NEWARK, DELAWARE – Una vez le pidieron al fallecido Richard Smalley, químico y premio nobel, que clasificara los desafíos mundiales según su urgencia. Aunque citó las preocupaciones habituales como la pobreza, el hambre, los conflictos y el acceso a los recursos, encabezó la lista con la seguridad energética. Smalley sostenía que es posible solucionar todos los desafíos restantes si logramos una provisión confiable de recursos energéticos.
Hoy día, cuando hasta los países del G7 sufren los efectos en cascada de la inseguridad energética sobre sus economías e instituciones democráticas, el mundo está aprendiendo por las malas que Smalley tenía razón. Los medios para la gobernanza internacional o la toma de decisiones basada en la ciencia para la seguridad energética con los que contamos son limitados. Esperemos entonces que el brusco despertar al que fuimos sometidos por la crisis económica mundial actual y la guerra en Ucrania lleve a la implementación de acciones internacionales más constructivas y a políticas energéticas locales más sensatas.
Una señal en esa dirección tuvo lugar el 6 de julio, cuando el Parlamento Europeo votó a favor de mantener la clasificación de la energía nuclear y el gas natural como «actividades económicas ambientalmente sostenibles» de acuerdo con la normativa para la «taxonomía» de la Unión Europea. La medida fue aprobada con un estrecho margen (328 votos a favor, 278 en contra y 33 abstenciones), pero que se haya solicitado la votación y —mejor aún— que haya prevalecido el sentido común, representa un cambio tectónico en la agenda ambiental europea.
La política energética de la UE es un ejemplo de lo que los geógrafos llaman «amplificación social del riesgo». Tal vez lo más notable haya sido la decisión alemana de reducir paulatinamente el uso de la energía nuclear local después del accidente de Fukushima, Japón, en 2011 (en contra de los hallazgos de un panel de expertos de las Naciones Unidas, que no detectó zonas vinculadas al accidente con mayor cantidad de casos de cáncer aun después de llevar registros detallados durante diez años). El propio Japón actuó de manera más sensata y siguió utilizando la energía nuclear en sus centrales de base (las que generan la energía mínima que la red debe entregar de manera continua).
Tanto en el G7 como en otros sitios, la aplicación incorrecta del «principio de precaución» por fuerzas en ambos extremos del espectro político se impone al uso sensato de la ciencia en la toma de decisiones. Hasta los políticos europeos de derecha están gravitando hacia el populismo ambiental, como quedó demostrado con la cancelación de un proyecto de minería de litio en Serbia este año.
La decisión del gobierno serbio perjudicará a las energías renovables, porque las baterías de iones de litio son fundamentales para el almacenamiento en redes inteligentes y la infraestructura verde relacionada. En Estados Unidos, mientras tanto, a pesar de la letanía de decretos del ejecutivo sobre los minerales cruciales, muchos proyectos siguen obstaculizados por conflictos ambientales. Incluso la implementación de la reciente Ley de Reducción de la Inflación enfrentará obstáculos porque los grupos ambientales ya se están preparando para oponerse a sus cláusulas sobre la minería.
Gran parte de la batalla actual por el cambio climático refleja un conflicto fundamental en la forma en que la gente entiende la relación entre la naturaleza y el orden social y político. Aunque los científicos tenían razón al quejarse de los «mercaderes de la duda» de la industria de los combustibles fósiles, una visión utópica de soluciones lineales para la provisión energética también contribuyó a que actualmente suframos un impasse. La labor de los activistas bienintencionados como Greta Thunberg para mejorar la conciencia ambiental fue excelente, pero no tanto para fomentar la alfabetización ambiental.
Pensemos en la necesidad de generar la carga base para la provisión eléctrica. Muchos críticos de los subsidios a los combustibles fósiles prestan escasa atención al hecho de que solo la energía nuclear y los combustibles fósiles son capaces de ofrecer potencia significativa en ausencia de granjas gigantescas de baterías para la energía solar y eólica o la infraestructura de centrales hidroeléctricas reversibles.
