SÃO PAULO/SANTIAGO/BOGOTÁ/MEXICO CITY – La pandemia de COVID-19 es una conmoción inédita, de duración incierta y consecuencias catastróficas que, si no es abordada adecuadamente, podría convertirse en uno de los episodios más trágicos de la historia de América Latina y el Caribe. La supresión de la epidemia debe ser nuestra prioridad principal. América Latina debería centrarse en mejorar sus sistemas de salud, canalizar recursos a hospitales, adaptar temporalmente la infraestructura inactiva y aumentar drásticamente la capacidad de testeo. Todo esto debe hacerse mientras protegemos el bienestar de nuestra gente y la salud de nuestras economías.
Los líderes latinoamericanos deben hacer un llamado enérgico a la cooperación internacional para enfrentar la crisis, condenando los controles a la exportación de suministros médicos y demás recursos críticos, y exigiendo un incremento de fondos para la Organización Mundial de la Salud. Se necesita una coordinación global más sólida entre las autoridades de salud para mejorar la capacidad de realizar pruebas, tratar y aislar a los pacientes, y desarrollar una vacuna que será la única solución definitiva para la pandemia de Covid-19. Las compañías farmacéuticas deben ayudar a los países con materiales reactivos para ampliar el número de pruebas, con acceso libre a la tecnología para producirlos.
La región ha recibido un impacto económico de proporciones. A la disminución de los volúmenes y precios de exportación, pérdida de ingresos del turismo y las remesas, y grandes salidas de capital, en las economías latinoamericanas se suma ahora la interrupción masiva de la producción nacional. Es esencial avanzar con políticas audaces para proteger los ingresos de las personas y los hogares, incluyendo transferencias en efectivo para aquellos que quedan en una posición vulnerable por la crisis, entre ellos los trabajadores informales e independientes que no tienen acceso a subsidios de empleo o al seguro de desempleo.
Para preservar empleos e ingresos de los trabajadores, es necesario ayudar a las empresas, acompañándolas durante el período de distanciamiento social, y estimulándolas en la recuperación posterior. Los subsidios para el pago de salarios, condicionados al mantenimiento de la nómina, protegen tanto a empresas como a trabajadores y son cruciales para una rápida mejora de la economía. Por el contrario, si no se evitan las quiebras generalizadas, la próxima víctima de la crisis sería el sistema bancario, con lo que el sistema de pagos y la economía en su conjunto correrían el riesgo de colapsar.
Muchas empresas, particularmente las pequeñas y medianas, sufrirán importantes pérdidas de ingresos mientras dure la crisis. Sin apoyo, la falta de liquidez se convertirá en un problema de solvencia, y los aplazamientos de impuestos, la refinanciación de préstamos y los créditos subsidiados no serán suficientes. Esta emergencia requiere garantías fiscales de crédito sin precedentes, así como cambios pasajeros en la regulación, para incentivar y sostener el crédito bancario. Los bancos públicos bien capitalizados y administrados podrían desempeñar un papel de liderazgo en este frente.
El estímulo fiscal será crucial también en la fase de recuperación, momento en el que los gobiernos deberán impulsar el empleo y la actividad económica sin exacerbar los riesgos sanitarios. Las políticas diferirán entre países, pero probablemente necesitarán recursos extraordinarios para acelerar la reparación.
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Todo esto plantea un desafío excepcional: si bien las necesidades fiscales son ahora mucho mayores que durante la crisis financiera global, el espacio fiscal en las economías latinoamericanas es hoy más limitados. Los costos del estímulo deberán compensarse con ajustes presupuestarios en áreas de menor prioridad. El compromiso de nuestros poderes Ejecutivo y Legislativo con la corrección del incremento del déficit fiscal en la poscrisis es crítico para mitigar el riesgo de un deterioro de la calificación crediticia que amenaza a varios de nuestros países.
