llevar a cabo una diligencia debida, los bancos y otras instituciones financieras recogen la mayor cantidad de información posible sobre todos los individuos a fin de evaluar los riesgos y beneficios de establecer una relación con ellos. Si bien mucha gente sigue estando en el radar, la creciente disponibilidad de datos personales a través de las redes sociales sugiere que muchos individuos pronto podrían ser objeto de algo similar al sistema de crédito social de China, donde sus “puntajes” determinarán su acceso a varios servicios públicos.
Las revelaciones de Farage son apenas la punta del iceberg. Ya han desatado una ola de comentarios similares de parte de gente prominente a la que le han cerrado las cuentas o a la que le negaron sus solicitudes de nuevas cuentas por razones desconocidas. Entre ellos se encuentra el actual ministro de Hacienda del Reino Unido, Jeremy Hunt, y el exministro Kenneth Clarke. Durante un debate reciente en la Cámara de los Lores sobre el delito económico, el par hereditario Merlin Hay expresó su indignación, diciendo “yo personalmente encuentro ofensivo que se me considere un riesgo y un delincuente. Pensaba que en este país éramos inocentes hasta que se probara lo contrario”.
A esta altura, debo declarar un interés personal. En mi calidad de PEP, me cerraron tres de mis cuentas bancarias sin explicación alguna. Es más, estas cuentas estuvieron bloqueadas durante varios meses antes de que los fondos finalmente se liberaran, lo que hizo crecer enormemente mi empatía por la difícil situación de Farage.
Pocas personas se dan cuenta de que, cuando depositan dinero en un banco, deja de pertenecerles. En esencia, le han dado al banco el derecho de usar esos fondos. A cambio, el banco acepta la obligación de devolver cualquier suma cuando se la soliciten, hasta la cantidad total depositada. Sin este contrato bilateral, el sistema bancario moderno sería insostenible, y a la gente le resultaría mucho más conveniente conservar sus activos líquidos en efectivo.
El gobierno británico ha reconocido el problema y ha propuesto un proyecto de ley destinado a garantizar que aquellas PEP domésticas que planteen un riesgo menor de participación en lavado de dinero y terrorismo sean objeto de “menos medidas de diligencia debida mejoradas”. Sin embargo, es poco probable que esto vaya a alterar significativamente las prácticas bancarias. Cuando se liberó a los bancos de los controles de cambio y de capital en los años 1980, nadie anticipó un aumento del lavado de dinero basado en consideraciones políticas, porque nadie podía prever el resurgimiento del terrorismo de estado y de sub-estado. Pero este desenlace inesperado necesitó de un conjunto completamente nuevo de regulaciones bancarias destinadas a quienes plantean un riesgo mayor.
Los avances tecnológicos, particularmente la aparición de la banca online, han generado otro cambio importantísimo. En el pasado, los gerentes bancarios conocían a sus clientes tan íntimamente como los internistas conocían a sus pacientes. Pero esa época se terminó hace rato; la gestión de cuentas se ha vuelto un proceso cada vez más automatizado, por lo general desprovisto de intervención humana. Si bien esto ha hecho que el sistema bancario sea más eficiente, la creciente cantidad de personas incluidas en listas negras de PEP por algoritmos irresponsables subraya la necesidad urgente de revertir esta tendencia orwelliana progresiva.
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The International Monetary Fund’s surcharge policy has led to an unseemly state of affairs: countries in financial distress have become the largest source of net revenue to the Fund in recent years. These surcharges must be eliminated or, at the very least, adjusted to reduce the excessive burden on highly indebted countries.
decry the counterproductive practice of imposing additional fees on countries in debt distress.
When it comes to alleviating the severe demographic crisis that China faces, prohibiting international adoptions of Chinese children amounts to a mere drop in the bucket. Still, the government's decision to do so is significant, as it reflects a long-overdue recognition that people should not be viewed as a burden.
welcomes the government's apparent recognition that a severe demographic crisis looms.
With less than two months to go until the US presidential election, the candidates’ opposing worldviews, objectives, and priorities – and their implications for international relations, the economy, and democracy – have come into sharper focus. While it is impossible to know exactly what a leader will do once in office, the contours of both a Donald Trump and a Kamala Harris presidency are remarkably well defined.
LONDRES – Nigel Farage, el exlíder del Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP) y la fuerza motora detrás de la campaña de salida del Reino Unido de la Unión Europea, recientemente causó un escándalo cuando reveló que, dos meses antes, le habían cerrado sus cuentas bancarias, supuestamente por sus opiniones políticas.
Farage dijo que intentó abrir cuentas nuevas en otros siete bancos, pero que todos lo rechazaron. Su banco original, Coutts -una subsidiaria de NatWest que cuenta con una clientela ultrarrica- luego declaró que la decisión de cerrar su cuenta fue puramente comercial y que Farage simplemente cayó muy por debajo del umbral de riqueza del banco.
Sin embargo, Farage afirmó que lo habían puesto en una lista negra. Sugirió que lo habían catalogado como “persona expuesta políticamente” (PEP), una designación que atribuyó a acusaciones infundadas de que había recibido pagos del gobierno ruso, y dijo que los miembros de su familia se habían visto afectados por esta designación. Las acusaciones de Farage desataron una reacción política de inmediato. El Tesoro del Reino Unido anuncióuna revisión para determinar si las regulaciones existentes aplican el “equilibrio correcto entre los derechos de un cliente a manifestarse libremente y el derecho del banco a manejar el riesgo comercial”.
