WASHINGTON, DC – Cada vez que los líderes financieros y políticos del mundo se reúnen -ya sea en la cumbre del G20, en la Asamblea General de las Naciones Unidas o en los encuentros anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial-, los retos más urgentes en materia de desarrollo casi siempre están en la agenda. Cada vez más, la solución que estos líderes proponen para estos problemas, desde un alivio de la pobreza y las crisis de salud pública hasta el cambio climático y la transición energética, es más financiación.
No están equivocados. Para abordar cada uno de estos desafíos hace falta más de un billón de dólares. Por ejemplo, América Latina y el Caribe necesitan 2,2 billones de dólares para invertir en infraestructura sostenible, mientras que los mercados emergentes a escala mundial requieren 1,5 billones de dólares por año para este tipo de proyectos. Y gran parte de esta financiación provendrá de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD), que ya han comenzado a usar sus balances de manera más agresiva.
Pero de igual importancia es el despliegue innovador de instrumentos por parte de los BMD -entre ellos, mecanismos del mercado de capitales, finanzas estructuradas y bonos asociados a la sostenibilidad- para movilizar más finanzas públicas y privadas para este tipo de inversiones. Por otra parte, los BMD están ofreciendo garantías, swaps de deuda, financiación de contingencia sin comisiones de compromiso y cláusulas de resiliencia climática a los países clientes a cambio de compromisos para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger a la naturaleza.
Sin duda, estos instrumentos no son necesariamente nuevos. El Código de Hammurabi, que tiene casi 4.000 años, permite la suspensión de los pagos de deuda luego de una inundación o sequía. El uso de instrumentos verdes del mercado de capitales se remonta a por lo menos los años 1640, cuando las juntas de aguas holandesas emitieron bonos a perpetuidad para financiar mejoras en los canales locales. Y las garantías de crédito han existido desde el siglo XIX.
La innovación es que los BMD han introducido estos instrumentos en las finanzas transfronterizas. Facilitar un mayor progreso requiere garantizar que estén integrados en las políticas económicas de los países en desarrollo y se vuelvan una norma estándar -y, por ende, replicable.
Para muchas economías emergentes y en desarrollo, equilibrar el crecimiento económico con el alivio de la pobreza y los objetivos climáticos es el desafío central. Sus gobiernos deben desplegar toda la variedad de herramientas financieras a su disposición para combatir el calentamiento global y, al mismo tiempo, garantizar que estos esfuerzos resulten en alzas de la productividad y en crecimiento. De lo contrario, su deuda se volverá insostenible.
La transición energética, por ejemplo, exige invertir en energías renovables, expandir las redes de transmisión para superar el problema de las intermitencias y mitigar el riesgo de activos de combustibles fósiles bloqueados. En los muchos países en desarrollo donde las empresas de servicios públicos tienen limitaciones financieras, la carga es imposible de afrontar. Las finanzas climáticas, por lo tanto, exigen políticas económicas que consideren la capacidad de los consumidores y los contribuyentes para pagar estas inversiones. Las políticas relacionadas con la fijación de precios, la regulación, la planificación sectorial y el entorno de inversión determinarán cada vez más la viabilidad financiera.
El drástico incremento de la frecuencia y gravedad de los fenómenos meteorológicos extremos también exige un cambio en la manera de pensar la economía. Los ministros de Finanzas, por lo general, recurren a la financiación de emergencia para los esfuerzos de reconstrucción después de este tipo de fenómenos, basándose en la creencia de que las catástrofes son pocas y están distanciadas entre sí. Sin embargo, los huracanes más intensos hoy son más de tres veces más frecuentes que hace un siglo, las sequías duran más tiempo y los fenómenos más previsibles, como las tormentas estacionales, son cada vez más severos. Peor aún, los desastres -incluidas las pandemias- se superponen cada vez más.
En consecuencia, los gobiernos deben utilizar instrumentos financieros proactivos -desde préstamos para financiar los sistemas de gestión de inundaciones hasta garantías que respalden la adaptación al cambio climático- para generar resiliencia antes de que ocurran los fenómenos climáticos extremos. Cada dólar gastado en planificación anticipada puede ahorrar hasta 13 dólares en costos de reconstrucción cuando estalla una crisis, minimizando el endeudamiento de emergencia.
Otra innovación es la estandarización de los mecanismos disponibles. Esto incluye claridad sobre el uso que se les piensa dar, porque los mercados deben entender los beneficios derivados de los instrumentos que incentivan las prácticas sostenibles con el fin de ponerles el precio adecuado. Con ese objetivo, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos recientemente emitió lineamientos para la cotización de derivados de compensación de carbono, y la Junta Internacional de Normas de Sostenibilidad se está centrando en el desarrollo de regulaciones sobre bonos verdes. Si queremos que los mercados de carbono voluntarios crezcan, y que el precio de las finanzas verdes refleje el valor real de la lucha contra el cambio climático y el suministro de bienes públicos globales, el uso de estos instrumentos debe ser verificable y fácilmente entendible.
El costo de no invertir en mitigación y resiliencia climática, así como en otros objetivos de desarrollo, aumenta cada año, haciendo que las garantías y los productos de seguro sean cada vez más costosos en los países más vulnerables y menos preparados. Los BMD deberían ofrecer más financiación verde, pero normalizar los instrumentos innovadores y fomentar su uso en las políticas económicas es igual de importante.
