NUEVA DELHI/LONDRES – Desde 2008, cuando la crisis financiera global casi hundió la economía del planeta, la reforma financiera ha sido una de las grandes prioridades de las autoridades económicas. Sin embargo, a medida que los gobernantes pasan de solucionar los problemas del pasado a preparar el sistema financiero para el futuro, deben también dar respuesta a las nuevas amenazas a su estabilidad, sobre todo la relacionada con el cambio climático.
Por esta razón un número creciente de gobiernos, entidades reguladoras, organismos que establecen normas y actores del mercado están comenzando a incorporar reglas relacionadas con dar sostenibilidad al sistema financiero. En Brasil, el banco central considera la integración de factores ambientales y sociales a la gestión del riesgo como un modo de fortalecer la resiliencia. Y en países como Singapur y Sudáfrica, las compañías que cotizan en bolsa tienen la obligación de hacer públicos sus resultados ambientales y sociales, requisito que los inversionistas y reguladores consideran cada vez más esencial para un funcionamiento eficiente de los mercados financieros.
En el pasado, iniciativas como esta se podrían haber mirado como un nicho “verde” de carácter periférico, pero hoy se consideran centrales para el funcionamiento del sistema financiero. En Bangladesh, entre las medidas del banco central para dar apoyo al desarrollo económico se encuentra la refinanciación de bajo coste para bancos que den préstamos a proyectos que cumplan metas en los ámbitos de las fuentes de energía renovables, la eficiencia energética o la gestión de residuos. En el Reino Unido, hoy el Banco de Inglaterra está en el proceso de evaluar las implicancias del cambio climático para el sector de los seguros como parte de su mandato básico de supervisar la seguridad y solidez de las instituciones financieras.
En China, la inversión anual en actividades industriales ecológicas podría llegar a los $320 miles de millones de dólares en los próximos cinco años, de los cuales el gobierno cubriría solamente entre un 10 y un 15%. Para prevenir un déficit de financiación, el Banco Popular de China ha elaborado recientemente un informe con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio. Ambiente (PNUMA) en el que fijó un completo conjunto de recomendaciones para la creación de un “sistema financiero verde” en el país.
En la India, la Federación India de Cámaras de Comercio e Industria ha creado un nuevo grupo de trabajo de “bonos verdes” para explorar maneras en que los mercados de deuda del país pueden dar respuesta al reto de financiar infraestructura inteligente. Y los cambios llevados a cabo últimamente permiten esperar un considerable potencial para que las sociedades de inversiones que cotizan en bolsa destinen capitales a energías limpias.
Hasta el momento, este tipo de medidas afectan sólo a una pequeña fracción de los $305 billones de dólares en los activos de los bancos, inversionistas, instituciones financieras y particulares del sistema financiero global. No hay duda de que se irán ampliando a medida que los actores financieros y las entidades reguladoras reconozcan en plenitud las consecuencias de las alteraciones al medio ambiente.
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Se trata de consecuencias de una seriedad que ya es innegable. En 116 de los 140 países evaluados por el PNUMA ha disminuido el capital natural subyacente a la creación de valor. Entre los costes humanos y económicos de seguir basando el crecimiento en un alto consumo de carbono se encuentran graves efectos para la salud, crecientes perturbaciones en la infraestructura y problemas de seguridad hídrica y alimentaria, así como un aumento de la volatilidad en los mercados, que se hace notar con mayor fuerza en los países en desarrollo. Estos daños irán a peor, y sus riesgos se pueden volver inmanejables si las emisiones de gases de invernadero no se reducen a niveles cero netos entre 2055 y 2070.
A medida que los retos que supone el cambio climático se hacen más evidentes, será cada vez más importante financiar la respuesta a su impacto. Los países desarrollados se han comprometido a movilizar 100 mil millones de dólares en flujos financieros hacia los países en desarrollo para el año 2020, pero se necesita mucho más.