Se debería conocer mejor el significado del acrónimo PEP. Hasta hace unos meses, yo pensaba que se refería a “plan de equidad personal”, un programa de inversión respaldado por el gobierno que se introdujo en el Reino Unido en los años 1980 para alentar a los ahorristas a invertir en empresas británicas y que se abolió en 1999. No era consciente de que ahora hace referencia a una categoría de individuos que están significativamente expuestos a la corrupción o a la extorsión.
En su significado actual, el término PEP tiene su origen en una directiva de la UE de 2015 destinada a combatir el lavado de dinero y el financiamiento terrorista. La directiva instruye a los bancos a implementar medidas de “diligencia debida” particularmente rigurosas para los funcionarios de gobierno, los legisladores, los auditores, los reguladores y los diplomáticos que corren el riesgo de estar expuestos a sobornos y corrupción. Y esta medida se extiende también a sus familiares y socios comerciales.
El Grupo de Acción Financiera, el órgano de control intergubernamental encargado de combatir el lavado de dinero y el financiamiento terrorista, estipula que esta diligencia debería ser proporcional y no debería “interpretarse como una estigmatización de las PEP como partícipes de una actividad criminal”. Los bancos en toda la UE, Estados Unidos y otras regiones hoy tienen acceso a una lista internacional de PEP y de sus familiares, que también incluye a individuos que son objeto de sanciones económicas (es decir, políticas) cuyos activos han sido efectivamente congelados o decomisados.
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La diligencia debida, al menos como se la entiende comúnmente, implica tomar precauciones razonables contra una actividad ilegal o irresponsable para proteger la integridad del sistema financiero. Pero esta lista negra financiera sin verificar, alimentada por el celo regulatorio, no es ni razonable ni prudente. El exceso de regulación puede perjudicar al sistema financiero tanto como la corrupción desenfrenada.
Para llevar a cabo una diligencia debida, los bancos y otras instituciones financieras recogen la mayor cantidad de información posible sobre todos los individuos a fin de evaluar los riesgos y beneficios de establecer una relación con ellos. Si bien mucha gente sigue estando en el radar, la creciente disponibilidad de datos personales a través de las redes sociales sugiere que muchos individuos pronto podrían ser objeto de algo similar al sistema de crédito social de China, donde sus “puntajes” determinarán su acceso a varios servicios públicos.
Las revelaciones de Farage son apenas la punta del iceberg. Ya han desatado una ola de comentarios similares de parte de gente prominente a la que le han cerrado las cuentas o a la que le negaron sus solicitudes de nuevas cuentas por razones desconocidas. Entre ellos se encuentra el actual ministro de Hacienda del Reino Unido, Jeremy Hunt, y el exministro Kenneth Clarke. Durante un debate reciente en la Cámara de los Lores sobre el delito económico, el par hereditario Merlin Hay expresó su indignación, diciendo “yo personalmente encuentro ofensivo que se me considere un riesgo y un delincuente. Pensaba que en este país éramos inocentes hasta que se probara lo contrario”.
A esta altura, debo declarar un interés personal. En mi calidad de PEP, me cerraron tres de mis cuentas bancarias sin explicación alguna. Es más, estas cuentas estuvieron bloqueadas durante varios meses antes de que los fondos finalmente se liberaran, lo que hizo crecer enormemente mi empatía por la difícil situación de Farage.
Pocas personas se dan cuenta de que, cuando depositan dinero en un banco, deja de pertenecerles. En esencia, le han dado al banco el derecho de usar esos fondos. A cambio, el banco acepta la obligación de devolver cualquier suma cuando se la soliciten, hasta la cantidad total depositada. Sin este contrato bilateral, el sistema bancario moderno sería insostenible, y a la gente le resultaría mucho más conveniente conservar sus activos líquidos en efectivo.
El gobierno británico ha reconocido el problema y ha propuesto un proyecto de ley destinado a garantizar que aquellas PEP domésticas que planteen un riesgo menor de participación en lavado de dinero y terrorismo sean objeto de “menos medidas de diligencia debida mejoradas”. Sin embargo, es poco probable que esto vaya a alterar significativamente las prácticas bancarias. Cuando se liberó a los bancos de los controles de cambio y de capital en los años 1980, nadie anticipó un aumento del lavado de dinero basado en consideraciones políticas, porque nadie podía prever el resurgimiento del terrorismo de estado y de sub-estado. Pero este desenlace inesperado necesitó de un conjunto completamente nuevo de regulaciones bancarias destinadas a quienes plantean un riesgo mayor.
Los avances tecnológicos, particularmente la aparición de la banca online, han generado otro cambio importantísimo. En el pasado, los gerentes bancarios conocían a sus clientes tan íntimamente como los internistas conocían a sus pacientes. Pero esa época se terminó hace rato; la gestión de cuentas se ha vuelto un proceso cada vez más automatizado, por lo general desprovisto de intervención humana. Si bien esto ha hecho que el sistema bancario sea más eficiente, la creciente cantidad de personas incluidas en listas negras de PEP por algoritmos irresponsables subraya la necesidad urgente de revertir esta tendencia orwelliana progresiva.