WASHINGTON, DC – Cada vez que los líderes financieros y políticos del mundo se reúnen -ya sea en la cumbre del G20, en la Asamblea General de las Naciones Unidas o en los encuentros anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial-, los retos más urgentes en materia de desarrollo casi siempre están en la agenda. Cada vez más, la solución que estos líderes proponen para estos problemas, desde un alivio de la pobreza y las crisis de salud pública hasta el cambio climático y la transición energética, es más financiación.
No están equivocados. Para abordar cada uno de estos desafíos hace falta más de un billón de dólares. Por ejemplo, América Latina y el Caribe necesitan 2,2 billones de dólares para invertir en infraestructura sostenible, mientras que los mercados emergentes a escala mundial requieren 1,5 billones de dólares por año para este tipo de proyectos. Y gran parte de esta financiación provendrá de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD), que ya han comenzado a usar sus balances de manera más agresiva.
Pero de igual importancia es el despliegue innovador de instrumentos por parte de los BMD -entre ellos, mecanismos del mercado de capitales, finanzas estructuradas y bonos asociados a la sostenibilidad- para movilizar más finanzas públicas y privadas para este tipo de inversiones. Por otra parte, los BMD están ofreciendo garantías, swaps de deuda, financiación de contingencia sin comisiones de compromiso y cláusulas de resiliencia climática a los países clientes a cambio de compromisos para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger a la naturaleza.
Sin duda, estos instrumentos no son necesariamente nuevos. El Código de Hammurabi, que tiene casi 4.000 años, permite la suspensión de los pagos de deuda luego de una inundación o sequía. El uso de instrumentos verdes del mercado de capitales se remonta a por lo menos los años 1640, cuando las juntas de aguas holandesas emitieron bonos a perpetuidad para financiar mejoras en los canales locales. Y las garantías de crédito han existido desde el siglo XIX.
La innovación es que los BMD han introducido estos instrumentos en las finanzas transfronterizas. Facilitar un mayor progreso requiere garantizar que estén integrados en las políticas económicas de los países en desarrollo y se vuelvan una norma estándar -y, por ende, replicable.
Para muchas economías emergentes y en desarrollo, equilibrar el crecimiento económico con el alivio de la pobreza y los objetivos climáticos es el desafío central. Sus gobiernos deben desplegar toda la variedad de herramientas financieras a su disposición para combatir el calentamiento global y, al mismo tiempo, garantizar que estos esfuerzos resulten en alzas de la productividad y en crecimiento. De lo contrario, su deuda se volverá insostenible.
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La transición energética, por ejemplo, exige invertir en energías renovables, expandir las redes de transmisión para superar el problema de las intermitencias y mitigar el riesgo de activos de combustibles fósiles bloqueados. En los muchos países en desarrollo donde las empresas de servicios públicos tienen limitaciones financieras, la carga es imposible de afrontar. Las finanzas climáticas, por lo tanto, exigen políticas económicas que consideren la capacidad de los consumidores y los contribuyentes para pagar estas inversiones. Las políticas relacionadas con la fijación de precios, la regulación, la planificación sectorial y el entorno de inversión determinarán cada vez más la viabilidad financiera.
El drástico incremento de la frecuencia y gravedad de los fenómenos meteorológicos extremos también exige un cambio en la manera de pensar la economía. Los ministros de Finanzas, por lo general, recurren a la financiación de emergencia para los esfuerzos de reconstrucción después de este tipo de fenómenos, basándose en la creencia de que las catástrofes son pocas y están distanciadas entre sí. Sin embargo, los huracanes más intensos hoy son más de tres veces más frecuentes que hace un siglo, las sequías duran más tiempo y los fenómenos más previsibles, como las tormentas estacionales, son cada vez más severos. Peor aún, los desastres -incluidas las pandemias- se superponen cada vez más.
En consecuencia, los gobiernos deben utilizar instrumentos financieros proactivos -desde préstamos para financiar los sistemas de gestión de inundaciones hasta garantías que respalden la adaptación al cambio climático- para generar resiliencia antes de que ocurran los fenómenos climáticos extremos. Cada dólar gastado en planificación anticipada puede ahorrar hasta 13 dólares en costos de reconstrucción cuando estalla una crisis, minimizando el endeudamiento de emergencia.
Otra innovación es la estandarización de los mecanismos disponibles. Esto incluye claridad sobre el uso que se les piensa dar, porque los mercados deben entender los beneficios derivados de los instrumentos que incentivan las prácticas sostenibles con el fin de ponerles el precio adecuado. Con ese objetivo, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos recientemente emitió lineamientos para la cotización de derivados de compensación de carbono, y la Junta Internacional de Normas de Sostenibilidad se está centrando en el desarrollo de regulaciones sobre bonos verdes. Si queremos que los mercados de carbono voluntarios crezcan, y que el precio de las finanzas verdes refleje el valor real de la lucha contra el cambio climático y el suministro de bienes públicos globales, el uso de estos instrumentos debe ser verificable y fácilmente entendible.
El costo de no invertir en mitigación y resiliencia climática, así como en otros objetivos de desarrollo, aumenta cada año, haciendo que las garantías y los productos de seguro sean cada vez más costosos en los países más vulnerables y menos preparados. Los BMD deberían ofrecer más financiación verde, pero normalizar los instrumentos innovadores y fomentar su uso en las políticas económicas es igual de importante.