El apoyo externo para las cuentas fiscales y la balanza de pagos es indispensable, especialmente para los países más pequeños y menos desarrollados de América Latina. Si tanto empresas privadas como gobiernos elevan sus déficits, es probable que las brechas de la cuenta corriente también se eleven. A esto se suma una de las mayores salidas de capital de mercados emergentes de la historia, y la desestabilizadora depreciación resultante. Para muchas economías de la región, un apoyo externo oficial mucho mayor será la única forma de hacer frente a esta combinación de shocks adversos.
El FMI tiene un papel esencial que desempeñar, para abordar las necesidades fiscales y cambiarias de los países. El Fondo necesita más recursos y la capacidad de desembolsarlos rápidamente. Los gobiernos latinoamericanos deberían exigir una nueva emisión de mil millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), idealmente con una asignación no proporcional a través de un fondo común supervisado por el Fondo, de modo de acelerar el apoyo a los gobiernos más necesitados. Además, la duplicación inmediata de los Nuevos Acuerdos para la obtención de Préstamos (NAP) y un acceso más generoso a facilidades de desembolsos rápidos y condicionalidad leve, daría al Fondo la capacidad necesaria para atender la demanda urgente de préstamos que se avecina.
Los bancos centrales emisores de monedas de reserva pueden contribuir a reducir la iliquidez cambiaria global, ampliando sus swaps cambiarios, tanto de manera directa entre bancos centrales o, indirectamente, a través de la intervención del FMI o del Banco de Pagos Internacionales (BPI) como intermediarios de la liquidez.
Por último, los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) como el Banco Mundial, el BID y la CAF deberían duplicar la cantidad de préstamos netos a la región aprovechando la gran liquidez de los mercados globales de capital. En circunstancias excepcionales y en países sin acceso a los mercados, la suspensión del servicio de deuda podría complementar estos préstamos oficiales
El desafío planteado no tiene paralelo en la historia reciente. El mundo, y América Latina y el Caribe, no pueden permitirse respuestas tardías o inadecuadas. La transparencia y la razón, antes que el populismo y la demagogia, siguen siendo las mejores guías en estos tiempos inciertos. La crisis es una oportunidad para demostrar que nuestras democracias están en condiciones de responder a los desafíos extremos, cumpliendo con justicia a sus ciudadanos.
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Over time, as American democracy has increasingly fallen short of delivering on its core promises, the Democratic Party has contributed to the problem by catering to a narrow, privileged elite. To restore its own prospects and America’s signature form of governance, it must return to its working-class roots.
is not surprised that so many voters ignored warnings about the threat Donald Trump poses to US institutions.
Enrique Krauze
considers the responsibility of the state to guarantee freedom, heralds the demise of Mexico’s democracy, highlights flaws in higher-education systems, and more.
SÃO PAULO/SANTIAGO/BOGOTÁ/MEXICO CITY – La pandemia de COVID-19 es una conmoción inédita, de duración incierta y consecuencias catastróficas que, si no es abordada adecuadamente, podría convertirse en uno de los episodios más trágicos de la historia de América Latina y el Caribe. La supresión de la epidemia debe ser nuestra prioridad principal. América Latina debería centrarse en mejorar sus sistemas de salud, canalizar recursos a hospitales, adaptar temporalmente la infraestructura inactiva y aumentar drásticamente la capacidad de testeo. Todo esto debe hacerse mientras protegemos el bienestar de nuestra gente y la salud de nuestras economías.
Los líderes latinoamericanos deben hacer un llamado enérgico a la cooperación internacional para enfrentar la crisis, condenando los controles a la exportación de suministros médicos y demás recursos críticos, y exigiendo un incremento de fondos para la Organización Mundial de la Salud. Se necesita una coordinación global más sólida entre las autoridades de salud para mejorar la capacidad de realizar pruebas, tratar y aislar a los pacientes, y desarrollar una vacuna que será la única solución definitiva para la pandemia de Covid-19. Las compañías farmacéuticas deben ayudar a los países con materiales reactivos para ampliar el número de pruebas, con acceso libre a la tecnología para producirlos.