Por sobre todo es esencial poner el desafío de financiación que plantea el cambio climático en el contexto más amplio de la economía verde y el desarrollo sostenible. La tarea de quienes están a cargo de supervisar el sistema financiero es hacer posible la transición ordenada desde las inversiones que consumen mucho carbono a aquellas que consumen menos, y desde activos vulnerables a otros más resilientes. De acuerdo con la iniciativa Nueva Economía Climática, para el año 2030 se habrán destinado $89 billones de dólares a infraestructura en todo el mundo, y se necesitarían $4,1 billones de dólares adicionales para volverla resiliente y hacer que consuma bajos niveles de carbono.
Para movilizar el capital necesario, las autoridades tendrán que hacer uso del poder del sistema financiero. Habrá que ampliar el alcance de la gestión del riesgo, de modo que la sostenibilidad y los riesgos de largo plazo que signifique el cambio climático se incluyan en normas prudenciales para la banca, los seguros y la inversión. A través de nuevos “bancos verdes” se podría fomentar la financiación desde los mercados de valores y deuda. Asimismo, tendrá que mejorarse la transparencia mediante una mayor capacidad de rendición de cuentas de las corporaciones y mayores obligaciones de divulgación por parte de las instituciones financieras. Y será necesario reformular y revisar las habilidades e incentivos de los profesionales financieros con el fin de que reflejen estos nuevos principios.
Se están abriendo nuevas y promisorias avenidas para la cooperación internacional. Por ejemplo, los ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales de los países del G-20 acaban de solicitar a la Junta de Estabilidad Financiera que explore cómo el sector financiero puede enfrentar los problemas ambientales. Con medidas como ésta no sólo se fortalecerá la seguridad medioambiental, sino que se podrá ir construyendo un sistema financiero más eficiente, eficaz y resiliente.
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Jimmy Carter suffered from the fate of many one-term presidents, who by being defeated are judged to have been unsuccessful. But Carter accomplished more in four years – from the handover of the Panama Canal to the Camp David Peace Accords – than many presidents do in eight.
thinks Jimmy Carter's presidency merits much greater appreciation than it has received.
NUEVA DELHI/LONDRES – Desde 2008, cuando la crisis financiera global casi hundió la economía del planeta, la reforma financiera ha sido una de las grandes prioridades de las autoridades económicas. Sin embargo, a medida que los gobernantes pasan de solucionar los problemas del pasado a preparar el sistema financiero para el futuro, deben también dar respuesta a las nuevas amenazas a su estabilidad, sobre todo la relacionada con el cambio climático.
Por esta razón un número creciente de gobiernos, entidades reguladoras, organismos que establecen normas y actores del mercado están comenzando a incorporar reglas relacionadas con dar sostenibilidad al sistema financiero. En Brasil, el banco central considera la integración de factores ambientales y sociales a la gestión del riesgo como un modo de fortalecer la resiliencia. Y en países como Singapur y Sudáfrica, las compañías que cotizan en bolsa tienen la obligación de hacer públicos sus resultados ambientales y sociales, requisito que los inversionistas y reguladores consideran cada vez más esencial para un funcionamiento eficiente de los mercados financieros.
En el pasado, iniciativas como esta se podrían haber mirado como un nicho “verde” de carácter periférico, pero hoy se consideran centrales para el funcionamiento del sistema financiero. En Bangladesh, entre las medidas del banco central para dar apoyo al desarrollo económico se encuentra la refinanciación de bajo coste para bancos que den préstamos a proyectos que cumplan metas en los ámbitos de las fuentes de energía renovables, la eficiencia energética o la gestión de residuos. En el Reino Unido, hoy el Banco de Inglaterra está en el proceso de evaluar las implicancias del cambio climático para el sector de los seguros como parte de su mandato básico de supervisar la seguridad y solidez de las instituciones financieras.