Los ambientalistas tendrán que transigir para permitir la extracción de metales cruciales para esta infraestructura. El propio reciclado requiere energía, y para pasar a una economía circular necesitamos reservas suficientes de materiales que reciclar. (Esto a su vez implica el desafío de fabricar productos más fáciles de reciclar). Tenemos que calcular los costos que implican las alternativas entre la duración, la reciclabilidad y la innovación tecnológica para encontrar el momento óptimo para lo que los economistas llaman «obsolescencia planificada».
Dada la amplia gama de problemas tecnológicos y las tensiones persistentes con China y Rusia, los países del G7 tendrán que enfatizar la coordinación de las políticas energéticas. El G7 debiera establecer primero un panel científico centrado en la seguridad energética para orientar a las inversiones hacia una gama de fuentes diversificadas. Los resultados del panel solo debieran basarse en las restricciones científicas e ingenieriles en vez de en cuestiones políticas locales. También es posible que haya que legislar a escala nacional, incluso sobre el derecho de expropiación, para implementar sus recomendaciones.
Falta menos de un año para la cumbre del G7 de 2023 en Japón —un país que ha mostrado un pragmatismo notable para garantizar y diversificar su energía—. Para desarrollar un panel de ese tipo un grupo de trabajo debiera empezar ya mismo con esa tarea.
Las soluciones relacionadas con la mitigación del cambio climático y la seguridad energética debieran enmarcarse en una planificación a largo plazo para imprevistos que considere una matriz energética diversificada coherente con las leyes fundamentales de la naturaleza, no la conveniencia política. El cliché de que «nada es gratis» es tremendamente cierto a la hora de cubrir las demandas energéticas.
Los mecanismos existentes, como el Tratado sobre la Carta de la Energía, la Agencia Internacional de la Energía y la Agencia Internacional de Energías Renovables carecen de los mandatos necesarios y cuentan con muchos miembros que se benefician con el statu quo. Para el G7, por el contrario, sería posible fijar normas que no solo garanticen la seguridad energética para las principales economías avanzadas del mundo, sino también la creación de un modelo factible basado en la ciencia para que otros países puedan imitarlo.
Traducción al español por Ant-Translation
NEWARK, DELAWARE – Una vez le pidieron al fallecido Richard Smalley, químico y premio nobel, que clasificara los desafíos mundiales según su urgencia. Aunque citó las preocupaciones habituales como la pobreza, el hambre, los conflictos y el acceso a los recursos, encabezó la lista con la seguridad energética. Smalley sostenía que es posible solucionar todos los desafíos restantes si logramos una provisión confiable de recursos energéticos.
Hoy día, cuando hasta los países del G7 sufren los efectos en cascada de la inseguridad energética sobre sus economías e instituciones democráticas, el mundo está aprendiendo por las malas que Smalley tenía razón. Los medios para la gobernanza internacional o la toma de decisiones basada en la ciencia para la seguridad energética con los que contamos son limitados. Esperemos entonces que el brusco despertar al que fuimos sometidos por la crisis económica mundial actual y la guerra en Ucrania lleve a la implementación de acciones internacionales más constructivas y a políticas energéticas locales más sensatas.
Una señal en esa dirección tuvo lugar el 6 de julio, cuando el Parlamento Europeo votó a favor de mantener la clasificación de la energía nuclear y el gas natural como «actividades económicas ambientalmente sostenibles» de acuerdo con la normativa para la «taxonomía» de la Unión Europea. La medida fue aprobada con un estrecho margen (328 votos a favor, 278 en contra y 33 abstenciones), pero que se haya solicitado la votación y —mejor aún— que haya prevalecido el sentido común, representa un cambio tectónico en la agenda ambiental europea.
La política energética de la UE es un ejemplo de lo que los geógrafos llaman «amplificación social del riesgo». Tal vez lo más notable haya sido la decisión alemana de reducir paulatinamente el uso de la energía nuclear local después del accidente de Fukushima, Japón, en 2011 (en contra de los hallazgos de un panel de expertos de las Naciones Unidas, que no detectó zonas vinculadas al accidente con mayor cantidad de casos de cáncer aun después de llevar registros detallados durante diez años). El propio Japón actuó de manera más sensata y siguió utilizando la energía nuclear en sus centrales de base (las que generan la energía mínima que la red debe entregar de manera continua).