La región ha recibido un impacto económico de proporciones. A la disminución de los volúmenes y precios de exportación, pérdida de ingresos del turismo y las remesas, y grandes salidas de capital, en las economías latinoamericanas se suma ahora la interrupción masiva de la producción nacional. Es esencial avanzar con políticas audaces para proteger los ingresos de las personas y los hogares, incluyendo transferencias en efectivo para aquellos que quedan en una posición vulnerable por la crisis, entre ellos los trabajadores informales e independientes que no tienen acceso a subsidios de empleo o al seguro de desempleo.
Para preservar empleos e ingresos de los trabajadores, es necesario ayudar a las empresas, acompañándolas durante el período de distanciamiento social, y estimulándolas en la recuperación posterior. Los subsidios para el pago de salarios, condicionados al mantenimiento de la nómina, protegen tanto a empresas como a trabajadores y son cruciales para una rápida mejora de la economía. Por el contrario, si no se evitan las quiebras generalizadas, la próxima víctima de la crisis sería el sistema bancario, con lo que el sistema de pagos y la economía en su conjunto correrían el riesgo de colapsar.
Muchas empresas, particularmente las pequeñas y medianas, sufrirán importantes pérdidas de ingresos mientras dure la crisis. Sin apoyo, la falta de liquidez se convertirá en un problema de solvencia, y los aplazamientos de impuestos, la refinanciación de préstamos y los créditos subsidiados no serán suficientes. Esta emergencia requiere garantías fiscales de crédito sin precedentes, así como cambios pasajeros en la regulación, para incentivar y sostener el crédito bancario. Los bancos públicos bien capitalizados y administrados podrían desempeñar un papel de liderazgo en este frente.
El estímulo fiscal será crucial también en la fase de recuperación, momento en el que los gobiernos deberán impulsar el empleo y la actividad económica sin exacerbar los riesgos sanitarios. Las políticas diferirán entre países, pero probablemente necesitarán recursos extraordinarios para acelerar la reparación.
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El apoyo externo para las cuentas fiscales y la balanza de pagos es indispensable, especialmente para los países más pequeños y menos desarrollados de América Latina. Si tanto empresas privadas como gobiernos elevan sus déficits, es probable que las brechas de la cuenta corriente también se eleven. A esto se suma una de las mayores salidas de capital de mercados emergentes de la historia, y la desestabilizadora depreciación resultante. Para muchas economías de la región, un apoyo externo oficial mucho mayor será la única forma de hacer frente a esta combinación de shocks adversos.
El FMI tiene un papel esencial que desempeñar, para abordar las necesidades fiscales y cambiarias de los países. El Fondo necesita más recursos y la capacidad de desembolsarlos rápidamente. Los gobiernos latinoamericanos deberían exigir una nueva emisión de mil millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), idealmente con una asignación no proporcional a través de un fondo común supervisado por el Fondo, de modo de acelerar el apoyo a los gobiernos más necesitados. Además, la duplicación inmediata de los Nuevos Acuerdos para la obtención de Préstamos (NAP) y un acceso más generoso a facilidades de desembolsos rápidos y condicionalidad leve, daría al Fondo la capacidad necesaria para atender la demanda urgente de préstamos que se avecina.
Los bancos centrales emisores de monedas de reserva pueden contribuir a reducir la iliquidez cambiaria global, ampliando sus swaps cambiarios, tanto de manera directa entre bancos centrales o, indirectamente, a través de la intervención del FMI o del Banco de Pagos Internacionales (BPI) como intermediarios de la liquidez.
Por último, los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) como el Banco Mundial, el BID y la CAF deberían duplicar la cantidad de préstamos netos a la región aprovechando la gran liquidez de los mercados globales de capital. En circunstancias excepcionales y en países sin acceso a los mercados, la suspensión del servicio de deuda podría complementar estos préstamos oficiales
El desafío planteado no tiene paralelo en la historia reciente. El mundo, y América Latina y el Caribe, no pueden permitirse respuestas tardías o inadecuadas. La transparencia y la razón, antes que el populismo y la demagogia, siguen siendo las mejores guías en estos tiempos inciertos. La crisis es una oportunidad para demostrar que nuestras democracias están en condiciones de responder a los desafíos extremos, cumpliendo con justicia a sus ciudadanos.