PARÍS – Moody´s ha confirmado recientemente la calificación crediticia de Francia en Aa2, pero ha rebajado su perspectiva de “estable” a “negativa”, lo que destaca la trayectoria fiscal insostenible del país. La advertencia llega en medio de una feroz batalla parlamentaria por cómo controlar el déficit, que ha aumentado a casi el 6% del PIB -superando con creces todos los pronósticos, inclusive los emitidos por el Ministerio de Finanzas de Francia.
La razón de los errores de pronóstico del Ministerio todavía no resulta clara. ¿Fueron el resultado de un embrollo administrativo causado por la decisión del presidente Emmanuel Macron de disolver la Asamblea Nacional y convocar a una elección anticipada? ¿O señalan defectos más profundos en los modelos de pronóstico del Ministerio, como una incapacidad para anticipar los ingresos fiscales, especialmente de los impuestos corporativos, durante un período de alta inflación?
Sea cual fuere la razón, estos errores amenazan con erosionar la confianza entre los acreedores de Francia. Otra causa de preocupación es que ni la izquierda, ni la centroderecha, ni la extrema derecha han logrado asegurarse una mayoría parlamentaria desde la elección de julio. Sin una mayoría clara, el gobierno de centroderecha del primer ministro Michel Barnier podría colapsar en cualquier momento -bastaría con que la izquierda y la extrema derecha se unieran en un voto de no confianza.
Asimismo, el bloque centrista que respalda ostensiblemente a Barnier está acosado por luchas internas, en gran medida alimentadas por las ambiciones presidenciales de figuras prominentes dentro de la coalición. Como resultado de ello, Barnier ha enfrentado un número creciente de enmiendas presupuestarias y ultimátums de sus propias filas.
El 19 de octubre, por ejemplo, la ministra de Turismo, Olivia Grégoire, el exministro del Interior Gérald Darmanin y el legislador Mathieu Lefèvre -todos miembros del Partido Renacimiento de Macron- publicaron un comentario donde proponían que el gobierno francés vendiera el 10% de sus tenencias en empresas públicas, pasando por alto el hecho de que esta medida no tendría un impacto en el valor real de la deuda pública neta. Apenas una semana antes, estos mismos políticos instaron a Barnier a descartar aumentos impositivos, una medida que minaría los esfuerzos por frenar el déficit y podría tener consecuencias graves para la calificación crediticia de Francia.
En las dos últimas semanas, los legisladores han presentado casi 3.500 enmiendas presupuestarias, de las cuales 1.200 provinieron del propio bloque de Macron, que por supuesto comparte la responsabilidad por el creciente déficit. Sin embargo, en medio de esta agitación política, el experimentado Barnier ha adoptado una estrategia mesurada, garantizándole al Parlamento que no acelerará el proceso y diciendo repetidas veces “Los estoy escuchando”.
No hace mucho tiempo, Macron simplemente podía instruir a sus primeros ministros que impulsaran su agenda, y su mayoría en la Asamblea Nacional le garantizaba que se promulgara y aplicara, más allá de la opinión pública. Pero la era de una toma de decisiones verticalista se terminó. Hoy, Macron debe apaciguar, negociar y llegar a acuerdos con varias facciones parlamentarias.
Barnier se ha adaptado rápidamente al nuevo terreno político. Dando tiempo para los debates, evitando controversias innecesarias y manteniendo la calma, ha puesto de manifiesto la imprudencia de los diputados atrapados en disputas interminables, reforzando su imagen de líder comprometido con la resolución de la crisis presupuestaria y el regreso de Francia al sendero de un crecimiento sostenible. Hasta el momento, los ciudadanos franceses -cansados de promesas incumplidas y de luchas políticas internas- parecen aprobarlo: la popularidad de Barnier ha subido a un pico relativamente alto del 39% en las últimas semanas, al tiempo que la de Macron se ha hundido a un mínimo sin precedentes del 25%.
En el largo plazo, Francia inevitablemente tendrá que implementar reformas estructurales importantes: reparar el sistema educativo y de salud, reducir la burocracia y pasar de un sistema electoral mayoritario a uno de representación proporcional. Pero la prioridad más urgente de Barnier debe ser garantizar la aprobación parlamentaria de un proyecto de ley de finanzas que apunte al déficit presupuestario.
La sanción de un proyecto de ley de estas características no será una tarea sencilla en un clima económico marcado por un creciente desempleo, por cierres de fábricas y por una caída de la inversión y del gasto de los consumidores. Es por eso que, en un intento por demostrar buena voluntad y disposición para llegar a acuerdos, Barnier le ha entregado una rama de olivo a la izquierda al proponer mayores impuestos a las grandes empresas y a los ricos, dando un paso al mismo tiempo hacia la derecha en materia de inmigración.
A pesar de estos intentos, Barnier probablemente tenga que invocar el Artículo 49.3 de la constitución francesa, que le permite al gobierno eludir a la Asamblea Nacional y aprobar un presupuesto a menos que se convoque a un voto de no confianza. Para desencadenar esa votación, la izquierda y la extrema derecha tendrían que unirse para censurar a Barnier -un escenario que parece sumamente improbable, dadas sus recientes concesiones a ambas partes.