Tanto en el G7 como en otros sitios, la aplicación incorrecta del «principio de precaución» por fuerzas en ambos extremos del espectro político se impone al uso sensato de la ciencia en la toma de decisiones. Hasta los políticos europeos de derecha están gravitando hacia el populismo ambiental, como quedó demostrado con la cancelación de un proyecto de minería de litio en Serbia este año.
La decisión del gobierno serbio perjudicará a las energías renovables, porque las baterías de iones de litio son fundamentales para el almacenamiento en redes inteligentes y la infraestructura verde relacionada. En Estados Unidos, mientras tanto, a pesar de la letanía de decretos del ejecutivo sobre los minerales cruciales, muchos proyectos siguen obstaculizados por conflictos ambientales. Incluso la implementación de la reciente Ley de Reducción de la Inflación enfrentará obstáculos porque los grupos ambientales ya se están preparando para oponerse a sus cláusulas sobre la minería.
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Gran parte de la batalla actual por el cambio climático refleja un conflicto fundamental en la forma en que la gente entiende la relación entre la naturaleza y el orden social y político. Aunque los científicos tenían razón al quejarse de los «mercaderes de la duda» de la industria de los combustibles fósiles, una visión utópica de soluciones lineales para la provisión energética también contribuyó a que actualmente suframos un impasse. La labor de los activistas bienintencionados como Greta Thunberg para mejorar la conciencia ambiental fue excelente, pero no tanto para fomentar la alfabetización ambiental.
Pensemos en la necesidad de generar la carga base para la provisión eléctrica. Muchos críticos de los subsidios a los combustibles fósiles prestan escasa atención al hecho de que solo la energía nuclear y los combustibles fósiles son capaces de ofrecer potencia significativa en ausencia de granjas gigantescas de baterías para la energía solar y eólica o la infraestructura de centrales hidroeléctricas reversibles.
Los ambientalistas tendrán que transigir para permitir la extracción de metales cruciales para esta infraestructura. El propio reciclado requiere energía, y para pasar a una economía circular necesitamos reservas suficientes de materiales que reciclar. (Esto a su vez implica el desafío de fabricar productos más fáciles de reciclar). Tenemos que calcular los costos que implican las alternativas entre la duración, la reciclabilidad y la innovación tecnológica para encontrar el momento óptimo para lo que los economistas llaman «obsolescencia planificada».
Dada la amplia gama de problemas tecnológicos y las tensiones persistentes con China y Rusia, los países del G7 tendrán que enfatizar la coordinación de las políticas energéticas. El G7 debiera establecer primero un panel científico centrado en la seguridad energética para orientar a las inversiones hacia una gama de fuentes diversificadas. Los resultados del panel solo debieran basarse en las restricciones científicas e ingenieriles en vez de en cuestiones políticas locales. También es posible que haya que legislar a escala nacional, incluso sobre el derecho de expropiación, para implementar sus recomendaciones.
Falta menos de un año para la cumbre del G7 de 2023 en Japón —un país que ha mostrado un pragmatismo notable para garantizar y diversificar su energía—. Para desarrollar un panel de ese tipo un grupo de trabajo debiera empezar ya mismo con esa tarea.
Las soluciones relacionadas con la mitigación del cambio climático y la seguridad energética debieran enmarcarse en una planificación a largo plazo para imprevistos que considere una matriz energética diversificada coherente con las leyes fundamentales de la naturaleza, no la conveniencia política. El cliché de que «nada es gratis» es tremendamente cierto a la hora de cubrir las demandas energéticas.
Los mecanismos existentes, como el Tratado sobre la Carta de la Energía, la Agencia Internacional de la Energía y la Agencia Internacional de Energías Renovables carecen de los mandatos necesarios y cuentan con muchos miembros que se benefician con el statu quo. Para el G7, por el contrario, sería posible fijar normas que no solo garanticen la seguridad energética para las principales economías avanzadas del mundo, sino también la creación de un modelo factible basado en la ciencia para que otros países puedan imitarlo.
Traducción al español por Ant-Translation