En China, la inversión anual en actividades industriales ecológicas podría llegar a los $320 miles de millones de dólares en los próximos cinco años, de los cuales el gobierno cubriría solamente entre un 10 y un 15%. Para prevenir un déficit de financiación, el Banco Popular de China ha elaborado recientemente un informe con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio. Ambiente (PNUMA) en el que fijó un completo conjunto de recomendaciones para la creación de un “sistema financiero verde” en el país.
En la India, la Federación India de Cámaras de Comercio e Industria ha creado un nuevo grupo de trabajo de “bonos verdes” para explorar maneras en que los mercados de deuda del país pueden dar respuesta al reto de financiar infraestructura inteligente. Y los cambios llevados a cabo últimamente permiten esperar un considerable potencial para que las sociedades de inversiones que cotizan en bolsa destinen capitales a energías limpias.
Hasta el momento, este tipo de medidas afectan sólo a una pequeña fracción de los $305 billones de dólares en los activos de los bancos, inversionistas, instituciones financieras y particulares del sistema financiero global. No hay duda de que se irán ampliando a medida que los actores financieros y las entidades reguladoras reconozcan en plenitud las consecuencias de las alteraciones al medio ambiente.
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Se trata de consecuencias de una seriedad que ya es innegable. En 116 de los 140 países evaluados por el PNUMA ha disminuido el capital natural subyacente a la creación de valor. Entre los costes humanos y económicos de seguir basando el crecimiento en un alto consumo de carbono se encuentran graves efectos para la salud, crecientes perturbaciones en la infraestructura y problemas de seguridad hídrica y alimentaria, así como un aumento de la volatilidad en los mercados, que se hace notar con mayor fuerza en los países en desarrollo. Estos daños irán a peor, y sus riesgos se pueden volver inmanejables si las emisiones de gases de invernadero no se reducen a niveles cero netos entre 2055 y 2070.
A medida que los retos que supone el cambio climático se hacen más evidentes, será cada vez más importante financiar la respuesta a su impacto. Los países desarrollados se han comprometido a movilizar 100 mil millones de dólares en flujos financieros hacia los países en desarrollo para el año 2020, pero se necesita mucho más.
Por sobre todo es esencial poner el desafío de financiación que plantea el cambio climático en el contexto más amplio de la economía verde y el desarrollo sostenible. La tarea de quienes están a cargo de supervisar el sistema financiero es hacer posible la transición ordenada desde las inversiones que consumen mucho carbono a aquellas que consumen menos, y desde activos vulnerables a otros más resilientes. De acuerdo con la iniciativa Nueva Economía Climática, para el año 2030 se habrán destinado $89 billones de dólares a infraestructura en todo el mundo, y se necesitarían $4,1 billones de dólares adicionales para volverla resiliente y hacer que consuma bajos niveles de carbono.
Para movilizar el capital necesario, las autoridades tendrán que hacer uso del poder del sistema financiero. Habrá que ampliar el alcance de la gestión del riesgo, de modo que la sostenibilidad y los riesgos de largo plazo que signifique el cambio climático se incluyan en normas prudenciales para la banca, los seguros y la inversión. A través de nuevos “bancos verdes” se podría fomentar la financiación desde los mercados de valores y deuda. Asimismo, tendrá que mejorarse la transparencia mediante una mayor capacidad de rendición de cuentas de las corporaciones y mayores obligaciones de divulgación por parte de las instituciones financieras. Y será necesario reformular y revisar las habilidades e incentivos de los profesionales financieros con el fin de que reflejen estos nuevos principios.
Se están abriendo nuevas y promisorias avenidas para la cooperación internacional. Por ejemplo, los ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales de los países del G-20 acaban de solicitar a la Junta de Estabilidad Financiera que explore cómo el sector financiero puede enfrentar los problemas ambientales. Con medidas como ésta no sólo se fortalecerá la seguridad medioambiental, sino que se podrá ir construyendo un sistema financiero más eficiente, eficaz y resiliente.
Traducido del inglés por David Meléndez Tormen