PARÍS – Moody´s ha confirmado recientemente la calificación crediticia de Francia en Aa2, pero ha rebajado su perspectiva de “estable” a “negativa”, lo que destaca la trayectoria fiscal insostenible del país. La advertencia llega en medio de una feroz batalla parlamentaria por cómo controlar el déficit, que ha aumentado a casi el 6% del PIB -superando con creces todos los pronósticos, inclusive los emitidos por el Ministerio de Finanzas de Francia.
La razón de los errores de pronóstico del Ministerio todavía no resulta clara. ¿Fueron el resultado de un embrollo administrativo causado por la decisión del presidente Emmanuel Macron de disolver la Asamblea Nacional y convocar a una elección anticipada? ¿O señalan defectos más profundos en los modelos de pronóstico del Ministerio, como una incapacidad para anticipar los ingresos fiscales, especialmente de los impuestos corporativos, durante un período de alta inflación?
Sea cual fuere la razón, estos errores amenazan con erosionar la confianza entre los acreedores de Francia. Otra causa de preocupación es que ni la izquierda, ni la centroderecha, ni la extrema derecha han logrado asegurarse una mayoría parlamentaria desde la elección de julio. Sin una mayoría clara, el gobierno de centroderecha del primer ministro Michel Barnier podría colapsar en cualquier momento -bastaría con que la izquierda y la extrema derecha se unieran en un voto de no confianza.
Asimismo, el bloque centrista que respalda ostensiblemente a Barnier está acosado por luchas internas, en gran medida alimentadas por las ambiciones presidenciales de figuras prominentes dentro de la coalición. Como resultado de ello, Barnier ha enfrentado un número creciente de enmiendas presupuestarias y ultimátums de sus propias filas.
El 19 de octubre, por ejemplo, la ministra de Turismo, Olivia Grégoire, el exministro del Interior Gérald Darmanin y el legislador Mathieu Lefèvre -todos miembros del Partido Renacimiento de Macron- publicaron un comentario donde proponían que el gobierno francés vendiera el 10% de sus tenencias en empresas públicas, pasando por alto el hecho de que esta medida no tendría un impacto en el valor real de la deuda pública neta. Apenas una semana antes, estos mismos políticos instaron a Barnier a descartar aumentos impositivos, una medida que minaría los esfuerzos por frenar el déficit y podría tener consecuencias graves para la calificación crediticia de Francia.
En las dos últimas semanas, los legisladores han presentado casi 3.500 enmiendas presupuestarias, de las cuales 1.200 provinieron del propio bloque de Macron, que por supuesto comparte la responsabilidad por el creciente déficit. Sin embargo, en medio de esta agitación política, el experimentado Barnier ha adoptado una estrategia mesurada, garantizándole al Parlamento que no acelerará el proceso y diciendo repetidas veces “Los estoy escuchando”.
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No hace mucho tiempo, Macron simplemente podía instruir a sus primeros ministros que impulsaran su agenda, y su mayoría en la Asamblea Nacional le garantizaba que se promulgara y aplicara, más allá de la opinión pública. Pero la era de una toma de decisiones verticalista se terminó. Hoy, Macron debe apaciguar, negociar y llegar a acuerdos con varias facciones parlamentarias.
Barnier se ha adaptado rápidamente al nuevo terreno político. Dando tiempo para los debates, evitando controversias innecesarias y manteniendo la calma, ha puesto de manifiesto la imprudencia de los diputados atrapados en disputas interminables, reforzando su imagen de líder comprometido con la resolución de la crisis presupuestaria y el regreso de Francia al sendero de un crecimiento sostenible. Hasta el momento, los ciudadanos franceses -cansados de promesas incumplidas y de luchas políticas internas- parecen aprobarlo: la popularidad de Barnier ha subido a un pico relativamente alto del 39% en las últimas semanas, al tiempo que la de Macron se ha hundido a un mínimo sin precedentes del 25%.
En el largo plazo, Francia inevitablemente tendrá que implementar reformas estructurales importantes: reparar el sistema educativo y de salud, reducir la burocracia y pasar de un sistema electoral mayoritario a uno de representación proporcional. Pero la prioridad más urgente de Barnier debe ser garantizar la aprobación parlamentaria de un proyecto de ley de finanzas que apunte al déficit presupuestario.
La sanción de un proyecto de ley de estas características no será una tarea sencilla en un clima económico marcado por un creciente desempleo, por cierres de fábricas y por una caída de la inversión y del gasto de los consumidores. Es por eso que, en un intento por demostrar buena voluntad y disposición para llegar a acuerdos, Barnier le ha entregado una rama de olivo a la izquierda al proponer mayores impuestos a las grandes empresas y a los ricos, dando un paso al mismo tiempo hacia la derecha en materia de inmigración.
A pesar de estos intentos, Barnier probablemente tenga que invocar el Artículo 49.3 de la constitución francesa, que le permite al gobierno eludir a la Asamblea Nacional y aprobar un presupuesto a menos que se convoque a un voto de no confianza. Para desencadenar esa votación, la izquierda y la extrema derecha tendrían que unirse para censurar a Barnier -un escenario que parece sumamente improbable, dadas sus recientes concesiones a ambas partes.